Fundación para la Libertad de Prensa - FLIP
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La Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) rechaza y expresa su preocupación por el atentado del que fue víctima el periodista Pincen Mora en Medellín, Antioquia, el pasado 8 de junio. La FLIP tuvo conocimiento de que el periodista ha recibido amenazas a través de Facebook durante el último mes, en las que le dicen que lo tienen ubicado. En su emisora digital, Extrema Noticias, Mora ha denunciado irregularidades en la venta de lotes en su barrio.
El periodista le reportó a la FLIP que el 8 de junio del 2021 ocho hombres armados, que se movilizaban en cuatro motos, llegaron hasta su vivienda en el barrio Enciso La Libertad de Medellín, en donde está ubicada también la sede de la emisora. Allí, los hombres dispararon en repetidas ocasiones contra la vivienda e intentaron ingresar a la misma. El periodista se encontraba en ese momento al interior de la casa con su esposa y su hijo, quienes resultaron ilesos.
El periodista le manifestó a la FLIP que recientemente había estado haciendo denuncias sobre la apropiación de tierras y venta irregular de lotes en el barrio en el que reside y en los que tendrían participación bandas criminales que operan en el sector. También ha compartido las denuncias de la comunidad sobre temas de seguridad. Mora aseguró que ha recibido amenazas a través de Facebook en las que le dicen que es un sapo y que lo tienen fichado.
Este atentado evidencia el alto riesgo al que se ven expuestos los y las periodistas en la ciudad de Medellín. En los últimos cinco años, la FLIP ha registrado 126 ataques violentos a la prensa ocurridos en el departamento de Antioquia. En 43 casos (39%) el presunto autor fue desconocido, y en 22 casos (18%) fueron bandas criminales. Adicionalmente, desde 2017, la FLIP ha registrado 24 amenazas dirigidas a periodistas de Antioquia, realizadas por bandas criminales. Solo este año hemos registrado 31 ataques a periodistas en Medellín, dentro de los que se cuentan 16 agresiones físicas y 6 amenazas.
Desde la FLIP expresamos nuestra solidaridad con Mora y su familia. La Fundación le solicita a la Unidad Nacional de Protección (UNP) que asigne de inmediato medidas de protección, por trámite de emergencia, al periodista Pincen Mora con el fin de proteger su vida e integridad.
Así mismo, la FLIP le solicita a la Fiscalía General de la Nación que avance con la investigación de los hechos de manera articulada, teniendo en cuenta la labor periodística de Mora y el contexto en el que la estaba realizando. Así, será posible dar con los responsables del atentado y judicializarlos. Las condenas en casos de violencia contra la prensa son fundamentales para prevenir nuevos ataques.
La FLIP expresa su preocupación por la orden de archivo de la investigación contra los uniformados que dispararon directamente contra periodistas del medio Loco Sapiens el pasado 7 de mayo en Sibaté, Cundinamarca. Esta orden de archivo no obedece a los estándares mínimos de investigación de crímenes contra la prensa y puede generar un efecto inhibitorio sobre las y los periodistas que cubren manifestaciones sociales.
El pasado 8 de junio los periodistas de Loco Sapiens reportaron a la FLIP que habían sido notificados de una orden de archivo del proceso que se adelantaba en la Fiscalía General de la Nación por los disparos directos que recibieron por parte de miembros de la fuerza pública. Los agentes estaban plenamente identificados y los disparos fueron realizados, al parecer, con un arma de balas de goma, a pesar de que los periodistas se identificaron como prensa, como quedó registrado en un video público.
Según la Fiscalía, se ordenó archivar el proceso porque no se pudo establecer el responsable de la agresión y tampoco habría sido posible contactar a las víctimas para continuar con la investigación. Sin embargo, los periodistas le aclararon a la FLIP que, contrario a lo expuesto por la entidad, no han recibido llamadas ni mensajes de texto por parte de la Fiscalía.
Esta decisión de archivo no obedece a los estándares mínimos de investigación de crímenes contra la prensa. En primer lugar, en las pruebas allegadas a la Fiscalía se identifica plenamente el ataque directo y al agente responsable. Así, la Fiscalía está incumpliendo las obligaciones en materia de investigación, ya que no ejerció de oficio la investigación correspondiente, a pesar de tratarse de un caso de uso excesivo de la fuerza. De acuerdo con los estándares interamericanos, cuando se trata de violaciones al derecho a la vida debido y al uso excesivo de la fuerza, el Estado tiene el deber de iniciar ex officio e inmediatamente una investigación destinada a encontrar a todos los responsables.
Segundo, la actividad de la Fiscalía fue deficiente en la calificación de los hechos denunciados y no dio cuenta del alcance real de las agresiones. En la decisión no se evidencia un análisis integral de las agresiones denunciadas por los periodistas. Se limitaron a enfocar el caso únicamente a un abuso de autoridad por acto arbitrario o injusto, cuando existe evidencia de lesiones personales a uno de los periodistas. En particular, resulta cuestionable que no se haya abierto formalmente una investigación por el delito de lesiones personales, teniendo en cuenta que la valoración de Medicina Legal así lo indica y otorgó siete días de incapacidad a la víctima del impacto.
Los periodistas le reportaron a la FLIP que le facilitaron las fotos de las lesiones a la organización Human Rights Watch, quien a su vez, envió estas a una agencia de médicos forenses para la producción de su informe sobre violencia policial en Colombia, en donde también se hizo público este ataque a la prensa. Estos médicos forenses también valoraron las lesiones ocasionadas y emitieron un concepto similar al de Medicina Legal.
