En Colombia existen cerca de 600 emisoras comunitarias. La gran mayoría afronta graves problemas para su sostenibilidad y la producción de contenido. El modelo necesita adaptarse para que pueda jugar su rol en los ecosistemas mediáticos actuales y de tal manera garantizar mayor pluralidad. 

El tercer sector de la comunicación que agrupa a los medios comunitarios (radio y televisión) enfrenta un escenario convergente difícil dado el rezago en su legislación, licencias, burocracia y sus apuestas de contenidos. En esta entrevista conversamos con Edison Lanza, exrelator especial para la libertad de expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, quien nos habló sobre la legislación de los medios comunitarios y el rol que juegan en una democracia.

Aquí puede consultar la revista Páginas para la Libertad de Expresión, edición #3.

FLIP: ¿Cómo calificaría la legislación de nuestro país frente a emisoras comunitarias?

Edison Lanza (E.L): Es insuficiente. Es decir, no hay unas leyes que garanticen que estas emisoras puedan tener condiciones de calidad para emitir. Otro de los problemas es que el Estado a veces se demora en la entrega de títulos y de frecuencias.

Esos problemas de las emisoras comunitarias suceden mientras que hay una cantidad desmedida de radios militares y policiales, que cuentan con todas las garantías para transmitir. El país está en un período de transición, de posguerra, por lo que creo que habría que reducir la cantidad de frecuencias que están en manos de las agencias de seguridad del Estado para dárselas a sectores civiles, bien sean radios comunitarias, públicas o comerciales. 

FLIP: El año pasado en la FLIP conocimos el caso de una emisora comunitaria que no podía emitir correctamente su señal, pues la antena que les adjudicaron fue instalada a quince minutos en moto del casco urbano donde tienen licencia para transmitir y la baja potencia hace que no se pueda sintonizar la emisora en todo el municipio. ¿Qué debería hacerse en cuanto a regulación para lidiar con situaciones como esta?

E.L: Una buena regulación no puede imponer limitaciones geográficas o de potencia, que sean innecesarias o que limiten el tipo de servicio o el tipo de comunidad. La recomendación sería que el regulador vea caso a caso cada emisora. Por ejemplo, puede haber una radio que requiera una potencia reducida porque emite geográficamente para una pequeña comunidad en el territorio; pero puede haber también una radio vinculada a las mujeres, o a la agenda de los derechos de las mujeres que necesitaría una potencia mayor porque su comunidad está diseminada en distintas partes del territorio.

FLIP: ¿Qué ejemplos podría seguir Colombia para tener una mejor legislación en esta materia?

E.L: Hay ejemplos latinoamericanos muy buenos, como los de Uruguay, Brasil o Chile. En el resto del mundo están los ejemplos de Canadá o la Unión Europea. Allí está claramente identificado el sector comunitario, se definen sus características, se establecen mecanismos de concurso, en general, donde no tenga un peso lo lucrativo o el precio por el uso de la frecuencia. El gobierno lo que debería vigilar es que no se disfrace una radio comercial de una comunitaria.

Las regulaciones de estos países también se caracterizan por que no tienen limitaciones de ningún tipo: pueden tener acceso a publicidad, a recursos tanto públicos como privados, para tener una radio con estándares de calidad. Para poner otro ejemplo, en México se aprobó una legislación que facilitaba el acceso de los pueblos indígenas a las radios comunitarias, pero se les impedía acceder a publicidad privada y solo se les otorgaba un 1% de la publicidad estatal. 

En el caso de Colombia sería clave prever algunas reservas para pueblos originarios, afrodescendientes, que en general se han visto excluidos de la radiodifusión.

FLIP: ¿Y qué debería hacer un próximo gobierno con las radios que por alguna razón han estado emitiendo por fuera de la regulación?

E.L: Puede ser frecuente que haya emisoras comunitarias que durante varios años emitieron señal por fuera de los parámetros que establece la ley porque no tenían las facilidades o las frecuencias asignadas. El gobierno entonces debería tener una ley garantista, que cuente con la participación de las propias asociaciones de radios comunitarias para así hacer un censo o línea de base que permita establecer cuáles son las emisoras que han operado, entre comillas, de forma irregular. De esta manera, el gobierno podría establecer una suerte de amnistía o mecanismos para que estas radios se acojan a una serie de beneficios. 

FLIP: Hablemos ahora de la televisión pública. Durante el 2021 nos enfrentamos a un escenario en el que diferentes gobernantes querían interferir en la línea editorial de medios como Telecafé o Telemedellín. ¿Cómo se le puede hacer frente a esto?

E.L: En general, en América Latina, hay un déficit de gobernanza democrática. Por lo general, quien está en el gobierno tiende a pensar que debe gobernar la televisión pública. Yo creo que eso al final juega en contra y debilita la televisión pública porque los ciudadanos no son todos ciudadanos partidistas. La televisión pública debería ser un contrapeso de la disputa política y partidaria, generando información de calidad, documentales, informativos que tengan altos estándares de objetividad, de pluralismo, neutralidad. 

