Fundación para la Libertad de Prensa - FLIP

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A sus 68 años Marcos Efraín Montalvo estaba lejos de retirarse del periodismo. Todas las mañanas se levantaba, tomaba su desayuno y escuchaba las noticias en la radio. Con frecuencia iba al Concejo municipal para enterarse de lo que sucedía en la política de su municipio: Tuluá, Valle del Cauca. Luego acudía a alguna cafetería para entrevistarse con sus fuentes, quienes le proporcionaban y corroboraban la información que él posteriormente publicaba en su página de Facebook. Antes de su asesinato, escribió críticas en contra de la administración local, denunció problemas de tránsito y de delincuencia. 

Montalvo fue asesinado el 19 de septiembre del 2021. Un hombre en una moto le disparó mientras él se encontraba en una tienda a la que iba casi todas las tardes. “Lo asesinaron en su lugar favorito”, comenta Mauricio Altamirano, sobrino de Montalvo. Las y los periodistas de la zona ya sabían que lo podían encontrar allí, por lo que acudían a su encuentro para pedirle consejos de todo tipo, desde cómo hacer un derecho de petición hasta cómo abordar cierto tema. Montalvo más que solo un comunicador, fue un maestro y referente para generaciones de periodistas en la región.

La vida de un periodista

En sus últimos diez años de vida, Montalvo se dedicó a publicar de forma independiente en un blog de Facebook. Escribía columnas de opinión e informaba a la comunidad sobre asuntos de política, el tema que desde el inicio de su carrera le apasionó. Empezó en el periodismo a los 17 años. Apenas se había graduado como bachiller, cuando se presentó y pasó a una convocatoria del diario El País de Cali para unirse a la redacción de política. “Él siempre contaba esa anécdota, porque se presentaron alrededor de cincuenta o sesenta personas y algunas ya contaban con experiencia o con un título de periodistas”, afirma Altamirano.

Montalvo presenció la violencia contra la prensa desde el inicio de su carrera. Luego de trabajar con El País se unió al equipo de El Caleño, para ocupar el lugar que dejó uno de los editores que fue asesinado por la corrupción política. Años después, en 1987, ejerció como asesor de prensa de un congresista; fue cuando recibió sus primeras amenazas. Le exigieron que se fuera de Cali y que no volviera a trabajar para los medios de esa ciudad.

La familia de Montalvo nunca lo cuestionó por su trabajo ni tampoco lo persuadió para que dejara de publicar temas que podían implicarle riesgos. Sin embargo, era consciente de la exposición que tenía al ser periodista, “decía que para qué tenía hijos si su profesión era de mucho riesgo”, recuerda Altamirano.

De vuelta a Tuluá

Montalvo regresó a inicios de la década del noventa a Tuluá y empezó a trabajar en el periódico El Tabloide. Para Altamirano, cuando su tío llegó a la redacción de ese diario las ventas despegaron “porque él hacía opinión y creaba historias como de realismo mágico”. Era un periodista agudo, que se esforzaba siempre por criticar a los poderosos. Escribió con sátira y en algunas ocasiones, cuando el tema podía ser peligroso, publicaba bajo algún alias.

Montalvo se destacaba dentro de sus compañeros por ser incisivo con los líderes políticos y funcionarios públicos. Ese talante se vio reflejado cuando hizo que el presidente Alfonso López Michelsen le respondiera preguntas a la prensa. Estaban en el aeropuerto y Michelsen evadía a todos los periodistas que intentaban cuestionarlo, hasta que escuchó la voz de Montalvo que le increpaba: “es una lástima que no vayamos a saber lo que opina de las declaraciones de Lleras Restrepo”. El presidente se dio la vuelta, miró al periodista y le respondió a él y a los demás comunicadores. 


Con el paso del tiempo, Montalvo empezó a notar la falta de un relevo generacional de periodistas en Tuluá, así que emprendió el proyecto de una escuela de periodismo local. Era un cazatalentos, pero sobre todo un profesor. Uno de sus muchos pupilos fue Jorge Adrián Orozco, quien desde jóven lo tuvo como referente, pues creció escuchando su voz en el noticiero radial. Orozco conoció a “Marquitos”, como le decían de cariño sus estudiantes, cuando recién se había graduado del colegio. Montalvo lo invitó a trabajar en el diario El Mercurio y en la emisora Antena 2. “Marquitos siempre creyó en la gente jóven, a mí me llevó a hacer reportería comunitaria, porque él era un periodista de a pie”, señala Orozco.

Montalvo, que era un hombre desprendido de las posesiones materiales, que ayudaba a los periodistas más jóvenes que no tenían recursos. Si alguien, por ejemplo, no tenía una grabadora, él le regalaba la suya. A sus estudiantes les enseñaba a captar detalles rápidamente, a hacer preguntas incómodas en las entrevistas y, sobre todo a tener ética y ser independientes. “Nos enseñó a descubrir la noticia donde muchos creían que no había nada”, cuenta el periodista Orozco. 