Tercero, la Fiscalía pretende justificar la falta de avances en el proceso en no poder contactar a las víctimas. El ente investigador debió insistir como mínimo, a través del medio de comunicación, para ponerse en contacto con los periodistas. Además, el progreso de la investigación no dependía exclusivamente de esto, pues que existían pruebas suficientes para avanzar. Como ya se ha reiterado, la Fiscalía tenía en su poder el video que prueba la agresión y en donde se puede identificar a uno de los agresores.
Para la FLIP resulta inexcusable que en un caso de agresión directa de fuerza pública a la prensa, donde existen distintas pruebas fehacientes de la agresión y de la responsabilidad de agentes del estado, la Fiscalía desestime el caso sin siquiera cumplir el mínimo de diligencia en la actividad investigativa. Es necesario que se evite la impunidad y la repetición en las agresiones contra la prensa.
Este caso genera una alerta sobre la falta de compromiso en la investigación de las agresiones contra la prensa. Desde el inicio del paro nacional el 28 de abril, se ha presentado una violencia sin precedentes, con 231 agresiones hasta la fecha, y en donde el 54% de los casos son ataques por parte de la fuerza pública.
Al respecto, preocupa que esta decisión originada en la falta de investigación, produzca un efecto inhibitorio sobre las y los periodistas que cubren el paro nacional. La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la CIDH ha sostenido que cuando los hechos de violencia cometidos contra periodistas, que cubren una protesta, “quedan en la impunidad, esto puede generar un silenciamiento y una autocensura”.
Por todo lo anterior, la FLIP presentará una solicitud a la Fiscalía General para que un comité técnico jurídico revise la decisión de archivo y reiteramos que estaremos haciendo una veeduría cercana del caso.
Por último, solicitamos a la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión que realice un monitoreo cercano del caso a fin de prevenir la impunidad. Además, le pedimos que realice un llamado al ente investigador para que este cumpla con las obligaciones de investigación, judicialización y sanción de manera efectiva la violencia contra periodistas, bajo el principio de máxima publicidad, y para que actúe con debida diligencia y agote las líneas de investigación vinculadas con el ejercicio periodístico de la víctima.
La Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) rechaza y condena los ataques dirigidos contra tres periodistas del medio alternativo Loco Sapiens por parte de miembros del ESMAD en Sibaté, Cundinamarca. Dos periodistas resultaron heridos por los impactos de los perdigones disparados por los uniformados. Estos ataques son totalmente inaceptables y nuevamente dejan en evidencia que hay agentes de la Policía que están utilizando la fuerza y la violencia para censurar a los periodistas que cubren estas manifestaciones nacionales.
Anoche, 6 de mayo, tres periodistas de Loco Sapiens se encontraban cubriendo una toma cultural (con muestras artísticas y proyección de videos) en zona rural de Sibaté, municipio ubicado a 27 km de Bogotá. A las 2:47 am, agentes del ESMAD lanzaron gases lacrimógenos mientras se desplazaban en una tanqueta. Cuando se acercaron al sector donde se encontraban los periodistas, miembros del ESMAD dispararon directamente contra los reporteros con armas de perdigones (uno de los agentes estaba identificado con la placa 173388). Los disparos fueron dirigidos a los periodistas a pesar de que ellos alzaron los brazos y gritaron fuertemente que eran prensa. Los reporteros estaban plenamente identificados, tenían cascos marcados como “prensa” y portaban carnés del medio.
Dos de los tres periodistas resultaron heridos debido a los impactos de los perdigones. Después de que agentes del ESMAD intimidaran a los periodistas, y de que estos últimos insistieran en que se encontraban cubriendo los hechos, los policías se retiraron y les gritaron "ustedes solo vienen a hacer amarillismo". Los heridos no recibieron ayuda médica en el lugar, y la ambulancia que solicitaron no llegó. Todo el ataque quedó registrado en la transmisión en vivo que estaba haciendo uno de los periodistas.
Desde que comenzó el paro nacional, el 28 de abril, en la FLIP hemos documentado 115 ataques a la prensa. De este total, 52 fueron cometidos por miembros de la fuerza pública, son responsables en el 45% de los casos.
Reiteramos que los funcionarios y la fuerza pública tienen la obligación de garantizar el trabajo periodístico. La prensa es fundamental en momentos de manifestaciones sociales, y no puede verse restringida arbitrariamente por agentes del Estado. Le solicitamos a la Policía Nacional que investigue este caso concreto y todos los otros en los que uniformados han agredido a periodistas.
También hacemos un llamado a la Procuraduría General de la Nación a que asuma las investigaciones de estos ataques para tener así más garantías de transparencia en los procesos. De igual manera, reiteramos nuestro llamado al Presidente Iván Duque a que rechace de forma clara y pública las violaciones cometidas contra la prensa en el contexto de las protestas y que envíe un mensaje de cero tolerancia a los agentes estatales involucrados en estas violaciones.
Nos sumamos a más de 650 organizaciones sociales en la solicitud de intervención a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, para que visite el país e instale un mecanismo independiente de expertas y expertos que colabore con la investigación de lo ocurrido durante las manifestaciones que iniciaron el 28 de abril.
Reporteros Sin Fronteras y la Fundación para la Libertad de Prensa alertamos que existe un riesgo inminente de autocensura de quienes cubren las protestas debido a la escalada del uso excesivo de la fuerza policial contra periodistas, que da indicios claros de la intencionalidad de las agresiones y su sistematicidad, sin que exista un reproche público por parte de las autoridades.
