El pasado 27 de febrero, el gobernador de Magdalena, Carlos Caicedo, publicó unos tweets señalando al periodista Leopoldo Granados de "pseudo periodista denunciado por extorsión"; y "prepago" por los clanes para-políticos. Granados es el director del medio Seguimiento.co y fue atacado luego de haber denunciado irregularidades en la contratación del hospital de Salamina.

A lo largo de un año, el periodista Diego Peña ha sido víctima de acoso judicial por parte de funcionarios públicos del municipio de Donmatías, Antioquia. Además, ha sido amenazado en diferentes ocasiones. Desde hace dos meses, Peña no ha podido volver al municipio y tuvo que autocensurarse, en diciembre del 2022 cerró la página de Facebook en la cual publicaba información y opiniones sobre asuntos relevantes de esta región de Antioquia. 

En su página de Facebook, el periodista realizaba publicaciones críticas sobre las actuaciones de los funcionarios públicos de Donmatías. Peña es el único periodista que  investiga asuntos  de corrupción y uno de los dos comunicadores independientes del municipio. 

El año pasado siete funcionarios del municipio —concejales, empleados de la Alcaldía y directivos de un colegio público— interpusieron una queja en contra de Peña al considerar que las publicaciones que se referían a ellos incitaban a agresiones en su contra. Con esto, la inspectora de Policía Urbana le ordenó eliminar las notas y no volver a hablar sobre estas personas. Como consecuencia, Peña se vio obligado a cerrar su medio y a interponer una acción de tutela. El Juzgado Promiscuo Municipal de Toledo, Antioquia, falló a favor del periodista y advirtió sobre algunas irregularidades en el proceso policivo por la violación al derecho al debido proceso del periodista, además de la forma en cómo el procedimiento buscaba amordazar su derecho a la libertad de prensa. 

El periodista ha sido notificado de dos denuncias activas en su contra por los delitos de injuria y calumnia, iniciadas respectivamente por Catalina Cifuentes Pinillo, secretaria de Educación y Desarrollo Social de Donmatías, y Jairo Alonso Macías Berrio, presidente del Concejo de Donmatías. El pasado 24 de enero, en la audiencia de conciliación, Peña decidió no conciliar en ninguno de los dos casos y argumentó que sus publicaciones son de interés público. Además, la fiscal le informó al periodista de la existencia de otras cinco denuncias en su contra, presentadas por los mismos funcionarios públicos.

Por otro lado, el periodista ha sido víctima de situaciones intimidantes y amenazas en su contra. El 22 de diciembre de 2022, un desconocido lo abordó y le mostró un cartel que decía: “usted no puede volver a escribir, tiene que borrar todo y no puede volver a Donmatías. Efecto que lo matamos”. Esto se suma a las amenazas que ha recibido desde el 2019, cuando tuvo que exiliarse en México por un tiempo. 

Frente al acoso judicial, estos hechos constituyen una estrategia coordinada para atacar y hostigar al periodista a través de diferentes mecanismos jurídicos, con el fin de silenciar sus denuncias. Este caso cumple con las cinco características que estipuló la Corte Constitucional en su sentencia T-452 de 2022 para catalogar un caso como acoso judicial. Primero, que haya una intención de silenciar la expresión, en especial la de interés público. Segundo, que la parte demandante cuente con recursos económicos suficientes para costear el acceso a la justicia. Tercero, que exista un desequilibrio de poder entre las partes. Cuarto, que se formulen pretensiones desproporcionadas o imposibles de satisfacer. Y quinto, que se genere un efecto silenciador sobre el debate público.

Así mismo, es preocupante la falta de diligencia de la Policía del municipio, que no solo ha emprendido acciones que promueven la censura, sino que también ha omitido su deber de proteger a la prensa y a la ciudadanía. Peña informó a la FLIP que durante una audiencia a la que asistió, un desconocido le gritó que lo iba a matar, y a pesar de que el comandante de Policía tuvo conocimiento de esta amenaza, no emprendió ninguna acción para protegerlo. 

Frente a su situación de seguridad, es urgente que la Unidad Nacional de Protección (UNP) evalúe su nivel de riesgo de manera integral con el fin de proteger su integridad. Expresamos nuestra preocupación por las fallas en el funcionamiento del esquema de protección que le asignó el Departamento de Policía de Antioquia y que debería acompañarle en Medellín, pues solo ha hecho presencia en dos ocasiones. 