Todo eso solo se logra con una gobernanza compleja, donde tenga participación la sociedad civil, la academia, los representantes de los gobiernos y de la oposición y se rindan cuentas al congreso. Obviamente también hay que garantizar un financiamiento por alguna vía, ya sea por medio de algún impuesto o asignación específica. No tenemos ejemplos claros de cómo funciona esto en Latinoamérica, pero sí tenemos de referentes a la BBC de Reino Unido, la Deutsche Welle en Alemania, la televisión Sueca, e incluso la PBS de Estados Unidos. 

FLIP: Y hablando en general de todo el ecosistema de canales de televisión, ¿hacia dónde debería apuntar una regulación que busque mayor pluralidad?

E.L: En nuestros países no hay per se un pluralismo en la televisión, pues nacieron como grupos de comunicación dominantes y heterogéneos y así se han mantenido, aunque los Estados tengan la obligación de promover el pluralismo. Para introducir elementos de pluralismo progresivamente se podría poner límites razonables a la concentración. Por ejemplo, si hay un grupo que ya tiene cuatro canales en televisión abierta y la televisión digital permite que haya nuevos canales, pues no debería ser ese mismo grupo el que siga quedándose con ellos, sino que tendrían que ingresar nuevas voces.

FLIP: Finalmente, queremos preguntarle sobre las plataformas de streaming, que en su mayoría no son empresas nacionales, pero que entran al ecosistema de medios en Colombia. ¿Qué clase de legislación puede ser pertinente en esta materia?

E.L: En los países de Latinoamérica no tenemos mucha experiencia regulando esto, precisamente porque se trata de un actor nuevo. Algunas regulaciones sí se han hecho en Europa, Australia o Canadá. Allí se ha establecido alguna cuota de pantalla para la producción nacional, y también se ha determinado que paguen los mismos impuestos que abonan otros medios de comunicación para que no haya una discriminación positiva en ese sentido. 

Este es un problema de Estado. En los últimos cinco años fueron asesinados ocho periodistas en Colombia. La persistencia de los homicidios como la forma más severa de silenciamiento, prende alertas y reclama una respuesta estatal urgente e integral. Los impactos sociales por la falta de justicia en estos crímenes alimentan el ambiente de autocensura.

Los efectos más notorios de la impunidad son que (i) impide conocer la verdad sobre los hechos violentos, las razones, el alcance del riesgo y los responsables; (ii) se dejan de conocer los patrones de violencia y no se pueden adoptar medidas de prevención y de no repetición; (ii) no se consigue disuadir la repetición del crimen, pues la falta de sanción efectiva alimenta un ciclo de permisividad, además, somete al olvido las investigaciones periodísticas que originan los ataques; y (iv) la excesiva duración de las investigaciones en las agresiones contra periodistas agrava el efecto de la impunidad. 

El contexto de violencia contra la prensa y la impunidad han sido una constante en Colombia desde los años noventa. Al momento de dictaminar la responsabilidad del Estado colombiano en el caso del que fue víctima la periodista Nelson Carvajal, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) encontró “que ese contexto de homicidios de periodistas iba acompañado por altos índices de impunidad y de investigaciones que no desembocaban en la determinación y procesamiento de los responsables y que por ende seguían en la impunidad”. En 2021, en la sentencia del caso de Jineth Bedoya, la Corte IDH sostuvo que esta situación de violencia no ha sido superada y que se agudiza en la actualidad, pues es evidente que las agresiones violentas contra periodistas siguen siendo alarmantes y han aumentado en los últimos cinco años. 

En efecto, Colombia es de los pocos países donde en los últimos años ha aumentado el número de asesinatos a periodistas, contrario a la tendencia mundial registrada por la UNESCO. En los últimos cinco años fueron asesinados ocho periodistas en el país, mientras que entre el 2011 y 2015 fueron asesinados siete. La persistencia de los homicidios como la forma más severa de silenciamiento prende alertas y demanda una respuesta estatal inmediata e integral.

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En la reciente decisión del caso de Jineth Bedoya, la Corte IDH estudió el problema estructural de la impunidad en los crímenes contra la prensa y explicó que el Estado no debe desligar el acceso a la justicia de las estrategias de prevención. En ese sentido, ordenó al Estado colombiano articular las estrategias de prevención y de investigación y procuración de justicia, pues el ejercicio periodístico sólo puede efectuarse libremente cuando las personas que lo realizan gozan de condiciones seguras. Además, indicó la necesidad de adoptar medidas diferenciadas, ya que los impactos de la impunidad no son iguales y se acentúan cuando las víctimas son mujeres.

Al respecto, una de las recomendaciones principales del Plan de Acción de las Naciones Unidas sobre la Seguridad de los Periodistas y la Cuestión de la Impunidad es la coordinación de mecanismos de prevención y medidas para resolver algunas de las causas profundas de la violencia contra periodistas.

