Fundación para la Libertad de Prensa - FLIP
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La FLIP presenta el informe La radio de la fuerza pública: un monopolio que debilita la democracia. En este se reconstruye cómo durante las últimas tres décadas la fuerza pública de Colombia ha construido uno de los sistemas radiales más poderosos del mundo que se haya creado para librar una guerra. Las radios militares y policiales tienen una capacidad de operación que supera en infraestructura, potencia y recursos a cualquier radio comercial del país. Además, representan casi la mitad de las radios de interés público, lo que constituye un monopolio que domina el espectro radial en detrimento de radios como la comunitaria. Las lógicas del conflicto armado que hicieron posible este aparato comunicativo que hoy cuenta con 150 estaciones ubicadas de manera estratégica para tener cobertura en cada rincón del territorio han cambiado. Por eso, resulta impostergable el debate sobre su pertinencia, su futuro y cuáles son las consideraciones que deben tenerse en cuenta para transformar este modelo radial.
Consulta acá el informe
En Colombia la radio ha jugado un papel clave en la disputa por las subjetividades y la conquista de la opinión pública. Su capacidad de llegar a cualquier rincón del país fue considerada por el Estado como una oportunidad para ganar la guerra. La expansión de las radios de la fuerza pública, sin embargo, ha dejado a su paso un desequilibrio en la oferta mediática de buena parte del país, ha cercado voces disidentes y ha impedido una democratización efectiva del espectro electromagnético. Ahora, en un escenario de transición en el que el Gobierno del presidente Gustavo Petro se ha comprometido a darle continuidad al Acuerdo Final para la Paz entre el Estado y la guerrilla de las FARC y ha resuelto abrir el espacio para un diálogo con las disidencias, el ELN y otros grupos ilegales en el marco de lo que ha llamado “la paz total” es imperativo revisar el papel del sistema radial de la fuerza pública y advertir el peligro que supone su robustecimiento en una democracia.
Este informe busca aportar a ese debate y recoge evidencia sobre el papel que han jugado las radios de la fuerza pública en la distribución del espectro electromagnético, cómo su uso estratégico en medio de la guerra y como herramienta de propaganda ha terminado afectando el derecho de los oyentes a una oferta de radio diversa, democrática y de calidad y cómo se ha consolidado una preeminencia de estas radios a partir de condiciones legales, técnicas y de infraestructura que las han fortalecido.
Este 6 de octubre, la FLIP interpuso una demanda de reparación directa contra el Ejército y la Policía por el asesinato del comunicador indígena Abelardo Liz, ocurrido el 13 de agosto del 2020. Con esta acción se pretende que se reconozca la responsabilidad del Estado colombiano en la muerte del periodista. La FLIP, como representante de la familia de la víctima, ha logrado recolectar pruebas y testimonios que confirman que el Ejército disparó contra Liz mientras él cubría los enfrentamientos entre la fuerza pública y la comunidad Nasa en Corinto, Cauca.
Después de la muerte de Liz, el Ejército aseguró que los disparos contra el comunicador provenían de disidencias de las FARC. Sin embargo, de acuerdo con los análisis forenses, la FLIP puede afirmar que el proyectil que impactó al comunicador concuerda tanto en calibre como en marca con las armas de dotación oficial que estaba portando el Ejército el día del asesinato. Así mismo, las pruebas indican que ese día, durante los enfrentamientos de la fuerza pública con la comunidad, los grupos armados ilegales que operan en la zona no accionaron armas de fuego.
Sumado a esto, en la investigación se evidenció que la fuerza pública obstruyó en reiteradas ocasiones el paso de vehículos y personas que pretendían auxiliar al periodista cuando resultó herido. Miembros del Ejército y del ESMAD impidieron el paso del vehículo de atención médica del cabildo y apuntaron a las personas de la misión médica con un arma. La camioneta que finalmente pudo ingresar al lugar de los hechos para auxiliar a Liz llegó hasta allí porque se encontraba al otro lado de la carretera, donde no había presencia de la fuerza pública. Sin embargo, mientras trasladaban a los heridos al hospital de Corinto, este vehículo también fue agredido por uniformados.
En el departamento del Cauca, al igual que en otras regiones, existe un patrón de agresiones y estigmatizaciones por parte de agentes de la fuerza pública, en contra de las y los comunicadores indígenas. En escenarios como los procesos de la Minga, estos ataques se presentan con mayor intensidad.
