La violencia permanente contra los y las reporteras se traduce en menos información valiosa para la ciudadanía y en posibilidades limitadas para indagar sobre asuntos de interés público. Si bien el Estado colombiano ha realizado esfuerzos importantes para reaccionar a esa violencia, es necesario revisar las políticas de protección. Se requieren estrategias diferenciadas y enfoques particulares.

Entre 180 países, Colombia ocupa el puesto 130 con las peores condiciones para el ejercicio de la prensa. Según la clasificación más reciente realizada por Reporteros sin Fronteras, en América Latina, el nuestro es el segundo país más letal para el periodismo, después de México. En los últimos cinco años, han sido asesinados ocho periodistas y por lo menos 782 han sido amenazados. 

Bajo estas circunstancias, es necesario reiterar que la seguridad debe ser una prioridad para los Estados y que deben hacer todo lo posible para prevenir actos de violencia, intimidación, amenazas y agresiones contra periodistas y trabajadores de los medios de comunicación. Así ha quedado nuevamente consignado en la resolución adoptada, de manera unánime, por la Asamblea General de Naciones Unidas en noviembre de 2021.

En Colombia, el programa de protección se creó en el año 2000 y se ajustó en el 2012, momento desde el cual está en manos de la Unidad Nacional de Protección (UNP). Este programa no es suficiente para atender las vulnerabilidades de los y las reporteras. Es un mecanismo que, aunque fue pionero en su momento, actúa, principalmente, de manera reactiva, no opera articuladamente con otras entidades y desconoce las condiciones y prácticas únicas del ejercicio periodístico, así como las diferencias entre las violencias ejercidas en cada región del país. 

Aquí puede consultar la revista Páginas para la Libertad de Expresión, edición #3.

Por otro lado, la pedagogía alrededor de la autoprotección es insuficiente y prácticamente no existen medidas preventivas. En la mayoría de los casos, al menos de la población de periodistas, estas acciones se limitan a patrullajes y revistas policiales que no se cumplen a cabalidad y que casi nunca tiene en cuenta el contexto en el que se encuentran las personas en riesgo o la capacidad del cuerpo policial que debe prestar esta función. La FLIP ha advertido en diferentes informes que este programa se ha transformado en un mecanismo burocrático, cada vez más inclinado a tomar decisiones por motivaciones políticas y no técnicas.

En el Decreto 1139 de 2021, que establece la reingeniería de la UNP contemplada en el Plan de acción oportuna de prevención y protección para los defensores de derechos humanos, líderes sociales, comunales y periodistas (PAO), se establecieron algunas modificaciones dirigidas a reducir los tiempos de respuesta de los análisis de riesgo y a formalizar espacios y prácticas que ya existían. Sin embargo, no es suficiente ni útil reducir tiempos de respuesta si no se subsanan vacíos en la ruta de protección como la formación de los analistas en temas relacionados con labor periodística, enfoque de género, derechos humanos, etc. Tampoco es eficiente en la medida en que no hay disponibilidad de recursos para asignar medidas adaptadas a los territorios y garantizar su correcto funcionamiento. Además, sigue sin haber un espacio abierto a la veeduría por parte de organizaciones de la sociedad civil a la ruta de protección.

También existen riesgos de otra naturaleza que no están siendo reconocidos por el mecanismo y que pesan sobre la seguridad de los periodistas en la era digital como la vulnerabilidad a convertirse en blanco de la vigilancia, el acoso en línea o la intercepción ilegal o arbitraria de comunicaciones. En el 2020, el Ejército Nacional vigiló y parametrizó a periodistas etiquetando su trabajo. Con base en sus reportajes periodísticos o líneas editoriales, les relacionó, de manera estigmatizante, con grupos al margen de la ley y recolectó información personal sin su autorización. Casi dos años después no hay sanciones disciplinarias ni penales por estos hechos.

Además de la protección reactiva, el Estado también está llamado a promover la diversidad y la independencia de los medios de comunicación y el acceso a la información. Pero acontecimientos recientes evidencian la especial fragilidad de los medios independientes y del periodismo ciudadano, pues son blanco recurrente de ataques y estigmatizaciones. Por ejemplo, este tipo de medios de comunicación fueron los más afectados durante las manifestaciones del 2021; sobrevivieron a semanas muy violentas sin garantías para hacer su trabajo y cubrir las protestas sociales. 

