La FLIP rechaza la agresión de la que fue víctima el periodista y le solicita a las autoridades competentes que tomen las medidas pertinentes para salvaguardar la vida y la integridad del reportero afectado y garanticen el cubrimiento periodístico en este tipo de reuniones.
El pasado jueves 20 de febrero, Minesa organizó un encuentro en el Club Campestre de Floridablanca con el fin de dar a conocer detalles sobre el proyecto de extracción de oro que se planea adelantar en el páramo de Santurbán. Mientras esto ocurría, varios personas que se oponen a la actividad de explotación hicieron una manifestación a las afueras del lugar donde se desarrollaba el evento.
Cuando Sergio Andrés Osma, otro de los periodistas de Construyendo Región, llegó a registrar lo que estaba sucediendo, los manifestantes le impidieron ingresar al Club. En ese momento, el director del periódico, Edgar Osma, se acercó a las personas que protestaban para solicitarles que dejaran ingresar a su colega. Entonces, varios de los manifestantes respondieron con insultos y con agresiones físicas contra el reportero, lo cual le ocasionó un episodio de taquicardia y le dejó dos hematomas: uno en la cabeza y otro en una de sus muñecas.
La FLIP expresa su preocupación por este hecho y le solicita a la Policía Nacional que garantice la labor de la prensa en futuros cubrimientos relacionados con este y otros hechos de alto interés público para la comunidad. También le solicita a la Unidad Nacional de Protección (UNP) que estos nuevos hechos sean tenidos en cuenta en el estudio de riesgo de Edgar Osma para determinar cuáles deben ser las medidas idóneas para salvaguardar la vida y la integridad del reportero y la de su familia.
Por último, la Fundación le hace un llamado a los diferentes movimientos ambientalistas para que no se conviertan en agresores contra la prensa en este tipo de escenarios. Garantizar el principio de diversidad y pluralismo en los medios de comunicación en el cubrimiento de temas de alto interés para la ciudadana contribuye a la deliberación abierta, plural y libre que necesita cualquier sociedad democrática.
El 11 de mayo de 2017, el periódico santandereano Vanguardia Liberal publicó una caricatura llamada “Modus operandi”. En enero de este año, el caricaturista Diego García fue notificado de una denuncia penal por injuria y calumnia en su contra. El denunciante es el alcalde de Floridablanca, Héctor Guillermo Mantilla. García fue citado por la Fiscalía a audiencia de conciliación el próximo 21 de junio. La FLIP acompañará al caricaturista en su defensa.
En el momento en que fue publicada la caricatura, varios medios de comunicación habían denunciado irregularidades en la adjudicación del contrato del Programa de Alimentación Escolar (PAE). Vanguardia Liberal informó que el Comité de Transparencia por Santander habría advertido que los contratos del PAE se habrían adjudicado sin realizar licitación. La caricatura de García da cuenta de esta situación.
Este tipo de denuncias son frecuentemente utilizadas como forma de acoso judicial a periodistas, y más recientemente a caricaturistas (Así fue el intento de censura a Matador), para presionarlos o intimidarlos por sus publicaciones. Si bien las personas tienen derecho a buscar justicia cuando consideren que se ha cometido un delito, estos caminos no deben usarse como forma de censura. De acuerdo con la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, leyes como las que penalizan la injuria y la calumnia “no deben convertirse en mecanismos indirectos tendientes a impedir la circulación de ideas y opiniones. Por el contrario, el libre debate democrático y el pluralismo exigen un margen de tolerancia a la manifestación de ideas, informaciones y opiniones que puedan considerarse ofensivas, particularmente respecto de la función pública y de quienes la ejercen”.
Es importante resaltar que los funcionarios deben ser tolerantes a la crítica, por haberse sometido voluntariamente al escrutinio ciudadano de sus acciones. En una sociedad democrática es necesario que la prensa pueda hacer un control fuerte de los poderes del Estado. Así lo han declarado de forma reiterada la Corte Constitucional y la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Las acciones penales no son la mejor ni más eficiente manera de disputar lo publicado por la prensa. La FLIP hace un llamado al señor Mantilla y, en general, a los funcionarios, para que resuelvan de forma más democrática y menos intimidante sus cuestionamientos. Si consideran que lo publicado es inexacto o erróneo pueden recurrir a solicitudes de rectificación.
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