Manifestamos nuestra extrema preocupación frente a las alarmantes cifras de violencia en el cubrimiento de las manifestaciones sociales. Entre el 28 de abril y el 3 de mayo (6 días), se han documentado 70 agresiones y 76 víctimas, de las cuales destacamos 32 agresiones, 7 robos y eliminaciones de material, 9 obstrucciones, 5 detenciones ilegales, 5 de acciones arbitrarias en redes sociales, 3 daños a infraestructura, 3 casos de negación al acceso a la información, 2 amenazas, 2 hostigamientos, 1 estigmatización y 1 exclusión. Aún están en proceso de documentación otros 15 casos, de los cuales se advierten al menos 3 agresiones, 1 amenaza, 3 detenciones ilegales, 3 obstrucción
Las agresiones se han concentrado en mayor medida en Antioquia (10), Bogotá (19), Valle del Cauca (9), Risaralda (4) y Santander (4), donde se han presentado más expresiones ciudadanas y el principal agresor sigue siendo el Estado: 62% de las agresiones son atribuidas a la fuerza pública y autoridades oficiales.
El Estado colombiano ha demostrado su incapacidad para brindar a la prensa el más alto grado de protección para que puedan realizar su trabajo libremente y mantener a la sociedad informada sobre asuntos de elevado interés público. En el marco de las protestas, la prensa cumple una función esencial al recabar y difundir información de lo que sucede en manifestaciones, incluyendo la actuación de las fuerzas de seguridad.
Las agresiones a las que la prensa ha sido sometida en los últimos 6 días revelan un nivel de violencia sin precedentes, así como el propósito inequívoco de impedir el cubrimiento de las manifestaciones sociales. Se han documentado 40 ataques provocados por la Policía Nacional, entre ellos, miembros del Escuadrón Móvil Antidisturbios –ESMAD-, que no son contingencias, por el contrario, son ataques dirigidos para intimidar, generar miedo y censurar a la prensa. Quienes son atacados con mayor vehemencia por parte de las fuerzas públicas son aquellos que registran abusos de la fuerza contra los manifestantes.
Genera extrema preocupación la sistematicidad de las agresiones contra la prensa por parte de las fuerzas públicas a pesar de estar debidamente identificados con chalecos y cascos. En particular, un periodista recibió un disparo en el casco, (1 intento de homicidio), 4 periodistas reportaron ser golpeados con bombas aturdidoras, 4 periodistas reportaron que agentes del ESMAD les apuntaron a las caras (2 de ellos reportaron haber sido insultados por un agente de la fuerza pública mientras le apuntaba con una escopeta calibre 12, cuyo uso fue suspendido por orden de la Corte Suprema de Justicia en 2020), 5 periodistas comunicaron a la FLIP que fueron agredidos y retenidos ilegalmente (1 de ellos conducidos a una zona aislada); 6 periodistas que estaban haciendo cubrimiento fueron acorralados por agentes motorizados; al menos 2 fueron lesionados por bombas lacrimógenas y 1 por impacto de bala de goma.
Resulta desconcertante que el gobierno y las entidades de control aún no se pronuncien sobre la gravedad y sistematicidad de estos hechos. Sin embargo, esta no es la primera vez que el gobierno se niega a reconocer la sistematicidad de las agresiones a la prensa en el contexto de manifestaciones sociales: en el marco de la concertación del Decreto 003 de 2021, la FLIP hizo hincapié en la necesidad de incluir de manera expresa una obligación para la fuerza pública de no agredir periodistas cuando ocurriesen focos de violencia, toda vez que en las protestas del 2019 ya se había advertido este patrón de violencia. La respuesta del Gobierno fue desconocerlo y limitarse a hacer una referencia genérica a la garantía de la libertad de prensa.
Por otro lado, los periodistas y medios de comunicación son actualmente sujeto de estigmatización por parte de algunos funcionarios públicos. Criticar a los medios de comunicación y periodistas por difundir las cifras sistematizadas por las organizaciones de la sociedad civil y las denuncias hechas en las redes sociales, en lugar de la información oficial, es un síntoma de un Estado antidemocrático. Este llamado de las autoridades falta al principio periodístico de la confrontación de fuentes e impone una versión oficial, violando así el valor de la diversidad de voces, elementos también característicos de una democracia.
La libertad de expresión y de prensa no implican solamente la posibilidad de expresar ideas y opiniones, sino también la posibilidad de hacerlo sin sufrir consecuencias arbitrarias ni intimidatorias. Por ello, pedimos a:
La FLIP rechaza la agresión y las amenazas de las que fue víctima el periodista Carlos Franco, director del medio digital CF News Baranoa Noticias. Estas se dieron luego de que el comunicador publicara una nota sobre una fiesta que violaba la ley seca y la prohibición de la alcaldía de no realizar eventos o reuniones privadas que impliquen aglomeraciones o asistencia de más de ocho personas. Dichas medidas fueron establecidas para prevenir el contagio por covid-19 en el municipio de Baranoa, Atlántico.
La FLIP conoció que el 18 de abril Franco publicó en su medio un video que le fue compartido por varios vecinos sobre la fiesta que se estaba realizando. Luego de la publicación de esta nota periodística, recibió una llamada y varios mensajes de WhatsApp amenazantes, al parecer, por parte de una de las personas que se encontraba en la fiesta y quien le exigía bajar la publicación. Más tarde, hacia las 11:00 pm, un grupo de personas llegó hasta la casa del periodista para atacarla, destruyendo las ventanas y varias de las pertenencias que estaban al interior de la vivienda. Como consecuencia, el periodista se vio obligado a retirar el video por temor a mayores represalias. Al día siguiente, el 19 de abril, el periodista le informó a la FLIP que una camioneta desconocida estuvo merodeando y tomando fotos a su casa.
