La FLIP, con el apoyo de la Embajada de Alemania y el Centro de Ginebra para la Gobernanza del Sector Seguridad, presenta Entre Líneas, un curso online sobre libertad de prensa y orden público. Este diplomado está dividido en cuatro módulos en los que podrá aprender a identificar las funciones de la Policía Nacional de Colombia en el marco legal del uso de la fuerza y de la interacción con la prensa.

El curso puede ser realizado por cualquier persona interesada, pero está especialmente dirigido a periodistas que cubren asuntos de orden público o asuntos relacionados con la actividad de la Policía y a editores y redactores de medios de comunicación. Al completar el curso, se otorgará un certificado de participación.

Entre líneas tiene una metodología de aprendizaje que combina lecciones teóricas con discusiones y debates sobre situaciones prácticas. En promedio se requiere de 12 horas de trabajo mínimo, distribuidas en 3 semanas, para completar el diplomado. Puede registrarse y empezar hoy mismo este curso aquí.

La masterclass

Si no dispone del tiempo para realizar el diplomado completo, pero aún así quiere aprender sobre este tema, puede acceder a la masterclass de Entre Líneas. En cinco lecciones de video, podrá aprender sobre el rol de la Policía en la sociedad, cuáles son sus deberes, los principios del uso de la fuerza y qué consejos se pueden seguir cuando hay escenarios de tensión entre periodistas y policías. 

Puede empezar a ver los contenidos de la masterclass haciendo clic aquí.

La Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) expresa su preocupación por la seguridad de los periodistas del Canal 2 en Cali, José Alberto Tejada y Jhonatan Buitrago. El día de hoy, viernes 4 de junio, en medio de un cubrimiento de manifestaciones, agentes del ESMAD dispararon en dirección de los periodistas, a pesar de que estos estaban plenamente identificados como prensa. En la misma zona, un miembro de la brigada de derechos humanos afirmó que un policía dijo que el periodista “aguanta para pegar un tiro”.

Se cumple un mes desde que miles de ciudadanos salieron a las calles de todo el país a ejercer su derecho a la protesta y el panorama para la prensa no puede ser más desalentador y preocupante. Estos 28 días de Paro Nacional se han convertido en el periodo de cubrimiento de manifestaciones más violento para la prensa y ha transcurrido en medio de estigmatizaciones y agresiones por parte de miembros de la fuerza pública y bajo un silencio total del gobierno y las autoridades.

La FLIP expresa su preocupación por la seguridad de los periodistas de Voces del Guayabero Fernado Osorio y Edilson Álvarez, quienes denuncian haber sido intimidados y detenidos irregularmente por miembros del Ejército Nacional mientras cubrían los operativos de erradicación forzada en el Meta. La Fundación le exige a las autoridades que lleven a cabo las acciones necesarias para proteger a los comunicadores y sancionar a los funcionarios responsables de estas violaciones a la libertad de prensa.

La Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) rechaza los ataques a periodistas y medios de comunicación que se dieron el pasado 8 de noviembre. Durante las manifestaciones del Paro Nacional se registraron distintos hechos de violencia contra la prensa provenientes tanto de algunos manifestantes como de miembros de la fuerza pública.

La FLIP ha registrado tres ataques a las instalaciones de RCN Radio en Bogotá en las últimas semanas. En las manifestaciones del 10 y 17 de octubre, un grupo minoritario de participantes de la protesta atacó la sede de la emisora en Bogotá. La situación escaló en las manifestaciones de ayer, 8 de noviembre. La sede del medio de comunicación fue atacada con papas bomba. Las explosiones fueron tan graves que hirieron a dos miembros de la Policía que se encontraban allí custodiando las instalaciones.

Por otra parte, la agencia de comunicaciones Colombia Informa también denunció que el periodista Luis Fernando Castillo fue agredido por agentes del Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD) en Popayán (Cauca). El comunicador fue golpeado a pesar de portar chaleco e identificarse como periodista de este medio. La FLIP solicitará a la Policía que se investigue y sancione disciplinariamente a los funcionarios involucrados en estos hechos.

La FLIP rechaza con vehemencia las agresiones contra medios y periodistas y las obstrucciones de su trabajo. Todo acto de violencia es inadmisible independientemente de quien provenga y altera las condiciones para una deliberación pública libre y abierta.

La FLIP hace un llamado al movimiento estudiantil para que sea garante de la libertad de prensa y para que tramite sus diferencias con los medios por vías distintas a la agresión. También hace un llamado a la Policía Nacional para que investigue a los funcionarios que agredieron y obstruyeron el trabajo de la prensa y tome las medidas disciplinarias correspondientes.