En suma, el Estado debe comprometerse a investigar los crímenes contra la prensa ya que, ante la ausencia de la justicia, la convivencia democrática se ve profundamente distorsionada y los contextos de violencia se recrudecen. Permitir que se viole la ley impunemente alienta a que los violentos sigan cometiendo crímenes, promueve la repetición crónica de la violencia, genera un efecto inhibidor para la libertad de expresión y reduce la confianza pública en el Estado y su imparcialidad.

Para afinar y articular las acciones del Estado es indispensable estudiar el ambiente y formas de violencia actuales a partir de una lectura cualitativa, cuantitativa, seria, integral y actualizada de los contextos, patrones y actores. Para ello, en primera medida, se requiere crear un sistema de recopilación de datos y cifras que permita dar cuenta de los riesgos diferenciados e incorpore la información de todas las entidades del Estado. 

Dicho sistema deberá asegurar la disponibilidad, accesibilidad, independencia y transparencia para promover la investigación independiente y participativa de la academia y sociedad civil. También debe incorporar información registrada por la sociedad civil y promover la denuncia de los y las periodistas afectados. Esto puede ayudar a resolver el subregistro que se origina por la desconfianza en el Estado, pues la prensa ha sido objeto de distintas formas de violencia perpetrada por el Estado, y esto ha dificultado que se denuncie ante las autoridades ciertas formas de violencia.  

Compromisos versus estadísticas

1. Según la UNESCO, en los últimos 15 años, el 87% de los casos de periodistas asesinados no se ha resuelto o no se ha denunciado. Solo el 13% de los casos  registrados desde 2006 (aproximadamente uno de cada diez) se considera actualmente resuelto judicialmente.
   
   
2. La FLIP ha documentado 163 casos de periodistas asesinados en Colombia. La impunidad en estos casos alcanza el 78.8%. Esta cifra aumenta si se tienen en cuenta otros crímenes como las amenazas que llegan al 98% de impunidad. 
   
   
3. A la fecha, 92 casos han prescrito sin procuración de justicia. 
   
   
4. Esta negación de justicia propicia la autocensura y agrava la afectación de derechos como la libertad de expresión, prensa, garantías judiciales y vida. A la vez, esto puede constituir actos de tortura en contra de las víctimas por generar graves impactos en su integridad psíquica.
   
   
5. Colombia ha suscrito múltiples instrumentos comprometiéndose a promover medidas de prevención, investigación y sanción de la violencia contra la prensa e inclusive de toma de responsabilidad, todo con el fin de garantizar que los ataques no queden impunes. Sin embargo, casi cuatro meses después de la declaratoria de responsabilidad del Estado colombiano en el caso de Jineth Bedoya, no se conocen medidas que tiendan a cumplir con lo ordenado por la CIDH. 
   
   
6. Este año, el Tribunal Permanente de los Pueblos (TPP) se pronunciará por primera vez sobre la muerte de tres periodistas. Colombia debería estar alerta de las recomendaciones que resulten en este proceso, pues seguramente los expertos darán recomendaciones concretas y específicas para abordar de manera integral la impunidad. Las decisiones del TPP no tienen implicaciones judiciales para los Estados, pero apelan a la conciencia ética de la humanidad para condenar graves violaciones a los derechos humanos y cambiar el rumbo de Estados y sociedades.

La mayoría de las agresiones a la prensa durante el 2021 fueron perpetradas por miembros de la fuerza pública durante las jornadas de protestas sociales. En otros momentos la presión vino por parte del acoso judicial, las amenazas y las restricciones de acceso a la información impuestas sin razón por funcionarios e instituciones estatales. Las siguientes son las estadísticas de agresiones que registró la FLIP el año pasado.

Total agresiones*: 684 

Total víctimas: 768 

*En un solo episodio de agresión puede haber más de un periodista víctima.

1. 172 amenazas

La amenaza ha sido por muchos años una de las formas predilectas para atacar a la prensa. En el 2021 hubo un incremento de casos con respecto al año anterior, cuando registramos 152. Las amenazas tienen diferentes consecuencias: desde la autocensura, hasta el abandono del ejercicio periodístico.

¿Quiénes amenazan a la prensa?

Fuerza pública: 18 casos.

Particulares: 52 casos.

Desconocidos: 56 casos.

2. 168 agresiones físicas

El 93% de las agresiones físicas a la prensa sucedieron durante el cubrimiento de las jornadas de manifestaciones, entre mayo y julio. Los periodistas fueron empujados, golpeados con puños, piedras, escudos y patadas e incluso algunos fueron apuñalados. En el 2021 registramos un gran incremento en los casos de agresión física, comparado con el 2020, cuando documentamos 30 casos.

3. 65 hostigamientos.

4. 57 obstrucciones al trabajo periodístico.

5. 4 atentados.

6. 1 asesinato.

7. 1 secuestro.

