Fundación para la Libertad de Prensa - FLIP
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En varias oportunidades el exfiscal Néstor Humberto Martínez se ha referido a la prensa de manera estigmatizante y ha cuestionado, sin fundamentos, las investigaciones periodísticas sobre asuntos relacionados a su gestión como Fiscal General de la Nación. Esto configura una estrategia para intimidar a los periodistas que investigan y publican información de suma relevancia pública.
El pasado 26 de noviembre, el exfiscal Martínez, en una sesión de control político en la Comisión Primera del Senado, desacreditó el trabajo de investigación realizado por distintos periodistas. Señaló a Edison Bolaños, reportero de El Espectador, alegando que no realizó el trabajo de manera independiente ni diligente y afirmó que las decisiones editoriales tenían como propósito encubrir a Jesús Santrich.
En sus propios términos: “Ah, esa sí no la van a mostrar porque quieren hacerle el jueguito del defensor de Santrich y del señor Bolaños, de que esta era coca de la Fiscalía. Y antes de esa publicación yo le dije al señor Bolaños por escrito, tengo aquí los escritos, y le dije al director del periodico “señores, esa coca no era de la Fiscalía”. No importa, ni siquiera se tomaron el trabajo de publicar que eso no era cierto en palabras del exfiscal general”.
Adicionalmente, Martínez cuestionó de manera enfática la independencia del periodista, acusándolo de no haber publicado la totalidad de la información para encubrir a alguien, sin mostrar alguna prueba1. Requerir la publicación completa del material investigativo de un periodista constituye una violación a la reserva de la fuente que, además, puede poner en peligro tanto a la fuente como al periodista.
Martínez no sustentó con evidencia ninguna de estas graves acusaciones y por el contrario quiso generalizar conociendo muy bien que esto debilita el trabajo de una prensa libre e independiente.
Igualmente, la FLIP rechaza que Martínez anunciara públicamente su intención de denunciar a la periodista María Jimena Duzán por haber mencionado la orden que este habría dado para interceptar a políticos y negociadores de paz. La FLIP tiene conocimiento de que por este asunto el exfiscal ya acosó judicialmente a Duzán, por medio de distintas acciones de tutela que pretenden amordazar a la prensa e impedir que se informe sobre asuntos relacionados a su gestión, aduciendo la vulneración de sus derechos fundamentales a la honra y el buen nombre. Estas tutelas ya han sido falladas a favor de la periodista.
Para la FLIP, el mensaje intimidatorio de Martínez hacia la prensa alcanza un nivel contundente al referirse a la necesidad de utilizar el derecho penal en contra de los periodistas. Vale la pena reiterar que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha sostenido que “la utilización del derecho penal para sancionar expresiones sobre cuestiones de interés público o sobre funcionarios públicos, candidatos a ejercer cargos públicos o políticos vulnera en sí misma el artículo 13 de la Convención Americana”.
Por otro lado, estos mensajes en contra de la prensa han gestado una ambiente permisivo de agresión, que ha resultado en el incremento de riesgo para los y las periodistas. La FLIP tiene conocimiento de que quienes están investigando asuntos relacionados con la gestión del exfiscal han tenido que solicitar medidas de protección.
La FLIP expresa su preocupación por esta situación ya que se evidencia una clara intención de silenciamiento de un asunto de interés público, haciendo uso de su cargo y exposición pública, a pesar del deber de soportar un mayor escrutinio público. Así mismo, reiteramos que el uso del derecho penal es incompatible con estándares internacionales de protección de la libertad de expresión. Judicializar el debate público como estrategia de censura a la prensa desde una posición de poder resta credenciales democráticas y reduce el flujo de información y el ejercicio democrático.
Por último, la FLIP también hace un llamado a la Unidad Nacional de Protección para que atienda las solicitudes de los periodistas sin ceder a presiones que puedan provenir de la posición de poder de los involucrados. Estas garantías en seguridad son indispensables para el ejercicio libre e independiente del oficio periodístico que aporta a la democracia y a la veeduría ciudadana sobre asuntos de alto interés público.
1. “Yo sé que el periodista tiene toda esta información, pero selectivamente no la ha publicado. ¿Por qué no la deja conocer para que se sepa cómo era que el ratón estaba rondando el queso, o sea la platica para los desmovilizados?... Y después dicen que son las autoridades las que están en contra de la reinserción de estos señores”.
La FLIP rechaza acoso judicial por denuncias de violencia de género publicadas por Las Igualadas.
El pasado 20 de noviembre, el Juzgado Sexto Penal del Circuito Especializado de Bogotá ordenó a Las Igualadas, a Fidel Cano y al Espectador la rectificación de una opinión emitida en el canal de Las Igualadas a propósito de denuncias por violencia de género en contra de José Francisco Jacomo Ángel –pastor principal de la congregación religiosa El Shaddai– por parte de mujeres de su congregación.
Para la FLIP este caso se enmarca de manera clara en el acoso judicial contra la prensa sobre asuntos de interés público. Reiteramos que la judicialización de asuntos de libertad de expresión, frente a la difusión de hechos sobre violaciones de derechos humanos y violencias de género, busca atemorizar a los periodistas que visibilizan estos asuntos e incrementa el riesgo de autocensura.