Crímenes contra la prensa

1. La FLIP ha registrado desde 1938 hasta la fecha 163 casos de asesinatos a periodistas por razón de su oficio. 
   
   
2. De los 782 periodistas que han sido amenazados en los últimos cinco años en Colombia, en cuarenta casos tal amenaza ha derivado en desplazamientos internos y exilios. 
   
   
3. Entre 2016 y 2021, ha habido ocho atentados y ocho secuestros contra periodistas.
   
   
4. La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) ha sostenido que existe una situación de riesgo para la prensa en Colombia, que además se une a altas tasas de impunidad en la investigación de crímenes contra la prensa. 

En Colombia existen cerca de 600 emisoras comunitarias. La gran mayoría afronta graves problemas para su sostenibilidad y la producción de contenido. El modelo necesita adaptarse para que pueda jugar su rol en los ecosistemas mediáticos actuales y de tal manera garantizar mayor pluralidad. 

El tercer sector de la comunicación que agrupa a los medios comunitarios (radio y televisión) enfrenta un escenario convergente difícil dado el rezago en su legislación, licencias, burocracia y sus apuestas de contenidos. En esta entrevista conversamos con Edison Lanza, exrelator especial para la libertad de expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, quien nos habló sobre la legislación de los medios comunitarios y el rol que juegan en una democracia.

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FLIP: ¿Cómo calificaría la legislación de nuestro país frente a emisoras comunitarias?

Edison Lanza (E.L): Es insuficiente. Es decir, no hay unas leyes que garanticen que estas emisoras puedan tener condiciones de calidad para emitir. Otro de los problemas es que el Estado a veces se demora en la entrega de títulos y de frecuencias.

Esos problemas de las emisoras comunitarias suceden mientras que hay una cantidad desmedida de radios militares y policiales, que cuentan con todas las garantías para transmitir. El país está en un período de transición, de posguerra, por lo que creo que habría que reducir la cantidad de frecuencias que están en manos de las agencias de seguridad del Estado para dárselas a sectores civiles, bien sean radios comunitarias, públicas o comerciales. 

FLIP: El año pasado en la FLIP conocimos el caso de una emisora comunitaria que no podía emitir correctamente su señal, pues la antena que les adjudicaron fue instalada a quince minutos en moto del casco urbano donde tienen licencia para transmitir y la baja potencia hace que no se pueda sintonizar la emisora en todo el municipio. ¿Qué debería hacerse en cuanto a regulación para lidiar con situaciones como esta?

E.L: Una buena regulación no puede imponer limitaciones geográficas o de potencia, que sean innecesarias o que limiten el tipo de servicio o el tipo de comunidad. La recomendación sería que el regulador vea caso a caso cada emisora. Por ejemplo, puede haber una radio que requiera una potencia reducida porque emite geográficamente para una pequeña comunidad en el territorio; pero puede haber también una radio vinculada a las mujeres, o a la agenda de los derechos de las mujeres que necesitaría una potencia mayor porque su comunidad está diseminada en distintas partes del territorio.

FLIP: ¿Qué ejemplos podría seguir Colombia para tener una mejor legislación en esta materia?

E.L: Hay ejemplos latinoamericanos muy buenos, como los de Uruguay, Brasil o Chile. En el resto del mundo están los ejemplos de Canadá o la Unión Europea. Allí está claramente identificado el sector comunitario, se definen sus características, se establecen mecanismos de concurso, en general, donde no tenga un peso lo lucrativo o el precio por el uso de la frecuencia. El gobierno lo que debería vigilar es que no se disfrace una radio comercial de una comunitaria.

Las regulaciones de estos países también se caracterizan por que no tienen limitaciones de ningún tipo: pueden tener acceso a publicidad, a recursos tanto públicos como privados, para tener una radio con estándares de calidad. Para poner otro ejemplo, en México se aprobó una legislación que facilitaba el acceso de los pueblos indígenas a las radios comunitarias, pero se les impedía acceder a publicidad privada y solo se les otorgaba un 1% de la publicidad estatal. 

En el caso de Colombia sería clave prever algunas reservas para pueblos originarios, afrodescendientes, que en general se han visto excluidos de la radiodifusión.

FLIP: ¿Y qué debería hacer un próximo gobierno con las radios que por alguna razón han estado emitiendo por fuera de la regulación?

