Fundación para la Libertad de Prensa - FLIP

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A finales de abril y comienzos de mayo de este año, durante los días más fuertes de las manifestaciones sociales, el Ministerio de Defensa y las fuerzas militares comenzaron una campaña para atacar a quienes los critican y cuestionan. Para hacer esto, se valieron de videos y publicaciones en redes sociales pero también de estrategias de ciberpatrullaje y vigilancia en línea. Estas acciones emprendidas por el Ministerio de Defensa y las fuerzas militares, en las que se han invertido más de 21 mil horas, no han tenido ningún contrapeso ni control institucional, y se agrandan en medio de mentiras y de opacidad. 

El 6 de mayo, las redes sociales y la página web del Ministerio de Defensa y otras entidades adscritas amanecieron vestidas de negro. El último mensaje que aparecía en sus redes era: “Intento de bloqueo”. Parecía un ciberataque. De las 6 a las 9 de la mañana, ningún funcionario estaba autorizado para atender a periodistas ni medios de comunicación. A las 9, las redes se restablecieron y comenzó la campaña “La verdad en un mar de mentiras #ColombiaEsMiVerdad”. Se publicó un video en el que una voz en off decía “nos intentan bloquear, pero nosotros seguimos de pie”. Luego, el ministro de Defensa Diego Molano y los comandantes de todas las fuerzas militares mencionaron algunas noticias que, a su juicio, consideraron falsas y recalcaron el valor de su trabajo en la protección de los colombianos. En el video se omitió, por completo, la aclaración de que nunca hubo un ciberataque real y que todo este espectáculo hacía parte de su estrategia para llamar la atención de la ciudadanía. Esta era una campaña contra las mentiras que inició con una mentira. 

La campaña #ColombiaEsMiVerdad partió de la creación de un enemigo: los y las usuarias de redes sociales que criticaban o cuestionaban el accionar de la fuerza pública, especialmente, durante el paro nacional. Con esto, iniciaron acciones de ciberpatrullaje para combatir lo que, según ellos, son noticias falsas que circulan en Internet. No es claro bajo qué criterios definen qué es cierto y qué no. Sin embargo, el MinDefensa anunció que entre el 28 de abril y el 27 de junio identificó 157 noticias falsas a través de acciones de ciberpatrullaje. Así lo documentamos con nuestro pódcast 'Ciberpatrullaje:el nuevo juez de la verdad'.

Desde la FLIP enviamos 12 derechos de petición a 9 entidades con el fin de conocer cómo se están realizando esos ciberpatrullajes, qué instituciones están a cargo de estas actividades y cuáles son los procedimientos de identificación de “noticias falsas”. Además, comparamos las respuestas con las que le entregaron a la Fundación Karisma, quien también está investigando este tema. Con la información que nos dieron, surgieron más preocupaciones

Primero, sabemos que se creó un PMU-Ciber conformado por: El Centro Cibernético Policial (CCP), el ColCERT (Grupo de Respuesta a emergencias cibernéticas, el MinTIC, la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), el Equipo de Respuesta a Incidentes de Seguridad Informática (CSIRT), Comando Conjunto Cibernético de las Fuerzas Militares (CCOC) y la Fiscalía. A la FLIP le aseguraron que son todas las entidades del PMU-Ciber las que identifican y contrastan la información falsa. Sin embargo, el MinTIC y el COLCERT le dijeron a Karisma que no realizan actividades de ciberpatrullaje ni monitoreo de la actividad de las personas en Internet.

Segundo, el Ministerio de Defensa respondió que los criterios que se utilizaron en el marco de esta campaña se guiaron por noticias previamente chequeadas por ColombiaCheck y El Detector de Mentiras de la Silla Vacía. Pero, el CCP afirmó que la información la verifican y la validan a través de labores de campo en el lugar en donde se originó el contenido.

No son claras las funciones ni responsabilidades que tiene a su cargo cada institución que hace parte del PMU-Ciber. Tampoco, qué información personal o sensible conservan y transfieren, ni cuál es el procedimiento que llevan a cabo para identificar y verificar los contenidos que terminan siendo insumo para investigaciones penales o disciplinarias. Y aquí hay otro problema, ¿qué investigaciones penales se están desarrollando con base en estos ciberpatrullajes?

Consulte aquí todos los soportes de esta investigación.

En el video de #ColombiaEsMiVedad, afirmaron que la información falsa es terrorismo digital. Pero, en el código penal no existe este delito. El Ministerio de Defensa afirmó que el CCP tiene atribuciones para indicar si “rumores a través de redes sociales que fomenten violencia o mientan sobre acciones de la fuerza pública” configuran o no terrorismo digital. Luego, también afirman que “sobre campañas de desinformación que generan una denuncia por adecuarse a tipologías penales, se le informa directamente a la Fiscalía General de la Nación”. Y la Fiscalía, por su parte, advierte que estas noticias falsas pueden configurar el delito de calumnia. 

En un contexto en el que el Ejército Nacional utiliza sus recursos para perfilar e identificar a líderes, ciudadanos y periodistas, alerta que miembros de la fuerza pública puedan recolectar y conservar datos personales sensibles de quienes consideran críticos. Sobre todo, cuando ya existe jurisprudencia nacional que reconoce que las opiniones son datos sensibles. Hay que recordar, además, que la CIDH le recomendó al Estado colombiano garantizar la no repetición de acciones de perfilamientos y esto no se está cumpliendo.

Estas acciones emprendidas desde el Ministerio de Defensa no han tenido un contrapeso institucional, real y efectivo, que ejerza veeduría, exija mecanismos de rendición de cuentas y garantice la transparencia y los derechos humanos. Al criminalizar las voces críticas se institucionaliza un discurso de estigmatización y censura arbitraria contra quienes denuncian irregularidades en las instituciones, rotulando esta información como falsa. Además, se genera un efecto inhibidor en la prensa que deja de publicar información sobre el accionar de la fuerza pública por el temor a represalias.

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El 6 de mayo del 2021, las redes sociales del Ministerio de Defensa de Colombia y de otras instituciones como el Ejército, la Armada y la Fuerza Área amanecieron caídas. Sus íconos y portadas fundidas en negro como si hubieran sido hackeadas. Sin un responsable identificado, al medio día todo volvió a la normalidad y horas más tarde, el Ministerio de Defensa anunció su campaña contra la desinformación y las fake news denominada "Colombia es mi Verdad". Lo que no sabíamos hasta ese momento, es que ambas acciones estaban relacionadas.

¿Qué hay detrás de las 21.000 horas de ciberpatrullaje que hizo el CAI Virtual de la Policía y la identificación de 1,7 millones de direcciones IP y cómo este accionar tiene un peligroso pacto en la libertad de expresión en Internet?