Desde la FLIP recordamos a los concejales, empleados de la Alcaldía y directivos del colegio público involucrados que en este caso se configura un ataque en contra del ejercicio periodístico local, pues mediante el abuso del uso de vías judiciales se busca callar una voz de veeduría a través del periodismo. Sin una vigorosa protección de la libertad de prensa, el sistema democrático y el pluralismo se debilitan. Precisamente, es su deber adoptar las medidas para la protección reforzada a la libertad de prensa en el municipio de Donmatías. 

La FLIP expresa su preocupación por las estigmatizaciones emitidas por la senadora del partido Centro Democrático en contra del medio de comunicación Canal 2 de Cali, Valle del Cauca, el pasado 15 de febrero. Cabal usó expresiones como “ustedes son terribles” y “espantosos” cuando los periodistas le estaban preguntando por los motivos de las manifestaciones.

Este tipo de estigmatizaciones, emitidas por funcionarios públicos, pueden ser interpretadas por sus seguidores como una autorización para tomar acciones que atenten contra la integridad y el libre ejercicio periodístico del medio de comunicación Canal 2. Además, sus afirmaciones pueden tener el impacto de deslegitimar el trabajo del equipo periodístico y contribuir a crear mayor hostilidad e intolerancia en distintos sectores de la población.

Canal 2 es un medio que en el 2021 resultó beneficiario de una medida cautelar otorgada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), quien instó al Estado colombiano a atender con prontitud la situación de amenaza que los periodistas habían reportado en razón del cubrimiento de las protestas de ese año en la ciudad de Cali. En los últimos dos años, Canal 2 ha sido objeto de 14 amenazas y 4 hostigamientos que han impedido que los periodistas que pertenecen a dicho medio puedan ejercer su trabajo libremente.

Le hacemos un llamado respetuoso para que como Senadora de la República, Cabal asuma y promueva de manera constante un discurso favorable que respalde la labor de la prensa. Además, llamamos la atención del Consejo de Control Ético del partido Centro Democrático, pues este es el tercer caso que la FLIP documenta en el último año en donde la senadora Cabal emite juicios estigmatizantes contra periodistas.

Conozcan la carta completa aquí.

Durante los dos días de manifestaciones sociales de esta semana, la FLIP registró cinco casos de agresiones contra la prensa. Siete periodistas en Cali y Medellín fueron víctimas de agresiones físicas y obstrucciones realizadas por manifestantes. Los cuatro casos que documentamos en Medellín ocurrieron hoy, 15 de febrero; mientras que el de Cali sucedió ayer, 14 de febrero.

Hoy, hace ocho años, el periodista Luis Antonio Peralta fue asesinado en El Doncello, Caquetá. Peralta era el director de Linda Stereo, una emisora en la que denunciaba la corrupción de su municipio y departamento. Las amenazas contra el periodista comenzaron en 2010, cuando desconocidos dejaron una bomba, que fue desactivada, al frente de las instalaciones de la emisora.

En la madrugada del 9 de febrero, la periodista Valesca Alvarado fue agredida mientras realizaba el cubrimiento de una jornada de protestas en el parque La Paz, ubicado en Kennedy, Bogotá. Alvarado fue víctima de intimidaciones, comentarios sexistas y fue obligada a eliminar el material que había realizado.

Han pasado dos meses y no se conocen avances en la investigación sobre los responsables del asesinato del periodista. En el municipio nadie se atreve a continuar con sus denuncias. Por: Ángela María Agudelo Urrego

En los primeros seis meses del gobierno de Gustavo Petro, dos periodistas han sido asesinados y se han registrado 76 amenazas. En conversación con la FLIP, Franklin Castañeda, director de derechos humanos del Ministerio del Interior, reconoció que el sistema de protección actual no genera las suficientes garantías sino que más bien produce temores. También dio detalles de cómo el Gobierno pretende avanzar para proteger a la prensa.

Un reportero se aparta del oficio, un proyecto cultural que aporta a la memoria no ve la luz y una emisora comunitaria se modera. Asesinar la voz de un comunicador es la primera gran herida de muchas.

Por Laura Ardila Arrieta, periodista.