E.L: Puede ser frecuente que haya emisoras comunitarias que durante varios años emitieron señal por fuera de los parámetros que establece la ley porque no tenían las facilidades o las frecuencias asignadas. El gobierno entonces debería tener una ley garantista, que cuente con la participación de las propias asociaciones de radios comunitarias para así hacer un censo o línea de base que permita establecer cuáles son las emisoras que han operado, entre comillas, de forma irregular. De esta manera, el gobierno podría establecer una suerte de amnistía o mecanismos para que estas radios se acojan a una serie de beneficios. 

FLIP: Hablemos ahora de la televisión pública. Durante el 2021 nos enfrentamos a un escenario en el que diferentes gobernantes querían interferir en la línea editorial de medios como Telecafé o Telemedellín. ¿Cómo se le puede hacer frente a esto?

E.L: En general, en América Latina, hay un déficit de gobernanza democrática. Por lo general, quien está en el gobierno tiende a pensar que debe gobernar la televisión pública. Yo creo que eso al final juega en contra y debilita la televisión pública porque los ciudadanos no son todos ciudadanos partidistas. La televisión pública debería ser un contrapeso de la disputa política y partidaria, generando información de calidad, documentales, informativos que tengan altos estándares de objetividad, de pluralismo, neutralidad. 

Todo eso solo se logra con una gobernanza compleja, donde tenga participación la sociedad civil, la academia, los representantes de los gobiernos y de la oposición y se rindan cuentas al congreso. Obviamente también hay que garantizar un financiamiento por alguna vía, ya sea por medio de algún impuesto o asignación específica. No tenemos ejemplos claros de cómo funciona esto en Latinoamérica, pero sí tenemos de referentes a la BBC de Reino Unido, la Deutsche Welle en Alemania, la televisión Sueca, e incluso la PBS de Estados Unidos. 

FLIP: Y hablando en general de todo el ecosistema de canales de televisión, ¿hacia dónde debería apuntar una regulación que busque mayor pluralidad?

E.L: En nuestros países no hay per se un pluralismo en la televisión, pues nacieron como grupos de comunicación dominantes y heterogéneos y así se han mantenido, aunque los Estados tengan la obligación de promover el pluralismo. Para introducir elementos de pluralismo progresivamente se podría poner límites razonables a la concentración. Por ejemplo, si hay un grupo que ya tiene cuatro canales en televisión abierta y la televisión digital permite que haya nuevos canales, pues no debería ser ese mismo grupo el que siga quedándose con ellos, sino que tendrían que ingresar nuevas voces.

FLIP: Finalmente, queremos preguntarle sobre las plataformas de streaming, que en su mayoría no son empresas nacionales, pero que entran al ecosistema de medios en Colombia. ¿Qué clase de legislación puede ser pertinente en esta materia?

E.L: En los países de Latinoamérica no tenemos mucha experiencia regulando esto, precisamente porque se trata de un actor nuevo. Algunas regulaciones sí se han hecho en Europa, Australia o Canadá. Allí se ha establecido alguna cuota de pantalla para la producción nacional, y también se ha determinado que paguen los mismos impuestos que abonan otros medios de comunicación para que no haya una discriminación positiva en ese sentido. 

Las declaraciones estigmatizantes contra periodistas por parte de funcionarios del Estado con alta influencia en la opinión pública tienen un impacto nefasto en la seguridad y en las garantías de las que debería gozar la prensa. Es urgente que esto cambie. Los mensajes que emiten los dirigentes deben ayudar a fortalecer el derecho a la libertad de expresión.

Asustar con asfixiar a la prensa ha dejado de ser una actitud que genera mayores inconvenientes ante la opinión pública. Por el contrario, el discurso de poner límites a las y los periodistas es cada vez más reiterativo por parte de los representantes del Estado. Incluso, resulta atractivo para diversos sectores de la ciudadanía.

En los últimos años, han sido varios los casos en los que dirigentes políticos, funcionarios públicos o autoridades colombianas han denigrado, intimidado o amenazado a los medios de comunicación sin recibir ningún tipo de penalidad. Esa ola de represión, que también es global, ha convertido al periodismo en una piñata ideológica y ha permeado las garantías legales para el ejercicio periodístico, a pesar de ser protegidas de manera clara por la Constitución.

A esto se suma una larga lista de problemas estructurales en el periodismo colombiano y que durante décadas han sido eclipsados por otros asuntos en las agendas de los últimos gobiernos.