La Fundación para la Libertad de Prensa -FLIP- rechaza los señalamientos que emitió un teniente de la Policía en contra de la emisora Manantial Stereo 98.2 de Convención, Norte de Santander.

Ayer, sábado 14 de abril, el gerente de la emisora Manantial recibió constantes llamadas y mensajes por Whatsapp por parte de miembros del Ejército Popular de Liberación (EPL) obligándolo a leer al aire dos comunicados. Debido a las presiones, el director de la emisora decidió leerlos haciendo énfasis en que el grupo ilegal los había obligado. En los dos documentos se habla de un paro armado y se hacen algunas consideraciones por los conflictos entre el ELN y el EPL. 

Además de este medio, otras emisoras de municipios del Catatumbo también se vieron obligadas a leer los comunicados. Otros medios de la región pueden estar en las mismas condiciones de Manantial Stereo.

El director de la emisora  informó a la FLIP que, después de que se leyeran los comunicados, el teniente Quintero -comandante de estación de Convención- lo llamó y le reclamó por lo sucedido. Según el periodista, el teniente le dijo que la emisora estaba haciendo apología a la guerrilla y que eran facilitadores de los grupos armados. Adicionalmente, le reclamó porque, según él, la emisora cerraba las puertas a la Policía pero las abría al delito. 

La FLIP rechaza estos hechos y condena los señalamientos del teniente Quintero. Acusar a un medio de tener vínculos con organizaciones criminales puede generarle riesgos al equipo periodístico. Esto en especial en una región como el Catatumbo, que se ha caracterizado por no tener garantías para el ejercicio periodístico. 

A pesar de que el Mayor William Moyano, comandante del Segundo Distrito de Policía, afirmó a la FLIP que no existen órdenes de estigmatizar a la prensa, para la Fundación estos señalamientos son preocupantes. No es posible que en medio del conflicto entre grupos armados y la fuerza pública, los acusados de delinquir sean los periodistas.

Es tarea de la Policía Nacional garantizar la seguridad de los ciudadanos, en especial en medio del conflicto, y no señalar injustamente a la prensa que cumple su deber de informar. En un Estado democrático se espera que las autoridades tengan en cuenta el contexto del conflicto y sus declaraciones nunca pueden ir en contra de los estándares de libertad de expresión.

La FLIP solicita al área de Derechos Humanos de la Policía Nacional que investigue esta grave situación y tome las sanciones pertinentes. Adicionalmente, la FLIP exige garantías plenas para el ejercicio periodístico en la región del Catatumbo.

Por otro lado, la FLIP rechaza la actitud del EPL a la hora de presionar e incluso amenazar a la prensa para que sus comunicados sean leídos al aire. Los actores armados no pueden poner en riesgo a los reporteros ubicándolos en medio del conflicto.

La FLIP registró cinco agresiones durante la jornada de votación para Congreso y consultas interpartidistas. De estas, cuatro fueron obstrucciones durante el cubrimiento y se presentó una amenaza. Las situaciones se dieron en Sucre, Risaralda, Caquetá y Bogotá.

En Sucre, un periodista de La Silla Caribe fue intimidado por seguidores de una candidata al Senado cuando registraba un posible caso de compra de votos. En Bogotá, Pereira y Caquetá, agentes de la Policía obstaculizaron el trabajo de los periodistas argumentando que no tenían autorización para registrar lo que estaba sucediendo en los puntos de votación. Además, ordenaron a dos periodistas la eliminación del material obtenido.

Sumado a lo anterior, la FLIP recibió denuncias de varios periodistas que no pudieron obtener información oficial en los puestos de votación. Los jurados y delegados de Registraduría argumentaron que existía una “orden” según la cual ellos no podían dar ninguna clase de información relacionada con la jornada.

A pesar de que en comparación con el 2014 disminuyó el número de agresiones durante la jornada de elecciones legislativas, el panorama sigue siendo preocupante. Las condiciones que impuso la Registraduría para el cubrimiento mediático son confusas. Los agentes argumentaron sus obstrucciones con normas que no hablan del cubrimiento mediático, como la “ley de garantías”, e inclusive apelaron a la obediencia ciega de los periodistas por ser ellos la “autoridad”.

Reglas a última hora

El pasado 5 de marzo, el Ministerio del Interior expidió el decreto 430 de 2018 por “el cual se dictan normas para la conservación del orden público durante el periodo de elecciones al Congreso de la República”. El artículo 11 dice que no se pueden usar “dentro del puesto de votación, teléfonos celulares, cámaras fotográficas o de video entre las 8:00 a.m. y las 4:00 p.m., salvo los medios de comunicación debidamente acreditados por la Registraduría Nacional del Estado Civil”.