Septiembre del 2021

Seis meses antes de su muerte, Montalvo empezó a recibir amenazas a través de las redes sociales. No le comentó a muchas personas, varios de sus colegas más cercanos no tenían idea de la situación que atravesaba el periodista. Altamirano, su sobrino, notó cambios en su comportamiento, por ejemplo, empezó a tomar transporte público, en vez de desplazarse a pie, como solía hacerlo. Un año después de su homicidio, muy poco se ha vuelto a hablar de este crimen, de alguna forma el silencio se apoderó del municipio. 

Los avances en la justicia también han sido lentos. Uno de los sicarios ya fue condenado y otro está en proceso de judicialización. Sin embargo, la investigación de la Fiscalía aún no ha encontrado a las o los determinadores del crimen, algo fundamental para que se pueda saber las motivaciones detrás del homicidio de Montalvo.

La voz, pensamientos y enseñanzas de Montalvo siguen viviendo en los periodistas que aprendieron del oficio gracias a él. Su legado también permanecerá en su público, en las personas que siguieron su carrera en búsqueda de un periodismo que se preocupara por la gente, sin autocensuras y sin miedos. 

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El 11 de septiembre de 2013, el abogado y periodista Edison Alberto Molina Carmona fue asesinado cuando se dirigía hacia su residencia en Puerto Berrío, Antioquia. Desde la emisora Puerto Berrío Estéreo 89.4, Molina dirigía su programa Consultorio Jurídico, en el cual asesoraba a la comunidad en temas legales y hacía denuncias sobre la corrupción en el municipio.

Molina fue reconocido por promover la verdad y la transparencia del sector público. A través de su papel activo en el grupo, los “Enanos-Porteños” hizo veeduría al Concejo Municipal y a la administración (2012 - 2015) de Robinson Alberto Baena. Realizó cerca de 60 denuncias de tipo disciplinario y penal ante diferentes órganos de control. En estas revelaba el nombramiento irregular de algunos funcionarios que no cumplían los requisitos para ocupar sus cargos; también llamó la atención sobre la celebración indebida de contratos, corrupción en la Secretaría de Educación del municipio, entre otros. Por todo esto, Molina será recordado por su familia y amigos por ser la cara visible en contra de la corrupción. 

Antes de su asesinato, el periodista fue víctima de persecución, estigmatización, acoso, amenazas y ofensas por parte de anónimos y de funcionarios de la administración local. En 2013, el alcalde de Puerto Berrío afirmó, en una declaración ante los medios, que había que eliminar a quienes “andan en las redes sociales hablando tonterías, injurias, calumnias en contra de Robinson Baena”. Ese mismo mes, la oficina de Molina fue atacada con piedras que traían mensajes amenazantes: “deje trabajar gonorrea porque no ataca a otros. Se calla o lo callamos”.

Dos semanas antes de su muerte, Molina denunció las amenazas de las que fue víctima ante la Procuraduría y la Fiscalía, que informaron a la estación de Policía del municipio sobre la situación de riesgo del periodista y se solicitaron medidas de seguridad y protección preventiva. Sin embargo, la Policía nunca pasó revista ni a su oficina ni a su residencia. Además, la Fiscalía no llevó a cabo las investigaciones pertinentes para encontrar a los autores de las amenazas ni remitió el caso a la Unidad Nacional de Protección.

Molina y su esposa fueron atacados con armas de fuego en la noche del 11 de septiembre de 2013. Ambos fueron trasladados al hospital La Cruz de Puerto Berrío, Antioquia, pero el periodista llegó sin signos vitales. El homicidio generó repudio en los ciudadanos y temor en los comunicadores de la zona. 

Durante estos nueve años, la Fiscalía no ha ordenado la práctica de pruebas que impulsen el avance de la investigación para conocer los motivos del crimen y condenar a los autores intelectuales y materiales. Así mismo, la Procuraduría ha sido negligente en la investigación contra los funcionarios de la estación de Policía de Puerto Berrío que omitieron las medidas de protección que se habían otorgado a favor del periodista y que modificaron el Libro de Población de la estación del día en que asesinaron a Edison Molina.

En la siguiente línea de tiempo podrá conocer algunos de los hitos más importantes en la investigación del caso de Edison Alberto Molina Carmona. 

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Hace 38 años asesinaron al periodista Lides Renato Batalla en frente de su residencia en Buenaventura, Valle del Cauca. Fue locutor de Radio Buenaventura y director del periódico La Batalla, su trabajo se enfocó en investigar actos de corrupción administrativa y tráfico de drogas en la ciudad.

La inconformidad del periodista fue alimentándose de la situación de corrupción, presencia de grupos armados y actividades delincuenciales en Buenaventura.  Lides denunciaba todas estas irregularidades en su medio de comunicación La Batalla, que fundó en 1983. Entre sus investigaciones más importantes está el caso de corrupción por parte de Jesús Jori Valencia, comandante del Departamento de Bomberos de la ciudad. 