También puede escucharlo en Google y Apple.

 

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La Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) expresa su preocupación por la seguridad de los periodistas del Canal 2 en Cali, José Alberto Tejada y Jhonatan Buitrago. El día de hoy, viernes 4 de junio, en medio de un cubrimiento de manifestaciones, agentes del ESMAD dispararon en dirección de los periodistas, a pesar de que estos estaban plenamente identificados como prensa. En la misma zona, un miembro de la brigada de derechos humanos afirmó que un policía dijo que el periodista “aguanta para pegar un tiro”.

Canal 2 es un medio comunitario asociado a la Corporación Cívica Daniel Gillard y que ha realizado el cubrimiento de los hechos sucedidos en el Paro Nacional. Durante este tiempo, su seguridad e integridad se han visto comprometidas por las estigmatizaciones y agresiones que provienen de la fuerza pública y de civiles armados.

En primer lugar, el 10 de mayo, en el sector de la Portada al Mar, los periodistas se tuvieron que resguardar de disparos provenientes de ciudadanos en edificios aledaños. Durante esta misma jornada, los reporteros señalaron que tuvieron un bajón de señal cuando se acercó la volqueta del ESMAD, se presume la utilización de inhibidores de señal por parte de esta institución. 

El segundo evento se presentó el 20 de mayo. Los periodistas reportaron que un camión de policía, sin placas traseras y conducido por un civil, se encontraba transportando miembros de la fuerza pública y, al presentarse una confrontación, casi son atropellados por el vehículo.

La última agresión se registró el 28 de mayo, en el sector de Ciudad Jardín. Los reporteros estaban realizando el cubrimiento de civiles que disparaban con armas de fuego contra manifestantes, y varios disparos pasaron muy cerca de ellos. Todo esto sucedió a pesar de que gritaron que eran prensa y de que estaban plenamente identificados como periodistas. 

Los reporteros narraron a la FLIP también que durante una de las jornadas de cubrimiento, en el sector de San Nicolás, un policía les tomó fotografías de sus rostros. A esta acción se suman estigmatizaciones provenientes de miembros de la fuerza pública, que dicen, por ejemplo, que “los vándalos también se visten de periodistas”. 

Canal 2 ha sufrido también acciones arbitrarias en sus redes, por ejemplo, parte del contenido que han difundido en redes sociales ha sido bloqueado y censurado.

El trabajo periodístico de este medio ha sido de suma importancia durante esta coyuntura. En un panorama que necesita de transparencia y esclarecimiento de los hechos, han estado registrando material de primera mano, incluso poniendo en riesgo su seguridad, para informar a los ciudadanos. Del mismo modo, han visibilizado a los puntos de concentración que han protagonizado el paro en Cali, y en donde se ha presentado hechos de violencia contra los y las manifestantes.

En Cali las agresiones hacia periodistas durante las manifestaciones han sido especialmente graves, hasta la fecha la FLIP ha documentado 31 casos de agresiones contra periodistas. Después de Bogotá, es la ciudad con más agresiones registradas.

La FLIP hace un llamado a la fuerza pública a que evite las estigmatizaciones contra periodistas que hacen cubrimiento del Paro Nacional desde las calles. Esta situación agrava el riesgo al que se exponen y facilita repercusiones por los contenidos que difunden.

Así mismo, insistimos en la necesidad de que la Alcaldía de Cali condene enfáticamente esta y otras agresiones que se han presentado contra la prensa en Cali. Solicitamos a la Defensoría que estudie este caso y emita las alertas necesarias para la protección de la prensa en Cali. Además, se debe realizar un monitoreo de la grave situación que presentan los periodistas en el marco de estos cubrimientos y que rindan cuentas frente a los hechos acontecidos durante el paro.

 

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  • Entre el 9 y el 21 de septiembre de 2020 la FLIP ha registrado 33 violaciones a la libertad de prensa.

  • La FLIP hace un llamado a la Policía Nacional a que forme a sus miembros para que garanticen la libertad de prensa.

  • Solictamos al Gobierno nacional que de manera urgente adopte las medidas necesarias para cumplir la decisión de la Corte Suprema de Justicia y encauce el accionar de la fuerza pública.

La Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) rechaza la persistencia de los ataques contra periodistas y medios de comunicación por parte de manifestantes y miembros de la fuerza pública durante el cubrimiento de las movilizaciones sociales. 

Entre el 9 y el 21 de septiembre de 2020 la FLIP ha registrado 33 violaciones a la libertad de prensa que han afectado a 35 periodistas en medio del cubrimiento de manifestaciones sociales. Los ataques más frecuentes han sido las agresiones físicas con 16 casos, seguidas de las obstrucciones a la labor periodística con cinco casos, de detenciones ilegales con cuatro casos y otras tres situaciones de amenaza durante el cubrimiento.

El pasado 21 de septiembre, durante las jornadas de movilizaciones sociales que se presentaron en las principales ciudades del país, se presentaron tres casos más de ataques a la prensa. En el centro de Bogotá, sobre la Avenida Jiménez con Carrera Séptima, se presentaron hechos de violencia graves. Uno de los afectados fue el fotógrafo independiente Andrés Torres, quien fue atacado por miembros del ESMAD mientras registraba la detención de una persona por parte de siete agentes de la Policía. Según el reportero, cuando estaba tomando las fotografías, los uniformados le dispararon en dos ocasiones: uno de los proyectiles dejó una herida en uno de sus dedos y dañó totalmente su cámara fotográfica. Torres asegura que el otro disparo fue con una bala de goma que le impactó en una de sus piernas y le dejó un hematoma. Cuando ocurrió el ataque el reportero estaba plenamente identificado como prensa en el casco y brazalete que portaba

En ese mismo punto de la ciudad, los periodistas Fabián Yáñez y César Posada, debidamente identificados como reporteros de la Revista Semana, fueron agredidos por la fuerza pública cuando se encontraban cubriendo las movilizaciones. Según Yáñez, agentes del ESMAD arremetieron con gases y bombas aturdidoras hacia un punto en donde únicamente había periodistas. Para resguardarse, Yáñez y Posada corrieron hacia el edificio del Banco de la República, pero los agentes del ESMAD los persiguieron hasta ese punto y, desde una distancia corta, les dispararon en dos ocasiones con aturdidoras. 

El tercer hecho se presentó en Bucaramanga. Durante las movilizaciones que se desarrollaban en la Plaza Luis Carlos Galán, los corresponsales de RCN Televisión y el  equipo periodístico del canal Televisión Regional de Oriente fueron agredidos por manifestantes, quienes impidieron el registro y expulsaron a los reporteros del lugar. Los dos equipos periodísticos salieron de la plaza custodiados por miembros de la fuerza pública.  