La Fundación no ha encontrado información que aclare cuál es el protocolo por parte de la Registraduría para garantizar el cubrimiento mediático al proceso electoral. No son claros los criterios de acreditación ni los tiempos de respuesta.

En la página web de la Registraduría puede leerse que la Fuerza Pública no puede impedir el ingreso de los medios. “Para el ingreso a los puestos los periodistas no requieren acreditación o permiso especial por parte de la Registraduría Nacional del Estado Civil. Los miembros de los medios de comunicación están autorizados para permanecer dentro de los puestos de votación con cámaras fotográficas o de vídeo con el fin de registrar todo lo que sucede durante el desarrollo de los comicios, siempre y cuando no interfieran en el secreto del voto ni obstaculicen la labor de los jurados”, dice la publicación.

En resumen, no fueron claras las condiciones en las que los periodistas pueden realizar el cubrimiento al proceso electoral. La Registraduría y el Ministerio del Interior deben garantizar el libre ejercicio de la prensa en lugar de restringirlo con normas confusas.

La FLIP hace un llamado a la Registraduría para que en los próximos comicios sean claros los protocolos para el cubrimiento electoral. Estos deben estar de acuerdo con los estándares internacionales de libertad de prensa. En Colombia la Corte Constitucional ha aclarado que la calidad de periodista no depende de una credencial, un acta de grado o una tarjeta profesional.

Ampliación de los casos:

En Florencia, Caquetá, el periodista Camilo Muñoz fue víctima de intimidaciones y obstrucciones por parte de la Fuerza Pública. Según el relato del director del medio Letras Claras, él se encontraba en el punto de votación Barrios Unidos del Sur y un agente de policía no le permitió hacer cubrimiento en el lugar. Después de una discusión, el periodista se fue de ahí. Muñoz informó a la FLIP que el uniformado luego le reclamó a su esposa, quien era jurado de votación, por la denuncia que había hecho el periodista. Según Muñoz, en el momento del escrutinio tampoco lo dejaron ejercer su trabajo de reportería.

También en la mañana de ayer, Juan Pablo Pérez, periodista de la Silla Vacía, se encontraba haciendo el cubrimiento electoral en Sincelejo. Pérez notó una situación en la que parecía que un grupo de militantes de algún movimiento político estaban pagando a las personas por mostrar el certificado electoral. El reportero tomó fotos de  los hechos y dos hombres que participaban en la actividad lo increparon. Le exigieron eliminar las fotos y finalmente se dirigieron a la estación de policía. Allí, uno de los hombres le dijo que no podía andar tomando fotos porque “uno no sabe qué chirrete podría aparecer”.

En la estación, los agentes no registraron ninguna denuncia ni actuaron para proteger al periodista. El comandante de la Policía de Sincelejo dijo a la FLIP que la situación “no había llevado a ningún lugar” y que estaban a la espera de una denuncia formal.

En Bogotá, varios periodistas del medio universitario Plaza Capital se vieron obstaculizados en su ejercicio de reportería. Una de ellas, Camila Carrillo, estuvo en tres puestos de votación y en todos tuvo problemas para acceder a la información. En Las Margaritas, cerca al centro comercial Cedritos, después de insistir, un uniformado la dejó ingresar únicamente en compañía de una agente de policía que verificó qué fotos tomaba.

Luego, Carrillo se dirigió al punto de votación Centro de Desarrollo Comunitario Simón Bolívar, allí los uniformados tampoco le permitieron el ingreso y argumentaron erróneamente que se debía a la “ley de garantías”. Finalmente, en el Colegio Distrital Aquileo Parra dos agentes de policía le ordenaron borrar las fotos. La periodista no accedió y tuvo que irse del lugar.

Otra periodista de Plaza Capital, María Isabel Rodríguez, se encontraba en el punto de Bulevar Niza registrando la indignación de los votantes por la falta de tarjetones para la consulta interpartidista. Rodríguez habría grabado una entrevista y un agente de Policía la obligó a eliminar el video frente a él. El uniformado argumentó que “él era la autoridad y era él quien decidía”.

En Pereira, el equipo periodístico de El Tiempo fue retirado del punto Gimnasio Pereira. Un intendente de Policía pidió al fotógrafo acreditación del medio, sin embargo él trabaja como freelance. Cuando el periodista Fernando Umaña le explicó al oficial la situación, este insistió en que el fotógrafo no estaba autorizado para hacer registro en el lugar.