Lides Renato será recordado por su labor periodística y por velar por el bienestar de los bonaverenses. Gracias por recordar con nosotros. 

Para escuchar la historia completa, te invitamos a reproducir el siguiente video

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A mediados del año 93, Iván Pelayo, un joven de 24 años de edad, oriundo de Hato Corozal, Casanare, llegó al municipio vecino de Puerto Rondón para crear la emisora cultural Llanorámica Estéreo. El 17 de agosto de 1995, cuando el periodista se encontraba en la cabina de la emisora, un comando de la guerrilla del ELN lo asesinó. Los guerrilleros dejaron volantes en los que acusaban a Pelayo de tener nexos con los paramilitares. 

Pelayo conocía el potencial cultural que había en la región de los Llanos Orientales y, por eso, desde su emisora “se enfocó en resaltar e impulsar a los artistas musicales (...) dio a conocer a declamadores y compositores que necesitaban ser reconocidos”, explica Alberto, colega del periodista que pidió que su nombre real no fuera revelado.

A sus 16 años, Alberto conoció a Pelayo, quien se convertiría en su maestro en el periodismo. Alberto empezó aprendiendo a hacer cuñas radiales y, muy pronto, era capaz de presentar todo un programa musical. Lo que era una posibilidad remota para él, se convirtió en una labor gracias a las enseñanzas de su amigo Pelayo. 

Cada mañana, el periodista saludaba a su audiencia con un "vaya, vaya". Pelayo tenía buen humor y es recordado como una persona que, además, tenía vocación para colaborar con los demás, especialmente con los jóvenes. 

El 17 de agosto de 1995, Pelayo fue asesinado por dos sicarios en el local donde funcionaba el medio de comunicación. “Dijeron que él tenía vínculos con un grupo llamado los Masetos, que es filial de los paramilitares”, explica su colega. Este grupo armado operó desde los Llanos Orientales y fue un capítulo del grupo Muerte a Secuestradores (MAS), creado por los jefes del Cartel de Medellín a principios de la década de los ochenta. 

Mediante panfletos, miembros del Ejército de Liberación Nacional (ELN), pertenecientes al Frente Domingo Laín Sáenz, se atribuyeron el asesinato del periodista. Para Alberto, la afirmación sobre los nexos de Pelayo con los Masetos es falaz, pues él nunca se relacionó con integrantes de este grupo y no cubrió orden público. Después del asesinato la emisora tuvo varios dueños, pero por la situación de seguridad del municipio y la presencia de grupos al margen de la ley, el medio tuvo que cerrar. 

Sin tener mayores avances en las investigaciones para imputar a los autores intelectuales y materiales del homicidio del periodista, en febrero de 1998 la Fiscalía Especializada de Cúcuta suspendió la investigación. Y pese a los reiterados llamados de la FLIP a la Fiscalía, el caso prescribió en el 2015.

La existencia de medios de comunicación en las regiones es fundamental para que toda la ciudadanía pueda acceder a información. En la FLIP, no olvidamos al periodista Iván Darío Pelayo que desde su labor dio a conocer artistas, representaciones culturales de los Llanos Orientales y fue la voz de su comunidad. 

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A comienzos de los años 90, el periodista Mario Prada Díaz, oriundo de Barrancabermeja, Santander, llegó al municipio de Sabana de Torres con el propósito de ejercer su profesión en medios locales. A mediados de 1999 fundó Horizonte Sabanero, un diario mensual que se dedicaba a cubrir temas de desarrollo social, cultural y comunitario, y para 2002 ya se había expandido hasta Barrancabermeja y Puerto Wilches. 

Prada también ejerció como secretario del concejo de la Unión Patriótica, lo cual conllevo estigmatizaciones y relacionamiento con la guerrilla. Sabana de Torres, a dos horas y media de Bucaramanga, padeció el conflicto armado, y para finales de los noventa y comienzos del 2000 había una disputa territorial por parte de grupos paramilitares y guerrilleros. 

Alberto Bretón, amigo cercano a Mario Prada, recuerda que como profesional estaba muy interesado en temas como la corrupción o el orden social: “un periodista que le gustaba investigar las cosas que pasaban en el municipio, le gustaba que las cosas funcionaran, pero de pronto a algunas personas no les agradaba que hablara abiertamente de ciertos asuntos”. Curiosidad o compromiso, lo cierto es que veló por los intereses y los recursos de su comunidad, “me parece que tenía buenas intenciones, pero en mi concepto era peligroso decir las cosas, no más con decirlas ya se estaba metiendo en un problema”, afirmó Bretón. 

La autocensura para él no fue nunca una opción y por eso en una publicación, que luego se convertiría en su última editorial, denunciaba el mal manejo en la administración de los recursos municipales. “Los pueblos por lo general deben tener periodistas porque a la corrupción le fascina que nadie la cuestione, es feliz cuando nadie dice nada, y los pueblos están reducidos a quedar en la calle cuando hay dirigentes corruptos que se roban todo el presupuesto y más en un municipio tan rico como lo es Sabana de Torres”, adiciona Bretón. 