La FLIP conoció que el alcalde de Baranoa, Roberto Celedón, rechazó las agresiones contra el periodista y le solicitó a las autoridades investigar lo sucedido. Entre tanto, la Policía capturó a cinco hombres señalados de haber atacado la vivienda de Franco.
Para la Fundación es especialmente preocupante que ocurran hechos de censura en contra de medios locales, quienes son los encargados de compartir con la ciudadanía información de alto interés. El periodista Franco afirmó que él es el único periodista cubriendo temas relacionados con el covid-19 dentro del municipio. Que se intente silenciar a este medio implica que la ciudadanía va a tener menos oportunidades de acceder a noticias relacionadas con su realidad local.
Del mismo modo, la FLIP expresa su preocupación por la violencia contra los periodistas que cubren la pandemia. Entre el 2020 y lo corrido del 2021 la fundación ha registrado 61 violaciones a la libertad de prensa relacionadas con el cubrimiento de temas asociados a la pandemia por covid-19. De este total, catorce fueron amenazas, una de las cuales ocurrió en el departamento de Atlántico.
Los periodistas que cubren temas relacionados a la pandemia juegan un papel muy importante, pues dan información relacionada con la garantía de derechos como la vida, salud e integridad personal. Es por ello que la labor periodística se convierte en una herramienta clave para que todos los ciudadanos puedan estar informados y puedan tomar mejores decisiones.
La Fundación le solicita a la Unidad Nacional de Protección que inicie la evaluación de riesgo por trámite de emergencia para el periodista. Es imperante implementar las medidas de seguridad que sean necesarias para proteger su vida y su integridad. Así mismo, La FLIP le solicita a la Fiscalía General de la Nación que investigue y sancione a los responsables. También le hacemos un llamado a la policía y a la alcaldía municipal para que respalden la labor de la prensa y lleven a cabo las acciones necesarias para garantizar el trabajo y la seguridad de los periodistas.
La FLIP rechaza la agresión y obstrucción al trabajo periodístico de la que fue víctima el periodista Camilo Fajardo por parte de miembros del ESMAD el pasado 15 de febrero en la ciudad de Popayán. La Fundación exige a las fuerzas policiales el respeto de la labor de la prensa y garanticen el derecho constitucional de información, sobre todo, en escenarios de protesta social.
Fajardo, corresponsal de CM& en la región del Cauca y periodista independiente, se encontraba cubriendo en la Alcaldía de Popayán las manifestaciones que se estaban desarrollando por parte de estudiantes, quienes reclamaban la implementación del programa de “Matrícula Cero” para las universidades de la ciudad. En medio de la manifestación, hubo forcejeos entre un grupo de estudiantes y la fuerza pública; situación que el periodista registró y transmitió vía Facebook. En el vídeo grabado por Fajardo, se observa que mientras él intentaba registrar una situación en la que varios miembros de la Policía tenían retenido a uno de los manifestantes, un integrante del ESMAD se acercó, lo empujó y le dijo “Quítese, quítese, no está escuchando o qué”. Momentos después, se observa que dicho integrante del ESMAD lanzó una granada de aturdimiento a los pies del periodista, quien pateó el artefacto para protegerse.
Más tarde, el periodista estaba grabando las agresiones de los uniformados a una de las manifestantes, cuando sintió que lanzaron otra granada a sus pies, intentó patearla, pero esta explotó y lo dejó herido, por lo que tuvo que retirarse del lugar para recibir atención médica.
Posteriormente, el periodista se acercó al Coronel Boris Albor, Comandante de la Policía Metropolitana de Popayán, para reportar las agresiones, a lo que el Comandante respondió: “Yo siempre lo he dicho y lo manifestado: he sido respetuoso de los derechos humanos y de todas las personas que están en la protesta pacífica pero por vías de hecho no hemos permitido eso. Y usted también señor periodista pateó la granada de aturdimiento, usted ha estado todo el día acompañándolos”.
La respuesta del Comandante en la que insinúa una justificación de la agresión contra el periodista parte de un prejuicio en contra de quienes hacen este tipo de reportajes y desconoce su rol en el flujo de información sobre las razones de la protestas y su rol fundamental en un Estado Social de Derecho.
Para la FLIP resulta altamente preocupante que persisten las agresiones contra la prensa que reporta sobre las manifestaciones a pesar de que, hace ya cinco meses, la Corte Suprema de Justicia ordenó al Estado colombiano que cesen las agresiones de la fuerza pública respecto de quienes, de manera pacífica, se manifestaron y de quienes hacían el cubrimiento periodístico.
Los hechos descritos demuestran que no se está dando cumplimiento al "Estatuto de Reacción, uso y verificación de la fuerza legítima del Estado y protección del derecho a la protesta ciudadana" -Decreto 003 del 05 de enero de 2021-. Por una parte, no se está garantizando la protección transversal a la prensa en el marco de las manifestaciones, que se establecieron a favor de la prensa. Por otra parte, tampoco se está acatando el uso de la fuerza en el marco de la legalidad. Las actuaciones del agente del Esmad, en este caso, parecen un uso desproporcionado, malintencionado e injustificado de la fuerza. Esto revela que se no ha superado la violencia sistemática.
Por lo anterior, la FLIP hace un llamado urgente a la Procuraduría General de la Nación para que investigue y sanciones disciplinariamente las violaciones a la libertad de prensa en el marco de las manifestaciones sociales. Para tal efecto, solicitamos a la Alcaldía de Popayán que entregue la información de los miembros de la fuerza pública que causaron daño a la integridad o vida de las personas durante la manifestación, en particular respecto de la obstrucción y agresión al periodista Camilo Fajardo con el fin de aplicar las sanciones a las que haya lugar.
