Fundación para la Libertad de Prensa - FLIP

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Durante las últimas semanas, varios integrantes del Pacto Histórico y del gobierno nacional han hecho estigmatizaciones y señalamientos irresponsables sobre los contenidos y las publicaciones de Revista Semana. Estas afirmaciones perjudican la libertad de prensa y estigmatizan a los y las periodistas del medio de comunicación.

El primero ocurrió el 25 de septiembre, cuando el presidente del Senado Roy Barreras escribió unos trinos en contra de Revista Semana y de su directora, Vicky Dávila. Luego de la alerta que emitió la FLIP, el senador se limitó a ofrecer disculpas en su cuenta de Twitter.

Una semana después, el 3 octubre, el actual embajador de Colombia en Venezuela, Armando Benedetti, publicó un mensaje en contra de la periodista María Isabel Rueda, en el que relacionaba su labor periodística con Odebrecht, uno de los mayores casos de corrupción en la actualidad. El trino fue eliminado pero tiempo después se difundió un pantallazo con el mensaje de Benedetti.

El 8 de octubre, una vez más Roy Barreras señaló al medio de comunicación de obtener grabaciones de manera ilegal para atacar al Pacto Histórico y a sus integrantes. Cabe resaltar que no es la primera vez que Barreras hace este tipo de afirmaciones, pues en junio de este año, él y otros líderes políticos acusaron a Revista Semana por publicar unos videos sobre la coalición.

Los casos más recientes fueron el 12 y el 13 de octubre. El primero fue el del presidente Gustavo Petro hacia Yesid Lancheros, subdirector de información de la revista, en el que Petro señala al periodista como “cizañero” al publicar un artículo sobre la relación del mandatario con el ministro de hacienda, José Antonio Ocampo.

Por último, resulta preocupante la publicación realizada por el senador Gustavo Bolívar, en la que tilda como enemigo a los medios de comunicación que han sido críticos de las gestiones del gobierno nacional. Sus afirmaciones promueven la desinformación y desacreditan la labor de los medios.

Son preocupantes los reiterados señalamientos de los funcionarios públicos hacia un medio de comunicación que realiza de manera legítima su labor periodística. Este tipo de cuestionamientos afectan el ejercicio óptimo de la libertad de prensa y promueven la autocensura de las y los periodistas

Recordamos que el trabajo de la prensa, y el libre flujo y la pluralidad de la información son indispensables para una sociedad democrática en la que los ciudadanos puedan tomar decisiones informadas y ejerzan control sobre el Estado.

También es importante aclarar que la Corte Constitucional determinó que los funcionarios públicos tienen una libertad de expresión restringida, debido a que se manifiestan en su condición de autoridad pública. De acuerdo con la Declaración conjunta sobre líderes políticos, personas que ejercen la función pública y libertad de expresión, los altos funcionarios públicos, líderes y partidos políticos deben abstenerse de realizar declaraciones que promuevan la intolerancia y la desinformación, en especial si su objetivo es desacreditar la labor de periodistas o de un medio de comunicación.

Cuestionar las publicaciones periodísticas es válido; sin embargo, los funcionarios públicos deben ser cuidadosos con sus comentarios sobre el ejercicio periodístico. Si sus discursos deslegitiman la labor de la prensa, las consecuencias podrían ser mucho más graves y hasta pondrían en riesgo a los y las periodistas.

Hacemos un llamado directo al presidente Gustavo Petro, a los integrantes del Pacto Histórico y a los miembros del gobierno nacional evitar comentarios que puedan ser estigmatizantes o que afecten el trabajo de las y los periodistas, y que utilicen sus posiciones de poder para promover un clima óptimo para el ejercicio de la libertad de prensa.

 

Publicado en Pronunciamientos

Después de que la Revista Semana publicara unas grabaciones que involucran a la campaña del Pacto Histórico, el senador Roy Barreras y otras figuras políticas como Gustavo Petro e Inti Asprilla han emitido acusaciones contra el medio sin que se hayan aportado pruebas. Varios de estos mensajes buscan sembrar la duda sobre la legalidad de esa publicación y estigmatizan al medio cuestionando su decisión editorial de publicar el contenido. 

 

Frente a esto resaltamos que: 

 

  1. La publicación de las grabaciones es un ejercicio periodístico legítimo que no constituye un delito. Los medios no tienen fuentes de información prohibidas y sugerir la eliminación del material, como lo hizo Barreras, constituye un acto de censura inadmisible en el ordenamiento colombiano.

  2. Los funcionarios y personas con visibilidad no deben interferir con la independencia editorial de los medios de comunicación al darle órdenes sobre qué publicar y qué no. Las relatorías de libertad de expresión han insistido en la responsabilidad que tienen los líderes políticos y personas con funciones públicas en fomentar un buen clima para ejercer el periodismo.

  3. Afirmar que un medio hace ciertas publicaciones bajo intereses políticos, y sin pruebas, como lo afirmaron Petro y Asprilla, pone en riesgo a sus periodistas. Estas estigmatizaciones alimentan la hostilidad contra la prensa que se ha intensificado en las elecciones. Este año, hemos registrado 42 agresiones relacionadas con el cubrimiento electoral y que han hecho de este el periodo más violento de la última década. 

 

Reiteramos nuestro llamado a líderes, candidatos y partidos políticos a abstenerse de agredir o amplificar la violencia contra la prensa, y así afectar el debate público. Además, insistimos en que Twitter no es el escenario ideal para tramitar o compartir sus inconformidades con los medios, para esto existen canales constitucionales y garantes de la libertad de expresión.

 

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