El pasado 28 de octubre, Las Igualadas publicó un video sobre José Francisco Jamoco Ángel, pastor de la iglesia Shaddai, y cómo él utilizaba su posición de poder para acosar y hacer insinuaciones sexuales a las mujeres. Las periodistas han recogido denuncias presentadas por más de una decena de mujeres ante la Fiscalía. Hasta el momento Jamoco Ángel no ha sido declarado penalmente responsable.
Después de la publicación del vídeo, el pastor inició una acción de tutela por considerar vulnerados sus derechos a la intimidad, honra, buen nombre y presunción de inocencia. El 10 de noviembre, las periodistas publicaron un segundo video en el que precisaron que no existe condena en firme en contra del pastor, a quien calificaron como “presunto culpable de violencia sexual” y “presunto victimario” y difundieron su opinión de la siguiente manera: “entonces nosotras creemos que el único que cree que es inocente es él y su abogado y algunos de sus feligreses. Así que para que usted quede tranquilo, señor presunto victimario, nosotras creemos que eso no se lo cree nadie (...)”.
Contradictoriamente, el juez ignoró que las periodistas hicieron una clara manifestación de opiniones y las distinguieron de la información de manera transparente con la audiencia. En su lugar, las presentó como información noticiosa y ordenó su rectificación.
La FLIP advierte que esta decisión también es peligrosa porque prohíbe a los periodistas referirse a una persona como “presunto culpable” o “presunto victimario”, lo cual reduce de forma tajante la veeduría pública que se puede generar sobre hechos delictivos que le interesan a la sociedad, y termina por disuadir a los periodistas de informar sobre este tipo de conductas.
Además, resulta desproporcionado que a pesar de haber sido difundida una aclaración suficiente sobre la inexistencia de condenas y sobre investigaciones penales que aún se encuentran en curso, se ordene una publicación adicional. Esto genera un efecto exculpatorio del pastor y se invisibilizan las denuncias y el problema de fondo: la violencia de género e inactividad del sistema de justicia.
La FLIP ha evidenciado que los periodistas que publican sobre asuntos de alto interés público son un blanco frecuente; en los últimos 3 años, la Fundación documentó 11 casos por publicaciones relacionadas con denuncias de violencia de género y 5 sobre cuestionamientos a figuras religiosas.
La decisión de tutela será apelada por las Igualadas y El Espectador, por su parte la FLIP hará un seguimiento del caso. La Fundación hace una llamado a los jueces para que se garantice la libertad de expresión y la libertad de opinión de los periodistas, ya que la defensa del pluralismo de voces de una democracia autoriza que los medios valoren de determinada manera lo sucedido, sin que ello signifique la deformación de la información sobre los sucesos, ni que se induzca a error a la audiencia.
La Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) rechaza los hostigamientos del alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, hacia los periodistas que difunden cuestionamientos sobre su ejercicio como funcionario público. El 16 de agosto el periodista José Marulanda compartió una publicación a través de Twitter en la que la reportera Juliana Rámirez hizo dos preguntas relacionadas con el caso del asesinato de cinco menores de edad en el barrio Llano Verde de Cali, ocurrido el pasado 11 de agosto. Marulanda cuestionó las acciones del alcalde, Jorge Ivan Ospina, y su gabinete para resolver este caso. La respuesta pública de Ospina, a través de su cuenta oficial de Twitter, fue “en ocasiones salen imbéciles a la calle”.
Esta no es la primera vez que el mandatario responde de forma sarcástica, confusa y desobligante cuando los periodistas publican información o hacen cuestionamientos sobre su gestión como mandatario sobre temas que revisten alto interés público para la ciudadanía.
La FLIP tuvo conocimiento de seis situaciones más que involucran a otros cuatro periodistas y que se han venido presentado desde que Ospina estaba en campaña. El pasado 11 de agosto, el mandatario le escribió a Marulanda a través de un mensaje privado en Twitter: “das risa y lastima” y “es mi respuesta a semejante falta de criterio y objetividad cuya fuente es y ha sido perversa”. Opsina envió los mensajes después de que el periodista compartiera el link de una nota que hizo en agosto de 2019 sobre las alianzas políticas de Ospina para llegar a la alcaldía.
Una situación similar se presentó con el periodista Heinar Ortiz, quien realizó varios cuestionamientos y llamados al alcalde sobre las irregularidades en la contratación para atender la pandemia y los problemas de seguridad que atraviesa la ciudad. El reportero asegura que el alcalde le respondió un par de veces por mensaje directo en Twitter pero una vez el periodista le solicitó que diera sus repuestas de forma pública, el mandatario lo bloqueó.
El 15 de julio de este año la periodista Valentina Parada publicó un hilo de Twitter refiriendose a la decisión que tomó el alcalde de finalizar el programa Gestores de paz y cultura ciudadana en Cali; y el 21 de abril el periodista César Polanía cuestionó tres normas que el alcalde había implementado para controlar el tránsito de las personas con el fin de prevenir el contagio. Ospina les respondió a los dos periodistas con comentarios que no ofrecían respuestas a las críticas, sino que buscaban desacreditar su labor.
