Fundación para la Libertad de Prensa - FLIP

A los periodistas de la emisora Frontera Stereo de Maicao (La Guajira) se les prohibió pronunciarse de cualquier manera sobre del alcalde del municipio, José Carlos Molina, y sobre los aspirantes a ciertos cargos de elección popular, así como hacer publicaciones negativas sobre entidades estatales (Policía Nacional, Fiscalía, etc.) y sobre algunas empresas de servicios públicos locales. Lo anterior se conoció luego de que se hiciera pública una carta del 13 de junio en la que Edwin Montiel, director artístico de la emisora, informara a Harvey Cuesta, periodista y director informativo, que tales determinaciones habían sido adoptadas por el cuerpo administrativo de la misma emisora.

En concepto de la FLIP, esta prohibición constituye censura. No es aceptable que un medio de comunicación, menos una emisora de interés público, imponga este tipo de restricciones absolutas a sus periodistas. Vetar del debate público personajes o temas que generan controversia y crítica en el municipio no sólo es una vulneración de la libertad de prensa de los periodistas, sino también del derecho de las audiencias a informarse sobre temas del mayor interés público.

La orden resulta aún más alarmante si se considera que en Macaio, un municipio con cerca de doscientos mil habitantes, sólo existen dos emisoras: Frontera, emisora de interés público asignada a la Institución Educativa Rural # 1 de Maicao (sede Limoncito), y Olímpica Estéreo, una emisora comercial dedicada principalmente al entretenimiento. En la práctica, ello llevaría a que se silenciara uno de los pocos espacios de información sobre asuntos locales en Maicao.

La FLIP se comunicó con Edwin Montiel, quien dijo que la carta no respondió a que la emisora recibiera ningún tipo de presión. Según Montiel, lo que se busca con la medida es evitar que sus periodistas se involucren en política desde la emisora, ya que las emisoras de interés público tienen prohibido por ley participar en política. Además, buscan que sus periodistas tengan un rol de mediador entre las denuncias de los ciudadanos y las entidades públicas y prestadoras de servicios públicos, más que uno que avive la discusión entre ellos.

Al responderle que no es lo mismo hacer política que informar sobre la política, Montiel reconoció que la emisora había cometido un error en los términos en los que redactó la comunicación.

Es importante resaltar que las denuncias relacionadas con las acciones de los funcionarios locales, como el alcalde Molina, o con la prestación del servicio de energía, son asuntos de interés público que han sido considerados tanto por la Corte Constitucional como por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos como discursos especialmente protegidos¹.

Es por esto que la FLIP hace una llamado a los directivos de Frontera Stereo para que reconozcan públicamente este error y para que levanten el veto que afecta la libre circulación de información de interés público, teniendo en cuenta su función como garante de la libertad de expresión y la responsabilidad social que le asigna la constitución. Además, pide que no se tomen medidas contra ningún periodista de la emisora, en represalia por haber hecho estas legítimas denuncias.

¹ "_{Dentro del rango de tipos de discursos protegidos por la libertad de expresión en sentido estricto, el mayor grado de protección se provee al discurso político, al debate sobre asuntos de interés público, y a los discursos que constituyen un ejercicio directo e inmediato de derechos fundamentales adicionales que se vinculan necesariamente a la libertad de expresión para poder materializarse. Las expresiones de contenido político, o que contribuyen al debate abierto sobre asuntos de interés público o general, reciben –y han recibido tradicionalmente- un nivel especialmente alto de protección constitucional frente a todo tipo de regulación". (Corte Constitucional, sentencia T-391 de 2007).}

La Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) rechaza las amenazas en contra del equipo periodístico de RCN Radio y les solicita a las autoridades que investiguen y sancionen a los responsables de estos hechos.

Este lunes 16 de julio los periodistas de RCN Radio, Jorge Espinosa, Yolanda Ruiz y Juan Pablo Latorre, recibieron una amenaza al máster de la emisora durante el informativo de la mañana. Cuando los reporteros informaban sobre las intimidaciones contra Jineth Bedoya, María Jimena Duzán y los periodistas de La Silla vacía, ocurridas el 14 y el 15 de julio, un hombre que se identificó como alias “Nini” llamó a intimidar a los reporteros.

Según la persona que respondió la llamada, un hombre que se identificó como “Nini”, miembro del ELN, le dijo “Dígale a Espinosa que tiene 72 horas para callarse la boca y dejar de estar hablando de las organizaciones. Y también a Juan Pablo”. Luego, el desconocido agregó “y eso que la vieja que está hablando me cae mejor”, refiriéndose a Yolanda Ruíz, la directora del informativo.  Horas después, el ELN emitió un comunicado negando su vinculación con esta amenaza.

Esta amenaza guarda coincidencias y podría estar conectada con otra intimidación recibida por miembros de RCN Radio en Santander. El pasado 5 de junio Nelson Cipagauta, Slendy Blanco y Melissa Munera, periodistas de la filial de RCN en Bucaramanga, también recibieron una llamada al máster por parte de un hombre que se identificó como alias “Nini”. El desconocido los amenazó con declararlos objetivo militar si denunciaban en la emisora una limpieza social que adelantaría el grupo armado.

La FLIP reitera su preocupación por el aumento en las amenazas contra los periodistas en Colombia y le solicita a la Unidad Nacional de Protección que implemente medidas de protección adecuadas para salvaguardar la vida y la integridad de los periodistas amenazados.

La Fundación le solicita a la Fiscalía General de la Nación que investigue a los responsables de estos hechos, en especial al desconocido que se identifica como alias “Nini, para dar con su paradero y poder adelantar las sanciones judiciales a las que haya lugar.

En la mañana de este martes 29 de mayo estaba previsto un debate conjunto entre los senadores y representantes a la cámara de la Comisión Sexta para tomar decisiones frente al proyecto de ley que pretende crear un regulador convergente para las telecomunicaciones del país. 

El proyecto de ley, de autoría del Ministerio de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC), llegó al Congreso con mensaje de urgencia de la Presidencia de la República, dado que estaba contemplado como uno de los requisitos para el ingreso del país a la OCDE.

La iniciativa, no obstante, trae consigo una serie de irregularidades que deben ser contempladas por los legisladores y la ciudadanía. 

Vea aquí los comentarios de la Fundación Karisma y la FLIP al proyecto de ley.