FLIP y organizaciones aliadas instan al presidente de la República a respetar la libertad de prensa y a garantizar el derecho de la ciudadanía a estar informada

A un mes de haber asumido el poder, el Gobierno del presidente Abelardo De La Espriella debe traducir su compromiso público con la libertad de prensa en garantías reales y verificables. Hoy, en el Día Nacional de los Derechos Humanos, la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) reitera que la seguridad de quienes ejercen el periodismo es una garantía de derechos humanos: protege su vida y garantiza el derecho de la ciudadanía a acceder a información libre e independiente. El deterioro acumulado durante los últimos años y las decisiones tomadas por esta administración en sus primeras semanas demuestran una oposición a este compromiso.

Durante los últimos cuatro años, la FLIP documentó 2.003 ataques contra 870 periodistas en los 32 departamentos del país, entre ellos diez asesinatos (*). En promedio, cada dos días un periodista fue amenazado en Colombia. Además, se registraron 226 episodios de estigmatización desde el poder público.

El deterioro de las condiciones para ejercer el periodismo fue aún más evidente en las regiones. Los patrones de violencia asociados con el conflicto armado golpean con particular fuerza a departamentos como Norte de Santander, Arauca, Putumayo, Nariño, Cauca y a zonas como el norte de Antioquia. En el norte de Antioquia fue asesinado el periodista Mateo Pérez Rueda y, en Cúcuta, el periodista y corresponsal de la FLIP Cristian Herrera.

Estas violencias sumadas a la instrumentalización de la prensa, un incremento de amenazas, desplazamientos y exilios, han profundizado la autocensura y el silenciamiento en los territorios, un escenario especialmente grave ante el inicio de un nuevo gobierno y los nuevos hechos de violencia ya registrados en las regiones.

Los hechos de las últimas tres semanas obligan a observar este panorama con detenimiento. El 18 de agosto, sin previo aviso, las 20 emisoras de paz creadas por el Acuerdo de 2016 suspendieron su programación informativa. 16 de ellas volvieron al aire el pasado 7 de septiembre bajo el nombre de Emisoras de la Reconciliación, mientras las cuatro restantes (Buenaventura, Agustín Codazzi, Riosucio y Tierralta) permanecen suspendidas. A esto se suma la Directiva Presidencial 01, expedida el 3 de septiembre, que centraliza la comunicación oficial del Gobierno y exige autorización previa de la Presidencia para que los funcionarios concedan entrevistas o hagan declaraciones públicas. Incluso, en un inicio, las directrices contemplaban la posibilidad de brindar entrevistas e información a medios de comunicación o periodistas “amigos”.

En paralelo, las denuncias de presiones sobre espacios de opinión crítica y la salida de periodistas de medios de comunicación han encendido nuevas alarmas sobre la independencia editorial. Estos hechos deben examinarse por sus posibles vínculos con el poder político y por sus efectos sobre el pluralismo informativo. Además se han silenciado espacios y voces críticas de mujeres periodistas y de quienes ejercen la opinión desde el humor y la caricatura, privando a una sociedad democrática de la diversidad de los espacios de expresión. El Gobierno debe abstenerse de cualquier presión directa o indirecta que busque condicionar las decisiones editoriales o excluir del debate público a quienes cuestionan su gestión, prácticas que pueden constituir censura indirecta.

A un mes de haber asumido el Gobierno, la Fundación considera necesario que el Estado colombiano establezca compromisos reales y concretos de protección a la libertad de prensa, y que no se limite a discursos, que respondan al deterioro acumulado en los últimos años, así como a los hechos que ya se han presentado en las primeras semanas de esta administración. En ese sentido, la Fundación insta al Gobierno a que:

• Rechace públicamente la estigmatización contra la prensa, como lo ha ordenado la Corte Constitucional en sentencias como la SU-432 de 2025. El presidente debe enviar un mensaje inequívoco a sus funcionarios de que haya un respeto hacia la prensa, incluso cuando es crítica hacia las acciones del gobierno.
• Garantice la independencia editorial y se abstenga de promover cualquier forma de censura directa o indirecta, de acuerdo al precedente sentado por la Corte Constitucional en sentencias como la T-203 de 2022. El Gobierno debe respetar las decisiones de los medios y abstenerse de utilizar su poder político, económico o institucional para condicionar contenidos, promover la salida de periodistas críticos a la gestión del gobierno o castigar líneas editoriales. Las denuncias que se han hecho públicas sobre la presión del Gobierno en medios de comunicación con alcance nacional, deben ser esclarecidas.
• Elimine el uso de filtros discrecionales en el acceso a la información pública. La Directiva Presidencial 01 de 2026, debe aplicarse con criterios objetivos, transparentes y no discriminatorios. La coordinación y unificación de vocerías no se puede convertir en un criterio de autorización.
• Adopte garantías efectivas de protección a periodistas, sobre todo teniendo en cuenta el contexto de orden público en el país. Para ello en particular, se le recomienda que:

1. Retome la política pública de garantías para la labor periodística. Esta iniciativa fue presentada en 2023 por el Ministerio del Interior, con participación de periodistas, organizaciones nacionales e internacionales, y hasta el momento no se ha expedido un decreto que la formalice. El nuevo Gobierno debe revisar el estado de este proceso y culminarlo.
2. Fortalezca la capacidad de respuesta de las entidades de protección, teniendo en cuenta los retrasos recurrentes que ha denunciado la FLIP, las demoras en la implementación de medidas y una reducción en la eficacia del sistema. Es fundamental que las respuestas prioricen las medidas colectivas y preventivas, mas no se enfoquen en la atención reactiva del riesgo.
3. Impulse la articulación entre entidades. La protección de la prensa requiere una respuesta coordinada entre la Unidad Nacional de Protección, la Fiscalía, la Defensoría del Pueblo, la Procuraduría y las autoridades territoriales, de modo que la atención a los riesgos propios del oficio periodístico sea integral.

Siguiendo con esta disposición, la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) y organizaciones aliadas han invitado al presidente Abelardo de la Espriella a una reunión para conversar sobre este y otros asuntos relacionados con la defensa y protección de periodistas en Colombia. La FLIP lleva treinta años documentando estos patrones y acompañando a periodistas en todo el país, y cuenta con el conocimiento técnico y experiencia para aportar a la reivindicación integral de los derechos a la libertad de prensa y de expresión.

Para más información o agendar una entrevista, puede escribir al +57 3059397120.