El último antecedente ocurrió en octubre de 2019 cuando la periodista Lina Uribe publicó un artículo en el que daba a conocer las propuestas del entonces candidato Jorge Iván Ospina y denunciaba que el aspirante a la alcaldía tenía 73 procesos disciplinarios en la Procuraduría General de la Nación. Según la periodista, Ospina la llamó y le escribió para reclamarle por haber publicado esa información y la intimidó con elevar la queja ante el jefe de la reportera.
La FLIP intentó comunicarse con la Alcaldía de Cali para contrastar los hechos denunciados por los periodistas, pero no fue posible obtener una versión oficial. Frente a estas situaciones la Fundación expresa su preocupación por estos hechos, debido a que los señalamientos recurrentes muestran una estrategia sistemática de intimidación contra los periodistas que hacen críticas a la gestión del alcalde, Jorge Iván Ospina. En esa medida, la manera en la que el mandatario se refiere a la prensa no aporta información sobre los cuestionamientos a sus gestiones, sino que busca deslegitimar a los reporteros que hacen un ejercicio de escrutinio para difundir información de interés general con el fin de contribuir al debate público que necesita toda sociedad democrática.
En un escenario de violencia contra la prensa como el que se vive en Cali, donde 40 periodistas han sido víctimas de 47 ataques entre 2019 y 2020 por el desarrollo de su labor informativa, es indispensable que los funcionarios públicos del más alto nivel, como Jorge Iván Ospina, asuman un discurso favorable que garantice el libre desarrollo del ejercicio periodístico en la ciudad. Al respecto, la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión (RELE) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha establecido que: “una medida de protección simple pero sumamente eficaz consiste en que las más altas autoridades del Estado reconozcan de manera constante, clara, pública y firme la legitimidad y el valor de la labor periodística, aun cuando la información difundida pueda resultar crítica, inconveniente e inoportuna para los intereses del gobierno”.
Lo anterior no quiere decir que el alcalde de Cali no pueda debatir sobre la información que se emite a través de los medios de comunicación. Por el contrario, se trata de contribuir al debate democrático teniendo en cuenta que los funcionarios públicos tienen la responsabilidad de mostrar mayor tolerancia a la crítica y deben expresar sus desacuerdos con la prensa de una manera responsable a través de mecanismos democráticos como la solicitud de rectificación o la solicitud de réplica.
Ante las reiteradas reacciones desobligantes de Jorge Iván Ospina contra la prensa, la gravedad que esto supone desde su posición de alcalde y su negativa pública a cumplir con su deber de garante de la libertad de prensa, la FLIP pondrá este caso en conocimiento del comité de ética del Partido Verde y convoca a los integrantes de dicha agrupación a que impartan instrucciones claras entre sus miembros sobre la importancia de la libertad de prensa.
La FLIP expresa su preocupación por la seguridad de los periodistas de Voces del Guayabero Fernado Osorio y Edilson Álvarez, quienes denuncian haber sido intimidados y detenidos irregularmente por miembros del Ejército Nacional mientras cubrían los operativos de erradicación forzada en el Meta. La Fundación le exige a las autoridades que lleven a cabo las acciones necesarias para proteger a los comunicadores y sancionar a los funcionarios responsables de estas violaciones a la libertad de prensa.
Osorio le manifestó a la FLIP que el siete de agosto fue intimidado por integrantes del Ejército Nacional mientras realizaba el cubrimiento de un operativo de erradicación forzada en la vereda Nueva Colombia del municipio de Vistahermosa, Meta. En la denuncia que el comunicador dirigió a la Defensoría del Pueblo y la Procuraduría General de la Nación aseguró que miembros del Ejército lo señalaron de ser guerrillero y le afirmaron que la próxima vez “no le volarían solo un dedo”.
Es importante recordar que el pasado cuatro de junio, mientras Osorio hacía otro cubrimiento periodístico en la vereda Tercer Milenio, recibió dos impactos de fusil que le destrozaron tres dedos. Por estos hechos la FLIP le solicitó al Ejército Nacional información sobre las sanciones a los funcionarios responsables de estas violaciones a la libertad de prensa. El pasado seis de agosto la institución respondió que la oficina jurídica estaba adelantando las investigaciones disciplinarias y que el proceso apenas se encontraba en etapa preliminar.
Adicionalmente, Álvarez y Osorio aseguran que el ocho de agosto fueron detenidos durante seis horas por integrantes del Ejército en una casa de la vereda de Nueva Colombia. Los periodistas estaban en ese sector para cubrir la detención de un grupo de campesinos. Los dos reporteros aseguran que los uniformados los señalaron de ser guerrilleros y les dijeron que “no dieran papaya” porque los iban a matar.
Las amenazas, las detenciones y los ataques directos que han sufrido los comunicadores de Voces del Guayabero durante el cubrimiento de los operativos de erradicación forzada en esta región dan cuenta de la falta de garantías para ejercer su labor informativa. Desde el pasado 20 de mayo los reporteros han registrado las violaciones a los derechos humanos contra cerca de 80 comunidades campesinas que se encuentran en riesgo por las acciones militares de la fuerza pública.