8. 43 obstrucciones de acceso a la información

El acceso a la información pública es un derecho fundamental de la ciudadanía y vital para el ejercicio de la prensa. Todos los días los periodistas solicitan datos e información a entidades del Estado para realizar veeduría sobre temas de alto interés público. Obstaculizar este derecho nos afecta como sociedad, pues tenemos menos insumos para tomar decisiones informadas.

En el 2021 registramos 42 casos en los que servidores públicos faltaron a su deber constitucional y se negaron a brindar información sobre temas como la gestión de la pandemia, de las manifestaciones sociales, contratación pública y administraciones locales. 

9. 36 casos de acoso judicial

Esta es una forma menos violenta físicamente de intimidar a la prensa, pero igual de efectiva y perjudicial. El acoso judicial impacta a los y las periodistas emocional, económica y socialmente. Les obliga a dejar de cubrir ciertos temas, por lo que se pierde veeduría en asuntos de alto interés público. 

¿Quiénes acosan judicialmente a la prensa?

Funcionarios públicos: 10

Particulares: 24

10.  137 agresiones de otras formas.

Los seis departamentos con más agresiones a la prensa:

1. Bogotá: 197
2. Antioquia: 90
3. Valle del Cauca: 81
4. Santander: 37
5. Cauca: 30
6. Tolima: 24
   
   

En la FLIP nos preocupa, especialmente, la situación de la prensa en Arauca y Norte de Santander. Allí, las agresiones a periodistas han aumentado sin que haya medidas de prevención y protección articuladas, diferenciadas y adaptadas a los diferentes contextos. En el 2020 la FLIP registró 13 agresiones contra la prensa en Arauca y otras 13 en Norte de Santander.  Para el 2021 se registraron 21 casos en cada departamento.

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Manifestaciones sociales 

Total agresiones: 359*

Total víctimas: 408 

*Del 1 de enero al 31 de diciembre del 2021. Solo entre abril y julio registramos 304 agresiones.

Las seis agresiones más frecuentes:

1. 155 agresiones físicas.
2. 58 amenazas.
3. 33 casos de obstrucción al trabajo periodístico.
4. 28 hostigamientos.
5. 19 robos o eliminación del material periodístico.
6. 16 detenciones ilegales.

La fuerza pública fue el mayor agresor de la prensa durante las jornadas de manifestaciones y se convirtió también en el máximo agresor de la prensa en todo el 2021. Tampoco hubo un respaldo público oportuno de las autoridades a la labor periodística.

Total de agresiones de fuerza pública durante todo el año: 247 

Total de agresiones de fuerza pública en contextos de protestas: 227

La crisis económica del sector de medios de comunicación es un problema que no da espera. Los despidos masivos de personal, el cierre de medios de larga trayectoria y un deterioro en la calidad de la información periodística han moldeado durante los últimos años el nuevo panorama de la industria.

Esta dinámica, que se ha reproducido en todo el mundo y se aceleró con motivo de la pandemia, ha llevado a un consenso global de que en un futuro próximo no será posible la sustentabilidad para el periodismo regional, local o de nicho, a menos que se financie con recursos públicos. Se trata de un cambio radical en el paradigma del negocio que ha impulsado a que, tanto la Unesco como las Naciones Unidas, apunten a la necesidad de la intervención de los Estados para evitar que la información de calidad desaparezca.

La situación en Colombia es particularmente delicada. En más de 600 municipios, que corresponden a dos terceras partes del país, no existen medios de comunicación con la capacidad de producir información local. La publicidad oficial ha operado durante años como un subsidio encubierto que ha servido para mantener a flote a muchos medios pero a un costo altísimo, toda vez que la falta de transparencia en la asignación deriva, en muchos casos, en la pérdida de independencia editorial. Además, según Asomedios, desde el 2014 la inversión publicitaria en medios de comunicación ha decrecido constantemente y hoy en día, el mayor porcentaje de la torta de ese mercado se la están llevando las plataformas digitales, dinero que, además, no queda circulando en el mercado colombiano, pues son recursos que se van para el exterior y dejan de retroalimentar la industria de medios y de información.

En medio de esta crisis y asfixia mediática, existen varios ejemplos de medios de comunicación e iniciativas particulares que han experimentado con ideas, técnicas y modelos operacionales innovadores. Sin embargo, estos proyectos no encuentran prácticamente ningún apoyo estatal que permita impulsar a mediano y largo plazo un entorno más propicio para su viabilidad, respetando los principios innegociables de independencia editorial y libertad de expresión.

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Aunque son diversas las propuestas que se están implementando en diferentes países, como las deducciones fiscales y subvenciones directas, no existe por ahora una única solución o modelo. Su abordaje debe partir de una lectura clara y completa del contexto nacional y requiere incluir a los gobiernos nacionales y regionales, a la sociedad civil y al sector privado.