Escribió Javier Valdez en su libro Narcoperiodismo que en el asesinato de periodistas el silencio gana. Cuando se cumplieron tres años del homicidio del reportero mexicano que desafió a los narcos a punta de pluma y valentía, su esposa, Griselda Triana, señaló además que la falta de justicia en estos casos agrava el estado emocional de las familias, y que, con la muerte de Javier, no solo resultaron huérfanos sus hijos: también quedaron desamparadas muchas víctimas de la violencia en México.

Parece obvio y, sin embargo, no siempre lo es: un periodista no solo perece cuando lo matan. Un periodista desaparecido, eliminado por la embestida asoladora de una acción criminal, vuelve a morir en cada pequeña o gran circunstancia definida por esa ausencia lograda a la fuerza.

Varias muertes, distintas formas de la muerte, oprimiendo las heridas abiertas de un oficio en el que, cada Día del Periodista en Colombia —y en México y en toda América Latina, región en la que el año pasado se cometió casi la mitad de los asesinatos a periodistas que registró el mundo— se volvió lugar común exponer un nuevo récord de agresiones.

Y las solas cifras frías ya no ayudan para entender bien la magnitud de lo que ocurre.

Cali se untó de tristeza e indignación cuando, en diciembre de 2020, un sicario disparó los cuatro tiros que acabaron con la vida de Andrés Felipe Guevara, periodista judicial del diario Q'hubo. 

El reportero de 27 años fue asesinado en Mariano Ramos, el barrio sede de oficinas de cobro en el que residía, después de publicar varias historias sobre una de las bandas que justamente opera en ese sector caliente del oriente de Cali. Así es que, incluso sin que su caso se haya esclarecido hoy, desde el primer momento se constituyó en otra constatación del alto riesgo que corren los periodistas inmersos en las periferias y en los territorios sin mucho Estado.

Pero, más allá, para su colega Felipe Becerra ese golpe significó la inflexión que le marcó el retiro del periodismo. Caleño, de 35 años y con una década larga ejerciendo el oficio, Becerra trabajaba entonces como editor judicial del diario El País, el más grande e influyente del Valle del Cauca. Y era el amigo, el compadre, con el que Guevara cada mañana charlaba informalmente los planes periodísticos del día.

“¿Qué tema llevás hoy?”, “¿cómo viste la portada?”, “píllate esta historia”. El compañerismo y la solidaridad. Jugaban juntos al fútbol. Iban por la obligada cerveza tras algunos cierres. Les decían “los tres Pipes”, porque eran ellos dos y un compañero llamado Andrés Felipe Carmona, los periodistas judiciales de Cali que siempre coincidían en notas y escenarios.

Antes del asesinato de Andrés Felipe, su compañero Pipe Becerra ya estaba agotado de hacer periodismo de diario y venía pensando su salida del periódico. Finalmente, con el peso de la pérdida de su amigo encima, renunció a El País y al periodismo. 

Ahora trabaja en la Fundación SIDOC del exalcalde Maurice Armitage. “Esto fue demasiado duro, ni mi familia ni yo estábamos tranquilos con una fuente que de por sí ya es complicada. Me encantaría volver a ejercer, yo quiero volver, pero si es en otra dinámica de trabajo”.

A unos quinientos kilómetros de Cali, desde Samaniego, Nariño, el docente y comunicador José Gerardo Gómez da cuenta de otra forma en la que un periodista muere más de una vez. En junio de 2019, Gómez colaboraba haciendo notas una o dos veces por semana para el programa ‘El Despertador’, que su amigo Libardo Montenegro dirigía y presentaba en Samaniego Estéreo, la emisora comunitaria del pueblo.

Un martes de aquel mes, a las 9:30 p.m., dos sicarios en moto mataron a Libardo cuando iba rumbo a su casa. Ocurrió pocos días después de que la víctima difundiera una cuña que promovía una marcha “por la paz y la vida de Samaniego”, un municipio cuyo control social y político ha estado históricamente en manos de narcotraficantes; y también de que se registrara una supuesta discusión entre Montenegro y la expareja de su novia.

Aunque en tres años y ocho meses no ha habido una condena que permita establecer si las motivaciones fueron en razón del oficio, relata José Gerardo que, como sea, el crimen de su compañero de programa ha tenido un efecto lamentable en el periodismo comunitario de Samaniego.