La FLIP rechaza las violaciones a la libertad de prensa denunciadas por los comunicadores de Voces del Guayabero, a quienes se les acusa de ser guerrilleros con el fin de justificar los ataques contra su vida. En ese sentido, la Fundación le exige al Ejército Nacional que investigue con celeridad a los uniformados responsables y se emitan las sanciones correspondientes. Adicionalmente, le solicita que se impartan instrucciones precisas sobre el cumplimiento de su deber como garantes de la libertad de prensa en este tipo de escenarios donde la presencia de equipos periodísticos es un necesaria para la transparencia alrededor de los operativos militares.
La FLIP les reitera a la Procuraduría General de la Nación y a la Defensoría del Pueblo la necesidad de crear un comité de seguimiento a estas investigaciones disciplinarias con el fin de sancionar de manera efectiva a los uniformados responsables de estas situaciones de violencia contra la labor periodística.
La Fundación le solicita a la Unidad Nacional de Protección (UNP) que evalúe la situación de riesgo de los reporteros con el fin de implementar las medidas de protección necesarias para salvaguardar su vida y su integridad.
La información oportuna, veraz, actualizada y descentralizada es un bien público esencial para tramitar la pandemia con credenciales democráticas para atender la crisis y garantizar los derechos fundamentales durante el aislamiento. Cuando la ciudadanía cuenta con información de calidad adopta las medidas para su cuidado y atiende las recomendaciones de las autoridades sanitarias. Reconociendo la vital importancia del periodismo en esta coyuntura la Fundación para la Libertad de Prensa -FLIP- comparte un balance preliminar sobre las variables que afectan a una prensa libre en Colombia durante la pandemia.
El Gobierno Nacional en representación del Estado en su conjunto debe garantizar el ejercicio de la libertad de prensa libre e independiente para que esta difunda información que contribuya al debate público sobre temas de interés general. No es suficiente declarar el servicio de telecomunicaciones como un servicio esencial si no se acompaña de medidas concretas para:
a. Proteger del riesgo biológico a los periodistas. Al menos 16 reportaron haber tenido acercamientos con personas contagiadas o posiblemente contagiadas durante el ejercicio de su oficio. Cuatro periodistas mantuvieron aislamiento voluntario y 11 se tomaron la prueba para el diagnóstico de Covid-19 pero se evidenciaron retrasos de hasta 17 días en la entrega de los resultados. Uno de estos casos fue el de Paco Lasso, quien falleció en 7 el mayo de 2020 tras contraer el nuevo coronavirus. La FLIP también ha tenido conocimiento extraoficial de casos positivos de Covid-19 en trabajadores de un medio de comunicación, un caso donde respetamos la discreción del medio en el manejo y en el que valoramos especialmente la diligencia de cuidado que se ha adelantado con respecto a ese trabajador y todas las personas en su entorno.
b. Corregir las dificultades de movilidad para la reportería. Según el Decreto 749 de 2020, los periodistas están exceptuados de las restricciones de movilidad. Sin embargo, algunas autoridades también requieren la acreditación de esta calidad mediante títulos, certificados laborales y/o carnets. Esto es contrario al artículo 20 de la Constitución Política que establece que el derecho a informar está en cabeza de todas las personas del territorio colombiano. Además, en algunos casos, para ser cobijado por esta excepción, resulta indispensable registrarse en plataformas que exigen acceder a datos personales y a la georeferenciación en tiempo real. Esto puede representar un riesgo para los comunicadores y sus fuentes.
c. Aclarar las condiciones del uso de los medios de comunicación para difundir información oficial1. Algunas medidas reconocen y valoran el derecho a informar y ser informados para exigir que los medios de comunicación difundan la información oficial. Sin embargo, la falta de claridad sobre los parámetros aplicables puede prestarse para arbitrariedades. La Resolución 844 de 2020 establece la obligación a los medios de comunicación masiva de difundir gratuitamente información sobre la situación sanitaria y las medidas de protección para la población adoptadas, de acuerdo con la información suministrada por el Ministerio de Salud. La amplitud de estos términos y restringir a los medios como simples amplificadores de información oficial abre la puerta para la imposición estatal de contenidos, uno de los mecanismos de propaganda y censura previa prohibidos por la Constitución.
d. Disponer recursos para asegurar la sostenibilidad del sector. Hasta el 31 de mayo, se han conocido al menos 48 casos de periodistas y medios de comunicación que se han visto afectados por la situación de emergencia sanitaria, 32 son de medios y reporteros que están viendo afectadas sus finanzas. Esta situación es más grave en las regiones que se ven amenazas de quedarse sin medios e información local. Las distintas interpretaciones de la Directiva 16 de la Procuraduría General de la Nación implicó una reducción de la pauta publicitaria agravando la situación, los alivios del gobierno se han concentrado en televisión abierta y medios comunitarios dejando en desprotección específica a un amplio rango de medios de comunicación
La FLIP ha advertido conductas recurrentes entre las autoridades locales que afectan el flujo de la información. La descalificación de manera pública del trabajo periodístico y estigmatización a algunos reporteros y medios tiene, sin duda, un efecto inhibidor. Estas conductas hostiles contra la prensa buscan silenciar las voces que critican la gestión de la emergencia. Esto limita la veeduría y participación ciudadana. Es preocupante la situación en Medellín, Sucre, Cesar y Nariño donde las autoridades gubernamentales no han ahorrado calificativos denigrantes contra la prensa.