Temblores ONG, la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) y Sisma Mujer rechazan las prácticas de la Policía Nacional que vulneraron el derecho a la dignidad humana, a una vida libre de violencias y la libertad de prensa de una periodista en Bogotá, que fue sometida a prácticas de tortura y violencia sexual por parte de agentes de la Policía en la estación de Policía de la localidad Santa Fé, ubicada en el barrio La Macarena. Exigimos a las entidades de control y a la Policía una investigación célere para sancionar a los uniformados responsables de la detención ilegal, la violencia sexual y la eliminación del material periodístico.
El domingo 13 de septiembre una periodista estuvo tomando fotografías sobre las repercusiones de la pandemia en el barrio La Macarena. Durante el recorrido, la reportera tomó fotos a unos escudos de dotación de la Policía que estaban en la vía pública recargados contra una pared. En ese momento, fue abordada por tres policías de manera desafiante, mientras le reclamaban por haber hecho ese registro fotográfico, la acusaban de haber cometido un supuesto delito. A pesar de que aseguró que estaba haciendo un ejercicio académico de fotoperiodismo, los uniformados la hicieron ingresar de manera arbitraria a la estación.
En la unidad policial, la sometieron a un procedimiento de requisa invasiva sin justificación real, constitutivo de violencia sexual, por lo que una mujer policía llevó a la reportera al baño y de forma intimidante y despectiva, le pidió que se desnudara completamente y se pusiera en cuclillas. Tampoco se tomaron medidas de bioseguridad. Frente al trato humillante, las razones de su detención y del procedimiento, los uniformados manifestaron que debían descartar que fuera guerrillera o terrorista porque el registro fotográfico de sus implementos de dotación era un delito.
La misma agente que le pidió entrar al baño le quitó el celular y eliminó las fotografías tomadas en el cubrimiento periodístico por el barrio. Más adelante, los uniformados le solicitaron su firma en una hoja en blanco, pero ella se negó. La reportera manifiesta que en ese momento le quitaron de nuevo la cédula para anotar sus datos y la amenazaron con trasladarla a la Sijín para judicializarla. Adicionalmente, los uniformados se refirieron al gremio periodístico de manera ofensiva y señalaron a la prensa de ser la responsable de las agresiones contra la institución. Mejorar la imagen institucional mediante represalias, estigmatizaciones, violencia hacia la mujer y ataques contra la prensa no es legítimo, por el contrario, ahonda la deslegitimación institucional.
Expresamos nuestro repudio a los hechos cometidos en contra de la reportera y consideramos injustificables e inexcusables los hechos de violencia sexual, tratos crueles, degradantes e inhumanos y los abusos de los uniformados que realizaron este procedimiento, que violaron directamente los derechos fundamentales de la reportera a la dignidad humana, a una vida libre de violencias, a no ser sometida a tortura ni a penas, o tratos crueles inhumanos o degradantes y a la libertad de prensa.
La investigación y sanción de los responsables son indispensables y deben ser respaldadas por medidas de prevención, medidas necesarias para garantizar la no repetición de este tipo de situaciones que afectan la dignidad de las mujeres periodistas y el derecho a ejercer su labor libremente. La violencia de género no es, en ningún escenario, una forma legítima para limitar la libertad de prensa sobre la protesta social.
Exigimos que:
Temblores ONG, la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) y Sisma Mujer haremos seguimiento del caso, así como de la respuesta estatal frente a esta denuncia. La investigación y sanción de estos actos son indispensables para reafirmar entre los agentes oficiales que tienen la obligación de garantizar derechos fundamentales en todas sus formas de acción.
La Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) rechaza los hostigamientos del alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, hacia los periodistas que difunden cuestionamientos sobre su ejercicio como funcionario público. El 16 de agosto el periodista José Marulanda compartió una publicación a través de Twitter en la que la reportera Juliana Rámirez hizo dos preguntas relacionadas con el caso del asesinato de cinco menores de edad en el barrio Llano Verde de Cali, ocurrido el pasado 11 de agosto. Marulanda cuestionó las acciones del alcalde, Jorge Ivan Ospina, y su gabinete para resolver este caso. La respuesta pública de Ospina, a través de su cuenta oficial de Twitter, fue “en ocasiones salen imbéciles a la calle”.
Esta no es la primera vez que el mandatario responde de forma sarcástica, confusa y desobligante cuando los periodistas publican información o hacen cuestionamientos sobre su gestión como mandatario sobre temas que revisten alto interés público para la ciudadanía.
La FLIP tuvo conocimiento de seis situaciones más que involucran a otros cuatro periodistas y que se han venido presentado desde que Ospina estaba en campaña. El pasado 11 de agosto, el mandatario le escribió a Marulanda a través de un mensaje privado en Twitter: “das risa y lastima” y “es mi respuesta a semejante falta de criterio y objetividad cuya fuente es y ha sido perversa”. Opsina envió los mensajes después de que el periodista compartiera el link de una nota que hizo en agosto de 2019 sobre las alianzas políticas de Ospina para llegar a la alcaldía.
Una situación similar se presentó con el periodista Heinar Ortiz, quien realizó varios cuestionamientos y llamados al alcalde sobre las irregularidades en la contratación para atender la pandemia y los problemas de seguridad que atraviesa la ciudad. El reportero asegura que el alcalde le respondió un par de veces por mensaje directo en Twitter pero una vez el periodista le solicitó que diera sus repuestas de forma pública, el mandatario lo bloqueó.