Adicionalmente, de los hechos recientes que afectan el desarrollo de la labor periodística, el 76% se atribuye a miembros de la Policía Nacional y el 24% restante a particulares.

La FLIP expresa su preocupación porque estas violaciones a la libertad de prensa aún se enmarcan en las prácticas sistemáticas denunciadas por múltiples organizaciones civiles frente a lo ocurrido en las protestas de noviembre de 2019. Algunas de estas son: la solución arbitraria de protestas pacíficas, el uso antirreglamentario de armas potencialmente letales, el uso desproporcionado de agentes químicos irritantes en la disolución de protestas, la retención arbitraria de personas en el marco de las protestas por parte de la Policía Nacional  y ataques a periodistas que cubrían las manifestaciones

En sentencia del 22 de septiembre de 2020, la Corte Suprema de Justicia reconoció la existencia de la violación sistemática de los derechos a la protesta, libertad de expresión y de prensa por parte de agentes de la fuerza pública en el uso excesivo y desproporcional de la fuerza, cuando ésta, en defensa del orden público, se comporta desmedidamente y sin control. 

En este sentido, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura -UNESCO- reiteró quelas fuerzas del orden público tienen el deber de  garantizar  la  seguridad  de  los  periodistas  que  cubren  las  protestas  y  de  garantizar  el  derecho  del  público  a  buscar  y  recibir  información  sobre  estas movilizaciones  sociales”. Por ello, destacó la necesidad de que las fuerzas de seguridad reciban capacitaciones en materia de libertad de expresión para que entiendan “mejor  el  papel  y  la  función  de  los  periodistas  en  las  sociedades democráticas”. 

La FLIP observa con preocupación las reacciones estigmatizantes de algunos líderes políticos, en particular las expresadas por Gustavo Petro como líder de oposición, frente a las diversas opiniones de la prensa respecto de la decisión sin precedentes de la Corte Suprema de Justicia. Reiteramos que los líderes políticos también son garantes de la libertad de expresión de quienes no coinciden con sus planteamientos. Por ello, deben abstenerse de hacer declaraciones estigmatizantes contra quienes ejercen el derecho de opinión y de prensa, en particular, porque esta conducta elimina las garantías para que se expresen todos los puntos de vista y se forje un debate plural y diverso.

Por lo anterior, la FLIP hace un llamado al Gobierno nacional para que de manera urgente adopte las medidas necesarias para cumplir la decisión de la Corte Suprema de Justicia y encauce el accionar de la fuerza pública. 

Además, la FLIP hace un llamado a la Policía Nacional, que debe garantizar la labor periodística en estos escenarios, para que inicie la investigación disciplinaria sobre estos hechos con el fin de sancionar a los uniformados responsables de estas actuaciones contra la libertad de prensa. Además, que forme a sus miembros para que garanticen este derecho y resignifiquen la presencia de la prensa como una garantía de transparencia de sus operativos y no como un obstáculo. 

La FLIP también hace un llamado a los manifestantes para que también garanticen el libre desarrollo de la labor periodística. Resulta paradójico que el derecho a expresarse públicamente afecte el cubrimiento de la prensa sobre las exigencias de los diferentes sectores sociales

Por último, se hace un llamado a los partidos políticos y movimientos ciudadanos para que, en cumplimiento de su rol constitucional, fomenten el debate público. El Estado de Derecho se fortalece con una prensa libre y se debilita cuando los políticos acuden a discursos denigrantes pretendiendo aleccionar al periodismo que les desagrada.

 

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Temblores ONG, la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) y Sisma Mujer rechazan las prácticas de la Policía Nacional que vulneraron el derecho a la dignidad humana, a una vida libre de violencias y la libertad de prensa de una periodista en Bogotá, que fue sometida a prácticas de tortura y violencia sexual por parte de agentes de la Policía en la estación de Policía de la localidad Santa Fé, ubicada en el barrio La Macarena. Exigimos a las entidades de control y a la Policía una investigación célere para sancionar a los uniformados responsables de la detención ilegal, la violencia sexual y la eliminación del material periodístico. 

El domingo 13 de septiembre una periodista estuvo tomando fotografías sobre las repercusiones de la pandemia en el barrio La Macarena. Durante el recorrido, la reportera tomó fotos a unos escudos de dotación de la Policía que estaban en la vía pública recargados contra una pared. En ese momento, fue abordada por tres policías de manera desafiante, mientras le reclamaban por haber hecho ese registro fotográfico, la acusaban de haber cometido un supuesto delito. A pesar de que aseguró que estaba haciendo un ejercicio académico de fotoperiodismo, los uniformados la hicieron ingresar de manera arbitraria a la estación. 

En la unidad policial, la sometieron a un procedimiento de requisa invasiva sin justificación real, constitutivo de violencia sexual, por lo que una mujer policía llevó a la reportera al baño y de forma intimidante y despectiva, le pidió que se desnudara completamente y se pusiera en cuclillas. Tampoco se tomaron medidas de bioseguridad. Frente al trato humillante, las razones de su detención y del procedimiento, los uniformados manifestaron que debían descartar que fuera guerrillera o terrorista porque el registro fotográfico de sus implementos de dotación era un delito. 

La misma agente que le pidió entrar al baño le quitó el celular y eliminó las fotografías tomadas en el cubrimiento periodístico por el barrio. Más adelante, los uniformados le solicitaron su firma en una hoja en blanco, pero ella se negó. La reportera manifiesta que en ese momento le quitaron de nuevo la cédula para anotar sus datos y la amenazaron con trasladarla a la Sijín para judicializarla. Adicionalmente, los uniformados se refirieron al gremio periodístico de manera ofensiva y señalaron a la prensa de ser la responsable de las agresiones contra la institución. Mejorar la imagen institucional mediante represalias, estigmatizaciones, violencia hacia la mujer y ataques contra la prensa no es legítimo, por el contrario, ahonda la deslegitimación institucional. 

Expresamos nuestro repudio a los hechos cometidos en contra de la reportera y consideramos injustificables e inexcusables los hechos de violencia sexual, tratos crueles, degradantes e inhumanos y los abusos de los uniformados que realizaron este procedimiento, que violaron directamente los derechos fundamentales de la reportera  a la dignidad humana, a una vida libre de violencias, a no ser sometida a tortura ni a penas, o tratos crueles inhumanos o degradantes y a la libertad de prensa. 

La investigación y sanción de los responsables son indispensables y deben ser respaldadas por medidas de prevención, medidas necesarias para garantizar la no repetición de este tipo de situaciones que afectan la dignidad de las mujeres periodistas y el derecho a ejercer su labor libremente. La violencia de género no es, en ningún escenario, una forma legítima para limitar la libertad de prensa sobre la protesta social. 