“Mario era una de esas personas entregadas a decir la verdad de lo que está sucediendo, y decir la verdad en estos municipios en situaciones en las que hay actores armados es un peligro. Decir la verdad es casi ponerse en la mira de un asesino”, afirmó su amigo. En una conversación con Mario, Bretón le había aconsejado que se fuera del municipio debido a que la situación era compleja y había muchas personas que criticaban el trabajo que realizaba. 

El 10 de julio del 2002, un día antes de la desaparición del periodista, algunos medios de comunicación de la zona habían manifestado su rechazo por la intimidación a la prensa local por parte de grupos al margen de la ley, y pedían que se respetara el derecho a informar de manera libre, veraz e imparcial. El 11 de julio se dejó de tener conocimiento sobre el paradero del periodista, y al día siguiente fue hallado su cuerpo con cuatro impactos de bala en la cabeza en un sector conocido como Los Pinos. 

Con la muerte de Prada, el diario Horizonte Sabanero desapareció y este territorio se sumó a la lista de los municipios más complejos para hacer periodismo en Colombia.  

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A Pablo Emilio Parra no le temblaba la voz para decir las cosas en la cara. Fue asesinado en Planadas, Tolima el 27 de junio de 2001, cuando tenía 50 años. Sobre el pecho de su cuerpo los asesinos dejaron un letrero que decía “por sapo y torcido”.

Según información de la FLIP, el crimen fue realizado por las FARC, pues creían que colaboraba con el Ejército o que ayudaba a los paramilitares. Sin embargo, hasta la fecha, el crimen está en completa impunidad. En la FLIP, no olvidamos la honestidad de Pablo Emilio Parra, su tenacidad con la transparencia, su valentía con la verdad y su trabajo. Gracias por recordar con nosotros.

 

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El asesinato del periodista Jorge León Vallejo hace 33 años fue inesperado. Era el amigo de todos, el periodista conocido por estar enamorado de su carrera. Cubría temas económicos de Antioquia que luego publicaba en su programadora de televisión Pasado-Meridiano. Luego de todos estos años, aún no tenemos información sobre quiénes podrían haber sido los autores del asesinato y por qué lo hicieron. Darío Rada Sierra e Isabel Agudelo nos cuentan la historia de un amigo, cuya memoria siempre estará viva en cada uno de los que conozcan de su gratitud, carisma e inocencia. 

 

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El secuestro y asesinato de Javier Ortega, Paúl Rivas y Efraín Segarra es un punto de inflexión para el periodismo de Ecuador y en Colombia y un pendiente a reclamarle a ambos estados que han fallado en su deber de verdad y justicia. Un tablero al que le faltan fichas y en donde reina el silencio. 

Por: Juan Pablo Madrid-Malo Bohórquez

¿Por qué los asesinaron? ¿Qué ocurrió desde el momento del secuestro hasta el momento de su asesinato? ¿Por qué se frustó su liberación? —Estas son preguntas que están pendientes de resolver desde hace 4 años. Durante este tiempo sus familiares no han parado de exigirle a victimarios, y a los Estados de ambos países, dar información suficiente para aclarar lo que ocurrió con Javier Ortega, Paúl Rivas y Efraín Segarra, el equipo periodístico del diario El Comercio de Ecuador, secuestrados y asesinados en territorio colombiano por el Frente Oliver Sinisterra (FOS) de las disidencias de las FARC en zona fronteriza con Ecuador entre marzo y abril de 2018. 

A pesar de haber dos condenas, el caso sigue sin resolverse. Ha faltado celeridad, transparencia y mayor claridad en la información sobre lo ocurrido - ¿Dónde fallaron las negociaciones del Estado ecuatoriano? ¿Por qué el Estado colombiano negó haber adelantado operativos militares que los pusieron en riesgo y frustraron su liberación?. Este todavía es un relato lleno de versiones incompletas que entorpecen un ya muy difícil camino a la justicia. 

Negociación para la liberación fallida y operaciones militares negadas por el Estado Colombiano 

La información que se conoce sobre lo ocurrido entre el 26 de marzo, fecha del secuestro, y el 11 de abril, fecha en que el FOS anunció el asesinato, reposa en expedientes que el Estado ecuatoriano prometió a las familias desclasificar y no lo ha hecho. Un compromiso roto por el gobierno de Lenin Moreno y hasta el momento también por el de Guillermo Lasso, que no solo indigna a sus familiares que buscan verdad sino que incumplen la recomendación del equipo de seguimiento especial designado por la CIDH para el caso que en su informe final dijo: “aún queda pendiente que los Estados cumplan con debida diligencia con una serie de medidas de recopilación de información y desclasificación de documentos de forma sistemática, relativas a distintas esferas que rodean a los acontecimientos y que permitirían a los familiares hacerse una composición completa de los hechos”. (Informe final ESE, Num. 335). 

