La FLIP rechaza los ataques contra la prensa ocurridos durante las jornadas de manifestaciones del 8 de marzo por el Día Internacional de la Mujer. Registramos dos agresiones en Medellín, una de parte de la fuerza pública y la otra de manifestantes.
El primer caso es el de Jennifer Mejía, periodista de Le Cuento y Pacifista, quien fue detenida alrededor de una hora por la Policía Metropolitana de Medellín cerca a la estación del Metro de San José, cuando estaba registrando la detención de una manifestante. Un agente de Policía la tomó del brazo y la llevó a la fuerza al comando del Valle de Aburrá, la periodista se identificó como prensa y portaba chaleco y carnet. Además, afirma que no le dieron a conocer a dónde la llevaban ni por qué la detenían.
El área de Derechos Humanos de la Policía en Medellín informó a la FLIP que a la reportera se le hizo un traslado por protección. Sin embargo, la periodista afirmó que no hubo una situación violenta que pusiera en riesgo su seguridad e integridad y por el contrario esta detención obstruyó sus labores informativas durante las manifestaciones, impidiendo así el cubrimiento de un procedimiento policial, lo cual es una falta disciplinaria según el artículo 21 del código de seguridad y convivencia.
El segundo caso es el de la periodista de Telemedellín, Manuela Granda, y el camarógrafo Nelson Usquiano, quienes fueron abordados por siete manifestantes que, de forma agresiva, les pidieron que se apartaran de la manifestación pues rechazaban la presencia de Nelson. Después de esto, las manifestantes agredieron físicamente al reportero gráfico, intentaron quitarle su cámara y le lanzaron una lata a Manuela, que le ocasionó una lesión en la cabeza que requirió atención médica.
En estos casos, recordamos las observaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) luego de su visita a Colombia en el marco de las manifestaciones sociales, en junio de 2021. La CIDH considera importante recordarle al Estado “que las y los trabajadores de prensa cumplen una función crucial al recabar y difundir información de lo que sucede en las protestas, incluyendo la actuación de las fuerzas de seguridad, por lo que las autoridades deben brindarles el más alto grado de protección para que puedan realizar su trabajo libremente”.
Hacemos un llamado a la Policía Nacional para que dé instrucciones claras a los funcionarios que participan en los operativos de estas manifestaciones para que garanticen la labor de la prensa en estos contextos y cumplan con su deber de brindar condiciones de seguridad e integridad para su trabajo.
También invitamos a los y las líderes y convocantes de las manifestaciones a rechazar públicamente todo tipo de violencia contra la prensa, con el fin de prevenir este y otro tipo de agresiones. La libertad de expresión y de prensa implican la posibilidad de expresar ideas y opiniones, y de hacerlo sin sufrir acciones intimidatorias o recibir algún tipo de ataque.