Exigimos que:

  • la Policía Nacional rechace públicamente este tipo de conductas y se comprometa a impartir directrices claras sobre la prohibición absoluta de las acciones de tortura y de violencia sexual en el interior de la institución.

  • la Fiscalía General de la Nación identifique, juzgue y sancione a las personas responsables y que para ello incluya una perspectiva de género. Que esto se lleve a cabo por funcionarios capacitados en casos similares y en atención a víctimas de discriminación y violencia por razón de género.

  • la Policía Nacional inicie las investigaciones disciplinarias sobre estos hechos para sancionar a los agentes de la estación de Policía de La Macarena, que afectaron los derechos a la integridad, la dignidad humana y la libertad de prensa de la periodista.

  • la Procuraduría General de la Nación ejerza el control preferente disciplinario por la gravedad de los hechos y la Defensoría del Pueblo un haga acompañamiento de las investigaciones disciplinarias.

  • la Procuraduría General de la Nación coordine y evalúe el conocimiento y la implementación de la Policía Nacional sobre el enfoque de derechos humanos que debe guiar su labor, y con base en ello haga una formación para sus miembros para prevenir distintas formas de violencia en las protestas sociales. 

Temblores ONG, la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) y Sisma Mujer haremos seguimiento del caso, así como de la respuesta estatal frente a esta denuncia. La investigación y sanción de estos actos son indispensables para reafirmar entre los agentes oficiales que tienen la obligación de garantizar derechos fundamentales en todas sus formas de acción. 

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La Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) rechaza la detención ilegal de los periodistas Diego Andrés Patiño, fotoperiodista del medio Universitario Mi Ciudad de la Universidad Agustiniana; y de Cristian Camilo Trujillo, Luis Enrique Rengifo y Kevin Charry del medio digital La Otra Verdad. La FLIP expresa su preocupación por los ataques contra periodistas y medios de comunicación que han cubierto las manifestaciones de los últimos días en el país. Entre el 9 y el 10 de septiembre, la Fundación registró 20* casos de violaciones a la libertad de prensa que afectaron a 22 reporteros, de las cuales 16 fueron responsabilidad de la Policía Nacional y cuatro  fueron responsabilidad de los manifestantes. 

El jueves 10 de septiembre continuaron las protestas en Bogotá y otras ciudades del país por los actos de violencia atribuidos a miembros de la Policía Nacional. En medio del cubrimiento de las manifestantes miembros de la fuerza pública atacaron a la prensa. Durante este segundo día, la FLIP registró un total de 12 ataques a la prensa: seis agresiones físicas, dos detenciones ilegales, dos amenazas, una obstrucción y una agresión más categorizada como otras.

En el CAI de Villemar en la localidad de Fontibón fue detenido de manera ilegal el reportero gráfico Diego Andrés Patiño mientras cubría las manifestaciones en este punto de la ciudad. Según el relato que obtuvo la FLIP por parte del abogado que está representando al periodista, miembros de la fuerza pública intentaron arrebatarle su maleta, donde tenía sus dispositivos periodísticos y elementos de bioseguridad. Patiño manifiesta que cuando se negó a entregar sus pertenencias, uno de los uniformados lo golpeó en su ceja, luego fue llevado al CAI y allí lo insultaron y lo golpearon. Posteriormente, lo trasladaron a la Unidad de Reacción Inmediata (URI) de La Granja, donde todavía permanece sin que se resuelva su situación jurídica.  

En Ibagué los reporteros Cristian Camilo Trujillo, Luis Enrique Rengifo y Kevin Charry del medio digital La Otra Verdad fueron detenidos ilegalmente y agredidos por miembros de la Policía mientras realizaban el cubrimiento de las manifestaciones en el barrio Santa Helena. Los tres periodistas le manifestaron a la FLIP que aunque ellos se identificaron como prensa los policías no se detuvieron revisar sus credenciales y en medio de insultos y señalamientos de ser guerrilleros, los subieron a un camión en el cual los trasladaron hasta la estación central de la Policía Metropolitana de Ibagué. Los periodistas estuvieron detenidos por cerca de siete horas sin tener en cuenta las medidas de bioseguridad. Además, los reporteros manifestaron que los uniformados nos les permitieron grabar el procedimiento.

En Bogotá, en el barrio Alcalá, Juan Camilo Gómez, periodista de De Pasillo, fue agredido e intimidado por un miembro de la Policía Nacional mientras cubría las manifestaciones en este sector de la ciudad. En video quedó registrado cuando un uniformado se acerca al reportero, quien portaba su carné y usaba un casco que lo identificaba como prensa, y le ordena retirarse. Posteriormente se evidencia que otro uniformado se acerca y golpea al reportero, lo insulta y le dice “apague esa mierda”, “¿lo va apagar o no?” refiriéndose al celular con que el periodista estaba grabando. Luego de la agresión, Gómez abandonó la reportería. 

En el CAI de Sabanagrande, mientras el periodista Juan Carlo Giraldo se encontraba haciendo un cubrimiento de las protestas para Red Más Noticias, fue increpado por miembros de la Policía luego de haber terminado su transmisión en vivo. Giraldo le manifestó a la FLIP que los uniformados le reclamaron por el contenido que había emitido respecto a algunas personas capturadas que llegaban a la unidad policial. El reportero afirmó que uno de los agentes lo enfrentó, le mostró un video de un operativo policial realizado durante las protestas y le dijo que eso era lo que debería mostrarse. Adicionalmente, el periodista asegura que otros agentes a su alrededor lo agredieron verbalmente, lo intimidaron y le exigieron cambios en su contenido para favorecer a la institución. 

Frente al CAI de Fontanar, en la localidad de Suba, Fabián Forero, también periodista del canal Red Más Noticias, fue víctima de una obstrucción a su trabajo periodístico. El reportero le contó a la FLIP que varios manifestantes les lanzaron piedras a él y al carro del medio. Por esta razón, Javier Cárdenas, conductor del noticiero, tuvo que alejarse en el vehículo y, aún teniendo visible el logo de prensa, varios manifestantes le quitaron uno de los espejos al carro, lo amedrentaron y le exigieron que saliera del lugar. 

También en la localidad de Suba, en el barrio San Carlos Tibabuyes, la labor de la periodista Ángelica Barrea y el camarógrafo Edwin Bejarano resultó afectada. Según la reportera de Semana, cuando documentaban las acciones de manifestantes en contra de buses de transporte público y señales de tránsito, éstos se acercaron a exigirles que salieran del lugar, le pidieron el carné a Bejarano y les exigieron que dejaran de grabar. Más adelante, en otra zona del mismo barrio, un grupo de manifestantes lanzaron piedras contra la periodista y amenazaron con golpearla a ella y al camarógrafo quienes estaban identificados como prensa. 