El impacto colectivo que ha tenido este asesinato en el tejido de comunicaciones y los integrantes de la emisora es profundo. Durante los últimos dos años sus integrantes han sentido temor a ataques o estigmatizaciones, y se han visto obligados a acudir a la autocensura. Así mismo, ha habido una afectación en la comunidad, pues se silenció la voz de todo el pueblo Nasa que habita al norte del Cauca. Liz se formó como comunicador comunitario en el 2010 y desde el 2015 trabajaba en la emisora Nación Nasa de Corinto. Con su labor, visibilizó las luchas indígenas, los procesos culturales del pueblo Nasa y sus problemáticas sociales. Por esto, a través de la demanda esperamos que se reconozcan reparaciones simbólicas y colectivas para la comunidad.
Dora Muñoz, coordinadora del Tejido de comunicaciones del Cabildo de Corinto, ha mencionado que “asesinar a un comunicador es [...] como asesinar a un sabedor espiritual, porque es intentar callar la voz de la comunidad. Es intentar callar todo este proceso de lucha y de denuncia que se ha venido caminando por varios años y que ha sido a través de estos comunicadores y comunicadoras indígenas”.
En el 2021, la Corte Interamericana de Derechos Humanos reconoció que “el ejercicio del derecho a la libertad de expresión a través de los medios de comunicación indígenas se realiza individualmente, pero también se manifiesta colectivamente debido a la particular forma de organización de las comunidades indígenas”. Además, para ese tribunal, a través de la comunicación los pueblos indígenas pueden ejercer otros derechos como la autonomía y la cultura.
Por todo eso, la FLIP, como representante de la familia de Abelardo Liz, busca que el Estado colombiano establezca condiciones óptimas para que comunicadores y comunicadoras indígenas puedan ejercer su oficio sin ser víctimas de estigmatizaciones y hechos violentos por parte de la fuerza pública.
En concreto, solicitamos que se ordene al Ejército y la Policía realizar un acto público de perdón que incluya un reconocimiento expreso de responsabilidad por el homicidio de Liz y por las afectaciones que con ello generaron en la libertad de expresión y en la comunicación indígena. También pedimos que estas dos instituciones expidan un protocolo que garantice y proteja el ejercicio de la libertad de expresión de los comunicadores indígenas, con esto se podrán emprender acciones preventivas. Finalmente también exigimos que se construya un monumento en Corinto que visibilice el liderazgo que tenía Liz en la comunidad como reportero indígena.
La FLIP celebra la decisión, de segunda instancia, del Tribunal Administrativo de Antioquia que declara la responsabilidad del Estado en el caso del homicidio del periodista Edison Molina. Esta decisión se tomó con base en la posición absolutamente pasiva que adoptó el Estado frente a la situación de peligro a la que se enfrentaba el comunicador; además, reconoce la relación del crimen con las denuncias periodísticas que hacía Molina. En primera instancia el juzgado 17 administrativo de Medellín había tomado una decisión en este sentido, pero esta fue apelada por la Fiscalía y la Policía.
Molina fue asesinado el 11 de septiembre del 2013 en Puerto Berrío, Antioquia. Meses antes del homicidio el periodista le había reportado a la Fiscalía las amenazas y agresiones de las que estaba siendo víctima. Sin embargo, esta entidad se limitó únicamente a ordenar que la Policía hiciera rondas de patrullaje; estas acciones fueron implementadas de oficio, pues nunca se hizo un estudio para evaluar el riesgo al que realmente se enfrentaba el comunicador. La Fiscalía tampoco realizó una investigación diligente para encontrar a los autores de las amenazas ni remitió el caso a la Unidad Nacional de Protección. Para el Tribunal, las medidas tomadas “evidentemente no se compadecían con la situación de seguridad” del comunicador.
La sentencia también reconoce que Molina antes de su muerte ejercía como periodista. Durante la investigación del caso, en algunos momentos, los investigadores de la Fiscalía afirmaron que él solo era un líder político, aún cuando la evidencia mostraba que Molina trabajó en la emisora Puerto Berrío Estéreo y realizó más de 60 denuncias sobre distintas irregularidades de la administración municipal. El fallo también reconoce la relación del homicidio con las investigaciones que el periodista llevaba a cabo; así, reitera el impacto individual y colectivo que tienen los asesinatos a la prensa en la libertad de expresión.
