Fundación para la Libertad de Prensa - FLIP

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Este 2 de noviembre, Día internacional para poner fin a la impunidad de los crímenes contra periodistas', la FLIP llama la atención sobre el persistente contexto de violencia contra la prensa y un ambiente generalizado de impunidad en estos crímenes en Colombia. La impunidad en casos de asesinatos a periodistas en el país alcanza el 78.8%; esta cifra aumenta si se tienen en cuenta otros crímenes como las amenazas que llegan al 98% de impunidad. 

Según el informe de tendencias mundiales sobre seguridad de los periodistas de UNESCO, ha habido una disminución del 20% en el número de asesinatos a periodistas entre el 2016 y 2020, comparado con el periodo entre 2011 y 2015. Sin embargo, en Colombia esta tendencia es contraria. En los últimos cinco años fueron asesinados ocho periodistas en el país, mientras que entre el 2011 y 2015 fueron asesinados siete. Esto evidencia la violencia contra la prensa y la persistencia de los homicidios como la forma más severa de silenciamiento.

La impunidad en estos crímenes genera un ambiente de permisividad para que los violentos sigan agrediendo a la prensa sin temor a consecuencias. En Colombia, entre 1938 y 2021 han asesinado a 163 periodistas por razones vinculadas a su oficio. En el 78.8% de estos casos no se ha proferido ninguna condena a los responsables y sólo en uno de ellos, el caso de Orlando Sierra, se ha logrado una justicia plena. 

El caso más reciente se presentó el 19 de septiembre de este año. El periodista Marcos Efraín Montalvo fue asesinado en Tuluá en hechos que aún no han sido esclarecidos, pero sobre los cuales, según pudo conocer la FLIP, existen indicios suficientes para sostener que su homicidio está relacionado con las denuncias que realizaba. 

En otros crímenes contra la prensa el panorama es similar. En los últimos cinco años las amenazas han ido en aumento hasta consolidarse como la agresión más recurrente contra periodistas. Durante todo el 2020 la FLIP registró 152 amenazas, y en lo corrido del 2021 van 132. A pesar de algunos avances en las investigaciones, la Fiscalía General de la Nación mantiene el 98% de los casos de amenazas a periodistas en la impunidad.

Como lo estableció la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) en el reciente fallo del caso de la periodista Jineth Bedoya, las amenazas no son una agresión menor, pues deben analizarse como indicadores de predictibilidad de hechos de violencia que pueden atentar de manera más grave la integridad de los y las periodistas. Además, la falta de investigación diligente y oportuna de las amenazas puede conllevar a que se cataloguen como tortura. 

A pesar de que el Estado ha implementado estrategias para avanzar en la investigación y sanción de los responsables de estos crímenes, estas han sido insuficientes y no analizan el fenómeno de la violencia de manera integral. La falta de sistemas de información unificados para obtener un diagnóstico real de la problemática, investigaciones que no exploran motivaciones de los victimarios relacionadas con el oficio periodístico, la falta de recursos físicos y de personal idóneos, largos periodos de inactividad procesal, y la ausencia de independencia de los funcionarios, son algunos de los factores que obstaculizan el acceso a la justicia y que originan las altas cifras de impunidad. 

El Estado debe cumplir la deuda histórica en la lucha contra la impunidad de los crímenes contra los y las periodistas. Solo a través del trabajo diligente de las entidades encargadas de la investigación y judicialización se podrán disminuir las cifras de ataques contra la prensa y se logrará justicia.

Las medidas de reparación ordenadas por la Corte IDH en el caso de la periodista Jineth Bedoya, constituyen una nueva oportunidad y una hoja de ruta clara para que el Estado avance en la dirección correcta para formular una política integral de prevención, protección y procuración de justicia en los crímenes contra la prensa, que resulta esencial para el fortalecimiento de una sociedad democrática. 

En 2013, la Asamblea General de las Naciones Unidas, proclamó el 2 de noviembre como Día internacional para poner fin a la impunidad de los crímenes contra periodistas. El alto número de casos de violencia contra medios y periodistas, y los escasos avances judiciales sobre los mismos, justificaban la alarma internacional sobre la magnitud del fenómeno. Ocho años después, en Colombia predomina una impunidad que amedrenta a la prensa e incentiva a los violentos a atentar contra los y las periodistas.


Como parte de la conmemoración de este 2 de noviembre, realizamos un evento en Tuluá sobre los impactos y las huellas locales que dejan los crímenes contra periodistas. Esto como homenaje a la memoria de Marcos Efraín.

Así mismo, estuvimos en el primer Tribunal sobre periodistas asesinados en La Haya, organizado por FreePress Unlimited. 

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La Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) condena las agresiones de la Policía Nacional a los periodistas Ernesto Mercado de RT Ruptly.tv, César Melgarejo de El Tiempo, Daniel Garzón y John Hamon, periodistas independientes y a un reportero gráfico de Revista Semana que prefirió mantenerse en el anonimato.

El 13 de septiembre los reporteros se trasladaron a la sede principal de la Universidad Pedagógica en Bogotá para cubrir manifestaciones estudiantiles. Hacia el mediodía empezaron los enfrentamientos entre estudiantes y miembros de la Policía.

