Fundación para la Libertad de Prensa - FLIP

El pasado seis de abril, la Gobernación de Caldas expidió el Decreto 020 “por medio del cual se establecen mecanismos para la contratación de espacios de publicidad”.

El decreto también afirma que “se crea un comité asesor de publicidad”. La adopción de esta norma es el resultado de un proceso de discusión e intercambio con periodistas locales y autoridades de la Gobernación de Caldas, promovido por la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP).

Por considerar que la revista ‘Semana’ no ha “dado cumplimiento en su integridad al fallo de tutela”, la juez dieciséis penal del circuito de Bogotá, Amanda Vargas de Norato, ordenó el arresto por tres días de Alejandro Santos, director de la publicación, y le impuso multa de seis salarios mínimos. La decisión se tomó en el proceso de tutela que el magistrado del Consejo Superior de la Judicatura José Alfredo Escobar inició contra ‘Semana’ por el artículo “El ‘mecenas’ de la justicia”, publicado el pasado 28 de abril. Dando cumplimiento a dos decisiones judiciales previas, la revista rectificó en dos ocasiones.

A pesar de que la revista ‘Semana’ rectificó en dos ocasiones una información periodística relacionada con la influencia de un particular en las Altas Cortes de Colombia, el juez que tramita la acción de tutela (recurso de amparo) las considera insuficientes. Alejandro Santos Rubino, director de ese medio de comunicación, podría ser sancionado con cárcel.

Los corresponsales de ‘Noticias Uno’ Fernando Cifuentes, en Medellín (Antioquia), y Leonardo Montoya, en Quibdó (Chocó), recibieron el pasado 17 y 18 de octubre llamadas amenazantes de parte del abogado Leonel Torres, a raíz de una investigación del medio de comunicación sobre presuntas actuaciones irregulares del litigante. Torres es primo del presidente de la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes, Édgar Ulises Torres.

En un trascendente fallo, la Corte Suprema de Justicia ordenó al Ejército Nacional entregar información a un periodista, e indicó que la entidad pública que niegue información amparándose en la seguridad nacional debe fundamentar su respuesta.

En un nueva circular expedida el pasado 13 de agosto, pero conocida por la FLIP días después, el Ministerio de Comunicaciones aclaró la definición de proselitismo contenida en la ley 1981 de 2003 que reglamenta las emisoras comunitarias. Este pronunciamiento se da luego de que en un su anterior circular prohibió la realización de debates políticos y la intervención de candidatos en dichas emisoras.

El pasado nueve de agosto, el Ministerio de Comunicaciones prohibió a las radios comunitarias “incluir en su programación la intervención de candidatos, debates políticos y propaganda de la actual contienda electoral”. Según el Ministerio, estas manifestaciones tienen el carácter de proselitismo político. Aquellos operadores que infrinjan la nueva disposición, serán objeto de sanciones legales.

Pocas horas antes del estreno de un documental sobre la masacre de Mapiripán, un coronel del Ejército exigió la revisión de su contenido. Ante la negativa de los autores, el funcionario militar prohibió la exhibición de la cinta. Ésta hacía parte de la programación de la 'Semana por la paz', evento liderado por varias organizaciones sociales en Colombia.

Después de amenazar al director del medio y de agredir al vigilante del lugar, más de 20 hombres hurtaron entre 15 mil y 18 mil ejemplares del periódico turístico 'Primera Plana'.

Los hechos ocurrieron el pasado 8 de marzo en Pereira, capital del departamento de Risaralda, al centro-occidente de Colombia. A las once de la mañana, entre 20 y 30 hombres, algunos de ellos aparentemente armados, llegaron al parqueadero donde Antonio Vargas Valbuena, director de 'Primera Plana', guardaba los ejemplares de la última edición de la publicación mensual. Los hombres amedrentaron a Vargas y lo amenazaron de muerte si no entregaba los periódicos. Afirmaban que Elsa Gladys Cifuentes Aranzazu, exgobernadora de Risaralda y candidata al Senado por el partido político Cambio Radical, había dado la orden de recoger todas las ediciones.

El pasado 30 de enero de 2010 miembros de la Policía de Funza, Cundinamarca, evitaron la distribución del boletín ‘El Libelo’ el cual era repartido en el marco de una jornada de rendición de cuentas de la gestión pública en ese municipio. El boletín traía una denuncia sobre algunos casos de abuso de autoridad por parte de la Policía local.

El periodista Guillermo Andrés Castro, director del periódico ‘El Macarenazo’ y quien también distribuye el boletín, se disponía a repartir la publicación cuando fue requisado abruptamente por los miembros de la fuerza pública presentes. Sin explicación alguna, los agentes le arrebataron de las manos los ejemplares de ‘El Libelo’, los cuales no le fueron devueltos.