Fabián Yanez, periodista de Revista Semana, fue amenazado en dos ocasiones. La primera ocurrió en el barrio Villaluz, cuando unas personas en bicicleta amenazaron a Yanez y su equipo con romperle las cámaras cuando estuvieran presentando en directo. Por este motivo, el periodista decidió abandonar el lugar. Sin embargo, el reportero le  manifestó a la FLIP que quienes los habían amenazado los persiguieron por alrededor de cuatro cuadras hasta que el equipo encontró resguardo en un local comercial. La segunda amenaza se presentó cuando el periodista y su equipo se encontraban realizando una transmisión en vivo desde el barrio La Gaitana, en Suba. Un grupo de manifestantes comenzó a reclamarle al periodista por supuestamente haber dicho que era la población la que había quemado el CAI de la zona. Estas personas le advirtieron al periodista que tenía que cambiar su relato y lo amenazaron con cuchillos. El periodista tuvo que abandonar el cubrimiento. 

En Popayán, Cauca, el camarógrafo de CM& Yerson Buitrón fue agredido con balas de goma que dispararon integrantes del Esmad mientras el reportero cubría las manifestaciones en las inmediaciones del Cementerio Central. El camarógrafo, quien estaba identificado con los logos del noticiero, recibió cuatro impactos, que le dejaron hematomas en sus brazos y en el cuello.

El periodista de Caracol Héctor Rojas recibió numerosas amenazas a través de redes sociales a sus cuentas personales de Facebook, Twitter e Instagram. En los mensajes se acusa al periodista de “vendido” y le dicen que se “va a hacer matar” y que “huele a formol”. En las amenazas además afirman que el periodista está a favor de la Policía y que justifica las muertes de las víctimas de las jornadas de protesta a través de los informes periodísticos que ha realizado sobre los hechos. 

Según la denuncia pública realizada por CityNoticias, un equipo de periodistas de este medio fue víctima de una agresión por parte de un miembro de la Policía. Los periodistas, se encontraban en cercanías del CAI de Villaluz, en Engativá, realizando cubrimiento de las manifestaciones cuando un policía les lanzó una piedra desde la moto en la que se movilizaba.

En el sector del Parkway, localidad de Teusaquillo, dos periodistas de 070 fueron golpeadas con bombas aturdidoras que lanzaron miembros del Esmad. Según una de las reporteras, a pesar de que se identificó como periodista fue atacada en dos ocasiones por los agentes del Esmad con este mismo elemento. 

Adicionalmente, la FLIP conoció que una de las movilizaciones convocada para el viernes 11 de septiembre se realizará frente a las instalaciones del canal RCN en Bogotá. La Fundación hace un llamado a las autoridades para que brinden las garantías necesarias al medio y a sus periodistas para el cubrimiento de esta jornada de manifestaciones.  

La Fundación para la Libertad de Prensa expresa su preocupación por el aumento en las violaciones a la libertad de prensa contra los periodistas y medios de comunicación que se encuentran cubriendo las recientes jornadas de manifestaciones. Sobre el caso de Diego Andrés Patiño, la FLIP le exige a la Fiscalía General de la Nación que se defina cuanto antes la situación jurídica del reportero gráfico y se garantice su derecho al debido proceso. 

La Fundación para la Libertad de Prensa le reitera a la Policía Nacional la necesidad de iniciar las investigaciones disciplinarias sobre estos hechos con el fin de sancionar a los uniformados responsables de estas actuaciones contra la libertad de prensa. La ausencia de resultados concretos representa un mensaje errado hacia los demás miembros de la fuerza pública frente a futuros escenarios de cubrimiento de manifestaciones. 

La FLIP les recuerda a los miembros de la Policía Nacional su deber de cumplimiento del Código de Policía, que establece que cualquier ciudadano puede registrar los procedimientos policiales sin ningún tipo de restricción. En ese sentido, es importante que la Policía garantice la labor periodística en estos escenarios y conciba la presencia de las cámaras como una garantía de transparencia sobre sus operativos y no como un obstáculo para adelantar sus labores.

Finalmente, la FLIP le solicita a la Procuraduría General de la Nación y a la Defensoría del Pueblo que establezcan un comité de seguimiento a estas investigaciones disciplinarias con el fin de sancionar de manera efectiva a los uniformados responsables de las situaciones de violencia contra la labor periodística.


Actualización, 12 de septiembre

La FLIP tuvo conocimiento de que el jueves 10 de septiembre el periodista Jhon Robledo, del periódico El Heraldo, fue agredido por algunos manifestantes mientras cubría la movilización social en Barranquilla. El fotógrafo le reportó a la FLIP que un grupo de jóvenes le lanzó piedras, lo golpearon en la espalda y las piernas con una patineta e intentaron arrollarlo con una bicicleta. Además, Robledo asegura que le golpearon la cámara y le dañaron el parasol y un aro. En el lugar únicamente se encontraba un policía de tránsito, quien no tomó ninguna acción para proteger al reportero. El periodista estaba identificado como prensa y, luego de la agresión, presenta lesiones leves.

La FLIP también recibió el reporte de daño a la infraestructura del medio Vanguardia Liberal en la ciudad de Bucaramanga. Durante la jornada de manifestaciones del 10 de septiembre, las instalaciones del medio resultaron afectadas, al parecer, por manifestantes que se pronunciaban en contra de los actos violentos que involucran a miembros de la Policía Nacional. La Fundación continúa documentando el caso.

*Estos hechos suman 22 agresiones contra la prensa durante las manifestaciones de esta semana. 


 

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  • La FLIP registró una detención ilegal, dos obstrucciones y tres agresiones físicas.  

  • Varios de los periodistas afectados coinciden en que los policías que los agredieron tenían las chaquetas al revés o no portaban su identificación en un lugar visible.

  • La FLIP le hace un llamado a la Policía Nacional a que investigue y sancione a los uniformados responsables de estas violaciones a la libertad de prensa.

 

La Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) rechaza la detención ilegal, las agresiones físicas y las obstrucciones a la labor periodística que se presentaron ayer, 9 de septiembre. A diferencia de otras protestas, en la jornada del 9 de septiembre, día Nacional de los Derechos Humanos, todos los casos son atribuidos a la Policía Nacional.

La FLIP rechaza que la Policía Nacional, como entidad que tiene el mandato de ser un cuerpo garante de la libertad de prensa, emprenda acciones de violencia y censura dirigidas a limitar la libertad de información sobre abusos policiales. La FLIP exige a los organismos de control investigar con celeridad y aplicar sanciones ejemplarizantes a los responsables.