Al respecto, vale la pena recordar que las autoridades y funcionarios públicos deben garantizar el derecho a la libertad de prensa y facilitar el debate de interés público aun cuando ello implique tolerar la crítica sobre su gestión. Dicho debate no debe estar sujeto a calificaciones por parte de las entidades oficiales ni a obstrucciones o censura, que está expresamente prohibida en la Constitución Política y es una herramienta dañina que limita el pluralismo y por ende el funcionamiento mismo de la democracia en un Estado.
El acceso a la información pública no se está garantizando de manera plena, al menos por las siguientes razones:
Esto no permite un flujo ágil de la información y tampoco responde a las necesidades informativas territoriales. Por lo anterior, la FLIP hace un llamado a la Procuraduría General de la Nación para que establezca guías de uso de plataformas y redes sociales que garanticen el acceso a la información y también que ejerza de manera activa el poder disciplinario preferente sobre las faltas por impedir y obstaculizar el acceso a la información.
Por último, la FLIP declara un riesgo de captura estatal del debate público en el que la expectativa de simple amplificación de la voz oficial por parte los gobiernos nacional y locales, sumada a una reducción operacional de los medios debido a la crisis financiera que atraviesan, deriva en un ambiente muy limitado de escrutinio social a las políticas públicas en curso. La FLIP anima a las audiencias a que contribuyan económicamente a los medios de comunicación e invita a las autoridades nacionales y locales a evaluar el derecho a una sociedad informada como un bien de interés público en la pandemia facilitando medidas que efectivamente atiendan el riesgo de extinción de medios y la captura del debate público.
1 El Decreto 460 de 2020 se ordenó a las radios comunitarias estar dispuestas y responder a las necesidades informativas en medio de la emergencia frente a ciertos temas específicos. De manera más reciente, el apoyo de los medios de comunicación fue ampliada mediante la Resolución 844 de 2020 expedida por el Ministerio de Salud, que extiende la emergencia sanitaria hasta el 31 de agosto de 2020 y ordena a todas las estaciones de radiodifusión sonora, a los programadores de televisión y demás medios masivos de comunicación, difundir gratuitamente la información suministrada por este ministerio, en horarios o franjas de alta audiencia, sobre la situación sanitaria y las medidas de protección para la población, de acuerdo con los lineamientos del Ministerio de Tecnologías de la información y las Comunicaciones.
La Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) rechaza la medida cautelar que emitió el Juez Séptimo Administrativo Oral de Medellín a favor de José Guillermo Zuluaga Ceballos para que cesen las publicaciones por parte de Morada Noticias, Caracol Televisión y Noticias Caracol sobre una serie de acusaciones de acoso sexual en contra de Zuluaga. Esta decisión constituye censura previa del trabajo periodístico que ejercen estos medios y atenta seriamente contra el ejercicio de la libertad de prensa y la Constitución Política.
El pasado 27 de enero, el subsecretario de Lectura y Patrimonio de la Alcaldía de Medellín comunicó que el nuevo director de la Fiesta del Libro sería Guillermo Zuluaga Ceballos, un reconocido escritor, periodista y docente universitario. Desde ese día, varios mensajes que expresaban inconformidad con la decisión fueron difundidos por WhatsApp con base en acusaciones de acoso que varias mujeres ha hecho en contra de Zuluaga. Como respuesta a esto, el colectivo #OhPosición invitó a las presuntas víctimas a denunciar las situaciones de acoso, intimidación y/o abuso por parte de Zuluaga. Varias mujeres denunciaron sus experiencias y Morada Noticias publicó algunas de ellas. Además, varios testimonios fueron presentados en un podcast del medio. Ese mismo día, Noticias Caracol buscó a Zuluaga para solicitarle una entrevista y el espacio Código Secreto de Caracol Televisión publicó una nota sobre las acusaciones en su contra.
A raíz de esto, el 18 de febrero, Guillermo Zuluaga interpuso una tutela en contra de la emisora Morada Noticias, Caracol Televisión y Noticias Caracol “por la acción malintencionada de los medios de comunicación” debido a las publicaciones relacionadas con este suceso. Según él, el contenido que ha sido difundido por estos medios es información falsa y confusa que parte de perfiles falsos y anónimos, que además atentan contra su honra y buen nombre. Además, Zuluaga solicitó una medida provisional con el fin de que cesen las publicaciones que tengan relación con las acusaciones de acoso sexual hasta que se resuelva de fondo la tutela. El juez decretó la medida provisional solicitada por Zuluaga y admitió la acción de tutela.
La FLIP recuerda que los periodistas no están limitados a informar u opinar únicamente sobre asuntos o hechos que hayan sido llevados a la justicia o que estén en proceso de investigación. Lo anterior sería una limitación injustificada a la libertad de expresión. En otras palabras, los periodistas no dependen de los resultados de una investigación judicial para informar u opinar y, mucho menos, de que se hayan iniciado acciones legales en contra de los presuntos implicados.
Por otro lado, según los estándares internacionales de libertad de expresión, los funcionarios y las figuras públicas están más expuestos a la crítica, puesto que estos se han sometido voluntariamente a un escrutinio más exigente. Además, debe recordarse que “no se viola el derecho al buen nombre y a la honra, si es la misma persona la que con sus acciones lo está pisoteando y por consiguiente perdiendo el prestigio que hubiera conservado si hubiera advertido un severo cumplimiento de sus deberes respecto del prójimo y respecto de sí mismo” (sentencia T-228 de 1994. M.P. José Gregorio Hernández Galindo).