Frente a esto Galo Ortega, padre de Javier, reclama aquello que buscan: “(...) sería la verdad de la investigación, qué es lo que se hizo y qué es lo que no se hizo. Estas autoridades nos niegan cosas. A lo mejor no lo investigaron, no hicieron lo que tenían que hacer. Nos han dicho cosas que sí han hecho, pero dentro de la investigación no hay nada porque nos ofrecieron la desclasificación de la investigación, eso no lo tenemos. Al principio las autoridades ofrecieron tantas cosas, que no iba a quedar en el olvido. (...) Las autoridades no hicieron nada. Cada quien tapa, cada quien esconde. Se tapan entre ellos.”. 

Aún hoy todavía no es claro quiénes, en qué niveles, estuvieron realmente involucrados en las negociaciones desde que el FOS, presumiblemente  su comandante: Walter Arizala, alias “Guacho”, contactó al mayor Zaldumbide Navia - que en ese entonces cumplía labores en San Lorenzo - para exigir el canje de los periodistas por disidentes presos en Ecuador. ¿Por qué la información que se le transmitía a las familias desde el comité de crisis creado para estos fines en Ecuador era incompleta? ¿En qué momento se derrumbaron estas negociaciones a pesar de que se había dado luz verde para el canje? y por qué queda en el aire la sensación de que, en palabras de Ricardo Rivas, hermano de Paúl, “(...) el Estado dejó en indefensión a esos ciudadanos en la frontera. Es decir, no actuaron como debían hacerlo: salvaguardando la vida de ellos, la integridad de ellos. Entonces la pregunta es ¿Por qué no lo hicieron? ¿Por qué pesó más la imagen de un país, como lo dijo el presidente Moreno, en el lado de Ecuador? ¿Es la imagen de un país, la dignidad de un país, sobre la vida de las personas? ¿Es eso realmente lo que pretende un Estado y no da la seguridad a la cual nosotros hacíamos referencia?”. Mientras familiares y colegas de la prensa pedían la liberación de los periodistas, las autoridades prefirieron el hermetismo. El apoyo y el respaldo que habían prometido altos cargos de ambos gobiernos se convirtió en algo opaco. Esta verdad, de nuevo, reposa en expedientes que las víctimas todavía no pueden ver.

Frente a esa negociación fallida es necesario un recuento de lo sucedido hace cuatro años para empezar a encajar las piezas de este rompecabezas. Hay evidencia que la comunicación entre el FOS y el Estado ecuatoriano se quebró días antes del asesinato del equipo, pero todavía es incierto si fueron los trámites burocráticos y judiciales en ese país los que lo frustraron y, por otra parte, el impacto real que pudieron tener los operativos que las fuerzas militares colombianas hicieron en la zona. Un primer episodio que alimenta las dudas ocurrió el 28 de marzo de 2018, dos días después del secuestro, cuando el periódico El Tiempo, de Bogotá, publicó un artículo en el que afirmó que los periodistas serían liberados aduciendo a altas fuentes en el Ministerio de Defensa colombiano. El exministro del interior ecuatoriano Cesar Navas, relata en el libro Rehenes ¿Por qué ejecutaron a los periodistas de El Comercio?, que Luis Carlos Villegas, Ministro de Defensa de Colombia se comunicó con su homólogo de Ecuador para iniciar los preparativos. Tan confiable era la información que el fiscal ecuatoriano, Christian Rivadaneira, se movilizó hasta San Lorenzo, en frontera colombo-ecuatoriana, para recibirlos. Sin embargo esa liberación nunca ocurrió, la rueda de prensa convocada por el Ministerio de Defensa de Colombia se canceló sin explicación y todavía no es claro lo que pasó durante esos días, aunque hay versiones que indican que la cantada liberación se frustró por operativos militares adelantados en la zona por parte del Ejército de Colombia. 

Así, el 11 de abril, fallidas las negociaciones con el Estado ecuatoriano, empezó a circular un panfleto firmado por el FOS en el que anunciaba el asesinato de Javier, Paúl y Efraín señalando que operaciones militares en el territorio habían sido determinantes para el desenlace. Ese mismo día el Ministerio de Defensa colombiano aprovechó para contestar sobre tales operaciones militares, desmarcándose de cualquier responsabilidad. Dijo Villegas: “Nuestra presencia en ese territorio de frontera territorio colombiano es de control territorial, no ha habido ni desembarcos, ni acciones especiales que no sean de conocimiento ni coordinación con las fuerzas armadas y policiales del Ecuador”.