El próximo 11 de septiembre se cumplen nueve años del asesinato de Molina. Durante este tiempo, se ha fallado en el desarrollo de una investigación eficaz, impidiendo que se pueda sancionar a los autores del homicidio. El caso de Molina es reflejo de la completa impunidad en la que viven la mayoría de asesinatos contra periodistas en Colombia, donde en casi 8 de cada 10 casos no se ha judicializado a los autores materiales o determinadores.
Por eso, a finales de marzo, la FLIP le solicitó a la Fiscalía implementar un Comité Técnico Jurídico, que evaluara el avance de la investigación del caso de Molina e identificara las fallas que no han permitido encontrar justicia. Esperamos que esta nueva sentencia del Tribunal Administrativo de Antioquia se traduzca en avances significativos por parte de la Fiscalía en la lucha contra la impunidad.
Por último, el tribunal ordenó que a modo de reparación se realice una ceremonia pública en Puerto Berrío, en la que la Policía y la Fiscalía ofrezcan excusas por no haber protegido debidamente la vida de Molina. También, en el mismo municipio, se deberá llevar a cabo un taller, seminario o cátedra sobre derechos humanos, con especial énfasis en la promoción y respeto por el derecho a la libertad de expresión, garantías de la oposición y defensa de derechos humanos.
Para la FLIP este fallo se posiciona como un importante precedente que debe ser tenido en cuenta por el Estado para establecer lineamientos adecuados sobre la protección a la prensa. Este caso refleja la falta de articulación institucional para atender casos de periodistas que reciben amenazas por razón de su oficio.
Con el apoyo del Gobierno Alemán, a través de la Embajada de Alemania en Colombia, el Centro de Ginebra para la Gobernanza del Sector de Seguridad (DCAF) y la Policía Nacional presentamos la Cartilla para fortalecer el relacionamiento entre la Policía Nacional y la prensa. Esta cartilla es el punto de partida para la promoción de un clima óptimo que garantice la labor periodística y que consolide una relación favorable entre la prensa y la Policía.
Esta contempla, por un lado, acuerdos generales para fortalecer la comunicación entre la Policía Nacional y los periodistas; y por otro lado, brinda recomendaciones que tanto miembros de la prensa como de la fuerza pública deberían seguir en cuatro escenarios de alta tensión: manifestaciones públicas, reconocimiento del lugar de los hechos (escenas de crimen), desalojos y allanamientos, jornadas electorales, y entrevistas y ruedas de prensa.
Estas recomendaciones abarcan temáticas relacionadas con el acceso a la información pública, lineamientos del uso de la fuerza, estándares desde una visión de género, la pluralidad de medios y periodistas y algunos principios de protección a la labor de los y las periodistas, entre otros. Los acuerdos obtuvieron retroalimentación de periodistas, organizaciones de la sociedad civil e instituciones de gobierno.
Esta cartilla es el resultado de ocho encuentros en diferentes regiones del país entre periodistas y miembros de la Policía. Para la construcción de esta, se tuvieron en cuenta disposiciones internacionales como el Artículo 19 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, que garantiza el desarrollo de la labor informativa y las disposiciones legales a nivel local como la Ley 1712 de 2014, que asegura el acceso a la información pública y el artículo 20 de la constitución política que contempla la libertad de expresión como un derecho fundamental.
La violencia contra la prensa durante el cubrimiento de las manifestaciones sociales del 2021 no tiene precedentes. Después de un año, persiste la desprotección a la prensa para que pueda realizar su trabajo libremente. El periodismo cumple una función esencial al obtener y difundir los hechos que suceden en las manifestaciones, entre estos, la actuación de la fuerza pública.
Durante el 2021 documentamos más de 700 ataques a periodistas, de esos, 359 están relacionados con el cubrimiento de la protesta social. Lo más preocupante de estos hechos es que el mayor agresor contra la prensa fue la fuerza pública, con 227 ataques.
Como reacción a esta ola de violencia, junto con Reporteros Sin Fronteras (RSF) denunciamos el escalamiento del abuso de la fuerza pública, avalado por un silencio del gobierno y las autoridades. Ante la falta de reacción de las autoridades, solicitamos a la ONU, la OEA y la UNESCO que exigieran al Estado colombiano adoptar medidas para proteger la libertad de expresión en este escenario.
Además, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) hizo una visita a Colombia durante el paro nacional y emitió recomendaciones específicas para la protección de periodistas y de la libertad de expresión. Sin embargo, no se han adoptado medidas para su cumplimiento:
No se ha dado un rechazo público y contundente por parte del gobierno nacional frente a los hechos violentos contra la prensa. Tampoco se ha enviado un mensaje claro de cero tolerancia a la violencia cometida por los miembros de la fuerza pública. Este silencio refuerza la impunidad que termina por replicar más violencia contra la prensa, ya que el agresor no enfrenta consecuencias, mientras que la prensa queda sujeta a un riesgo que no se desactiva.