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En una era de noticias falsas y de debilitamiento de los mecanismos democráticos, esta problemática no puede continuar invisible en el debate público. En particular, teniendo en cuenta lo difícil que resulta para los medios de comunicación preservar su profesionalismo en un entorno tóxico amenazado por la violencia, la crisis económica y en el que proliferan las campañas selectivas de desinformación y estigmatización para desacreditar la labor de las y los periodistas.

Para que puedan trabajar en un entorno seguro y propicio, el próximo gobierno de Colombia deberá implementar una política pública que garantice y fortalezca el derecho a la libertad de expresión y de información de quienes ejercen el periodismo en el país.

Este plan que debe estar llamado a restaurar el ecosistema del periodismo, entre otras cosas, deberá tener suficiente reconocimiento público y tener claro que estos nuevos programas no sólo tienen que ser aprobados sino implementados. Es necesario recordar que, durante el gobierno de Juan Manuel Santos, el Ministerio del Interior trabajó en la elaboración de una política pública de libertad de expresión. Sin embargo, y después de cuatro años de trabajo, ese documento terminó archivado.

Esta política deberá reconocer abiertamente que el periodismo es un servicio público cuando provee información de alto interés para la ciudadanía y deberá adoptar acciones claras con las que el Estado garantizará que las y los periodistas, que trabajan en los medios de comunicación, gocen de la protección y de la independencia necesarias para realizar sus funciones a cabalidad. Para liderar ese trabajo será ideal que la próxima cabeza del ejecutivo designe, de manera temporal, a un enviado presidencial especial para la libertad de prensa.

La proyección de esa política pública sobre libertad de expresión también deberá contar con la participación de los diferentes miembros del sector y de las audiencias, para así recoger los insumos suficientes que permitan complementar un diagnóstico actual, que entre otros asuntos, incluye las siguientes problemáticas:

1. Adoptar medidas para prevenir, proteger y garantizar justicia en los crímenes contra periodistas y así acabar con el ciclo violento de la impunidad.
   
   
2. Defender la libertad de expresión en línea, evitar la censura por parte del Estado y promover la transparencia y la rendición de cuentas de las plataformas.
   
   
3. Replantear el modelo de los medios públicos de tal manera que se garantice su gobernanza e independencia.
   
   
4. Atender las consecuencias del conflicto armado contra la prensa: memoria y reparación.
   
   
5. Implementar nuevas medidas de sostenibilidad de los medios que garanticen su independencia y el acceso a la información por parte de los ciudadanos.
   
   
6. Promover la comunicación ciudadana en un país silenciado y respaldar a medios de comunicación que garanticen la comunicación propia y el  pluralismo.
   
   
7. Revisar las condiciones desfavorables en la contratación de la publicidad oficial, promover su transparencia y blindar para que estos contratos no amenacen la independencia editorial de los medios.

El éxito del buen periodismo, el que es responsable, no dependerá solo de resolver algún aspecto en particular sino de atender todo su ecosistema. No se trata solamente de procurar garantías como el respeto a los derechos fundamentales y a la libertad de los medios, también resulta necesario atender la desfinanciación del sector para garantizar genuinamente el periodismo independiente.

Esa tarea es urgente, crítica y exigente, pero puede comenzar con unos pocos pasos muy visibles que incluyen que quienes se conviertan en los próximos funcionarios públicos, y especialmente el próximo presidente, se pronuncien enérgicamente en defensa de la libertad de prensa. 

Es necesario adoptar, en cabeza del gobierno nacional, una narrativa favorable con la libertad de prensa que permita contrarrestar la violencia contra las y los periodistas. Los funcionarios públicos deben reconocer de manera pública el rol social de la prensa como guardián de la democracia. Ello implica abstenerse de hacer declaraciones falsas que ataquen la integridad de periodistas y trabajadores de medios de comunicación  y procurar un mejor acceso a la información pública. Esto permitirá reconocer el papel fundamental que desempeña la prensa al brindar información confiable, precisa y oportuna.

El momento exige pensar en trascender a los esfuerzos voluntarios del pasado. Reparar el periodismo requiere del apoyo público, específicamente, de un respaldo por parte de quienes integren el próximo Congreso y de quien llegue a ocupar la Presidencia. 

Este es un problema de Estado. En los últimos cinco años fueron asesinados ocho periodistas en Colombia. La persistencia de los homicidios como la forma más severa de silenciamiento, prende alertas y reclama una respuesta estatal urgente e integral. Los impactos sociales por la falta de justicia en estos crímenes alimentan el ambiente de autocensura.