La necesidad de encontrar nuevas medidas para el sostenimiento del ejercicio periodístico debe ser prioridad en un gobierno comprometido con la democracia y la libertad de expresión. Sin independencia económica, no hay garantías para que fluya información no tendenciosa entre la sociedad, tampoco para la vigilancia sobre los gobiernos que ejerce el periodismo ni para garantizar que la ciudadanía acceda a información de interés público.

Prensa sin fondos

- La FLIP registró un aproximado de 1.500 despidos de periodistas y personal de medios de comunicación entre el 2016 y el 2019. 

- Solo en Medellín, tres medios de comunicación de larga trayectoria llegaron a su final durante el primer año de pandemia (2020). 

- Según cifras de Asomedios, la facturación en publicidad de los medios en Colombia de octubre de 2021 fue apenas similar a la del 2016. 

- El sector de las revistas fue el más afectado. En el 2021 registró 43% menos de lo que facturó en el 2020. 

- El anuncio, hecho a inicios del 2021, por parte del gobierno de Iván Duque de destinar 85.000 millones de pesos para ayudar a la reactivación económica de los medios más afectados durante la pandemia se quedó en eso: un anuncio vacío. En septiembre, MinTIC dio por terminada la convocatoria para adjudicar los recursos porque ninguno de los 354 medios, cerca del 15% del total de medios del país, que habían participado cumplía con los requisitos. Nunca se hicieron públicos los detalles o la postura del ministerio ni hubo más explicaciones sobre su decisión.

- Las plataformas de redes sociales se instalaron como el principal competidor de los medios por ambas pautas, la comercial y la pública. Las redes sociales están captando un porcentaje muy alto de estos recursos sin someterse a ningún tipo de regulación tributaria y además, usando el contenido producido por terceros, como el de la prensa, sin que los creadores, medios y periodistas reciban alguna retribución.

- Muchos analistas del tema sostienen que no hay forma de recuperar los ingresos que han quedado en manos de las grandes compañías de tecnología y que sin intervención estatal los medios desaparecerán.

En Colombia la prensa recibe más agresiones que mensajes de respaldo por parte de funcionarios públicos y de la institucionalidad. Los remitentes son desde el Fiscal General hasta alcaldes, gobernadores y miembros de la fuerza pública. Un contexto como ese es insostenible para la libertad de expresión. Catalina Botero, exrelatora especial para la libertad de expresión de la CIDH y miembro del Consejo asesor de contenido de Facebook, explora las acciones necesarias para que el aparato estatal le dé mayores garantías a la prensa. 

FLIP: ¿Qué le parece clave que cambie en la narrativa que tienen los funcionarios públicos con el periodismo?

Catalina Botero (C.B): Cualquier Gobierno tiene que adoptar una narrativa a favor de la libertad de expresión. Ese debe ser el gran contexto en el que se promuevan todas las políticas públicas de promoción de la libertad de expresión. Esta es fundamental en una democracia, ya que hay unas amenazas que solo cambiarán si la gente y los funcionarios públicos entienden por qué defender la libertad de expresión es tan importante. 

FLIP: ¿Por ejemplo qué tipo de amenazas?

C.B: Las amenazas que sufren especialmente los periodistas locales, los que no están en las grandes ciudades. Hay una deuda inmensa con la prensa que está en esos territorios. Los reportajes de esos periodistas son claves para combatir, por ejemplo, a los grupos armados. Pero esas historias no se están contando, porque los y las periodistas no pueden estar en esas zonas. Para solucionar este problema de protección no solo hay que entregarles un chaleco antibalas, hay que garantizarles la protección de todo el sistema que permite las comunicaciones desde esos lugares. 

FLIP: El periodismo se ha visto enfrentado históricamente a la violencia en el marco del conflicto armado. ¿Cree usted que la JEP debería abrir un macrocaso para tratar la violencia contra la prensa?

C.B: Claro, yo creo que sería un macrocaso. A partir del informe que hizo Germán Reyes para el Centro de Memoría Histórica, La Palabra y el Silencio, es posible pedirle a la JEP que estudie como fenómeno criminal los atentados contra periodistas, y la violencia contra la prensa en el marco del conflicto armado. 

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FLIP: Otro de los grandes problemas de los medios hoy en día es la financiación. Hace poco Unesco propuso que fueran los Gobiernos quienes financiaran el periodismo. ¿En el contexto colombiano, usted ve viable esta recomendación?

C.B: Entiendo la propuesta de Unesco porque la información es un bien público, entonces debería estar financiada por el Estado. Sin embargo, en el panorama político de Colombia creo que es inviable. La mayoría de políticos realmente creen que la información seria, imparcial, veraz, curada, es solo aquella que habla bien de su candidato; es decir, no evalúan la información por el proceso, sino por el contenido del resultado, entonces sería muy peligroso. Así, se terminarían entregando miles de millones de dólares a medios que solo dicen lo que ellos quieren, no se lo van a dar a los medios con estándares serios que critican a sus líderes. 