De los 25 casos que monitorea la FLIP, donde el agresor de la fuerza pública está plenamente identificado, tan solo ocho procesos se encuentran activos. La justicia penal militar tiene conocimiento de tres de estos. De la cifra restante, hay un fallo absolutorio, un fallo inhibitorio, tres procesos archivados y doce en los que la Policía Nacional manifiesta no adelantar ningún tipo de acción. Esta impunidad es histórica, por ejemplo, de los veinte procesos disciplinarios por agresiones a periodistas en las manifestaciones sociales del 2019 y 2020, tan solo un caso se encuentra activo.
No se han estructurado planes concretos para que, en la práctica, la fuerza pública respete y dé protección a la prensa, conforme a estándares internacionales de libertad de expresión. Aunque el nuevo Estatuto Disciplinario Policial sanciona como falta grave impedir el cubrimiento de los procedimientos de policía, esta medida debe ser reforzada con una comprensión integral del oficio para que los agentes en terreno garanticen las condiciones para ejercer el periodismo libre de violencia.
La Fiscalía General de la Nación tiene registro de 993 noticias criminales registradas por calumnia relacionadas a la difusión de “noticias falsas” entre el 2020 y el 2021; de las cuales 471 son de 2021. Si bien no existe información desagregada de cuántas están relacionadas estrictamente con las manifestaciones, se evidencia una persecución activa de este tipo de expresiones ciudadanas, pues para el 2018 sólo se registró un caso. Esto se ve agravado por el monitoreo de redes sociales que realizó el Puesto de Mando Unificado Ciber, en cabeza del Centro Cibernético Policial, que rotuló como falsa información sobre el accionar de la fuerza pública en manifestaciones.
La libertad de expresión y de prensa no implican solamente la posibilidad de manifestar ideas y opiniones, sino también poder hacerlo sin sufrir consecuencias arbitrarias o intimidatorias. La judicialización de las opciones e informaciones sobre la protesta social tiene un efecto intimidatorio, no solo para la prensa sino también para la ciudadanía que se expresa en línea.
A finales de abril y comienzos de mayo de este año, durante los días más fuertes de las manifestaciones sociales, el Ministerio de Defensa y las fuerzas militares comenzaron una campaña para atacar a quienes los critican y cuestionan. Para hacer esto, se valieron de videos y publicaciones en redes sociales pero también de estrategias de ciberpatrullaje y vigilancia en línea. Estas acciones emprendidas por el Ministerio de Defensa y las fuerzas militares, en las que se han invertido más de 21 mil horas, no han tenido ningún contrapeso ni control institucional, y se agrandan en medio de mentiras y de opacidad.
El 6 de mayo, las redes sociales y la página web del Ministerio de Defensa y otras entidades adscritas amanecieron vestidas de negro. El último mensaje que aparecía en sus redes era: “Intento de bloqueo”. Parecía un ciberataque. De las 6 a las 9 de la mañana, ningún funcionario estaba autorizado para atender a periodistas ni medios de comunicación. A las 9, las redes se restablecieron y comenzó la campaña “La verdad en un mar de mentiras #ColombiaEsMiVerdad”. Se publicó un video en el que una voz en off decía “nos intentan bloquear, pero nosotros seguimos de pie”. Luego, el ministro de Defensa Diego Molano y los comandantes de todas las fuerzas militares mencionaron algunas noticias que, a su juicio, consideraron falsas y recalcaron el valor de su trabajo en la protección de los colombianos. En el video se omitió, por completo, la aclaración de que nunca hubo un ciberataque real y que todo este espectáculo hacía parte de su estrategia para llamar la atención de la ciudadanía. Esta era una campaña contra las mentiras que inició con una mentira.
La campaña #ColombiaEsMiVerdad partió de la creación de un enemigo: los y las usuarias de redes sociales que criticaban o cuestionaban el accionar de la fuerza pública, especialmente, durante el paro nacional. Con esto, iniciaron acciones de ciberpatrullaje para combatir lo que, según ellos, son noticias falsas que circulan en Internet. No es claro bajo qué criterios definen qué es cierto y qué no. Sin embargo, el MinDefensa anunció que entre el 28 de abril y el 27 de junio identificó 157 noticias falsas a través de acciones de ciberpatrullaje. Así lo documentamos con nuestro pódcast 'Ciberpatrullaje:el nuevo juez de la verdad'.