Los efectos más notorios de la impunidad son que (i) impide conocer la verdad sobre los hechos violentos, las razones, el alcance del riesgo y los responsables; (ii) se dejan de conocer los patrones de violencia y no se pueden adoptar medidas de prevención y de no repetición; (ii) no se consigue disuadir la repetición del crimen, pues la falta de sanción efectiva alimenta un ciclo de permisividad, además, somete al olvido las investigaciones periodísticas que originan los ataques; y (iv) la excesiva duración de las investigaciones en las agresiones contra periodistas agrava el efecto de la impunidad. 

El contexto de violencia contra la prensa y la impunidad han sido una constante en Colombia desde los años noventa. Al momento de dictaminar la responsabilidad del Estado colombiano en el caso del que fue víctima la periodista Nelson Carvajal, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) encontró “que ese contexto de homicidios de periodistas iba acompañado por altos índices de impunidad y de investigaciones que no desembocaban en la determinación y procesamiento de los responsables y que por ende seguían en la impunidad”. En 2021, en la sentencia del caso de Jineth Bedoya, la Corte IDH sostuvo que esta situación de violencia no ha sido superada y que se agudiza en la actualidad, pues es evidente que las agresiones violentas contra periodistas siguen siendo alarmantes y han aumentado en los últimos cinco años. 

En efecto, Colombia es de los pocos países donde en los últimos años ha aumentado el número de asesinatos a periodistas, contrario a la tendencia mundial registrada por la UNESCO. En los últimos cinco años fueron asesinados ocho periodistas en el país, mientras que entre el 2011 y 2015 fueron asesinados siete. La persistencia de los homicidios como la forma más severa de silenciamiento prende alertas y demanda una respuesta estatal inmediata e integral.

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En la reciente decisión del caso de Jineth Bedoya, la Corte IDH estudió el problema estructural de la impunidad en los crímenes contra la prensa y explicó que el Estado no debe desligar el acceso a la justicia de las estrategias de prevención. En ese sentido, ordenó al Estado colombiano articular las estrategias de prevención y de investigación y procuración de justicia, pues el ejercicio periodístico sólo puede efectuarse libremente cuando las personas que lo realizan gozan de condiciones seguras. Además, indicó la necesidad de adoptar medidas diferenciadas, ya que los impactos de la impunidad no son iguales y se acentúan cuando las víctimas son mujeres.

Al respecto, una de las recomendaciones principales del Plan de Acción de las Naciones Unidas sobre la Seguridad de los Periodistas y la Cuestión de la Impunidad es la coordinación de mecanismos de prevención y medidas para resolver algunas de las causas profundas de la violencia contra periodistas.

En suma, el Estado debe comprometerse a investigar los crímenes contra la prensa ya que, ante la ausencia de la justicia, la convivencia democrática se ve profundamente distorsionada y los contextos de violencia se recrudecen. Permitir que se viole la ley impunemente alienta a que los violentos sigan cometiendo crímenes, promueve la repetición crónica de la violencia, genera un efecto inhibidor para la libertad de expresión y reduce la confianza pública en el Estado y su imparcialidad.

Para afinar y articular las acciones del Estado es indispensable estudiar el ambiente y formas de violencia actuales a partir de una lectura cualitativa, cuantitativa, seria, integral y actualizada de los contextos, patrones y actores. Para ello, en primera medida, se requiere crear un sistema de recopilación de datos y cifras que permita dar cuenta de los riesgos diferenciados e incorpore la información de todas las entidades del Estado. 

Dicho sistema deberá asegurar la disponibilidad, accesibilidad, independencia y transparencia para promover la investigación independiente y participativa de la academia y sociedad civil. También debe incorporar información registrada por la sociedad civil y promover la denuncia de los y las periodistas afectados. Esto puede ayudar a resolver el subregistro que se origina por la desconfianza en el Estado, pues la prensa ha sido objeto de distintas formas de violencia perpetrada por el Estado, y esto ha dificultado que se denuncie ante las autoridades ciertas formas de violencia.  

Compromisos versus estadísticas

1. Según la UNESCO, en los últimos 15 años, el 87% de los casos de periodistas asesinados no se ha resuelto o no se ha denunciado. Solo el 13% de los casos  registrados desde 2006 (aproximadamente uno de cada diez) se considera actualmente resuelto judicialmente.
   