La FLIP solicita a la Policía Nacional a que capacite a los agentes que prestarán sus servicios en las próximas elecciones para que no violen los derechos de los periodistas. Es necesario que exista un diálogo directo entre la Registraduría y la Policía Nacional para evitar las obstrucciones injustas a la prensa.

La FLIP rechaza las agresiones contra la prensa por parte de miembros de la Fuerza Pública durante la visita del candidato presidencial. Los reporteros afectados hacen parte de Caracol Radio, Caracol Televisión y Red Más Noticias.

El viernes 2 de marzo Gustavo Petro y los miembros de su campaña asistieron a un acto político en la Plaza Santander en Cúcuta. Durante el evento se presentaron desmanes provocados por los simpatizantes de partidos que están en oposición a Petro y uniformados del Esmad.

Debido a la difícil situación de orden público que se presentó durante el acto político y un hecho que Petro calificó como un atentado contra su vida, el candidato convocó a los periodistas de la ciudad a una rueda de prensa para dar sus declaraciones sobre lo sucedido.

En las inmediaciones al Hotel Casino Internacional, lugar donde Petro iba a dar la rueda de prensa, Jullieth Cano, periodista de Caracol Radio; Mauricio Parada de Caracol Televisión y Ligia Bejarano, de Red Más Noticias, fueron atacados por miembros del Esmad. Según los reporteros, los uniformados los golpearon a patadas, con los escudos de dotación y les impidieron entrar al evento. En medio de las agresiones, los simpatizantes de Petro gritaban “Fuera La Opinión” cuando notaron la presencia de los periodistas de este medio de comunicación.  

La FLIP expresa su preocupación por lo sucedido y le exige a la Policía Nacional que inicie la investigación disciplinaria con el fin de sancionar a los uniformados responsables de los ataques contra la prensa. La Fundación, además, le solicita a la institución que garantice el cubrimiento periodístico durante las visitas de los candidatos a las diferentes ciudades del país.  

La Fundación para la Libertad de Prensa -FLIP- rechaza la detención de Erick Silva Contreras, miembro del medio de comunicación barrial Noticiero Barrio Adentro en la ciudad de Bogotá.

El pasado 14 de febrero, a las 10 de la mañana, Silva fue capturado por agentes de la Policía Nacional en inmediaciones del centro comercial Centro Mayor. El reportero estaba realizando cubrimiento de las manifestaciones que se estaban llevando a cabo en Transmilenio. Los uniformados argumentaron que él estaba obstruyendo la vía, alterando el orden público y perturbando el servicio de transporte. Junto al periodista, la Policía capturó a 10 manifestantes. Sumado a esto, en medio de la captura, Silva fue agredido por un agente que lo lastimó en el cuello.

Los capturados fueron llevados al CAI de Villa Mayor y luego trasladados a la URI de Molinos, al sur de la ciudad, para legalizar la captura. Desde las diez de la noche, aproximadamente, los capturados quedaron a disposición de la Fiscalía pero bajo custodia de la Policía Nacional. Después de 18 horas, la Fiscalía aún no ha realizado la audiencia y la situación judicial de Silva no se ha resuelto.

A la FLIP le preocupa esta detención y, en especial, la vulnerabilidad de los periodistas de medios de comunicación alternativos a la hora de cubrir las protestas sociales. La FLIP hace énfasis en que es inadmisible que se criminalice a las personas que hacen trabajos de reportería en medio de manifestaciones.

La FLIP rechaza la detención ilegal en contra del reportero y le exige a la Fiscalía General de la Nación que el periodista sea dejado en libertad. La Fundación le solicita a la Policía Nacional que aclare lo sucedido y que se inicie una investigación disciplinaria en contra del uniformado que agredió a Silva.

Durante el año 2017 los poderes ejecutivo, legislativo y judicial faltaron a su deber de garantes de la libertad de prensa y tomaron conscientemente acciones de censura. Casos a nivel nacional encabezados por el presidente de la República, el Congreso y las cortes son la superficie de un problema profundo en el que los poderes públicos locales también restringen la libertad de expresión.

 La violencia sin protección ni sanciones; la pauta oficial que compra silencios; la estigmatización de la prensa como respuesta a las críticas;  la violencia estatal y letal contra periodistas;  las decisiones judiciales que abren la puerta a la censura y, sobretodo, aquellos extensos territorios carentes de información local nos llevan a la conclusión de que es necesario explicar este “Estado depredador” de la libertad de expresión en Colombia con el fin de que las instituciones públicas dejen de acudir a la censura y se sitúen en el lugar que les corresponde: la garantía de una deliberación pública libre.

