- La FLIP registró una detención ilegal, dos obstrucciones y tres agresiones físicas.
- Varios de los periodistas afectados coinciden en que los policías que los agredieron tenían las chaquetas al revés o no portaban su identificación en un lugar visible.
- La FLIP le hace un llamado a la Policía Nacional a que investigue y sancione a los uniformados responsables de estas violaciones a la libertad de prensa.
La Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) rechaza la detención ilegal, las agresiones físicas y las obstrucciones a la labor periodística que se presentaron ayer, 9 de septiembre. A diferencia de otras protestas, en la jornada del 9 de septiembre, día Nacional de los Derechos Humanos, todos los casos son atribuidos a la Policía Nacional.
La FLIP rechaza que la Policía Nacional, como entidad que tiene el mandato de ser un cuerpo garante de la libertad de prensa, emprenda acciones de violencia y censura dirigidas a limitar la libertad de información sobre abusos policiales. La FLIP exige a los organismos de control investigar con celeridad y aplicar sanciones ejemplarizantes a los responsables.
El miércoles 9 de septiembre de 2020, manifestantes salieron a las calles de Bogotá a protestar por el asesinato del abogado Javier Ordoñez la noche anterior en medio de un procedimiento de la Policía Nacional. Ordoñez fue impactado en repetidas ocasiones con un arma de electrochoque conocida como taser. Durante las manifestaciones que se presentaron frente a más de 50 Comandos de Acción Inmediata (CAI) de la ciudad, seis periodistas fueron agredidos por parte de miembros de la Policía. La FLIP registró una detención ilegal, dos obstrucciones y tres agresiones físicas.
Seis denuncias de agresiones
El primer hecho se registró en el CAI del barrio Mazurén. Julián Gómez, reportero del medio ABC Noticiero Virtual, aseguró que durante el cubrimiento de agresiones a manifestantes por parte de la Policía, dos uniformados se le acercaron para retirarlo del lugar. El periodista se negó y se identificó con el carné del noticiero, pero los agentes lo arrestaron, lo golpearon en su rostro y lo empujaron al interior del CAI. Dentro de la unidad policial, al reportero le quitaron su celular, los documentos personales, el carné de prensa y lo amenazaron con ponerle un comparendo "por no haber estado debidamente identificado como prensa". Luego de 15 minutos, el periodista fue dejado en libertad y hasta el momento no tiene certeza de que el comparendo se haya hecho efectivo.
Otro de los puntos de encuentro de las manifestaciones fue el CAI de La Soledad, ubicado en el sector conocido como el Parkway en la localidad de Teusaquillo. Allí se encontraban los reporteros gráficos Juan Pablo Pino de Publimetro y Óscar Pérez de El Espectador. Según los periodistas, mientras estaban haciendo el registro de la movilización, los policías que estaban en el operativo se acercaron, los intimidaron con insultos y les ordenaron retirarse. Uno de los uniformados portaba una chaqueta negra con la clara intención de asegurar que no fueran visibles las insignias con apellidos y números policiales asignados que todo policía está obligado a portar mientras esté en servicio. A pesar de que los reporteros continuaron con su ejercicio periodístico, los uniformados intentaron agredirlos con piedras y a uno de ellos le dijeron: “mejor váyase de aquí no va y sea que le pase algo”.
En la localidad de Suba fue agredido José Vargas, reportero gráfico de El Espectador. Según el periodista, mientras cubría las acciones violentas contra una manifestante que estaba siendo detenida en el CAI La Fontana, miembros de la Policía Nacional lo agredieron con los escudos de dotación, causándole una lesión leve en uno de sus pies y ocasionando daños en su cámara fotográfica. Vargas manifiesta que los policías tenían oculta su identificación y cuando se acercó al CAI para solicitar esta información los uniformados le ordenaron retirarse de forma violenta.
En el barrio Villa Luz fue agredido Javier Jiménez Rojas, periodista del medio Colombia Informa, mientras registraba las acciones de un uniformado que se encontraba lanzando un gas lacrimógeno al interior de un conjunto. Según el reportero, cuando el policía notó que estaba siendo grabado, le lanzó una piedra la cual afectó su cámara y otro de los agentes que estaba en el lugar se acercó al reportero e intentó arrebatarle el dispositivo periodístico.
El fotógrafo Juan Camilo Rubiano, quien le manifestó a la FLIP que se encontraba haciendo un cubrimiento de las protestas como freelance, reportó haber sido agredido por cerca de doce policías en el barrio Santa María del Lago mientras grababa un procedimiento policial. Rubiano manifestó que cuando los uniformados notaron que estaban siendo grabados, se acercaron al reportero lo encerraron y lo golpearon con los bastones de dotación, ocasionándole fracturas en la nariz, el pómulo y el ojo izquierdo. Además, Rubiano denuncia que los uniformados le quitaron dos cámaras y su celular.
Acciones recurrentes y solicitudes
Durante esta violenta jornada de protestas, la FLIP identificó tres acciones recurrentes por parte de miembros de la Policía Nacional:
i) Varios de los periodistas afectados coinciden en que los policías que los agredieron tenían las chaquetas al revés o no portaban su identificación en un lugar visible.
ii) Las violaciones a la libertad de prensa se presentaron durante el cubrimiento de procedimientos policiales abusivos contra los manifestantes que podrían comprometer disciplinariamente a los uniformados.
iii) Todos los reporteros que denunciaron su caso estaban plenamente identificados con credenciales de prensa, logos de su medio de comunicación y dispositivos como cámaras fotográficas que hacían evidente su labor de registro.
La Fundación para la Libertad de Prensa rechaza las acciones de la Policía Nacional y le solicita a la institución que inicie la investigación disciplinaria sobre estos hechos con el fin de sancionar a los uniformados responsables de estas actuaciones contra la libertad de prensa. La ausencia de resultados concretos representa un mensaje errado hacia los demás miembros de la fuerza pública frente a futuros escenarios de cubrimiento de manifestaciones.
La FLIP les recuerda a los miembros de la Policía Nacional su deber de cumplimiento del Código de Policía, que establece que cualquier ciudadano puede registrar los procedimientos policiales sin ningún tipo de restricción. En ese sentido, es importante que la Policía garantice la labor periodística en estos escenarios y conciba la presencia de las cámaras como una garantía de transparencia sobre sus operativos y no como un obstáculo para adelantar sus labores.
La Fundación para la Libertad de Prensa reconoce el anuncio de la alcaldesa Claudia López para iniciar las investigaciones del caso y valora positivamente que desde la administración distrital se haya aclarado que el uso de armas y la respuesta de la Policía el 9 de septiembre no estaban autorizados por la Alcaldía Mayor de Bogotá. Sin embargo, la Fundación le solicita que adelante las acciones pertinentes para sancionar a los uniformados responsables de las situaciones de violencia contra la prensa y le hace un llamado para que imparta instrucciones claras a los miembros de la fuerza pública orientadas a la garantía del ejercicio periodístico en este tipo de escenarios.