El miércoles 9 de septiembre de 2020, manifestantes salieron a las calles de Bogotá a protestar por el asesinato del abogado Javier Ordoñez la noche anterior en medio de un procedimiento de la Policía Nacional. Ordoñez fue impactado en repetidas ocasiones con un arma de electrochoque conocida como taser. Durante las manifestaciones que se presentaron frente a más de 50 Comandos de Acción Inmediata (CAI) de la ciudad, seis periodistas fueron agredidos por parte de miembros de la Policía. La FLIP registró una detención ilegal, dos obstrucciones y tres agresiones físicas.  

Seis denuncias de agresiones

El primer hecho se registró en el CAI del barrio Mazurén. Julián Gómez, reportero del medio ABC Noticiero Virtual, aseguró que durante el cubrimiento de agresiones a manifestantes por parte de la Policía, dos uniformados se le acercaron para retirarlo del lugar. El periodista se negó y se identificó con el carné del noticiero, pero los agentes lo arrestaron, lo golpearon en su rostro y lo empujaron al interior del CAI. Dentro de la unidad policial, al reportero le quitaron su celular, los documentos personales, el carné de prensa y lo amenazaron con ponerle un comparendo "por no haber estado debidamente identificado como prensa". Luego de 15 minutos, el periodista fue dejado en libertad y hasta el momento no tiene certeza de que el comparendo se haya hecho efectivo. 

Otro de los puntos de encuentro de las manifestaciones fue el CAI de La Soledad, ubicado en el sector conocido como el Parkway en la localidad de Teusaquillo. Allí se encontraban los reporteros gráficos Juan Pablo Pino de Publimetro y Óscar Pérez de El Espectador. Según los periodistas, mientras estaban haciendo el registro de la movilización, los policías que estaban en el operativo se acercaron, los intimidaron con insultos y les ordenaron retirarse. Uno de los uniformados portaba una chaqueta negra con la clara intención de asegurar que no fueran visibles las insignias con apellidos y números policiales asignados que todo policía está obligado a portar mientras esté en servicio. A pesar de que los reporteros continuaron con su ejercicio periodístico, los uniformados intentaron agredirlos con piedras y a uno de ellos le dijeron: “mejor váyase de aquí no va y sea que le pase algo”. 

En la localidad de Suba fue agredido José Vargas, reportero gráfico de El Espectador. Según el periodista, mientras cubría las acciones violentas contra una manifestante que estaba siendo detenida en el CAI La Fontana, miembros de la Policía Nacional lo agredieron con los escudos de dotación, causándole una lesión leve en uno de sus pies y ocasionando daños en su cámara fotográfica. Vargas manifiesta que los policías tenían oculta su identificación y cuando se acercó al CAI para solicitar esta información los uniformados le ordenaron retirarse de forma violenta. 

En el barrio Villa Luz fue agredido Javier Jiménez Rojas, periodista del medio Colombia Informa, mientras registraba las acciones de un uniformado que se encontraba lanzando un gas lacrimógeno al interior de un conjunto. Según el reportero, cuando el policía notó que estaba siendo grabado, le lanzó una piedra la cual afectó su cámara y otro de los agentes que estaba en el lugar se acercó al reportero e intentó arrebatarle el dispositivo periodístico.

El fotógrafo Juan Camilo Rubiano, quien le manifestó a la FLIP que se encontraba haciendo un cubrimiento de las protestas como freelance, reportó haber sido agredido por cerca de doce policías en el barrio Santa María del Lago mientras grababa un procedimiento policial. Rubiano manifestó que cuando los uniformados notaron que estaban siendo grabados, se acercaron al reportero lo encerraron y lo golpearon con los bastones de dotación, ocasionándole fracturas en la nariz, el pómulo y el ojo izquierdo. Además, Rubiano denuncia que los uniformados le quitaron dos cámaras y su celular. 

Acciones recurrentes y solicitudes

Durante esta violenta jornada de protestas, la FLIP identificó tres acciones recurrentes por parte de miembros de la Policía Nacional:

i) Varios de los periodistas afectados coinciden en que los policías que los agredieron tenían las chaquetas al revés o no portaban su identificación en un lugar visible.

ii) Las violaciones a la libertad de prensa se presentaron durante el cubrimiento de procedimientos policiales abusivos contra los manifestantes que podrían comprometer disciplinariamente a los uniformados.

iii) Todos los reporteros que denunciaron su caso estaban plenamente identificados con credenciales de prensa, logos de su medio de comunicación y dispositivos como cámaras fotográficas que hacían evidente su labor de registro. 

La Fundación para la Libertad de Prensa rechaza las acciones de la Policía Nacional y le solicita a la institución que inicie la investigación disciplinaria sobre estos hechos con el fin de sancionar a los uniformados responsables de estas actuaciones contra la libertad de prensa. La ausencia de resultados concretos representa un mensaje errado hacia los demás miembros de la fuerza pública frente a futuros escenarios de cubrimiento de manifestaciones. 

La FLIP les recuerda a los miembros de la Policía Nacional su deber de cumplimiento del Código de Policía, que establece que cualquier ciudadano puede registrar los procedimientos policiales sin ningún tipo de restricción. En ese sentido, es importante que la Policía garantice la labor periodística en estos escenarios y conciba la presencia de las cámaras como una garantía de transparencia sobre sus operativos y no como un obstáculo para adelantar sus labores.

La Fundación para la Libertad de Prensa reconoce el anuncio de la alcaldesa Claudia López para iniciar las investigaciones del caso y valora positivamente que desde la administración distrital se haya aclarado que el uso de armas y la respuesta de la Policía el 9 de septiembre no estaban autorizados por la Alcaldía Mayor de Bogotá. Sin embargo, la Fundación le solicita que adelante las acciones pertinentes para sancionar a los uniformados responsables de las situaciones de violencia contra la prensa y le hace un llamado para que imparta instrucciones claras a los miembros de la fuerza pública orientadas a la garantía del ejercicio periodístico en este tipo de escenarios.  

Publicado en Pronunciamientos
  • Los periodistas cubrían las manifestaciones de la comunidad campesina en el sur del Meta.

  • Tres comunicadores fueron agredidos con armas del Ejército y la Policía.

  • Las autoridades no han anunciado investigaciones para sancionar a los responsables. 

 

La Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) rechaza de manera contundente los ataques denunciados por los comunicadores de Voces del Guayabero por parte de miembros de la fuerza pública. La FLIP le solicita a la Policía y al Ejército Nacional que se pronuncien sobre estos hechos para que la sociedad civil pueda conocer las investigaciones en el interior de las instituciones. 