“La emisora tiene una pesadumbre que se siente en el aire y ya no se pueden decir muchas cosas. Por ejemplo, yo solicité un espacio para socializar la veeduría ciudadana que le estamos haciendo a una obra y nos piden callar algunas cosas, uno se siente limitado. Ya nadie puede dar un punto de vista, como lo hacía Libardo. Algunos dicen que la emisora lo hace por prudencia, otros que lo hace más bien por conveniencia”, cuenta Gómez.

Libardo era nieto de Segundo Montenegro, el fundador de la primera emisora comunitaria que tuvo Samaniego. Con su asesinato no solo callaron la voz de una institución y golpearon una libertad de expresión y prensa que ya era precaria. Los asesinos, de paso, cometieron otra agresión al provocar el desplazamiento de la madre del periodista: doña Yolanda Quintero, una auxiliar de enfermería jubilada que, a sus 70 años, tuvo que desarraigarse como medida de prevención después del homicidio. “Vive triste, extraña a su hijo y a su tierra”, comentó Wilson Montenegro, hermano de Libardo.

Tampoco están residiendo en la tierra en la que habían echado raíces los familiares de Mauricio Lezama, asesinado en mayo de 2019 en La Esmeralda, corregimiento del fronterizo municipio de Arauquita, en Arauca.

Mauricio era un comunicador, dedicado a la producción audiovisual y a la gestión cultural, que vivía en la capital Arauca y había viajado hasta La Esmeralda —mencionado nacionalmente en enero del año pasado, debido a que guerrilleros del ELN patrullaron por su centro poblado, mientras el entonces presidente Iván Duque se encontraba de visita en el departamento— a hacer un casting para el cortometraje Mayo, que estaba produciendo.

En su caso, los seres queridos repiten el deplorable lugar común de la impunidad y de la falta de investigación y resultados, con el agravante de que la escena del crimen fue alterada. Desaparecieron su cámara, su celular y los casquillos de las balas, y su cuerpo no fue levantado formalmente por funcionarios judiciales, pues estos no se atrevieron a entrar a la zona.

Mayo fue concebido como una ficción para contar la historia real de Mayo Villarreal, una enfermera y profesora de La Esmeralda que sobrevivió al exterminio de la Unión Patriótica. Y el cortometraje fue seleccionado como beneficiario de los recursos que entrega el Fondo de Desarrollo Cinematográfico (FDC).

Aunque en su momento el crimen de Mauricio generó cierta conmoción (el cineasta Ciro Guerra exhibió su foto y pidió justicia en una alfombra roja en Cannes) y había expectativa de que el corto sí viera la luz (el exsenador Gustavo Bolívar anunció con bombos y platillos por Twitter que apoyaría el rodaje), el trabajo que ocupó la mente e ilusiones del productor en sus últimos días murió con él. Al menos, por ahora. 

Tonni Villarreal, hijo de Mayo y quien concibió y empezó a dirigir el proyecto, cuenta que, desde el asesinato que obligó a parar todo, la iniciativa ha pasado por tres productores y terminó perdiendo el apoyo de Proimágenes, que es la entidad que administra y ejecuta el dinero del FDC.

El respaldo con el que hizo bulla Gustavo Bolívar nunca llegó, asegura Villarreal. Una afirmación en la que coincide la familia de Mauricio Lezama. El papá, Benhur Lezama, y la madrastra, Marta de Lezama, se mudaron de Arauca tiempo después de los hechos, en parte por prevención y en parte porque la señora se pensionó.

Ambos dicen que con la muerte de Mauricio no solo se frenó un cortometraje, sino que se acabaron lo teatrinos en los que Lezama les llevaba a niños araucanos mensajes sobre educación sexual a través de títeres; los cursos de fotografía y pintura que el gestor dictaba en su ciudad; y el sueño del Festival de Cine de la Frontera, que fundó en 2015 y solo tuvo una versión.

Y dicen también que les gustaría poder ver alguna vez Mayo en una pantalla, pero siempre y cuando “nadie vaya a verse afectado en su seguridad y mucho menos vaya a haber más vidas sacrificadas”, como dijo Laura Lezama, la única hija que tuvo Mauricio.

De pronto sí logran verlo. Tonni Villarreal no se rinde y este año quiere volver a postular su proyecto a ver si le consigue recursos. Aunque, ahora se llamará de otra manera: Mayo 1984 o La mami Mayo.

Él seguirá intentando. Porque los contadores de historias, los periodistas, quienes creen en el poder de expresarse, también viven y sobreviven de varias maneras.