   
2. La FLIP ha documentado 163 casos de periodistas asesinados en Colombia. La impunidad en estos casos alcanza el 78.8%. Esta cifra aumenta si se tienen en cuenta otros crímenes como las amenazas que llegan al 98% de impunidad. 
   
   
3. A la fecha, 92 casos han prescrito sin procuración de justicia. 
   
   
4. Esta negación de justicia propicia la autocensura y agrava la afectación de derechos como la libertad de expresión, prensa, garantías judiciales y vida. A la vez, esto puede constituir actos de tortura en contra de las víctimas por generar graves impactos en su integridad psíquica.
   
   
5. Colombia ha suscrito múltiples instrumentos comprometiéndose a promover medidas de prevención, investigación y sanción de la violencia contra la prensa e inclusive de toma de responsabilidad, todo con el fin de garantizar que los ataques no queden impunes. Sin embargo, casi cuatro meses después de la declaratoria de responsabilidad del Estado colombiano en el caso de Jineth Bedoya, no se conocen medidas que tiendan a cumplir con lo ordenado por la CIDH. 
   
   
6. Este año, el Tribunal Permanente de los Pueblos (TPP) se pronunciará por primera vez sobre la muerte de tres periodistas. Colombia debería estar alerta de las recomendaciones que resulten en este proceso, pues seguramente los expertos darán recomendaciones concretas y específicas para abordar de manera integral la impunidad. Las decisiones del TPP no tienen implicaciones judiciales para los Estados, pero apelan a la conciencia ética de la humanidad para condenar graves violaciones a los derechos humanos y cambiar el rumbo de Estados y sociedades.

La identificación y reconocimiento de los hechos de violencia contra periodistas y medios de comunicación, así como de las afectaciones al oficio periodístico y las consecuencias para la sociedad es una tarea que, pese a los avances, persiste inconclusa. Es una necesidad pendiente que implica memoria, verdad, justicia y reparación al oficio periodístico. 

Colombia ha sido uno de los países con mayores riesgos para ejercer el periodismo en el mundo: 162 periodistas han sido asesinados por razones vinculadas a su oficio entre 1977 y 2021. Esta cifra, consolidada por la prensa, la academia y organizaciones sociales, muestra solo una parte de la dimensión de la violencia sobre el periodismo en el país, que en el contexto del prolongado conflicto armado incluye secuestros, desplazamientos, exilios, amenazas, estigmatizaciones, hostigamientos, entre otras agresiones. La violencia no solo ha sido dirigida a los y las reporteras, también ha impactado sobre una larga cadena de colaboradores que nutren los procesos informativos. 

En la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), en la que existen siete macro casos abiertos, hasta la fecha no se han priorizado hechos victimizantes sufridos por los y las periodistas en el marco del conflicto armado interno. Si bien, en el caso 01, Toma de rehenes y otras privaciones graves de la libertad cometidas por las FARC-EP, se analizó la situación de un periodista retenido, la JEP no se refirió a las afectaciones a nivel individual y colectivo del derecho a la libertad de expresión. Aunque la JEP organizó un seminario sobre violencia contra periodistas en 2019, en el que se analizaron los contextos de los crímenes y los retrocesos en materia de investigación, a la fecha no se han promovido más espacios de esa naturaleza.

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Hay otros antecedentes relevantes. En 2012, se anunció el comienzo del proceso de reparación colectiva a periodistas por parte de la Unidad para las Víctimas; en este se reconoció a la prensa como víctima del conflicto armado y consideró que la violencia en su contra no solo generó afectaciones individuales, sino también colectivas. En 2014, se oficializó a la comunidad de periodistas como un sujeto de reparación colectiva, el cual, según cifras de la Unidad para las Víctimas, contempla unas 400 mil personas en todos los departamentos del país. En este proceso, que está por cumplir una década, tan solo el ejercicio de diagnóstico de los impactos y los daños colectivos al periodismo ha tomado más de seis años. La FLIP participó de varias mesas de trabajo con la Unidad de Víctimas y con periodistas entre 2012 y  2015, pero ante la ausencia de un plan detallado, la Fundación decidió apartarse del proceso.

