El pasado 15 de julio, el Juzgado 61 Administrativo de Bogotá dictó una sentencia que reconoce la responsabilidad administrativa y patrimonial del Ministerio de Defensa y de la Policía Nacional por las lesiones causadas al periodista Andrés Cardona, durante el cubrimiento de las marchas del Paro Nacional de 2021. En la decisión, el Juzgado les obliga a indemnizar a Cardona por 10 salarios mínimos legales vigentes (SMLV) por daños a la salud, y otros 10 SMLV por daños morales.

El pasado domingo 13 de julio, el periodista Luis Alberto Suárez, del municipio de Ayapel, Córdoba, fue agredido físicamente por el secretario de Gobierno, Jorge Rojas, hecho que ha sido legitimado durante estos días por el Alcalde Hugo Armando Pinedo. Ambos funcionarios han protagonizado una serie de ataques contra el comunicador, que incluyen violencia física, amenazas y estigmatización, en represalia por su labor periodística y las denuncias públicas que ha hecho sobre la gestión municipal. Estas agresiones constituyen una grave vulneración a los derechos a la libertad de expresión y a informar sobre asuntos de interés público.

A propósito de las denuncias que hemos hecho recientemente sobre el panorama de orden público en Guaviare, desde la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP), queremos alertar que esta realidad se extiende a otros territorios del país igualmente afectados por la violencia. Uno de ellos es Arauca, donde la intensificación del conflicto armado entre el ELN y las disidencias de las FARC ha agravado la crisis humanitaria, especialmente en municipios como Saravena y Arauquita. Esta situación ha puesto en riesgo a periodistas que hoy enfrentan no solo agresiones, sino también una preocupante instrumentalización por parte de los actores armados.