A partir de una acción de tutela1 contra el Ministerio, la FLIP logró comprobar que sí se llevaron a cabo operaciones militares ofensivas en territorios donde se encontraba el equipo de El Comercio y volvió sobre la mesa la importancia de responder estas preguntas: ¿Por qué, sabiendo que los ponían en inminente riesgo, el Estado colombiano adelantó operaciones ofensivas contra el FOS, más si se estaba adelantado una negociación? ¿Por qué el Estado colombiano buscaba negar la existencia de tales operaciones militares?  

Frente a esto, es importante anotar que la Fiscalía ha omitido indagar en esta línea de investigación a pesar de que el equipo especial de seguimiento de la CIDH le recomendará lo contrario, señalando que la verdad sobre este asunto es una pieza clave de todo este rompecabezas. 

Verdad incompleta y revictimización 

Por otra parte, varias de las principales respuestas de lo que ocurrió con Javier, Paúl y Efraín las tienen, por supuesto, quienes el 26 de marzo de 2018 los secuestraron y posteriormente acabaron con su vida. Del comandante del FOS y máximo responsable del secuestro y asesinato del equipo, Walter Arizala, conocido como alias Guacho, no fue posible ninguna información pues fue abatido a finales de ese mismo año. 

A día de hoy la Fiscalía General de la Nación colombiana ha condenado a dos miembros del FOS: Jesús Vargas Cuajiboy, alias ‘Reniel’, y Gustavo Angulo Arboleda, alias ‘Cherry’. En julio de 2018 se legalizó su captura y se impuso medida de aseguramiento contra ambos, pero sus audiencias se aplazaron por varias razones: por fallas en la conexión de los centros penitenciarios, por un brote de COVID-19 (en el caso de la Cárcel de Cómbita), por incapacidades de los jueces, y por la inasistencia de la Fiscalía o integrantes de la defensa. La situación fue así durante el 2019 y el 2020. Finalmente fueron condenados en el 2021 producto de un preacuerdo celebrado con la Fiscalía General de Colombia en donde se comprometían a realizar actos de reconocimiento de responsabilidad, verdad y perdón como medida de reparación para las familias. 

Por su parte, Gustavo Alonso Ospina Hernández, alias Barbas, señalado de ser responsable de grabar las pruebas de supervivencia, quedó en libertad en junio de 2020 por vencimiento de términos, hoy se desconoce su paradero.  Y, por último, El 30 de marzo de 2021 la Fiscalía presentó como avance la imputación de cargos contra Jesús Alfredo Arroyo, alias Roberto y Juan Carlos Portocarrero Cortés, alias Chuky, ambos señalados de participar directamente en el secuestro y posterior asesinato. A pesar que desde el 2019 venían anunciando tales actuaciones a la fecha sus casos no han avanzado. 

Frente a esto, Cristian Segarra, hijo de Efraín, relata que “Colombia con algunos detenidos procesados, hasta ahí llegaron las cosas. Ecuador se lavó las manos sin mayor investigación, sin mayores avances. Autoridades fueron, otras llegaron. Pero nada más ha pasado. No ha habido un resultado concreto, no ha habido ayuda y las cosas se han quedado estancadas. Tanto así que estamos planteando un proceso internacional de cara a este y los siguientes años”. 

Volviendo a las condenas que ya hay y frente a los actos de reconocimiento de responsabilidad, verdad y perdón surge un nuevo problema: la manera en la que se han dado estos actos. Los testimonios otorgados por ambos se contradicen y no cumplieron mínimos de respeto y solemnidad necesarios en un escenario de perdón. Las condiciones básicas de audio y video que debían ser garantizadas por la Fiscalía no se cumplieron. La disposición de los victimarios de tratar este como un asunto meramente formal para cumplir con el preacuerdo fue notoria: respuestas genéricas, afirmaciones que tendían a desconocer los motivos de los homicidios por parte de “Cherry” aún cuando antes había aceptado a la Fiscalía ser responsable de la seguridad del secuestro y había detallado las circunstancias de los homicidios. Por parte de “Reinel” manifestó temor frente a su situación de seguridad, cosa que sin duda limitaba su versión; dejando el vacío frente a las medidas de protección que debe tomar el Estado colombiano para asegurar la verdad en su testimonio. Esto en últimas, se convirtió en un escenario de revictimización para las víctimas y un episodio que deja más dudas que certezas.  

Frente a esto, dice Galo Ortega que “cuando íbamos a las versiones a la fiscalía yo sentía mucha humillación. Porque cuando iban estos jefes, iban con dos y tres abogados, y los abogados susurraban al oído del oficial que tenía que dar la versión. Cuando ya terminaba el informe lo leían, lo releían. El Fiscal no hacía preguntas, sólamente básicas. Todo eso era humillante para mi. Mi deber como padre es estar donde tenga que dar la cara por mi hijo. Por los tres. Eso siempre es un momento de indignación”. En suma, la justicia y la verdad que debe garantizar la Fiscalía colombiana frente a este caso sigue coja: No es esta una cuestión tan simple como capturar y condenar, hacen falta aún explicaciones y respuestas a los familiares; hace falta reparación real y, por supuesto, hace falta aún un gran camino de justicia. 

