Fundación para la Libertad de Prensa - FLIP

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  • Es la segunda vez, en el último año, que la UNP tiene la iniciativa de reducir el esquema de seguridad de Ricardo Ruidíaz.

  • La FLIP ha registrado siete acciones violentas en contra del periodista desde agosto de 2019.

  • La FLIP le solicita a la UNP que se restablezcan las medidas de protección con las que el periodista contaba en 2019

El pasado 13 de enero la Unidad Nacional de Protección (UNP) decidió reducir las medidas de protección del reportero y defensor de Derechos Humanos Ricardo Ruidíaz, aun cuando las amenazas y los hostigamientos en su contra han sido reiterativos y se han intensificado en los últimos meses. 

Esta decisión es el resultado de una evaluación de nivel de riesgo que se le realizó al periodista. En agosto de 2019 la UNP pretendía disminuir las medidas de protección a Ruidíaz. Por esta razón el periodista decidió interponer una tutela. Un juez ordenó a la UNP que reestableciera el esquema de protección mientras concluía el estudio de nivel de riesgo que estaba en curso. 

A pesar de que la UNP cumplió con lo dispuesto en el fallo de la tutela, la FLIP expresa su preocupación por la situación de riesgo inminente que enfrenta el periodista. Desde el 14 de agosto de 2019 hasta el 7 de enero de 2020, la Fundación ha registrado siete acciones violentas contra el reportero que han puesto en riesgo su vida y su actividad periodística. 

Teniendo en cuenta las fechas en las que se realizó el estudio de riesgo y se notificó el resultado, a la FLIP le preocupa que los más recientes hechos, ocurridos entre diciembre y enero, no fuesen tenidos en cuenta en el análisis.  

Lo anterior es aún más inquietante si se tiene en cuenta que Ruidíaz es el periodista que más amenazas ha recibido en los últimos dos años: durante el 2018 la FLIP registró un total de 21 ataques y en 2019 documentó 12 acciones violentas contra el reportero. En ese sentido, la Fundación considera que Ruidíaz está permanentemente expuesto a situaciones de riesgo inminente y, por esta razón, es cuestionable que la UNP decida disminuir sus medidas de seguridad, aumentando el nivel de exposición de su vida y su integridad. 

Con el fin de garantizar la seguridad y el desarrollo del ejercicio profesional de Ruidíaz, la FLIP le solicita a la UNP que se restablezcan las medidas de protección con las que el periodista contaba en 2019, mientras se hace una revisión exhaustiva de las situaciones de riesgo que ha enfrentado el reportero hasta la fecha. Además, la FLIP le solicita a la Fiscalía General de la Nación que investigue los hechos reportados por el periodista con el fin de llevar a los responsables ante la justicia. Ruidíaz ha manifestado que a pesar de que ha aportado pruebas de las amenazas, la Fiscalía archivó la mayoría de las denuncias sin haber mostrado mayores avances en la investigación.

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La FLIP expresa su preocupación por la situación de seguridad de los periodistas Alberto Castaño y María Lourdes Zimmermann, quienes tuvieron que abandonar el país en junio de este año. La Fundación le hace un llamado a las autoridades colombianas para que atiendan este caso con celeridad y dispongan de las medidas necesarias para proteger a los reporteros.

El primero de marzo de 2018, Alberto Castaño recibió una amenaza proveniente de la cuenta anónima de Twitter @RodrigoDuet8. En el trino le enviaron la siguiente intimidación al reportero: “@MONOCASTAO Abrite de acá con tus denuncias, pirobo, dejá explotar la naturaleza que pa eso es, capitalismo siempre. Ayer te vimos pagando en la Comercial Papelera, cuidado sigues azarando el parche".

Castaño recibió esta amenaza luego de publicar un informe en los portales Natural Press y mongabay.com en el que denunció el asesinato de líderes ambientales, indígenas, afrodescendientes y campesinos en Colombia. Adicionalmente, el periodista estaba adelantando una investigación sobre deforestación y quemas de bosque en los departamentos de Guaviare y Meta.