En ese momento, el grupo de periodistas se acercó a registrar con sus cámaras las detenciones y los uniformados obstruyeron la labor periodística con sus escudos y arrinconaron a los reporteros contra el muro de un parqueadero. En medio de la agresión, los Policías empujaron al reportero de Revista Semana, lo lesionaron en una de sus rodillas y un dedo de la mano y le rompieron el pantalón. Según conoció la FLIP, la agresión más grave la recibió César Melgarejo, reportero de El Tiempo, quien fue golpeado brutalmente en la espalda por uno de los uniformados con su bastón de mando.

Adicionalmente, los reporteros aseguran que durante la agresión los oficiales de Policía se dirigían a ellos en tono burlesco para provocarlos: “El Policía que agredió al periodista de El Tiempo me hablaba con burla y se reía de nosotros mientras me mandaba besos y me hacía señas de que me iba a agredir con el bastón de mando”, afirmó John Hamon, reportero gráfico de Actualidad RT.

La FLIP le exige a la Policía Nacional apartar inmediatamente a estos funcionarios de sus cargos y suspender al oficial a cargo del operativo. La impunidad en este caso envía un mensaje equivocado a los demás miembros de la Policía sobre la falta de consecuencias que trae violar el derecho de los ciudadanos a informar y ser informados.

Los funcionarios violaron además el mismo Código de Policía que establece que “cualquier ciudadano puede grabar los procedimientos policivos sin que nadie pueda impedirlo”. En reiteradas ocasiones la FLIP ha denunciado que integrantes del ESMAD han atacado a ciudadanos y periodistas por el hecho de estar documentando protestas sociales con cámaras de video o con sus móviles. La opacidad en los procedimientos policivos es incompatible con los valores democráticos de respeto a las libertades civiles.

Durante 2017 y lo corrido de 2018, la Fundación ha registrado 46 ataques contra la prensa por parte de integrantes de la Fuerza Pública, de los cuales 33 de ellos se han presentado en contextos de manifestaciones sociales, operativos e incautaciones.  

En el año 2012 la Corte Interamericana de Derechos Humanos ordenó al Gobierno colombiano instruir a los integrantes de la fuerza pública en estándares sobre libertad de expresión. A partir de 2013 la FLIP con apoyo de la Organización de Naciones Unidas para la Comunicación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) inició un trabajo de colaboración con la Policía Nacional para contribuir en este proceso con el fin de capacitar uniformados para disminuir las agresiones contra la prensa.

Como parte de ese trabajo, la FLIP está apoyando a la UNESCO en la creación de un curso  de libertad de expresión para cientos de integrantes del cuerpo de Policía de Colombia y otros países de Latinoamérica.

Sin embargo, como consecuencia de los hechos del día de ayer, la FLIP ha decidido suspender su acompañamiento a la Policía Nacional en materia de capacitación a policías hasta tanto no haya un pronunciamiento público que anuncie las medidas sancionatorias por estos hechos y reafirme el alcance de su compromiso con la libertad de prensa. No resulta consecuente que una entidad pública, que busca ser ejemplo regional en materia de respeto a la prensa, permita que su cuerpo antidisturbios agreda de manera colectiva y violenta a un grupo de periodistas y que esto no tenga ninguna sanción.

 

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La Policía Nacional de Colombia en el marco del Proceso de Modernización y Transformación Institucional (MTI) y la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) anuncian la creación conjunta del curso “Libertad de prensa y función policial en Iberoamérica”.

A través de esta alianza asesorada y acompañada por la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP), se creará una plataforma virtual y en línea, para capacitar masivamente a miembros de la Policía Nacional de Colombia y de otros cuerpos policiales del continente en estándares internacionales de acceso a la información, libertad de pensamiento y de expresión. 

El pasado 13 de septiembre, miembros de la Policía Nacional de Colombia que incluyen al señor GENERAL CARLOS MENA BRAVO – Inspector General de la Institución Policial, a la señora Coronel MARTHA LIGIA HERRERA BETANCOURTH - Jefe Área de Derechos Humanos y a funcionarios adscritos a la Dirección Nacional de Escuelas de la Institución, se reunieron con el señor GUILHERME CANELA - Consejero de Comunicación e Información para el Mercosur de la Unesco, y con el señor PEDRO VACA, Director Ejecutivo de la Fundación para la Libertad de Prensa – FLIP, para formalizar su compromiso de realizar el curso. 

Los asistentes a la reunión reiteraron la necesidad de contar con una plataforma digital de enseñanza de libertad de expresión que sea de fácil acceso para integrantes de la Policía Nacional en todo el país y cuya experiencia pueda ser replicable masivamente en otros países de la región. En palabras del General Mena, este programa “busca del mejoramiento continuo para ser una Policía más humana, íntegra, disciplinada, innovadora y efectiva en su gestión”. Así mismo, en la reunión se definió el cronograma para el diseño del material pedagógico y la implementación de las herramientas en la plataforma.  

Este 28 de septiembre, Día Internacional por el Derecho de Acceso Universal a la Información, la UNESCO, la Policía Nacional de Colombia y la FLIP reafirman su interés en continuar trabajando en la generación de garantías para la actividad periodística y en reforzar el rol de garantes de la libertad de prensa.

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