En 2017 la FLIP documentó 310 ataques a la libertad de prensa que afectaron a un total de 368 periodistas (un incremento del 43,5% con respecto al número de ataques del año anterior). Además, el 8 de octubre, durante una protesta en Puracé, Cauca, asesinaron a la comunicadora indígena Efigenia Vásquez Astudillo, quien se encontraba cubriendo una protesta que derivó en  enfrentamientos entre los indígenas y el ESMAD.

Vea aquí el informe completo: ESTADO DEPREDADOR

Los detalles de estos 310 casos ofrecen un panorama preocupante para el periodismo. Y si se mira hacia el futuro del país, marcado por la accidentada implementación del  acuerdo de paz, y la incierta revitalización del diálogo con el ELN, hará falta atención a los riesgos que enfrentan los reporteros y las reporteras que tienen la tarea de contar qué está pasando en las regiones más apartadas, cómo se está aprovechando la inversión, de qué forma se está leyendo el país en esos territorios y cuáles son las urgencias de la población.

El problema es que los encargados de atender a las soluciones para ofrecer garantías al periodismo, en la mayoría de los casos, son su principal obstáculo. Los guardianes de nuestras libertades terminan siendo los primeros censuradores. Hoy, quién está al acecho del periodismo libre son los políticos, el presidente, el congresista, el juez, el alcalde, la personera, los diputados, el concejal y en general: los funcionarios públicos que ignoran sus responsabilidades con tal de silenciar a sus críticos.

Pero si de silencios se trata, el peor de todos puede venir del interior de los medios. Las denuncias acompañadas con la etiqueta #MeToo / #YoTambién han llegado al periodismo y ahora es tiempo de actuar para que la violencia sexual, dentro y fuera de las salas de redacción, sea denunciada.

Aquí está involucrada la sociedad en su conjunto, que no siempre es solidaria con las víctimas. Los medios de comunicación no solo tienen la tarea de construir espacios seguros para las mujeres periodistas, sino que además tienen que procurar que las periodistas hagan la reportería, libres de cualquier tipo de violencia. En esta línea, se deben construir garantías para que las mujeres denuncien la discriminación, el maltrato, el abuso y el acoso sexual sin temor a que la justicia o el poder de sus fuentes terminen en su contra.

En este informe se llama la atención sobre el papel de los miembros de la Fuerza Pública, quienes al menos en 15 protestas sociales enfocaron sus bolillos, sus bombas aturdidoras y sus armas de salva hacia los periodistas que estaban registrando los enfrentamientos.

Pero las agresiones directas por parte de los uniformados son parte de una crisis más grande. Las emisoras indígenas en el Cauca no solo han tenido que soportar históricamente el asedio de ambas partes del conflicto, sino que además se enfrentan a los obstáculos administrativos.

¿Quién es el responsable? La libertad de prensa tiene muchos depredadores, y uno de ellos ha sido el presidente Juan Manuel Santos.

En 8 años de gobierno, el presidente sacó a relucir su experiencia como experiodista para disfrazar su deber de responder a las críticas con irónicas clases de “buen periodismo”,  prometió cambios históricos que nunca dieron su primer paso y desperdició el tiempo, y la plata,  para atender a las urgencias de los medios en un país que ha sido silenciado por varias décadas de conflicto.

Este es un recorrido rápido por la taxonomía de la censura en Colombia. Los líderes que se disponen a legislar y gobernar durante los próximos cuatro años deberían alinear sus agendas para que este ecosistema tenga una mejor cara en el corto y mediano plazo.

En este año de elecciones, desde la FLIP le hacemos un llamado a todos los candidatos, sin excepción, para que sus discursos generen un ambiente favorable para la libertad de expresión, que sus diferencias con los medios se expresen a través de debates libres de señalamientos injustificados, que sus cuentas, desde ya, sean siempre claras, para que los medios y los ciudadanos puedan tomar decisiones informadas. Deberían proponerse, en últimas, no parecerse a muchos de sus predecesores, los predadores.

Descargue aquí el informe completo: ESTADO DEPREDADOR

En carta abierta dirigida al general Juan Pablo Rodríguez, comandante general de las Fuerzas Armadas, la Fundación para la Libertad de Prensa -FLIP- denuncia la detención arbitraria de la que fueron víctimas dos periodistas del proyecto Crónicas Desarmadas el pasado 11 de noviembre en la región del Catatumbo.

Los reporteros estuvieron retenidos por cerca de 14 horas acusados de realizar sobrevuelos nocturnos de las bases militares con un dron en Tibú, Norte de Santander. Los militares implicados en los hechos intentaron decomisar el material periodístico y el dron sin ninguna orden judicial.