En 2015, el Centro Nacional de Memoria Histórica, con apoyo de la FLIP, presentó el informe La palabra y el silencio, una investigación que mostró las principales características, dinámicas, lógicas y patrones de la violencia ejercida contra medios y periodistas desde 1977 hasta 2015. Los asesinatos, secuestros, desplazamientos, violencia sexual, entre otros hechos de violencia, fueron recopilados en este trabajo al que contribuyeron con su testimonio varios profesionales que habían sido víctimas del conflicto. Este informe evidenció que la información periodística era objeto de persecución por parte de todos los actores armados involucrados en el conflicto. 

Desde 2017, la Comisión de la Verdad adelanta procesos de escucha e investigaciones que dan cuenta, entre otras, de afectaciones contra medios y periodistas, y que servirán de insumo para el informe final de la Comisión, que brindará un análisis más completo de las motivaciones que llevaron a actores armados a atentar contra la prensa.

El relato amplio y complejo de la violencia contra el periodismo en Colombia debe dar señales claras del porqué el control de la información es esencial para el ejercicio del poder por parte de actores violentos; de cómo, para qué y quiénes fueron protagonistas de esa persecución; y de cómo las líneas de continuidad de las censuras tienen relación con esas violencias, que pese a sus modificaciones, siguen presentes en muchas zonas del país, alterando el sano ejercicio de informar lo que acontece, nos interesa y preocupa como sociedad.

Resarcir las heridas del periodismo violentado requiere de más acciones concretas y menos actos de protocolo. No se trata de brindar  anuncios institucionales empáticos y pomposos, como ha sucedido en determinados momentos, sino de permitir que las nuevas generaciones gocen de la posibilidad de expresarse libremente, de no seguir cargando las censuras y la violencia como una pesada herencia. 

Se cumplen 20 años del asesinato del periodista y subdirector del diario La Patria, Orlando Sierra, en Manizales, Caldas. De los 163 casos registrados de asesinatos a periodistas, este es el único en el que se ha condenado a toda la cadena criminal: desde autores materiales hasta determinadores. Sin embargo, tuvieron que pasar 17 años para que eso sucediera. En Colombia, la impunidad en casos de homicidios a periodistas alcanza el 78.8%.

El 30 de enero de 2002, mientras llegaba de almorzar junto a su hija, Orlando Sierra recibió dos disparos en frente de la sede del diario La Patria. Tras el ataque, Orlando fue trasladado de urgencia al Hospital de Caldas e intervenido quirúrgicamente. Sin embargo, dos días después, el 1 de febrero, falleció. Orlando era el subdirector de La Patria y en su columna Punto de Encuentro denunciaba la corrupción en Caldas.

La justicia encontró como determinador del crimen a Ferney Tapasco, excongresista y exdirector del Partido Liberal en Caldas. Además, los hermanos Fabio y Jorge López Escobar fueron condenados como cómplices del homicidio. Luis Fernando Soto Zapata, el sicario, y Luis Miguel Tabares, el jefe de sicarios, fueron condenados como autores materiales. Así mismo, Luis Arley Ortiz Orozco y Francisco Antonio Quintero Tabares fueron condenados como coautores del crimen.  

Días después del homicidio, varios medios de comunicación, invitados por la FLIP, decidieron unir sus esfuerzos para investigar el crimen. En el caso de Orlando Sierra fue determinante la presión que ejerció la prensa para que se juzgaran a los responsables del asesinato. Sin embargo, la justicia tardó 17 años en llegar. 

Contrario a la disminución mundial de asesinatos a periodistas entre 2016 y 2020, que ha reportado Unesco, en Colombia en los últimos cinco años fueron asesinados ocho periodistas en el país, mientras que entre el 2011 y 2015 fueron asesinados siete. 

Para encontrar justicia en crímenes contra periodistas es necesario que las entidades hagan un trabajo conjunto en la investigación de estos ataques, teniendo en cuenta el contexto de violencia diferenciada contra la prensa y las características regionales de cada caso. Además, es vital que los casos sean investigados sólidamente y, posteriormente, judicializados en plazos razonables, las dilaciones hacen que se pierda la posibilidad de juzgar debidamente a los responsables de los crímenes. 

Recientemente, se aprobó una nueva ley de seguridad ciudadana, en la que se incrementan las penas a quienes sean encontrados responsables de homicidios contra periodistas. Esta medida solo podrá contrarrestar la violencia en la medida que se reduzca el índice de impunidad y se concluyan los procesos en sanciones a toda la cadena de responsables. Para ello, es indispensable que la Fiscalía se enfoque en entender las particularidades de la violencia contra la prensa y en investigar diligentemente para dar con los determinadores y autores materiales de los asesinatos.