Miembros del Ejército confirmaron que hasta el momento solo se han hecho unas averiguaciones iniciales sobre los sucedido. La falta de transparencia frente a estas investigaciones puede ser entendida por otros uniformados como un mensaje de tolerancia ante futuras situaciones de violencia contra la prensa. Esto fortalece los índices de impunidad en los procesos penales y disciplinarios. 

Durante los primeros días de junio tres periodistas del colectivo de comunicaciones Voces del Guayabero fueron agredidos por miembros de la fuerza pública mientras cubrían las protestas que adelantaba la comunidad campesina de la región del Guayabero en el sur del Meta. Los reporteros denuncian que fueron impactados por proyectiles que fueron disparados por miembros del Ejército y la Policía Nacional. Sin embargo, las autoridades no han anunciado investigaciones para sancionar a los responsables.

Desde el 20 de mayo los miembros de Voces del Guayabero se encontraban cubriendo los operativos de erradicación forzada que realiza la fuerza pública en la región del río Guayabero, ubicada entre los departamentos de Meta y Guaviare. Días después,  el 4 de junio, los periodistas Edilson Álvarez, María Alejandra Lamprea y Fernando Osorio tomaron sus cámaras, se vistieron con su chaleco de prensa con logo del medio Voces del Guayabero y salieron a cubrir la manifestación que adelantaba la comunidad campesina en la vereda Tercer Milenio, en el municipio de Vistahermosa, Meta. 

Los comunicadores le relataron a la FLIP que, en medio de la arremetida del Ejército contra la comunidad, ellos se dispersaron por la zona para hacer su cubrimiento informativo y se volvieron a encontrar tiempo después para darse cuenta de que Osorio había recibido dos impactos de fusil provenientes de miembros del Ejército Nacional. “El primer impacto me dio en la mano derecha y me destrozó tres dedos, el segundo dio en la maleta y me atravesó la cámara. En ese momento me lancé a un caño para protegerme. A ellos no les importó que llevara mi chaleco de prensa”, relata Osorio, quien agrega que identificó que los disparos provenían de militares. El reportero fue atendido de inmediato por enfermeros de la misma comunidad, pero hasta el momento no ha podido acceder a un servicio de salud que le permita la reconstrucción de su mano.

En ese momento Álvarez se acercó también a sus compañeros y les informó de un fuerte dolor, producto de los impactos de balas de goma que le habían lanzado agentes del ESMAD a menos de 25 metros de distancia, según relata el comunicador. Cuando hicieron la revisión de los disparos en el cuerpo del reportero, fue posible identificar que tenía tres hematomas en su espalda. 

Once días después se presentó otra situación de violencia contra el colectivo de comunicaciones. El 15 de junio agentes de la Policía agredieron a la reportera María Alejandra Lamprea durante su trabajo informativo: “Estaba a unos cuarenta metros del ESMAD cubriendo, cuando de pronto sentí un golpe en uno de mis glúteos. Me pegaron con un corcho y también me reventaron uno de mis dedos. Aún me molesta un poco para caminar”, asegura la comunicadora. 

“A los de las cámaras hay que darles más duro”

Osorio y Álvarez aseguran que los ataques físicos se presentaron luego de que, durante varios días, los miembros de la fuerza pública los amenazaran y los estigmatizaran: “Uno los escuchaba decir que a los de las cámaras había que darle más duro”, relata Álvarez. “Varias veces escuché cómo nos señalaban de ser guerrilleros”, afirma Osorio. Los ataques dirigidos contra los comunicadores y sus dispositivos periodísticos se presentaron luego de que el equipo de Voces del Guayabero registrara las acciones violentas de los uniformados contra la comunidad.  

Al respecto, Alex Ruíz, vocero de las comunidades de la región del Guayabero, sostiene que los comunicadores de Voces del Guayabero tienen cientos de videos donde se denuncian estas violaciones a los derechos humanos durante el desarrollo de los operativos de erradicación en la zona. Sin embargo, Ruiz sostiene que, debido a las dificultades para el acceso a internet, este material no se ha podido publicar a través de las páginas del medio: “para tener una buena conexión hay que viajar al menos tres horas desde el lugar donde estamos cubriendo”, relata Ruiz. Por esta razón, los videos se han difundido por WhatsApp y a través de las redes de otras organizaciones defensoras de derechos humanos. 

En este contexto nació Voces del Guayabero con el fin de informar sobre las dificultades que enfrentan 80 comunidades campesinas de esta región del país para hacerle frente a la escasa oferta mediática del sur del Meta y el norte del Guaviare. Según el proyecto de Cartografías de la Información, en los municipios de Vistahermosa, La Macarena y Puerto Rico en el Meta, que hacen parte del sector del Guayabero, los únicos medios que existen son las emisoras de la fuerza pública, que difunden información con un interés institucional. Adicionalmente, Cartografías de la Información también alerta sobre la limitación para el acceso a internet en departamentos como Guaviare, esto se convierte en un inconveniente para el desarrollo de proyectos informativos digitales como Voces del Guayabero. 

La FLIP expresa su preocupación por los ataques y los señalamientos emitidos por miembros de la fuerza pública en contra de los comunicadores de Voces del Guayabero, a quienes se les acusa de ser guerrilleros con el fin de justificar los ataques a su integridad y a sus dispositivos periodísticos. En ese sentido, la Fundación le hace un llamado a la Policía y al Ejército para sancionar a los responsables y se impartan instrucciones precisas a los uniformados de ambas instituciones dirigidas al cumplimiento de su deber como garantes de la libertad de prensa y conciban la presencia de equipos periodísticos como una garantía de transparencia sobre sus operativos y no como un obstáculo para adelantar sus labores.

Finalmente, la FLIP le solicita a la Procuraduría General de la Nación y a la Defensoría del Pueblo que establezca un comité de seguimiento a estas investigaciones disciplinarias con el fin de sancionar de manera efectiva a los uniformados responsables de estas situaciones de violencia contra la labor periodística. 



Publicado en Pronunciamientos
  •  Tres periodistas gráficos fueron detenidos por más de 24 horas.

  • Los tres se identificaron como prensa antes de ser agredidos e intimidados.
  • La FLIP hace un llamado a la Procuraduría para que investigue a los uniformados y demás funcionarios que participaron en la violación al debido proceso.

 

La Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) expresa su preocupación por las situaciones de violencia contra la prensa que se presentaron durante la detención de los reporteros gráficos que cubrían las manifestaciones en Medellín el pasado lunes 15 de junio. La FLIP le solicita a las autoridades que investiguen los hechos para sancionar a los funcionarios responsables de estas situaciones. 