Puede conocer los detalles de los hechos y las consideraciones de la FLIP en esta carta.

La Fundación para la Libertad de Prensa –FLIP– condena los ataques de agentes de la Policía Nacional en contra de periodistas y personal que integraba una comisión humanitaria de carácter civil, organismos internacionales y defensores de los derechos humanos en Nariño. Los hechos ocurrieron hacia las 2 de la tarde del domingo 8 de octubre en la vereda de Tandil, en inmediaciones de Tumaco.

La FLIP documentó que en terreno se encontraban desplegados equipos periodísticos de la Revista Semana, El Espectador, Contagio Radio, Vice Colombia/Pacifista y City Tv/El Tiempo.  Tanto la misión humanitaria como los periodistas se encontraban cerca del lugar donde el pasado jueves 5 de octubre seis campesinos fueron asesinados en situaciones que aún se investigan y ya han sido atribuidas a la Policía Nacional.

La Policía Nacional emitió un comunicado en el que aceptó que sus agentes dispararon granadas de aturdimiento contra los civiles. Sin embargo, según documentación recibida por la FLIP a través de personas que estuvieron en el lugar, los uniformados dispararon armas de fuego y bombas aturdidoras en varias ocasiones a una distancia de no más de 20 metros.

Al respecto la FLIP:

1.      Informa que las explicaciones de la Policía son insuficientes. En algunos apartes falta a la verdad y pretende justificar una acción policial abiertamente desproporcionada. El número de personas que integraban la misión era significativamente menor, la misión humanitaria y periodística era de conocimiento previo de mandos policiales en terreno y además de las granadas aturdidoras se presentaron ráfagas, al parecer, de fusil. 

2.      La misión civil en terreno no tenía capacidad de representar riesgo alguno para el despliegue de la fuerza pública en la zona, esta situación le resta legitimidad y proporcionalidad a la respuesta violenta de la Policía. Fue un ataque a civiles, con plena conciencia de que lo eran y sin justificación alguna.

3.      Recuerda que la masacre de campesinos en Tumaco es un hecho de enorme gravedad que despierta un interés legítimo de cubrimiento periodístico. Al Estado en su conjunto le corresponde brindar garantías para que las misiones periodísticas en terreno puedan desarrollar su labor de informar a la sociedad sobre lo que está sucediendo.

4.      Resalta que este deber de garantía se acentúa en el caso de la Fuerza Pública, teniendo en cuenta no sólo su labor misional sino también el hecho de que la masacre de campesinos que investigaba misión humanitaria y los equipos periodísticos sea atribuida a la Policía Nacional.

5.      Exige que el ataque de la Policía a periodistas y la obstrucción al cubrimiento periodístico sea objeto de investigación desde la censura y el miedo que se impone con estos actos.  Se trata de un caso grave en el que existe la posibilidad de encubrimiento policial a serias denuncias en su contra, o el despliegue de agentes policiales negligentes y arbitrarios que desconocen estándares básicos de necesidad y proporcionalidad en el uso de la fuerza.

6.      Exige al Gobierno Nacional explicaciones sobre lo sucedido incluyendo: la pronta asignación de sanciones ejemplarizantes, asumir responsabilidad al interior de los cuerpos policiales y dar instrucciones de plenas garantías al cubrimiento periodístico de conformidad con los estándares internacionales a los que está obligado.

7.      Solicita al Ministerio Público, Procuraduría y Defensoría del Pueblo, así como a todas las bancadas del Congreso de la República, iniciar acciones de su competencia para que la investigación de los hechos sucedidos en Tumaco cuente con garantías a la libertad de prensa.

Estos hechos ponen en riego el derecho a una sociedad informada sobre asuntos de interés público y marcan acciones de censura por parte de agentes estatales. Recuperar la sana y democrática vigilancia periodística sobre lo público es entonces una prioridad.

En lo que va corrido del año, la FLIP ha documentado 18 casos en los que agentes de la Policía y las fuerzas militares han agredido a la prensa. De estos, 8 han ocurrido en medio de manifestaciones sociales. En julio, una periodista fue agredida e intimidada en zona rural de Meta durante el cubrimiento de los enfrentamientos entre campesinos y fuerza pública por la erradicación forzada de coca. Así mismo, en mayo un periodista resultó gravemente herido por parte de uniformados que lo agredieron con arma de fuego mientras cubría una movilización de indígenas en el Cauca.