Desde la FLIP enviamos 12 derechos de petición a 9 entidades con el fin de conocer cómo se están realizando esos ciberpatrullajes, qué instituciones están a cargo de estas actividades y cuáles son los procedimientos de identificación de “noticias falsas”. Además, comparamos las respuestas con las que le entregaron a la Fundación Karisma, quien también está investigando este tema. Con la información que nos dieron, surgieron más preocupaciones.
Primero, sabemos que se creó un PMU-Ciber conformado por: El Centro Cibernético Policial (CCP), el ColCERT (Grupo de Respuesta a emergencias cibernéticas, el MinTIC, la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), el Equipo de Respuesta a Incidentes de Seguridad Informática (CSIRT), Comando Conjunto Cibernético de las Fuerzas Militares (CCOC) y la Fiscalía. A la FLIP le aseguraron que son todas las entidades del PMU-Ciber las que identifican y contrastan la información falsa. Sin embargo, el MinTIC y el COLCERT le dijeron a Karisma que no realizan actividades de ciberpatrullaje ni monitoreo de la actividad de las personas en Internet.
Segundo, el Ministerio de Defensa respondió que los criterios que se utilizaron en el marco de esta campaña se guiaron por noticias previamente chequeadas por ColombiaCheck y El Detector de Mentiras de la Silla Vacía. Pero, el CCP afirmó que la información la verifican y la validan a través de labores de campo en el lugar en donde se originó el contenido.
No son claras las funciones ni responsabilidades que tiene a su cargo cada institución que hace parte del PMU-Ciber. Tampoco, qué información personal o sensible conservan y transfieren, ni cuál es el procedimiento que llevan a cabo para identificar y verificar los contenidos que terminan siendo insumo para investigaciones penales o disciplinarias. Y aquí hay otro problema, ¿qué investigaciones penales se están desarrollando con base en estos ciberpatrullajes?
Consulte aquí todos los soportes de esta investigación.
En el video de #ColombiaEsMiVedad, afirmaron que la información falsa es terrorismo digital. Pero, en el código penal no existe este delito. El Ministerio de Defensa afirmó que el CCP tiene atribuciones para indicar si “rumores a través de redes sociales que fomenten violencia o mientan sobre acciones de la fuerza pública” configuran o no terrorismo digital. Luego, también afirman que “sobre campañas de desinformación que generan una denuncia por adecuarse a tipologías penales, se le informa directamente a la Fiscalía General de la Nación”. Y la Fiscalía, por su parte, advierte que estas noticias falsas pueden configurar el delito de calumnia.
En un contexto en el que el Ejército Nacional utiliza sus recursos para perfilar e identificar a líderes, ciudadanos y periodistas, alerta que miembros de la fuerza pública puedan recolectar y conservar datos personales sensibles de quienes consideran críticos. Sobre todo, cuando ya existe jurisprudencia nacional que reconoce que las opiniones son datos sensibles. Hay que recordar, además, que la CIDH le recomendó al Estado colombiano garantizar la no repetición de acciones de perfilamientos y esto no se está cumpliendo.
Estas acciones emprendidas desde el Ministerio de Defensa no han tenido un contrapeso institucional, real y efectivo, que ejerza veeduría, exija mecanismos de rendición de cuentas y garantice la transparencia y los derechos humanos. Al criminalizar las voces críticas se institucionaliza un discurso de estigmatización y censura arbitraria contra quienes denuncian irregularidades en las instituciones, rotulando esta información como falsa. Además, se genera un efecto inhibidor en la prensa que deja de publicar información sobre el accionar de la fuerza pública por el temor a represalias.
El 6 de mayo del 2021, las redes sociales del Ministerio de Defensa de Colombia y de otras instituciones como el Ejército, la Armada y la Fuerza Área amanecieron caídas. Sus íconos y portadas fundidas en negro como si hubieran sido hackeadas. Sin un responsable identificado, al medio día todo volvió a la normalidad y horas más tarde, el Ministerio de Defensa anunció su campaña contra la desinformación y las fake news denominada "Colombia es mi Verdad". Lo que no sabíamos hasta ese momento, es que ambas acciones estaban relacionadas.
¿Qué hay detrás de las 21.000 horas de ciberpatrullaje que hizo el CAI Virtual de la Policía y la identificación de 1,7 millones de direcciones IP y cómo este accionar tiene un peligroso pacto en la libertad de expresión en Internet?