FLIP: La mirada suele estar dirigida a lo que hace o deja de hacer el Gobierno de turno, pero no se habla del conjunto del Estado, ¿cómo trabajar con todas las instituciones en materia de libertad de expresión?

C.B: Es importante que haya una formación en democracia para los funcionarios públicos. Este tipo de acciones podrían contribuir a la prevención de agresiones a la libertad de expresión, como, por ejemplo, las relacionadas con el acceso a la información pública. Es recordarles a los funcionarios públicos que tienen la responsabilidad de recolectar, custodiar y entregar de manera oportuna, completa, accesible y fidedigna toda la información que tengan. 

Además, la Procuraduría tiene que iniciar investigaciones con perspectiva de libertad de expresión contra los funcionarios públicos que utilicen el discurso público para estigmatizar o afectar la libertad de expresión. Por ejemplo, esto es muy claro en el caso de Daniel Quintero, donde habían unas afrentas contra la prensa, contra El Colombiano, por ejemplo. La investigación que abrió la Procuraduría era clave.

Por otro lado, está la necesidad de transparentar el uso que hacen funcionarios de las redes sociales y de la publicidad oficial. La Contraloría debería investigar el uso de fondos públicos para la publicidad oficial mal destinada, y el uso de recursos públicos para la contratación de community managers, por ejemplo. 

La identificación y reconocimiento de los hechos de violencia contra periodistas y medios de comunicación, así como de las afectaciones al oficio periodístico y las consecuencias para la sociedad es una tarea que, pese a los avances, persiste inconclusa. Es una necesidad pendiente que implica memoria, verdad, justicia y reparación al oficio periodístico. 

Colombia ha sido uno de los países con mayores riesgos para ejercer el periodismo en el mundo: 162 periodistas han sido asesinados por razones vinculadas a su oficio entre 1977 y 2021. Esta cifra, consolidada por la prensa, la academia y organizaciones sociales, muestra solo una parte de la dimensión de la violencia sobre el periodismo en el país, que en el contexto del prolongado conflicto armado incluye secuestros, desplazamientos, exilios, amenazas, estigmatizaciones, hostigamientos, entre otras agresiones. La violencia no solo ha sido dirigida a los y las reporteras, también ha impactado sobre una larga cadena de colaboradores que nutren los procesos informativos. 

En la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), en la que existen siete macro casos abiertos, hasta la fecha no se han priorizado hechos victimizantes sufridos por los y las periodistas en el marco del conflicto armado interno. Si bien, en el caso 01, Toma de rehenes y otras privaciones graves de la libertad cometidas por las FARC-EP, se analizó la situación de un periodista retenido, la JEP no se refirió a las afectaciones a nivel individual y colectivo del derecho a la libertad de expresión. Aunque la JEP organizó un seminario sobre violencia contra periodistas en 2019, en el que se analizaron los contextos de los crímenes y los retrocesos en materia de investigación, a la fecha no se han promovido más espacios de esa naturaleza.

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Hay otros antecedentes relevantes. En 2012, se anunció el comienzo del proceso de reparación colectiva a periodistas por parte de la Unidad para las Víctimas; en este se reconoció a la prensa como víctima del conflicto armado y consideró que la violencia en su contra no solo generó afectaciones individuales, sino también colectivas. En 2014, se oficializó a la comunidad de periodistas como un sujeto de reparación colectiva, el cual, según cifras de la Unidad para las Víctimas, contempla unas 400 mil personas en todos los departamentos del país. En este proceso, que está por cumplir una década, tan solo el ejercicio de diagnóstico de los impactos y los daños colectivos al periodismo ha tomado más de seis años. La FLIP participó de varias mesas de trabajo con la Unidad de Víctimas y con periodistas entre 2012 y  2015, pero ante la ausencia de un plan detallado, la Fundación decidió apartarse del proceso.

En 2015, el Centro Nacional de Memoria Histórica, con apoyo de la FLIP, presentó el informe La palabra y el silencio, una investigación que mostró las principales características, dinámicas, lógicas y patrones de la violencia ejercida contra medios y periodistas desde 1977 hasta 2015. Los asesinatos, secuestros, desplazamientos, violencia sexual, entre otros hechos de violencia, fueron recopilados en este trabajo al que contribuyeron con su testimonio varios profesionales que habían sido víctimas del conflicto. Este informe evidenció que la información periodística era objeto de persecución por parte de todos los actores armados involucrados en el conflicto. 

Desde 2017, la Comisión de la Verdad adelanta procesos de escucha e investigaciones que dan cuenta, entre otras, de afectaciones contra medios y periodistas, y que servirán de insumo para el informe final de la Comisión, que brindará un análisis más completo de las motivaciones que llevaron a actores armados a atentar contra la prensa.