La Fundación para la Libertad de Prensa -FLIP- condena y lamenta la muerte de la comunicadora indígena Efigenia Vásquez Astudillo, quien falleció ayer después de enfrentamientos entre comuneros del Pueblo Kokonuko y agentes del ESMAD en Puracé, Cauca.

Vásquez Astudillo murió en el hospital San José de Popayán como consecuencia de heridas ocasionadas con armas de largo alcance, según dijeron autoridades indígenas del Cauca a la FLIP. Los enfrentamientos se dieron en el sector de Aguatibias, Puracé, en medio de un operativo de desalojo de tierras por parte de la Policía Nacional en reacción a las acciones de la Minga de Liberación de la Madre Tierra por parte de la Guardia Indígena del Pueblo Kokonuko.

La FLIP está verificando si Vásquez se encontraba realizando labores periodísticas durante los hechos. Efigenia Vásquez fue una comunicadora reconocida por su amplia trayectoria en medios de comunicación indígenas del Cauca. La FLIP resalta el trabajo de los medios indígenas y comunitarios en las regiones del país.

La Fundación exige a la Policía Nacional que investigue los hechos y a los agentes involucrados en el operativo. Así mismo, solicita a la Fiscalía General de la Nación que procese y sancione a quienes ordenaron accionar el arma de fuego que acabó con la vida de la comunicadora.  

Antecedentes:

La FLIP expresa su preocupación por las constantes agresiones durante las confrontaciones entre la comunidad y miembros de la Fuerza Pública en el contexto de manifestaciones sociales. La Fundación ha documentado varias agresiones en las que existen actos deliberados de la Fuerza Pública con el fin de censurar e impedir el registro de las protestas.  

El pasado 9 de mayo, Pedro García, colaborador del periódico El Turbión, y quien, según su familia, se encontraba tomando fotografías durante la Minga Comunitaria de Liberación de la madre Tierra, resultó gravemente herido por un impacto de bala en uno de sus glúteos.

Luego, el 12 de julio, en una jornada de enfrentamientos entre comuneros y policías, la emisora Renacer Kokonuko se quedó sin servicio de energía desde aproximadamente las 6 de la mañana. La empresa de energía no informó que estuvieran programados cortes eléctricos. Ese mismo día, periodistas de Caracol Televisión fueron agredidos con piedras durante el cubrimiento de la Minga en Puracé.

La Fundación para la Libertad de Prensa -FLIP- condena los hechos en los que resultó herida Heliana Montoya, periodista colombo-argentina de la Red de Medios Alternativos – Agencia Colombiana de Prensa Popular (REMA-Acpp), por parte de agentes de la Policía Nacional.

La Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) rechaza que el Comando Estratégico de Transición de las Fuerzas Militares  desconozca sus obligaciones para garantizar la libertad de prensa. Son inadmisibles las presiones de esta institución a Noticias RCN para que revele sus fuentes periodísticas.

En la emisión del mediodía del 26 de mayo de 2017, Noticias RCN publicó una carta del general Javier Flórez, comandante del Comando Estratégico de Transición, dirigida al Alto Comisionado de Paz, Sergio Jaramillo. Según la noticia, el oficial expresa preocupaciones por las “actividades de carácter político” que realizarían las FARC el 27 y 28 de mayo de 2017 con motivo de su aniversario. El general Flórez advierte que esto “contraría lo establecido en el acuerdo final” y podría constituir una violación de las condiciones del cese al fuego pactado entre el gobierno y la guerrilla.

Después de la emisión, la periodista de Noticias RCN, Maritza Aristizábal, recibió una llamada del general Javier Flórez. “El oficial, muy molesto, le pregunta quién filtró el documento, asegura se trataba de una información secreta, y señala que con esa información la reportera lo destruyó e intenta destruir el proceso de paz. El general finalmente anuncia que va a pedirle a sus abogados que denuncien el hecho”, informó el noticiero a la FLIP.

Según ha conocido la FLIP, desde ese día, funcionarios del Comando Estratégico de Transición, del Ministerio de Defensa y delegados del gobierno ante el Mecanismo de Monitoreo y Verificación, en violación del principio constitucional que protege el secreto profesional, han presionado a Noticias RCN para que revele sus fuentes periodísticas.

El 26 de mayo la periodista Maritza Aristizabal recibió otras dos llamadas de la asistente del general Flórez en las que intenta averiguar quién le dio el documento publicado, según dijo RCN a la FLIP. El 30 de mayo de 2017, el contraalmirante Orlando Romero, delegado del Gobierno ante el Mecanismo de Monitoreo y Verificación, envió una carta dirigida a Noticias RCN en la que solicitó que se certifique si fue él quien entregó el documento en cuestión al medio de comunicación. El 2 de junio de 2017, el Teniente Coronel Víctor Portilla, funcionario instructor del Ministerio de Defensa, envía otra carta a la dirección del noticiero solicitando que se haga llegar copia del documento que reveló Noticias RCN.