Por último, es importante señalar que en cualquier sociedad democrática los discursos que se emitan sobre la idoneidad de personas que cumplen funciones públicas o que tienen proyección pública constituyen discursos especialmente protegidos por la libertad de expresión. Por lo tanto, estas expresiones gozan de mayor protección, de manera tal que se promueva el debate democrático.
La FLIP rechaza esta clase de solicitudes judiciales y hace un llamado para que los jueces del país no censuren el trabajo periodístico mediante la imposición de medidas provisionales que limiten la libertad de expresión y de información. La FLIP presentará un escrito solicitando el levantamiento de la medida cautelar y pidiendo un fallo en contra de la tutela presentada por Zuluaga.
La FLIP expresa su preocupación por la situación de riesgo de María Eugenia Durango, periodista de estación radial de Ituango, la segunda emisora de pedagogía para la paz en el país, que es operada por la Radio Nacional de Colombia. La Fundación le solicita a la Unidad Nacional de Protección (UNP) que atienda de manera urgente las necesidades de reubicación de la comunicadora en condiciones de seguridad.
El pasado 24 de enero, la reportera recibió una amenaza a través de un mensaje de WhatsApp en el que le advertían que tenía 24 horas para abandonar el municipio. Luego de esta intimidación, la periodista tuvo que suspender sus labores de reportería y desplazarse para salvaguardar su seguridad y la de su familia. Durango cubría temas culturales del municipio y noticias generales del departamento, y en los últimos días, dada la situación de violencia en el Bajo Cauca Antioqueño, también hacía notas informativas sobre el orden público en la región.
La periodista estaba desarrollando su labor informativa en medio de las dificultades de seguridad que atraviesa el municipio. Ituango, al norte del departamento de Antioquia, es un corredor estratégico que comunica a la costa caribe con la región del Urabá y el Bajo Cauca Antioqueño, lo que lo convierte en una región atractiva para los grupos al margen de la ley. Actualmente, en este territorio se libra una disputa entre las disidencias de las Farc y otras estructuras ilegales como El Clan del Golfo y Los Caparrapos.
Durante los últimos días la situación de orden público del municipio se ha agudizado y son constantes las denuncias por extorsiones a los habitantes de la zona y los enfrentamientos entre los grupos armados ilegales. Esta situación de violencia venía siendo denunciada en los últimos días por el equipo periodístico de la emisora de Ituango que se escucha en el dial 92.3 FM. Durango asegura que para tratar estos temas han invitado a líderes sociales y autoridades de la región para que participen en los espacios informativos.
En vista de la inminencia del riesgo al que estaba expuesta la reportera, la FLIP le solicitó a la Unidad Nacional de Protección (UNP) que implementara medidas de protección por trámite de emergencia pero la petición fue negada. La Fundación le reitera a la UNP la necesidad de implementar medidas de protección de manera urgente que garanticen la reubicación de la reportera en condiciones de seguridad con el fin de salvaguardar su vida, su integridad y la de su familia.
Adicionalmente, la Fundación le solicita a la Fiscalía General de la Nación que investigue a fondo este hecho con el fin de identificar y sancionar a los responsables. Las sanciones judiciales en este tipo de situaciones son un precedente importante que contribuye a disuadir la ocurrencia de nuevas violencias contra la prensa. Así lo ha dispuesto la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en su informe sobre Violencia contra periodistas y trabajadores de Medios: “para prevenir la violencia contra periodistas y trabajadores de los medios de comunicación es indispensable que el ordenamiento jurídico sancione estas conductas de manera proporcional al daño cometido”.
La Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) expresa su preocupación por las agresiones que se han presentado en lo corrido de 2019 contra los periodistas y medios de comunicación que están informando sobre las elecciones regionales del próximo 27 de octubre. Estas violaciones evidencian que los periodistas, en especial los de ciertas regiones del país, se encuentran en un alto nivel de riesgo cuando hacen cubrimiento electoral.
A nueve días de las votaciones para la elección de mandatarios locales, la FLIP ha documentado 24 violaciones a la prensa durante el cubrimiento de las acciones adelantadas por los candidatos y partidos políticos en época de campaña. Esta cifra es alarmante si se tiene en cuenta que en 2015, cuando se realizaron las últimas elecciones regionales, la FLIP documentó un total de 22 agresiones contra la prensa, incluyendo las que se registraron durante el día de los comicios, en los que suelen registrarse números importantes de agresiones contra la prensa.
Durante el 2019, los ataques a la prensa en medio del cubrimiento de temas relacionados con el proceso electoral se han presentado mayoritariamente en los departamentos de Nariño, Santander y Antioquia. Estos departamentos y Cauca, Norte de Santander y Arauca preocupan especialmente a la FLIP dado que viven contextos complejos, en los que los periodistas se enfrentan a un riesgo alto a la hora de realizar su labor.