Posteriormente, el 14 de marzo mientras Castaño estaba entrevistando a una fuente en un café al norte de la ciudad, un desconocido se sentó en la mesa de al lado y se acomodó un arma que llevaba en la cintura mientras los miraba. Minutos antes, el hombre pasó muy cerca de la mesa donde estaba el periodista y revisó con detalle un mapa en el que estaban trabajando Castaño y su fuente.   

Luego, el cinco de mayo, mientras el periodista iba en su carro fue interceptado por un desconocido en una motocicleta sin placas que llevaba un arma de fuego en la cintura. El agresor se detuvo al lado del vehículo del periodista y le dijo: “entonces qué?, periodista hijueputa, seguís azarando el parche y te vamos a pelar”. Días después, el reportero y su familia fueron víctimas de otros seguimientos en un centro comercial al norte de la ciudad.

Luego de que se produjo la intimidación, el 2 de marzo la FLIP le solicitó a la Unidad Nacional de Protección (UNP) que iniciara el estudio de riesgo del periodista para determinar las medidas de protección que garantizaran su seguridad. Sin embargo, Castaño asegura que la entidad nunca se comunicó con él y, por esta razón, el 18 de junio el reportero decidió irse del país con su familia. El 19 de julio, la Fundación le envió una solicitud de información a la UNP para conocer el estado del estudio de riesgo del periodista, pero hasta la fecha de esta publicación no ha recibido respuesta.

A pesar de su salida del país, Castaño y María Lourdes Zimmermann, quien también es periodista, continúan recibiendo intimidaciones por sus publicaciones sobre problemáticas ambientales. El pasado sábado 11 de agosto, desconocidos ingresaron ilegalmente a la cuenta personal de Facebook de la periodista y publicaron una imagen de un oso bañado en pintura roja en una foto en la que la reportera aparecía con su familia. Adicionalmente, durante los días siguientes la reportera recibió notificaciones de alerta por intento de falsificación de las claves de sus cuentas de correo electrónico.

 

La FLIP le solicita a la Fiscalía General de la Nación que inicie las investigaciones sobre estos hechos para dar con el paradero de los responsables.  Las sanciones judiciales en este tipo de situaciones son un precedente importante que contribuye a disuadir la ocurrencia de nuevas violencias contra la prensa. Así lo ha dispuesto la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en su informe sobre Violencia contra periodistas y trabajadores de Medios: “Para prevenir la violencia contra periodistas y trabajadores de los medios de comunicación es indispensable que el ordenamiento jurídico sancione estas conductas de manera proporcional al daño cometido”.

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La Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) rechaza las amenazas contra periodistas y medios de comunicación nacionales.

El pasado 4 de septiembre la senadora Aída Avella publicó a través de su cuenta de Twitter una fotografía de un panfleto firmado por las Águilas Negras en el que se amenaza a un grupo de periodistas, parlamentarios y defensores de derechos humanos. Entre los reporteros mencionados están Daniel Coronell, columnista de Semana; el caricaturista Julio César González, conocido como “Matador”; Jineth Bedoya, periodista de El Tiempo y el medio de comunicación La Silla Vacía.

En el sufragio que ha circulado a través de redes sociales, los periodistas son señalados de ser miembros de la guerrilla y en consecuencia son declarados “objetivo militar”: “Para nuestra organización no existe ningún esquema de seguridad que nos impida proceder y acabar con cada uno de estos guerrilleros (…) a partir de la fecha procederemos a la ejecución total de nuestras advertencias”.

Entre 2016 y 2018 se han documentado 14 amenazas contra la prensa firmadas por las Águilas Negras. Siete de estos casos se han presentado en lo corrido del 2018.

La FLIP hace un llamado a la Fiscalía General de la Nación para que investigue con celeridad esta amenaza. Las sanciones judiciales en este tipo de situaciones son un precedente importante que contribuye a disuadir futuros hechos de violencia contra la prensa.

La Fundación le solicita a la Unidad Nacional de Protección (UNP) que otorgue las medidas de protección adecuadas para salvaguardar la vida de los periodistas.

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