También puede escucharlo en Google y Apple.
La Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) expresa su preocupación por la seguridad de los periodistas del Canal 2 en Cali, José Alberto Tejada y Jhonatan Buitrago. El día de hoy, viernes 4 de junio, en medio de un cubrimiento de manifestaciones, agentes del ESMAD dispararon en dirección de los periodistas, a pesar de que estos estaban plenamente identificados como prensa. En la misma zona, un miembro de la brigada de derechos humanos afirmó que un policía dijo que el periodista “aguanta para pegar un tiro”.
Canal 2 es un medio comunitario asociado a la Corporación Cívica Daniel Gillard y que ha realizado el cubrimiento de los hechos sucedidos en el Paro Nacional. Durante este tiempo, su seguridad e integridad se han visto comprometidas por las estigmatizaciones y agresiones que provienen de la fuerza pública y de civiles armados.
En primer lugar, el 10 de mayo, en el sector de la Portada al Mar, los periodistas se tuvieron que resguardar de disparos provenientes de ciudadanos en edificios aledaños. Durante esta misma jornada, los reporteros señalaron que tuvieron un bajón de señal cuando se acercó la volqueta del ESMAD, se presume la utilización de inhibidores de señal por parte de esta institución.
El segundo evento se presentó el 20 de mayo. Los periodistas reportaron que un camión de policía, sin placas traseras y conducido por un civil, se encontraba transportando miembros de la fuerza pública y, al presentarse una confrontación, casi son atropellados por el vehículo.
La última agresión se registró el 28 de mayo, en el sector de Ciudad Jardín. Los reporteros estaban realizando el cubrimiento de civiles que disparaban con armas de fuego contra manifestantes, y varios disparos pasaron muy cerca de ellos. Todo esto sucedió a pesar de que gritaron que eran prensa y de que estaban plenamente identificados como periodistas.
Los reporteros narraron a la FLIP también que durante una de las jornadas de cubrimiento, en el sector de San Nicolás, un policía les tomó fotografías de sus rostros. A esta acción se suman estigmatizaciones provenientes de miembros de la fuerza pública, que dicen, por ejemplo, que “los vándalos también se visten de periodistas”.
Canal 2 ha sufrido también acciones arbitrarias en sus redes, por ejemplo, parte del contenido que han difundido en redes sociales ha sido bloqueado y censurado.
El trabajo periodístico de este medio ha sido de suma importancia durante esta coyuntura. En un panorama que necesita de transparencia y esclarecimiento de los hechos, han estado registrando material de primera mano, incluso poniendo en riesgo su seguridad, para informar a los ciudadanos. Del mismo modo, han visibilizado a los puntos de concentración que han protagonizado el paro en Cali, y en donde se ha presentado hechos de violencia contra los y las manifestantes.
En Cali las agresiones hacia periodistas durante las manifestaciones han sido especialmente graves, hasta la fecha la FLIP ha documentado 31 casos de agresiones contra periodistas. Después de Bogotá, es la ciudad con más agresiones registradas.
La FLIP hace un llamado a la fuerza pública a que evite las estigmatizaciones contra periodistas que hacen cubrimiento del Paro Nacional desde las calles. Esta situación agrava el riesgo al que se exponen y facilita repercusiones por los contenidos que difunden.
Así mismo, insistimos en la necesidad de que la Alcaldía de Cali condene enfáticamente esta y otras agresiones que se han presentado contra la prensa en Cali. Solicitamos a la Defensoría que estudie este caso y emita las alertas necesarias para la protección de la prensa en Cali. Además, se debe realizar un monitoreo de la grave situación que presentan los periodistas en el marco de estos cubrimientos y que rindan cuentas frente a los hechos acontecidos durante el paro.
La Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) rechaza la persistencia de los ataques contra periodistas y medios de comunicación por parte de manifestantes y miembros de la fuerza pública durante el cubrimiento de las movilizaciones sociales.
Entre el 9 y el 21 de septiembre de 2020 la FLIP ha registrado 33 violaciones a la libertad de prensa que han afectado a 35 periodistas en medio del cubrimiento de manifestaciones sociales. Los ataques más frecuentes han sido las agresiones físicas con 16 casos, seguidas de las obstrucciones a la labor periodística con cinco casos, de detenciones ilegales con cuatro casos y otras tres situaciones de amenaza durante el cubrimiento.