En este caso asistimos a una serie compleja de interrogantes que todavía no tienen respuesta:  (i) opacidad por parte de los Estados para revelar cuáles fueron sus actuaciones en torno a la preservación de la vida y la liberación de Javier, Paúl y Efraín, esto incluye lo relativo a las negociaciones entre el FOS y el Estado ecuatoriano pero también el actuar de las fuerzas militares de Colombia. (ii) Una justicia, que como se ha expuesto, poco ha servido para reparar y brindar certezas a las víctimas sobre lo sucedido. Y, englobando lo anterior, queda entonces como gran deuda de todo esto la verdad, la posibilidad de conocer y entender realmente qué ocurrió en torno al secuestro y asesinato del equipo periodístico de El Comercio. Nos faltan 3 es un lema que nació a partir de la tragedia que vivieron familiares, amigos y colegas de Javier Ortega, Paúl Rivas y Efraín Segarra. Es un lema que sigue vigente hasta el día de hoy. Que seguirá vigente hasta que la verdad completa esté en manos de sus familiares, hasta que la justicia indague e investigue la responsabilidad de todos los actores y hasta que las condiciones de abandono y de inseguridad que viven los territorios donde ocurrieron estos hechos sean, de una vez por todas, asumidas por los Estados. 

1 La FLIP solicitó información sobre operaciones militares en las zonas en donde se encontraba el equipo periodístico, esta información fue negada por parte del Ministerio de Defensa justificándose en que era información reservada por seguridad nacional. Sin embargo, por orden judicial finalmente aceptaron que: “En el lapso del 26 de marzo al 13 de abril, por parte de la Fuerza de Tarea Conjunta de Estabilización y Consolidación "HÉRCULES", se ejecutaron dos (2) operaciones militares sostenidas: i) operación de acción ofensiva San Mateo que incluye las veredas Montañita, Brisas de Mataje, Corriente Larga, Mata de Plátano, entre otras zonas de Nariño (...) entre otras zonas de Nariño, que tenía como propósito la garantía de la defensa del área asignada incluyendo tropas y recursos, así como la de neutralizar los fenómenos de criminalidad, y ii) operación de acción ofensiva Arcángel sostenida en los municipios de Barbacoas, Magüi Payan, Roberto Payan y el sector oriental de Tumaco en el Departamento de Nariño, orientada a ejecutar operaciones de acción directa y reconociendo. (sic)”  

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Han pasado cuatro años desde el secuestro y asesinato de Javier Ortega, Paúl Rivas y Efraín Segarra, equipo periodístico del diario El Comercio de Ecuador, a manos de una disidencia de las FARC. Luego de este tiempo, la deuda de verdad, justicia y reparación por parte de Ecuador y Colombia sigue intacta.

Si bien en Colombia la Fiscalía ha avanzado en la investigación y ha condenado a dos responsables de los crímenes, son pocos los avances en cuanto a verdad. Gran parte de la investigación ha estado fundamentada en las versiones —en ocasiones contradictorias— que han rendido exintegrantes del Frente Oliver Sinisterra, que no dejan claro el papel que desempeñaron las personas que participaron en los hechos y que no aclaran las condiciones en que se dio el secuestro y el homicidio del equipo periodístico

Además, el Estado se ha negado a responder las preguntas fundamentales sobre el caso: ¿cómo se desarrollaron las actividades de cooperación entre Ecuador y Colombia?, ¿por qué se negó sin mayor sustento que el cautiverio y asesinato tuvieron lugar en Colombia?, ¿por qué no se detuvieron las actividades militares del Ejército contra el Frente Oliver Sinisterra para facilitar la liberación de los periodistas?, ¿qué factores influyeron para que se frustrara la liberación de los periodistas?

En el 2021, la justicia colombiana condenó a Jesús Vargas Cuajiboy, alias Reinel, y a Gustavo Angulo Arboleda, alias Cherry, por los hechos en los que perdió la vida el equipo periodístico. Estas condenas se obtuvieron como parte de preacuerdos celebrados entre la Fiscalía y los acusados, que incluían como medida de reparación actos de reconocimiento de verdad y perdón en aras de lograr el esclarecimiento de los hechos.

Sin embargo, estos actos, lejos de otorgar una verdad para las víctimas, se convirtieron en un nuevo escenario de revictimización debido a la falta de condiciones dignas para su realización y de las contradicciones entre las distintas versiones de los hechos. Específicamente, en el caso de alias Cherry existieron contradicciones evidentes que impiden afirmar que hubo una reparación real y efectiva a las víctimas. Sin embargo, el Juzgado Segundo Penal del Circuito Especializado de Tumaco avaló el trámite del preacuerdo. Por esta razón, la FLIP apeló la sentencia condenatoria ante la Sala Penal del Tribunal Superior de Pasto. 