Al respecto, el Comando Estratégico de Transición afirmó a la FLIP que nunca se pretendió “traspasar la línea de confidencialidad ni la reserva de las fuentes”. También dijo que solicitó a Noticias RCN copia de la carta publicada con el único objetivo de determinar si se trataba de un documento auténtico firmado por el General Flórez.

El martes 13 de junio de 2017, llegó una nueva comunicación, esta vez dirigida a la periodista Maritza Aristizábal, y en la que el Comando Conjunto de Monitoreo y Verificación la notifica que debe asistir a una declaración bajo la gravedad del juramento el próximo 20 de junio de 2017 en el Cantón Norte. En el documento, con el membrete y el logo del Comando General de las Fuerzas Militares, se hace referencia a una indagación preliminar sin aclarar los hechos*.

El Comando confirmó a la FLIP que sí se está adelantando una indagación preliminar en esa entidad por estos hechos. Sin embargo, aclaró que no se trata de un procedimiento en contra de Maritza Aristizábal sino que busca establecer “quiénes fueron los miembros de las Fuerzas Armadas responsables de filtrar la información”.

La FLIP rechaza que las Fuerzas Militares se valgan de mecanismos inconstitucionales para presionar a los periodistas con el fin de que estos revelen sus fuentes. Estas actuaciones son incompatibles con la vida democrática y la garantía de las libertades civiles.

La Fundación manifiesta su preocupación, observará con especial atención y acompañará este caso. Esta organización confía en que el Ejército reconsidere sus actuaciones sobre el caso y tome correctivos que impidan la repetición de estos hechos.

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Las actuaciones de las Fuerzas Militares en las últimas semanas son violatorias de la garantía constitucional del secreto profesional, consagrada en el artículo 74 de la Constitución.

Sobre este derecho, la Corte Constitucional ha dicho en la sentencia T-298 de 2009 que “la inviolabilidad del secreto profesional (la reserva de la fuente) permite que un periodista guarde el secreto sobre la existencia de una determinada información, su contenido, el origen o la fuente de la misma, o la manera como obtuvo dicha información”.

Además de lo anterior, la misma decisión indica que este derecho no es solo del periodista, sino de su fuente, pues se convierte en una garantía para poder difundir información. “La reserva de la fuente es una garantía fundamental y necesaria para proteger la verdadera independencia del periodista y para que pueda ejercer la profesión y satisfacer el derecho a la información, sin que existan limitaciones indirectas ni amenazas que inhiban la difusión de información relevante para el público”, manifestó la Corte en la sentencia.

Por eso es de suma gravedad que el Ejército esté desconociendo esta protección constitucional a la prensa.

La FLIP recuerda al Ejército que la Sentencia C - 491 de 2007 reconoce que los periodistas que han accedido a información reservada o clasificada no están sometidos a una obligación legal de no publicar esa información. “La reserva cobija a los funcionarios públicos pero no habilita al Estado para censurar la publicación de dicha información cuando los periodistas han logrado obtenerla (...) la reserva obliga a los servidores públicos comprometidos pero no impide que los periodistas que acceden a dicha información puedan publicarla”, dice la Corte.

Así mismo, la Resolución A/HRC/33/L.6 del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas exhortó a los Estados a proteger “en la ley y en la práctica el carácter confidencial de las fuentes de los periodistas, en reconocimiento de la función esencial que cabe a estos en la promoción de la rendición de cuentas públicas y de una sociedad inclusiva y pacífica, con sujeción únicamente a excepciones limitadas y claramente definidas que estén enunciadas en los marcos legales nacionales, como la autorización judicial, de conformidad con las obligaciones que les impone el derecho internacional de los derechos humanos".

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*Actualización: En la mañana del miércoles 14 de junio, la periodista Maritza Aristizábal recibió una comunicación del Comando General de las Fuerzas Militares en la que le anunciaban, refiriéndose a la citación que le había llegado un día antes para presentarse el 20 de junio en el Cantón Norte, que "no se requiere dicho testimonio dentro de la Indagación Preliminar". Sin embargo, este revés no redime al Comando General, al Ministerio de Defensa y al Mecanismo de Monitoreo y Verificación de su responsabilidad por las presiones inconstitucionales de los últimos días contra Noticias RCN y su reportera.