El 15 de julio de este año la periodista Valentina Parada publicó un hilo de Twitter refiriendose a la decisión que tomó el alcalde de finalizar el programa Gestores de paz y cultura ciudadana en Cali; y el 21 de abril el periodista César Polanía cuestionó tres normas que el alcalde había implementado para controlar el tránsito de las personas con el fin de prevenir el contagio. Ospina les respondió a los dos periodistas con comentarios que no ofrecían respuestas a las críticas, sino que buscaban desacreditar su labor.
El último antecedente ocurrió en octubre de 2019 cuando la periodista Lina Uribe publicó un artículo en el que daba a conocer las propuestas del entonces candidato Jorge Iván Ospina y denunciaba que el aspirante a la alcaldía tenía 73 procesos disciplinarios en la Procuraduría General de la Nación. Según la periodista, Ospina la llamó y le escribió para reclamarle por haber publicado esa información y la intimidó con elevar la queja ante el jefe de la reportera.
La FLIP intentó comunicarse con la Alcaldía de Cali para contrastar los hechos denunciados por los periodistas, pero no fue posible obtener una versión oficial. Frente a estas situaciones la Fundación expresa su preocupación por estos hechos, debido a que los señalamientos recurrentes muestran una estrategia sistemática de intimidación contra los periodistas que hacen críticas a la gestión del alcalde, Jorge Iván Ospina. En esa medida, la manera en la que el mandatario se refiere a la prensa no aporta información sobre los cuestionamientos a sus gestiones, sino que busca deslegitimar a los reporteros que hacen un ejercicio de escrutinio para difundir información de interés general con el fin de contribuir al debate público que necesita toda sociedad democrática.
En un escenario de violencia contra la prensa como el que se vive en Cali, donde 40 periodistas han sido víctimas de 47 ataques entre 2019 y 2020 por el desarrollo de su labor informativa, es indispensable que los funcionarios públicos del más alto nivel, como Jorge Iván Ospina, asuman un discurso favorable que garantice el libre desarrollo del ejercicio periodístico en la ciudad. Al respecto, la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión (RELE) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha establecido que: “una medida de protección simple pero sumamente eficaz consiste en que las más altas autoridades del Estado reconozcan de manera constante, clara, pública y firme la legitimidad y el valor de la labor periodística, aun cuando la información difundida pueda resultar crítica, inconveniente e inoportuna para los intereses del gobierno”.
Lo anterior no quiere decir que el alcalde de Cali no pueda debatir sobre la información que se emite a través de los medios de comunicación. Por el contrario, se trata de contribuir al debate democrático teniendo en cuenta que los funcionarios públicos tienen la responsabilidad de mostrar mayor tolerancia a la crítica y deben expresar sus desacuerdos con la prensa de una manera responsable a través de mecanismos democráticos como la solicitud de rectificación o la solicitud de réplica.
Ante las reiteradas reacciones desobligantes de Jorge Iván Ospina contra la prensa, la gravedad que esto supone desde su posición de alcalde y su negativa pública a cumplir con su deber de garante de la libertad de prensa, la FLIP pondrá este caso en conocimiento del comité de ética del Partido Verde y convoca a los integrantes de dicha agrupación a que impartan instrucciones claras entre sus miembros sobre la importancia de la libertad de prensa.
La Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) rechaza las presiones por parte del alcalde de Medellín, Daniel Quintero Calle, y de personas cercanas al mandatario contra los equipos periodísticos de la W Radio y El Espectador. La FLIP pudo documentar que Quintero presionó personalmente a directivos de medios de comunicación y señaló a periodistas de ser opositoras a su gestión como forma de evadir las preguntas acerca de asuntos sobre los cuales debe rendir cuentas.
En hechos conexos a esta situación, funcionarios de la administración intentaron forzar a medios nacionales y locales para mejorar la imagen del alcalde a cambio de pauta. Funcionarios de Telemedellín solicitaron a la W Radio que rectificara una publicación veraz y que además el medio de comunicación accediera a suscribir y publicar un comunicado conjunto con Telemedellín para difundir como cierta una situación que no correspondía con la realidad.
En un acto de integridad periodística, Caracol Radio (empresa de la que hace parte La W) rechazó enfáticamente las aspiraciones del alcalde y de sus funcionarios para censurar a la prensa, respaldó a sus reporteras frente a los señalamientos del mandatario, declaró la oferta de pauta como un chantaje inaceptable y se negó a aparecer en un comunicado que pretendía difundir información errada para encubrir lo sucedido. Por su parte el director de El Espectador tampoco cedió a las presiones judiciales que anunció Quintero y le indicó que se debía comunicar con las periodistas que tenían preguntas por formularle y no con él como director.
Durante la última semana un equipo periodístico de la W Radio ha estado documentando denuncias de mujeres que señalan a Quintero Calle de haber cometido actos de violencia sexual. En la reportería se incluía contrastar las denuncias de las dos mujeres con el alcalde de Medellín. Desde ese momento empezaron las presiones contra los medios de comunicación que estaban investigando el tema y sus fuentes.
Isabel Escobar, periodista de W Radio Medellín, se comunicó con la Alcaldía de Medellín y el secretario de Comunicaciones, Juan José Aux, le contestó que necesitaban dos días para dar una respuesta. Antes de ofrecer su versión, Quintero contactó a Johana Fuentes, subeditora de la W, y le aseguró que estas denuncias eran un ataque político y que únicamente saldría al aire si el medio tenía otros testimonios que soportaran la denuncia.