El legado de Orlando Sierra sigue vivo, en la redacción de La Patria y en sus compañeros, familiares y amigos. A continuación podrá ver un video realizado en conjunto con La Patria, en el que excompañeros recuerdan su trabajo y cómo éste impactó en ellos y en la sociedad caldense. 

También podrá escuchar nuestra cápsula de audio conmemorativa y navegar por la línea de tiempo de este caso. 

En la FLIP no olvidamos. 

Ayer, 19 de enero, en Saravena, Arauca, un carro bomba explotó frente al edificio Héctor Alirio Martínez, casa sede de las organizaciones sociales del Centro Oriente en Saravena, y donde opera el medio digital e impreso Trochando Sin Fronteras. Con esta explosión también se afectaron las instalaciones de Sarare Stereo, una emisora comunitaria con alta difusión en el municipio, que está ubicada a una calle del lugar de la explosión. Este atentado afecta el funcionamiento de estos dos medios. Es urgente que las autoridades locales y nacionales actúen conjuntamente con el fin de proteger el trabajo de las y los periodistas del departamento.

La Fundación para la Libertad de Prensa expresa su preocupación frente al ambiente de intimidación y autocensura contra la prensa que se origina en directivas y actuaciones de la Fiscalía General de la Nación y que encuentran respaldo en las manifestaciones públicas del fiscal general Francisco Barbosa.

Ayer, la Fiscalía General de la Nación anunció en sus redes sociales, antes de haber procedido conforme a la ley y notificar a la víctima y a sus representantes, que profirió resolución de acusación como coautor en contra de Marco Javier Morantes Pico, investigado por el delito de secuestro simple cometido con circunstancia de agravación punitiva, por los hechos del 25 de mayo del 2000, de los cuales fue víctima la periodista Jineth Bedoya. 

Al respecto, manifestamos que la decisión de la Fiscal 189 de la Dirección Especializada contra Violaciones a los Derechos Humanos es un avance mínimo en el marco de tan solo uno de los múltiples procesos penales en curso, en los que continúa primando la falta de debida diligencia investigativa e impunidad de los hechos que fue víctima Jineth.

Esta es una decisión tardía, que la fiscalía pudo haber adoptado hace años. En la resolución no se evidencia ninguna actuación nueva o prueba sobreviniente a lo que ya estaba incorporado en el expediente que ahora motive esta decisión. Tampoco hay novedad en la situación jurídica del investigado, pues la medida de aseguramiento no restrictiva de la libertad fue dispuesta desde 2019 y confirmada en enero de 2020.

No es cierto, como se pretende hacer ver ante la opinión pública, que se trate de un avance sustancial. Por el contrario, es una forma muy limitada de garantizar el acceso a la justicia porque solo imputará el menor de todos los delitos por los que Morantes Pico puede ser responsable. La fiscalía dejó por fuera de esta investigación la responsabilidad por la violencia sexual y tortura en calidad de cómplice, a pesar de que el aporte de este fue esencial en la materialización del secuestro, dentro de un contexto de violencia sistemática contra mujeres periodistas, es decir, resultó fundamental para la materialización de los hechos de violencia sexual. Este error de calificación ya ha sido advertido por la representación de la víctima durante el proceso. 

Los avances de la fiscalía son restringidos: se sigue investigando el eslabón más débil y aún no se da cumplimiento a la orden de investigar la cadena de mando y los determinadores. Al respecto, el Estado colombiano sigue en mora de determinar la autoría intelectual de todos los hechos de los que fue víctima Jineth. La Corte IDH indicó que la investigación de casos complejos requiere “dirigir los esfuerzos del aparato estatal para desentrañar las estructuras que permitieron esas violaciones, sus causas, sus beneficiarios y sus consecuencias”. 

Si bien esta decisión es un avance en una etapa procesal de un proceso contra uno de los presuntos responsables materiales, transcurridos más de 21 años desde los hechos, no se ha arrojado ningún resultado de la responsabilidad penal por la violencia sexual, la tortura y las amenazas contra la periodista. También siguen impunes las amenazas recibidas por la periodista como retaliación a su trabajo. A la fecha, no hay avances sustanciales en la línea de investigación que busca determinar si hubo participación de agentes estatales en los hechos objeto del presente análisis, como lo ordenó la Corte IDH.