El relato amplio y complejo de la violencia contra el periodismo en Colombia debe dar señales claras del porqué el control de la información es esencial para el ejercicio del poder por parte de actores violentos; de cómo, para qué y quiénes fueron protagonistas de esa persecución; y de cómo las líneas de continuidad de las censuras tienen relación con esas violencias, que pese a sus modificaciones, siguen presentes en muchas zonas del país, alterando el sano ejercicio de informar lo que acontece, nos interesa y preocupa como sociedad.

Resarcir las heridas del periodismo violentado requiere de más acciones concretas y menos actos de protocolo. No se trata de brindar  anuncios institucionales empáticos y pomposos, como ha sucedido en determinados momentos, sino de permitir que las nuevas generaciones gocen de la posibilidad de expresarse libremente, de no seguir cargando las censuras y la violencia como una pesada herencia. 

La asignación de la pauta oficial se ha convertido en uno de los factores más determinantes en la autocensura. Esto se acentúa por la falta de una legislación adecuada y, al ser, en muchos casos, la mayor fuente de ingresos de los medios de comunicación. Es necesario encontrar soluciones concretas en las que participen otros actores de la sociedad civil, como universidades, periodistas y agremiaciones locales. 

La publicidad oficial es una herramienta legítima e importante para la comunicación entre los Gobiernos y la ciudadanía. Su principal objetivo es servir de puente y así informar y promover políticas públicas, obligaciones y deberes de la ciudadanía o situaciones de urgencia que se presenten. Sin embargo, la ausencia de un marco legal regulatorio claro ha desdibujado la naturaleza de estos objetivos, transformándola en un mecanismo para la autopromoción de gobernantes y de presión económica para castigar las líneas editoriales de los medios de comunicación. Así, la asignación de la publicidad oficial es, después de la violencia, el segundo factor más determinante de censura y autocensura en el periodismo colombiano. 

De acuerdo con la información recaudada por el proyecto Pauta Visible de la FLIP, entre 2016 y 2020, 75 entidades de todo el país invirtieron cerca de 860 mil millones de pesos en contratos de publicidad oficial. Se trata de una billetera con recursos públicos que tiene una influencia determinante en la economía de las empresas periodísticas generando interrogantes frente a las garantías que tienen los medios para mantener su independencia editorial. }

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En varias regiones del país, donde la publicidad privada es mínima, los ingresos de la publicidad oficial pueden suponer el 70% o el 80% de los ingresos totales de un medio. El impacto de estos recursos en la economía de las empresas periodísticas se ha convertido en una suerte de subsidio encubierto para medios de comunicación. Por lo tanto, abordar la regulación de la pauta oficial también implica entender la necesidad de poder reemplazar esos ingresos bajo otro modelo. 

Adicionalmente, la legislación actual, que se resume en el artículo 10 del Estatuto Anticorrupción y en un decreto reglamentario del mismo, deja muchas puertas abiertas para la asignación discrecional de estos recursos, su difícil trazabilidad y, en general, una ausencia de principios protectores de la libertad de expresión que profundizan los problemas ya descritos. La FLIP ha identificado patrones y abusos en la asignación de publicidad oficial a través de diferentes investigaciones que dan luces sobre un asunto determinante para la sostenibilidad de los medios de comunicación, para la garantía del acceso a la información de la ciudadanía y, en últimas, para la libertad de expresión. 

Así, debe partirse de la base de que hay un problema ya evidente por años al que no se le ha brindado una solución concreta, ni suficiente atención desde las diferentes ramas del poder, particularmente desde el legislativo y el ejecutivo. A pesar de los intentos por instaurar buenas prácticas en algunas administraciones, hacen falta mecanismos vinculantes que atiendan la situación en todos los niveles de la administración pública en el país. Estas reformas, toda vez que tocan puntos neurálgicos del sistema de financiación mediático, se deben hacer de manera consensuada, progresiva y que integren ejercicios de socialización que cuenten con la participación de otros actores de la sociedad civil, como universidades, periodistas y agremiaciones locales. 

La pauta perdida 

• Preponderancia de la contratación directa: la contratación directa, si bien no es ilegal, es nociva para asegurar la objetividad y transparencia de los procesos. En el 2020 la FLIP encontró que de 800 contratos celebrados entre el 2016 y 2019, en promedio entre el 50% y el 60% fueron asignados directamente. La gobernación que más recursos de publicidad oficial gastó realizó el 91% de sus contrataciones directamente. 
  
  
• Se desdibuja el propósito de la publicidad oficial: en 2018 la FLIP y la Misión de Observación Electoral (MOE) analizaron los mensajes de publicidad oficial ordenados por diez alcaldías del país. De 2128 mensajes, 1237 (58%) tenían una intención de autopromoción. En varios casos se invierten recursos públicos en autopromoción de los mandatarios y no en información. 
• Compra de contenidos: en el 2019 una gobernación gastó más de 350 millones de pesos en contratar a un medio de comunicación nacional para la difusión de ediciones especiales con material favorable a la administración sin rótulos de publicidad pagada. Esta práctica, conocida como content marketing, hace pasar como información lo que en realidad es propaganda.
  