Luego de las comunicaciones que Quintero sostuvo con las reporteras de la W, el mandatario tomó contacto con el presidente de Caracol Radio para intentar obstaculizar la publicación. El alcalde de Medellín reiteró los señalamientos a las periodistas como opositoras a su gobierno y de tener intereses políticos sobre la publicación de la nota. Frente a esta situación el medio respaldó a las periodistas.
A pesar de las presiones por parte del alcalde de Medellín, el medio de comunicación decidió publicar las denuncias de las dos mujeres pero, sin mayor explicación, una de las afectadas decidió no responder a la entrevista al aire. Hasta el momento se desconoce si el alcalde o funcionarios de la alcaldía interfirieron en esta decisión, pero la FLIP tiene conocimiento de que una persona cercana al alcalde tomó contacto con la fuente y le mencionó a las periodistas de la W. Hechos que, para ése momento, sólo conocían las periodistas y la fuente.
Luego, Mariángela Urbina y Viviana Bohórquez, periodistas de Las Igualadas de El Espectador, retomaron la investigación y el 19 de junio se contactaron con Quintero para conocer su versión. El mandatario no respondió a los cuestionamientos pero sí se comunicó con Fidel Cano, director de El Espectador, para persuadirlo sobre la publicación. Cano lo remitió a que respondiera las preguntas que Mariángela y Viviana tenían para él. El Alcalde anunció que iba dejar todo en manos de su abogada y que podían ser sujetos de acciones legales si la publicación afectaba su reputación.
Ante la negativa de la W de suspender la publicación, el 18 de junio funcionarios de Telemedellin (agencia de medios de la alcaldía) se comunicaron con Caracol Radio para ofrecerle un contrato de pauta por cinco millones de pesos en el que se pretendía incluir el compromiso del medio de comunicación de hacerle dos entrevistas a Daniel Quintero en las que se resaltara el lado familiar del alcalde como padre. La gerencia de Caracol Radio Medellín rechazó la oferta argumentando que en la compañía no se hacen este tipo de contratos por publicidad. En entrevista con la W el alcalde aseguró que nadie de su equipo iba a ser despedido por lo ocurrido: “No, no, definitivamente no, esto es absurdo. Yo cuido a mi gente, yo quiero a mi gente, tengo un buen equipo, es un equipo de gente joven, muy joven, sí, pero aquí todos estamos aprendiendo (...) si hubo un error en Telemedellín, se corrige y para adelante”.
Para la FLIP es inaceptable que la alcaldía se escude en una curva de aprendizaje que no exime del cumplimiento de la ley ya que el 20 de mayo la FLIP ofreció un taller sobre los usos de la publicidad oficial y prohibición del uso de la pauta oficial como mecanismo de censura en el que participó el equipo de la Secretaría de Comunicaciones de Medellín. Al taller asistieron nueve funcionarios de la alcaldía, incluyendo a Juan Felipe Upegui, que fue uno de los directamente involucrados en el intento de chantaje a través de la pauta para asegurar un tratamiento favorable al alcalde en Caracol. Además de los ejercicios propios del taller, al final se compartió con los funcionarios una guía de buenas prácticas en el uso de la publicidad oficial.
Una vez la W publicó que la “Alcaldía de Medellín ofreció pauta en medio de denuncias contra Daniel Quintero” funcionarios de TeleMedellín solicitaron al medio que rectificara una nota veraz y que además accediera a suscribir un comunicado conjunto para encubrir la gravedad de los hechos y hacer ver el intento de censura como un error común de comunicación. El medio se negó y Telemedellín publicó un confuso comunicado que tampoco obedece a lo ocurrido.
Sólo hasta el momento en el que la alcaldía agotó todas las opciones para intentar censurar a la prensa, el alcalde finalmente aceptó dar una entrevista a la W.
Entre el martes 23 y el miércoles 24 de junio, Viviana Bohorquez, Juan David Ortiz e Isabel Escobar -periodistas que han estado cubriendo estos hechos- reportaron a la FLIP notificaciones de ingreso a sus cuentas de twitter donde se advierte de inicios de sesión no autorizados desde Antioquia. Agresiones que tienen como común denominador que ocurren contra periodistas que han estado cubriendo las denuncias contra el alcalde Quintero y que suceden en paralelo a todos estos intentos del alcalde y sus funcionarios por censurar a la prensa durante la última semana. De igual forma la periodista Ana Cristina Restrepo también advirtió un funcionamiento atípico en su correo electrónico en el que se frustró la llegada a tiempo de su columna habitual en El Colombiano en la que opinaba sobre las denuncias contra Quintero.
Estos hechos aumentan la preocupación sobre las garantías a la actividad periodística en Medellín y la activación de acciones invasivas contra periodistas que están cubriendo estas denuncias.
La FLIP estima que al menos veinte funcionarios entre asesores del alcalde, secretario de comunicaciones, jefe de prensa, funcionarios de Telemedellín y sus respectivos equipos de trabajo han estado disponiendo del tiempo que se les paga con recursos públicos para atender un asunto que si bien concierne a Daniel Quintero no involucra a la Alcaldía de Medellín y por lo tanto es cuestionable el uso de recursos públicos para asuntos que no guardan relación con la función por la cual trabajan en la administración.
Si para algo ha servido este despliegue exagerado de funcionarios es para dilatar y obstaculizar las respuestas a preguntas legítimas que tienen periodistas de distintos medios de comunicación locales y nacionales. Un puñado de funcionarios, que lejos de facilitar que las respuestas de la alcaldía lleguen de forma más eficiente y oportuna a la prensa, parecieran estar a cargo de distraer, evadir y dilatar las respuestas de la administración y del propio Quintero.