El pasado 21 de septiembre, durante las jornadas de movilizaciones sociales que se presentaron en las principales ciudades del país, se presentaron tres casos más de ataques a la prensa. En el centro de Bogotá, sobre la Avenida Jiménez con Carrera Séptima, se presentaron hechos de violencia graves. Uno de los afectados fue el fotógrafo independiente Andrés Torres, quien fue atacado por miembros del ESMAD mientras registraba la detención de una persona por parte de siete agentes de la Policía. Según el reportero, cuando estaba tomando las fotografías, los uniformados le dispararon en dos ocasiones: uno de los proyectiles dejó una herida en uno de sus dedos y dañó totalmente su cámara fotográfica. Torres asegura que el otro disparo fue con una bala de goma que le impactó en una de sus piernas y le dejó un hematoma. Cuando ocurrió el ataque el reportero estaba plenamente identificado como prensa en el casco y brazalete que portaba.
En ese mismo punto de la ciudad, los periodistas Fabián Yáñez y César Posada, debidamente identificados como reporteros de la Revista Semana, fueron agredidos por la fuerza pública cuando se encontraban cubriendo las movilizaciones. Según Yáñez, agentes del ESMAD arremetieron con gases y bombas aturdidoras hacia un punto en donde únicamente había periodistas. Para resguardarse, Yáñez y Posada corrieron hacia el edificio del Banco de la República, pero los agentes del ESMAD los persiguieron hasta ese punto y, desde una distancia corta, les dispararon en dos ocasiones con aturdidoras.
El tercer hecho se presentó en Bucaramanga. Durante las movilizaciones que se desarrollaban en la Plaza Luis Carlos Galán, los corresponsales de RCN Televisión y el equipo periodístico del canal Televisión Regional de Oriente fueron agredidos por manifestantes, quienes impidieron el registro y expulsaron a los reporteros del lugar. Los dos equipos periodísticos salieron de la plaza custodiados por miembros de la fuerza pública.
Adicionalmente, de los hechos recientes que afectan el desarrollo de la labor periodística, el 76% se atribuye a miembros de la Policía Nacional y el 24% restante a particulares. 
La FLIP expresa su preocupación porque estas violaciones a la libertad de prensa aún se enmarcan en las prácticas sistemáticas denunciadas por múltiples organizaciones civiles frente a lo ocurrido en las protestas de noviembre de 2019. Algunas de estas son: la solución arbitraria de protestas pacíficas, el uso antirreglamentario de armas potencialmente letales, el uso desproporcionado de agentes químicos irritantes en la disolución de protestas, la retención arbitraria de personas en el marco de las protestas por parte de la Policía Nacional y ataques a periodistas que cubrían las manifestaciones.
En sentencia del 22 de septiembre de 2020, la Corte Suprema de Justicia reconoció la existencia de la violación sistemática de los derechos a la protesta, libertad de expresión y de prensa por parte de agentes de la fuerza pública en el uso excesivo y desproporcional de la fuerza, cuando ésta, en defensa del orden público, se comporta desmedidamente y sin control.
En este sentido, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura -UNESCO- reiteró que “las fuerzas del orden público tienen el deber de garantizar la seguridad de los periodistas que cubren las protestas y de garantizar el derecho del público a buscar y recibir información sobre estas movilizaciones sociales”. Por ello, destacó la necesidad de que las fuerzas de seguridad reciban capacitaciones en materia de libertad de expresión para que entiendan “mejor el papel y la función de los periodistas en las sociedades democráticas”.
La FLIP observa con preocupación las reacciones estigmatizantes de algunos líderes políticos, en particular las expresadas por Gustavo Petro como líder de oposición, frente a las diversas opiniones de la prensa respecto de la decisión sin precedentes de la Corte Suprema de Justicia. Reiteramos que los líderes políticos también son garantes de la libertad de expresión de quienes no coinciden con sus planteamientos. Por ello, deben abstenerse de hacer declaraciones estigmatizantes contra quienes ejercen el derecho de opinión y de prensa, en particular, porque esta conducta elimina las garantías para que se expresen todos los puntos de vista y se forje un debate plural y diverso.
Por lo anterior, la FLIP hace un llamado al Gobierno nacional para que de manera urgente adopte las medidas necesarias para cumplir la decisión de la Corte Suprema de Justicia y encauce el accionar de la fuerza pública.