El pasado 16 de junio los periodistas Harrison Agudelo, Juan Carlos Londoño y Juan Pablo Herrera fueron dejados en libertad después de estar detenidos por más de 24 horas sin que se definiera su situación jurídica. La FLIP se contactó con ellos y relataron los abusos policiales de los que fueron víctimas mientras cubrían las manifestaciones y durante el tiempo de reclusión en la Fiscalía General de la Nación.

Agudelo comenta que mientras registraba los operativos de la fuerza pública durante la manifestación, un carabinero se le acercó y lo golpeó con el bastón de mando. A pesar de que el reportero se identificó como prensa el policía reaccionó de manera agresiva, lo intimidó e insultó. Agudelo comenta que decidió salir de ese lugar y más adelante se encontró con varios policías motorizados que lo detuvieron a él y a un manifestante. Además, afirma que estaba debidamente identificado y aun así la policía continuó con la persecución hasta capturarlo.

Por su parte, Juan Carlos Londoño asegura que también fue abordado por un grupo de policías en moto y un carabinero. Según su testimonio, en ese momento tomó su cámara y su carné, levantó la mano y se identificó como prensa. Sin embargo, los policías actuaron violentamente halándole el pelo y lanzándolo al suelo hasta llevarlo a un vehículo en el que después lo trasladaron en compañía de los demás manifestantes detenidos.

Los relatos de los reporteros gráficos coinciden en que certificaron su calidad de periodistas mostrando sus equipos y sus credenciales de prensa al momento de recibir las agresiones. Sin embargo, esto no fue suficiente para evitar los ataques por parte de los uniformados.

En conversación con los reporteros, la FLIP tuvo conocimiento de que durante la detención se presentaron malos tratos, físicos y psicológicos, y no hubo acciones preventivas ni medidas de bioseguridad para mitigar los riesgos de la emergencia sanitaria durante la detención. Igualmente, manifestaron inconformidad por las amenazas provenientes de algunos miembros de la Policía. 

Los reporteros gráficos estuvieron detenidos durante más de 24 horas en las que se les violaron sus derechos al debido proceso. Además de que los mantuvieron incomunicados durante el tiempo de detención sin que hubiese de por medio un proceso judicial, los periodistas no tuvieron acceso a una legítima defensa.  

La FLIP rechaza esta situación de violencia contra la prensa y contra el debido proceso de los reporteros que fueron detenidos ilegalmente. También, reitera la solicitud a la Policía Nacional para que inicie la investigación disciplinaria sobre estos hechos con el fin de sancionar a los uniformados responsables de estas actuaciones violentas.

La FLIP les recuerda a los miembros de la Policía Nacional su deber de cumplimiento del Código de Policía, que establece que cualquier ciudadano puede registrar los procedimientos policivos sin ningún tipo de restricción. En ese sentido, es importante que la Policía garantice la labor periodística en estos escenarios y conciba la presencia de las cámaras como una garantía de transparencia sobre sus operativos y no como un obstáculo para adelantar sus labores.

Por otro lado, la Fundación le hace un llamado a la Procuraduría General de la Nación para que investigue a los responsables de la detención arbitraria y a quienes participaron en la violación al debido proceso de los periodistas agredidos. 

 

 

 

Publicado en Pronunciamientos
  • La FLIP le exige a la Fiscalía General de la Nación que se defina cuanto antes la situación jurídica de los tres reporteros.

  • Ayer, los tres reporteros se encontraban cubriendo las manifestaciones en el centro de Medellín.

  • Esta detención arbitraria constituye una violación a la libertad de prensa.

Un grupo de aproximadamente trece reporteros gráficos fue agredido mientras cubría las manifestaciones del 15 de junio en Medellín. La FLIP rechaza esta detención, les solicita a las autoridades que investiguen las actuaciones de los miembros de la Policía Nacional responsables de estas violaciones a la libertad de prensa, y demanda que se tomen las acciones necesarias para garantizar el ejercicio periodístico.

Los reporteros pertenecen a los colectivos Periferia Prensa, AquiNoticias, Ab_zurdo Colectivo, entre otros. Ayer, al mediodía, cuando estaban cubriendo la movilización que se había citado en el centro de Medellín, miembros de la Policía Nacional agredieron físicamente a ocho de ellos, impartieron lesiones en sus cuerpos y dañaron algunos de sus equipos periodísticos como cámaras y celulares. Uno de los afectados tiene una fractura en un antebrazo y el resto presenta hematomas. Después de agredirlos, la Policía detuvo a siete de los reporteros y los trasladó a diferentes estaciones de Policía y Unidades de Reacción Inmediata. 

Horas después, cuatro de los reporteros fueron dejados en libertad y los tres restantes: Harrison Agudelo, Juan Carlos Londoño y Juan Pablo Herrera fueron trasladados a las instalaciones de la Fiscalía General de la Nación en Medellín para iniciar el proceso de judicialización. Sin embargo, y aun cuando ya han pasado más de 24 horas, los comunicadores continúan detenidos y no se les ha definido su situación jurídica. 

La Fundación se comunicó con el General Eliécer Camacho, comandante del departamento de Policía del Valle de Aburrá, quien aseguró que iba a tomar las acciones necesarias para revisar la situación. Al momento de esta publicación, la FLIP no ha recibido una respuesta oficial. 

La FLIP expresa su preocupación por estos hechos y le exige a la Fiscalía General de la Nación que se defina cuanto antes la situación jurídica de los tres reporteros con el fin de garantizar su derecho al debido proceso. También rechaza las acciones de la Policía Nacional y le solicita que se inicie la investigación disciplinaria sobre estos hechos con el fin de sancionar a los uniformados responsables de estas actuaciones contra la libertad de prensa. La ausencia de resultados concretos representa un mensaje errado hacia los demás miembros de la fuerza pública frente a futuros escenarios de cubrimiento de manifestaciones. 

La FLIP les recuerda a los miembros de la Policía Nacional su deber de cumplimiento del Código de Policía, que establece que cualquier ciudadano puede registrar los procedimientos policivos sin ningún tipo de restricción. En ese sentido, es importante que la Policía garantice la labor periodística en estos escenarios y conciba la presencia de las cámaras como una garantía de transparencia sobre sus operativos y no como un obstáculo para adelantar sus labores.

A partir de su condición como funcionarios del Estado, los miembros de la Policía Nacional tienen la responsabilidad de velar por la seguridad de los periodistas que realizan cubrimiento de movilizaciones sociales, ya que son un tema de interés general.

Por último, La FLIP extiende su llamado a la Alcaldía de Medellín, en cabeza de Daniel Quintero Calle, para que tome los correctivos y adelante las acciones necesarias que garanticen la labor periodística en Medellín. En ese sentido, la Fundación también le solicita a la Procuraduría General de la Nación que inicie las investigaciones disciplinarias para sancionar a los funcionarios responsables de estas violaciones a la libertad de prensa. 

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