En Nariño se concentra una gran cantidad de cultivos de coca y los grupos armados se disputan el control de la costa pacífica. Esto ha ocasionado que los reporteros de la región tengan que desarrollar su labor en medio de las presiones de los grupos armados y se vean obligados a autocensurarse por temor a represalias. Este año en el municipio de Samaniego fue asesinado el periodista Libardo Montenegro.
Por su parte Antioquia, con 27 casos, es el segundo departamento con más agresiones a la prensa durante lo corrido del 2019. Además, ha estado históricamente en los registros de la FLIP como una de las regiones en las que más se agrede a la prensa.
Santander, con 18 casos, es el cuarto departamento con más agresiones a periodistas este año. Actualmente, este departamento vive una de las contiendas electorales más reñidas, lo cual crea un ambiente de tensión política en el que el afán de salvaguardar los intereses de los candidatos aumenta el riesgo de la prensa a ser estigmatizada, obstruida, acosada judicialmente, agredida y amenazada.
Cauca, Norte de Santander y Arauca también preocupan especialmente a la Fundación por el alto riesgo que enfrentan sus periodistas. En Cauca, los comunicadores han sido atacados repetidamente en medio del cubrimiento de protestas sociales, por parte de manifestantes, miembros de la Fuerza Pública y, en algunas ocasiones, miembros de grupos al margen de la ley.
En Norte de Santander, la presencia de disidencias, grupos guerrilleros como el ELN y el EPL y grupos paramilitares ha dificultado el cubrimiento de temas de alto interés general, derivando incluso en el secuestro y desplazamiento de periodistas.
Por su parte, Arauca es a la fecha el tercer departamento con más agresiones a la prensa, incluyendo el asesinato del productor audiovisual Mauricio Lezama. El fortalecimiento del ELN y la consolidación de una disidencia de las FARC, así como el surgimiento de nuevos actores armados en la zona que se disputan el control del territorio, configuran un nuevo mapa de violencia que afecta notablemente la labor periodística.
Como es común en las violaciones a la libertad de prensa, en la mayoría de ocasiones se desconoce al responsable de estos hechos. De los 24 casos que se han documentado en este 2019 relacionados con el cubrimiento de elecciones, en 12 ocasiones el perpetrador fue un agente desconocido y en el resto de situaciones el agresor tiene algún interés en la contienda política. En ese sentido, los candidatos han sido responsables de seis acciones de censura contra la prensa.
Uno de los casos ha sido el de la amenaza que recibieron los periodistas de Ipiales, Nariño, Miguel Rojas y Rubén Darío Rojas por una serie de debates que organizaron junto a varios medios con candidatos a la alcaldía y a la gobernación. También se destaca la intimidación, agresión verbal y eliminación del material periodístico del que fue víctima la periodista Blanca Urango por parte de la ex candidata a la alcaldía de Cartagena por Colombia Humana Adelina Covo, durante una entrevista que la reportera le estaba realizando.
Otra agresión grave fue la estigmatización contra Jhon Jairo Jácome por parte de Iván Gélvez, candidato por el Centro Democrático a la alcaldía de Cúcuta, quien señaló en un entrevista que Jácome era vocero del Partido FARC y atacaba a todo lo que tenía que ver con Álvaro Uribe. Esto resulta problemático porque cuando se hacen señalamientos en los que de manera injusta se vincula con intereses políticos a la prensa con el fin de desacreditarla, estos pueden ser interpretados por algunas personas como instrucciones, instigaciones, autorizaciones o apoyo para la comisión de actos que pongan en riesgo o vulneren la seguridad de los periodistas.
En este contexto de intensificación de la violencia contra la prensa durante el tiempo de campaña, la FLIP presenta el manual Cubrimiento electoral y libertad de prensa que busca ser una herramienta para que los periodistas tengan mayor información acerca de sus derechos y de cómo pueden protegerlos antes, durante y después de los comicios.
Adicionalmente, la FLIP hace los siguientes llamados a las autoridades competentes para que garanticen el desarrollo de la labor informativa:
La FLIP le solicita a la Policía Nacional que tome las medidas necesarias para proteger a los reporteros que se encuentren en riesgo por el desarrollo de su labor periodística en época electoral. Así mismo, la FLIP le solicita a la institución que durante el día de las votaciones garantice el libre ingreso de los periodistas a los puestos de votación y permita el registro noticioso sin ningún tipo de restricciones.
La FLIP le hace un llamado a la Defensoría del Pueblo para que promueva acciones durante los últimos días de la contienda electoral para prevenir hechos de violencia contra la prensa.
La FLIP les solicita al Consejo Nacional Electoral y a la Registraduría Nacional del Estado Civil que, en medio de su labor de ejercer vigilancia y control de la actividad electoral, garanticen el acceso de la prensa a los hechos noticiosos del día de las votaciones con el fin de que los ciudadanos puedan acceder a información plural y oportuna.
Finalmente, la FLIP le hace un llamado a todos los partidos, movimientos políticos y candidatos a que se comprometan a brindar las garantías necesarias para el cubrimiento periodístico en época electoral. Los candidatos y miembros de las campañas tienen la principal responsabilidad de promover un ambiente favorable para ejercer la labor informativa durante los comicios.
La Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) rechaza las amenazas en contra de Natalia Cabrera, corresponsal de Radio Nacional de Colombia en Pasto. La FLIP expresa su preocupación por la situación de seguridad de la reportera, debido a las constantes intimidaciones que ha recibido en los últimos días y le solicita al Estado que atienda la situación de riesgo con celeridad.
El 11 de septiembre en la tarde, la periodista recibió un mensaje de texto en el que los agresores le informaban que conocían sobre su ubicación y la de su familia. La intimidación fue enviada desde un número privado y la periodista no tiene certeza sobre quiénes pueden ser los responsables de estos hechos.
La FLIP expresa su preocupación por la situación de seguridad de la reportera, debido a que es la segunda amenaza que recibe en menos de seis días y la Unidad Nacional de Protección (UNP) no ha tomado contacto con ella. El pasado 6 de septiembre la periodista fue víctima de otra situación de riesgo en la que un desconocido la llamó a su celular personal desde un número privado y la amenazó de muerte por abordar temas sensibles a través de su labor periodística.
A pesar de que no hay certeza sobre el origen de las amenazas, Cabrera considera que el riesgo puede ser producto de las publicaciones que ha hecho en sus redes sociales sobre irregularidades en las campañas políticas y delitos electorales en Nariño, entre ellos la inclusión de algunos senadores del departamento en la lista del Sisben. Adicionalmente, la periodista ha hecho investigaciones sobre la situación de orden público en Nariño en las que ha denunciado las acciones violentas de grupos armados y ha emitido opiniones sobre estas organizaciones delictivas, luego de la firma de los acuerdos de paz entre el gobierno y la antigua guerrilla de las FARC.
La FLIP le solicita a la Unidad Nacional de Protección que se active la ruta de riesgo inmediatamente para atender la situación de seguridad de la reportera e implemente con celeridad medidas de protección para salvaguardar la integridad de la reportera y la de su núcleo familiar. Adicionalmente, la Fundación le solicita a la Fiscalía General de la Nación que investigue las amenazas que ha recibido Cabrera con el fin de identificar y sancionar a los responsables.
Las sanciones judiciales en este tipo de situaciones son un precedente importante que contribuye a disuadir la ocurrencia de nuevas violencias contra la prensa. Así lo ha dispuesto la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en su informe sobre Violencia contra periodistas y trabajadores de Medios: “Para prevenir la violencia contra periodistas y trabajadores de los medios de comunicación es indispensable que el ordenamiento jurídico sancione estas conductas de manera proporcional al daño cometido”.
La Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) rechaza las amenazas y el ciberacoso en contra de la periodista Vicky Dávila y le exige a las autoridades diligencia para investigar y sancionar a los responsables.
El pasado 3 de agosto se desencadenaron varios mensajes amenazantes hacia Vicky Dávila luego de una discusión en Twitter con el senador Gustavo Petro. Varios usuarios de la red social enviaron mensajes contra la periodista y crearon el hashtag #VickyNueraParaca, el cual fue tendencia durante la tarde del sábado.
El cruce de trinos entre el senador y la periodista se dio luego de que Dávila hiciera una publicación acompañada de un video donde mostraba el momento del ataque con huevos a Carlos Caicedo, candidato a la Gobernación del Magdalena, quien cuenta con el apoyo de Petro. Ante esta publicación, el funcionario le respondió a la periodista sugiriendo la forma en la que debería haber contado los hechos y atribuyendo el sabotaje del evento a “un grupo pagado por el clan Cotes aliado al clan Gnecco”.
Pasada la discusión, la periodista notó que varios usuarios de Twitter le enviaban mensajes en los que la amenazaban a ella y a su familia, la vinculaban con grupos paramilitares y algunos de estos usuarios afirmaban tener el número de su hijo.
Sumado a esto, se difundió un montaje de la cara de Dávila en un cuerpo armado y a través de la cuenta @Mid_night37 se publicó lo siguiente: “#VickyNueraParaca sacando la casta ¡¡¡viva la tierra paramilitar, plomo es lo que viene, plomo es lo que hay!!!. Como estos, hay una gran cantidad de trinos que atentan contra la integridad de la periodista y ponen en riesgo su labor.
La FLIP le solicita a la Fiscalía General de la Nación que investigue con celeridad estos hechos y sancione a los responsables. Las sanciones judiciales en este tipo de situaciones son un precedente importante que contribuye a disuadir la ocurrencia de nuevas violencias contra la prensa.
Adicionalmente, la Fundación hace un llamado a todos los funcionarios públicos y candidatos a cargos de elección popular para que manejen un discurso favorable hacia la prensa que contribuya a garantizar la labor periodística. Y para que rechacen todo tipo de violencia contra la prensa. Sobre esto, la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la CIDH en su informe anual de 2010 señaló que “una medida de protección simple pero sumamente eficaz consiste en que las más altas autoridades del Estado reconozcan de manera constante, clara, pública y firme la legitimidad y el valor de la labor periodística, aun cuando la información difundida pueda resultar crítica, inconveniente e inoportuna para los intereses del gobierno”.
En sumamente importante que los periodistas encuentren un respaldo en las autoridades para publicar información que sea de alto interés público para la comunidad. Deben existir garantías para que la prensa pueda ejercer su trabajo libremente en el marco de las elecciones de este año, contribuyendo así a que exista una deliberación pública sin restricciones ni presiones para los votantes.
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