Además, en marzo del 2021 la Fiscalía anunció como un gran avance las futuras imputaciones de cargos en contra de Jesús Alfredo Segura Arroyo, alias Roberto, y Juan Carlos Portocarrero Cortés, alias Chuky. Sin embargo, esos avances prometidos no se han materializado, ya que la audiencia de formulación de imputación no pudo realizarse porque los procesados habían recobrado su libertad, pues no se encontraba pendiente una orden de captura por este caso. Sumado a esto, el proceso contra otro de los implicados, Gustavo Alonso Ospina, alias Barbas, no ha tenido muchos avances después de que fue dejado en libertad por vencimiento de términos, más allá de que se hayan programado las audiencias de juicio. 

Así, la Fiscalía, al no aportar más pruebas y quedarse únicamente con los testimonios de los procesados, perpetúa la revictimización y no aporta al esclarecimiento de los hechos. Esto va en contra de la recomendación que hizo el Equipo de Seguimiento Especial (ESE) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en las que afirmó que la investigación y el juzgamiento no puede basarse únicamente en las versiones que rindan los acusados, pues deben contar otros elementos de prueba que corroboren lo dicho por los acusados. 

En su informe, el ESE “reconoce que han sido identificados los cabecillas de la organización, no obstante sería valioso documentar la forma en que se impartieron las órdenes desde esa dirigencia y cómo se condujo el secuestro, a fin de avanzar en la reconstrucción de lo sucedido y extender las imputaciones a la mayor cantidad de delitos investigados que se hubieran cometido bajo su mando”. 

Las fallas en el proceso demuestran que no se han seguido estas recomendaciones del ESE. Si bien las medidas cautelares de la CIDH fueron clausuradas en agosto del 2020, la CIDH indicó que la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión (RELE), en el marco de sus funciones, podría realizar seguimiento de la implementación de las recomendaciones y conclusiones. Por eso, la FLIP solicita a la RELE y a la CIDH que evalúen la posibilidad de hacer seguimiento a este caso y que emitan las alertas necesarias para encontrar verdad y justicia.

También es urgente que la Fiscalía adopte las recomendaciones dadas por el ESE y actúe con diligencia en el desarrollo de la investigación, aportando pruebas y adoptando las medidas necesarias para el adecuado juzgamiento de los responsables, dentro de términos razonables y evitando la configuración de escenarios de impunidad. Finalmente, los jueces a cargo del juzgamiento deben evaluar los actos de perdón y contrastar la información declarada con las demás pruebas, para determinar su consistencia y con ello, su potencial reparador.

Publicado en Pronunciamientos
Viernes, 10 December 2021 15:57

Ernesto Acero Cadena

Ernesto Acero Cadena era periodista del periódico El Informador Socioeconómico. A sus 59 años fue asesinado el 12 de diciembre de 1995 en Armenia, Quindío. Ese día, un desconocido lo atacó a dos cuadras del Cuartel de Policía y del Palacio de Justicia de Armenia. Su caso prescribió en 2015 luego de que la Fiscalía no lograra determinar a los autores del crimen. 

Ernesto tuvo una reconocida trayectoria periodística. Durante 1957 y 1962, trabajó en los periódicos El Relator y Occidente en Cali, Valle del Cauca. Años más tarde, fue editor del diario Edicron y Estelar Publicidad, así como redactor de la revista de la Policía Nacional en Bogotá. En 1966, viajó a Medellín y se desempeñó como director de Colprensa y de la emisora La Voz de la Independencia. 

Tres años después, Ernesto se estableció en Armenia donde fue jefe de prensa de la Gobernación del Quindío, periodista de las emisoras La Voz del Comercio y Radio Sucesos, corresponsal de La Patria de Manizales, El Espectador, El Pueblo, Occidente, El Siglo, La República, y redactor de La Patria del Quindío. 

Ernesto también fue emprendedor y, por eso, creó El Informador Socioeconómico del Quindío, un plegable que alcanzó 195 ediciones en Armenia y en el que criticaba y denunciaba temas de interés público.

Antes de su asesinato, Ernesto denunció al excongresista Carlos Alberto Oviedo por presuntos vínculos con narcontraficantes. Un funcionario de la unidad de investigaciones secretas de la Policía declaró ante la Fiscalía que, días antes del asesinato del periodista, el agente de policía Edgar Gamboa le contó que se estaba preparando un asesinato por el que pagarían 40 millones de pesos. Y aunque Gamboa fue expulsado de la institución, nunca  hubo condenas y las autoridades no lograron identificar a los responsables del homicidio. 

Nuestro equipo FLIP no ha podido contactar a colegas o personas cercanas a Ernesto. Si usted lo conoció o tiene pistas de quiénes pudieron haber tratado con él, puede escribirnos a Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.

En la FLIP, recordamos a Ernesto y reconocemos su trabajo periodístico cuya trayectoria lo convirtió en uno de los periodistas más destacados del departamento. 

Gracias por recordar con nosotros. 

Publicado en Impunidad casos
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