Además, la FLIP hace un llamado a la Policía Nacional, que debe garantizar la labor periodística en estos escenarios, para que inicie la investigación disciplinaria sobre estos hechos con el fin de sancionar a los uniformados responsables de estas actuaciones contra la libertad de prensa. Además, que forme a sus miembros para que garanticen este derecho y resignifiquen la presencia de la prensa como una garantía de transparencia de sus operativos y no como un obstáculo.
La FLIP también hace un llamado a los manifestantes para que también garanticen el libre desarrollo de la labor periodística. Resulta paradójico que el derecho a expresarse públicamente afecte el cubrimiento de la prensa sobre las exigencias de los diferentes sectores sociales
Por último, se hace un llamado a los partidos políticos y movimientos ciudadanos para que, en cumplimiento de su rol constitucional, fomenten el debate público. El Estado de Derecho se fortalece con una prensa libre y se debilita cuando los políticos acuden a discursos denigrantes pretendiendo aleccionar al periodismo que les desagrada.
Temblores ONG, la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) y Sisma Mujer rechazan las prácticas de la Policía Nacional que vulneraron el derecho a la dignidad humana, a una vida libre de violencias y la libertad de prensa de una periodista en Bogotá, que fue sometida a prácticas de tortura y violencia sexual por parte de agentes de la Policía en la estación de Policía de la localidad Santa Fé, ubicada en el barrio La Macarena. Exigimos a las entidades de control y a la Policía una investigación célere para sancionar a los uniformados responsables de la detención ilegal, la violencia sexual y la eliminación del material periodístico.
El domingo 13 de septiembre una periodista estuvo tomando fotografías sobre las repercusiones de la pandemia en el barrio La Macarena. Durante el recorrido, la reportera tomó fotos a unos escudos de dotación de la Policía que estaban en la vía pública recargados contra una pared. En ese momento, fue abordada por tres policías de manera desafiante, mientras le reclamaban por haber hecho ese registro fotográfico, la acusaban de haber cometido un supuesto delito. A pesar de que aseguró que estaba haciendo un ejercicio académico de fotoperiodismo, los uniformados la hicieron ingresar de manera arbitraria a la estación.
En la unidad policial, la sometieron a un procedimiento de requisa invasiva sin justificación real, constitutivo de violencia sexual, por lo que una mujer policía llevó a la reportera al baño y de forma intimidante y despectiva, le pidió que se desnudara completamente y se pusiera en cuclillas. Tampoco se tomaron medidas de bioseguridad. Frente al trato humillante, las razones de su detención y del procedimiento, los uniformados manifestaron que debían descartar que fuera guerrillera o terrorista porque el registro fotográfico de sus implementos de dotación era un delito.
La misma agente que le pidió entrar al baño le quitó el celular y eliminó las fotografías tomadas en el cubrimiento periodístico por el barrio. Más adelante, los uniformados le solicitaron su firma en una hoja en blanco, pero ella se negó. La reportera manifiesta que en ese momento le quitaron de nuevo la cédula para anotar sus datos y la amenazaron con trasladarla a la Sijín para judicializarla. Adicionalmente, los uniformados se refirieron al gremio periodístico de manera ofensiva y señalaron a la prensa de ser la responsable de las agresiones contra la institución. Mejorar la imagen institucional mediante represalias, estigmatizaciones, violencia hacia la mujer y ataques contra la prensa no es legítimo, por el contrario, ahonda la deslegitimación institucional.
Expresamos nuestro repudio a los hechos cometidos en contra de la reportera y consideramos injustificables e inexcusables los hechos de violencia sexual, tratos crueles, degradantes e inhumanos y los abusos de los uniformados que realizaron este procedimiento, que violaron directamente los derechos fundamentales de la reportera a la dignidad humana, a una vida libre de violencias, a no ser sometida a tortura ni a penas, o tratos crueles inhumanos o degradantes y a la libertad de prensa.
La investigación y sanción de los responsables son indispensables y deben ser respaldadas por medidas de prevención, medidas necesarias para garantizar la no repetición de este tipo de situaciones que afectan la dignidad de las mujeres periodistas y el derecho a ejercer su labor libremente. La violencia de género no es, en ningún escenario, una forma legítima para limitar la libertad de prensa sobre la protesta social.
Exigimos que:
Temblores ONG, la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) y Sisma Mujer haremos seguimiento del caso, así como de la respuesta estatal frente a esta denuncia. La investigación y sanción de estos actos son indispensables para reafirmar entre los agentes oficiales que tienen la obligación de garantizar derechos fundamentales en todas sus formas de acción.
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