Para la FLIP esto lleva a dos escenarios: o no hay control de la información (asunto improbable en una administración tan grande y robusta) o hay una intención deliberada de no responder a quienes ejercen control social a lo público desde los medios de comunicación. Los funcionarios de la alcaldía administran la expectativa de una respuesta con el propósito de dilatar las publicaciones.
En la documentación de este caso la FLIP pudo corroborar la situación que describen los periodistas. La Fundación intentó contactar al alcalde pero no fue posible. Por esta razón al cierre de este comunicado la FLIP formula públicamente algunas preguntas para que puedan ser incorporadas cuando a bien considere responderlas el alcalde Quintero.
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La FLIP expresa su preocupación por estas presiones, debido a que un ejercicio diligente en el oficio periodístico, como lo es contrastar la información con las fuentes, no puede convertirse en un escenario oportuno para que los funcionarios públicos intenten ejercer presiones con el fin de impedir la publicación de investigaciones que puedan afectarles.
La FLIP le exige a Daniel Quintero Calle que cumpla con su obligación de garantizar la libertad de prensa. Esto implica: i) abstenerse de hacer señalamientos estigmatizantes a periodistas que lo cuestionan, ii) permitir el acceso oportuno a información pública de conformidad con la ley 1712 de 2014, iii) prohibir que se ejerzan presiones a medios y periodistas a través de la pauta oficial en todas las entidades a su cargo y sancionar ejemplarmente a quien lo haga, y iv) rechazar públicamente las violencias contra la prensa que ocurran dentro del municipio a su cargo y especialmente aquellas que se dirijan contra los periodistas que han formulado críticas a él o su gestión.
La FLIP anuncia que hará seguimiento particular a este caso para monitorear que no haya represalias futuras a través de la publicidad oficial y/o acciones que puedan afectar individualmente la estabilidad laboral de las periodistas que han hecho seguimiento a estas denuncias.
En ausencia de correctivos y sanciones desde la alcaldía, la FLIP solicita a la Procuraduría General de la Nación que investigue lo sucedido con el fin de determinar la responsabilidad de los funcionarios de la administración de Medellín frente a estas presiones contra la prensa con el fin de asegurar que las sanciones disciplinarias correspondientes sean proporcionales a la gravedad de lo aquí denunciado.
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Preguntas que no pudieron formularse al alcalde Daniel Quintero:
*Este comunicado fue actualizado a las 12:12 pm. del 25 de junio.
La FLIP respalda a la periodista Natalia Archila en su denuncia por agresión sexual contra Juan Carlos Sánchez, exconcejal de San Gil, Santander.
La periodista le relató a la FLIP que el 14 de mayo ella se encontraba en la emisora digital Latina Comunicaciones para comenzar su programa radial de la mañana. Aproximadamente a las 9:30 el exfuncionario, quien tiene un restaurante muy cerca de donde está ubicada Latina Comunicaciones, se acercó a la entrada del medio y le preguntó a la periodista si su jefe estaba. La reportera le respondió que en ese momento el director de la emisora se había ausentado, por lo que, al notar que estaba sola, Sánchez entró a la oficina del medio y la agredió sexualmente. Según Archila, el exconcejal la tomó por la fuerza y la tocó abusivamente con sus genitales.
Debido a que la reportera reaccionó de manera contundente para defenderse, Sánchez se detuvo y abandonó el medio de comunicación. Archila asegura que su programa no solo se transmite por la emisora, sino también a través de Facebook de manera audiovisual y, en ocasiones anteriores, había notado que el exconcejal se conectaba frecuentemente a las transmisiones en vivo. Luego de lo ocurrido, Archila interpuso la denuncia ante la Fiscalía General de la Nación.
Frente a esto, es importante tener en cuenta los antecedentes que involucran al exconcejal con la periodista Diana Cantillo, quien también lo denunció por acoso sexual en febrero del año pasado. Cantillo le comentó a la FLIP que cuando esto ocurrió ella era jefe de prensa de la Alcaldía de San Gil, por lo que tenía cercanía laboral con Sánchez. Manifestó también que los hechos fueron muy similares a los que vivió Archila, por lo que considera la conducta del exconcejal como “sistemática y repetitiva”.
Después de que se hiciera pública la denuncia de Archila, varios medios de comunicación informaron sobre lo sucedido. Uno de los periodistas que se refirió a esta situación fue Fredy Ortiz Gómez, director de El Regional, quien luego de sus publicaciones recibió intimidaciones por parte de Sánchez. A través de su cuenta de Facebook el exconcejal publicó el siguiente mensaje: “… dejo constancia que de sucedernos algo el único responsable es FREDY ORTIZ GOMEZ de la página de facebook el regional” (sic).
Estos señalamientos realizados por el exfuncionario resultan inaceptables y pueden configurar una estrategia de intimidación en contra de los periodistas que están cubriendo esta noticia.
La FLIP se comunicó con Juan Carlos Sánchez para conocer su versión sobre estas agresiones contra la prensa, pero el exfuncionario aseguró que únicamente se referiría al tema ante la Fiscalía. En ese sentido, la Fundación le solicita a la Fiscalía General de la Nación que investigue los hechos denunciados por Natalia Archila y Fredy Ortiz Gómez para esclarecer lo sucedido y determinar las responsabilidades penales correspondientes.
Las sanciones judiciales son un precedente importante que contribuye a disuadir la ocurrencia de nuevas violencias contra la prensa. Esto lo ha dicho la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos: “para prevenir la violencia contra periodistas y trabajadores de los medios de comunicación es indispensable que el ordenamiento jurídico sancione estas conductas de manera proporcional al daño cometido”.
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