  

Los países que han regulado la pauta

• Hay ejemplos de regulación valiosos en varios países, como Canadá, Perú o España. Todos coinciden en hacer explícita la definición de publicidad oficial, sus fines, prohibiciones específicas, criterios y procedimientos para hacer efectiva la contratación pública. 
  
  
• Canadá dispuso la creación de comités específicos que sirven como filtro para todos los procesos de contratación estatal de publicidad.
  
  
• En España, la ley prohíbe que aparezcan personalmente voces o imágenes de funcionarios públicos de elección popular en los mensajes publicitarios del Estado. 
  
  
• En Uruguay, se estableció la creación de la Unidad para la Asignación de Publicidad Oficial (UPAO), una instancia con tres representantes: uno del Gobierno y dos elegidos por el legislativo en función de su experiencia, calidades e independencia. En el anteproyecto la UPAO está destinada al monitoreo, control y asesoramiento de los procesos de publicidad oficial. 

Se cumplen 20 años del asesinato del periodista y subdirector del diario La Patria, Orlando Sierra, en Manizales, Caldas. De los 163 casos registrados de asesinatos a periodistas, este es el único en el que se ha condenado a toda la cadena criminal: desde autores materiales hasta determinadores. Sin embargo, tuvieron que pasar 17 años para que eso sucediera. En Colombia, la impunidad en casos de homicidios a periodistas alcanza el 78.8%.

El 30 de enero de 2002, mientras llegaba de almorzar junto a su hija, Orlando Sierra recibió dos disparos en frente de la sede del diario La Patria. Tras el ataque, Orlando fue trasladado de urgencia al Hospital de Caldas e intervenido quirúrgicamente. Sin embargo, dos días después, el 1 de febrero, falleció. Orlando era el subdirector de La Patria y en su columna Punto de Encuentro denunciaba la corrupción en Caldas.

La justicia encontró como determinador del crimen a Ferney Tapasco, excongresista y exdirector del Partido Liberal en Caldas. Además, los hermanos Fabio y Jorge López Escobar fueron condenados como cómplices del homicidio. Luis Fernando Soto Zapata, el sicario, y Luis Miguel Tabares, el jefe de sicarios, fueron condenados como autores materiales. Así mismo, Luis Arley Ortiz Orozco y Francisco Antonio Quintero Tabares fueron condenados como coautores del crimen.  

Días después del homicidio, varios medios de comunicación, invitados por la FLIP, decidieron unir sus esfuerzos para investigar el crimen. En el caso de Orlando Sierra fue determinante la presión que ejerció la prensa para que se juzgaran a los responsables del asesinato. Sin embargo, la justicia tardó 17 años en llegar. 

Contrario a la disminución mundial de asesinatos a periodistas entre 2016 y 2020, que ha reportado Unesco, en Colombia en los últimos cinco años fueron asesinados ocho periodistas en el país, mientras que entre el 2011 y 2015 fueron asesinados siete. 

Para encontrar justicia en crímenes contra periodistas es necesario que las entidades hagan un trabajo conjunto en la investigación de estos ataques, teniendo en cuenta el contexto de violencia diferenciada contra la prensa y las características regionales de cada caso. Además, es vital que los casos sean investigados sólidamente y, posteriormente, judicializados en plazos razonables, las dilaciones hacen que se pierda la posibilidad de juzgar debidamente a los responsables de los crímenes. 

Recientemente, se aprobó una nueva ley de seguridad ciudadana, en la que se incrementan las penas a quienes sean encontrados responsables de homicidios contra periodistas. Esta medida solo podrá contrarrestar la violencia en la medida que se reduzca el índice de impunidad y se concluyan los procesos en sanciones a toda la cadena de responsables. Para ello, es indispensable que la Fiscalía se enfoque en entender las particularidades de la violencia contra la prensa y en investigar diligentemente para dar con los determinadores y autores materiales de los asesinatos.

El legado de Orlando Sierra sigue vivo, en la redacción de La Patria y en sus compañeros, familiares y amigos. A continuación podrá ver un video realizado en conjunto con La Patria, en el que excompañeros recuerdan su trabajo y cómo éste impactó en ellos y en la sociedad caldense. 

También podrá escuchar nuestra cápsula de audio conmemorativa y navegar por la línea de tiempo de este caso. 

En la FLIP no olvidamos. 

Ayer, 19 de enero, en Saravena, Arauca, un carro bomba explotó frente al edificio Héctor Alirio Martínez, casa sede de las organizaciones sociales del Centro Oriente en Saravena, y donde opera el medio digital e impreso Trochando Sin Fronteras. Con esta explosión también se afectaron las instalaciones de Sarare Stereo, una emisora comunitaria con alta difusión en el municipio, que está ubicada a una calle del lugar de la explosión. Este atentado afecta el funcionamiento de estos dos medios. Es urgente que las autoridades locales y nacionales actúen conjuntamente con el fin de proteger el trabajo de las y los periodistas del departamento.