Fundación para la Libertad de Prensa - FLIP

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En la más reciente edición del Premio y Festival Gabriel García Márquez, Fernando Alonso Ramírez recibió el Reconocimiento Clemente Manuel Zabala al editor ejemplar. Ramírez, editor de La Patria de Manizales, es corresponsal voluntario de la Red de Corresponsales de la FLIP desde hace más de 17 años y desde este año es el presidente del Consejo Directivo de la Fundación. A continuación, una transcripción del discurso que ofreció durante la premiación del viernes 29 de septiembre en el Orquideorama del Jardín Botánico de Medellín:

Buenas noches,

La vida es mucho más fácil cuando se camina sobre hombros de gigantes, y a mí me han sobrado hombros para apoyarme, por fortuna, como los de mi esposa, la que me recuerda que al regresar a casa siempre encontraré Esperanza. Y, por supuesto, mi hija, Valeria, el motor que desde que crecía en el vientre de su madre ya movía mi mundo con solo un dedo.

Y en hombros me lleva Orlando Sierra Hernández, mi jefe asesinado hace 15 años por el poder político sicarial que mandaba en Caldas. Este es el único caso en Colombia del asesinato de un periodista en el que se ha condenado a toda la cadena criminal. Falta que se pronuncie la Corte Suprema de Justicia para saber si se quedará así definitivamente o engrosará las listas de impunidad en nuestro país. Ya veremos. Igual nada nos devolverá el inteligente humor de Orlando.

A él y a ustedes les debo presentar excusas por estar aquí y por haber mojado prensa durante esta semana. Mi editor interno me recordó una y otra vez que “los periodistas no son noticia”, tal como reza el Manual de Trabajo Periodístico de La Patria, por lección de Orlando. Para superarlo, me engañé con un cuentazo de cronista: no es protagonismo, es perspectiva de autor. Así llaman ahora al yoísmo, terminacho con el que designo esa necesidad de algunos periodistas por hacernos creer que las cosas son importantes porque ellos se meten a contaminar la historia. A mí no me vengan con ese cuentazo.

Cuando me llamaron a darme la noticia: que el jurado había seleccionado mi nombre para recibir este reconocimiento, no pude evitar darme cuenta de que ese 21 de septiembre él cumpliría 57 años. Él debería estar aquí antes que yo recibiendo el homenaje que nunca tuvo en vida, como los tantos que ha tenido tras su asesinato. Yo, apóstata, convencido de que no se puede tener por cierto nada que no se pueda comprobar por el método científico, tengo que reconocer la magia de Orlando en todo esto. No en vano, su nombre bautiza en La Patria la sala en la que los periodistas libramos a diario batallas campales en el consejo de redacción en busca de un mejor producto. Confiamos en su magia y en las lecciones que repetimos como mantras.

En 1995 recibí una beca de la FNPI para asistir a un taller de reportaje. No estaba programado con Gabriel García Márquez, pero él lo dictó. Escuché de su voz, y lo vi simular con sus manos, esta anécdota: cuando llegó a El Universal, en Cartagena, Clemente Manuel Zabala le corregía de una manera sencilla. Le tachaba todos los renglones escritos y encima de las enmendaduras escribía con corrección.

Nos contó entonces García Márquez que él se fijaba en las correcciones y las iba teniendo en cuenta. Así, cada vez las enmendaduras eran menos, hasta lograr textos limpios. Siempre les cuento esta enseñanza a mis alumnos, porque me funciona. Fijarme en las correcciones que me hacen es una buena forma de soñar con el ideal de un texto limpio.

El último día del taller, García Márquez tomó el trabajo que yo había enviado. El bueno, el de mostrar. ¿Recuerdan que había que enviar uno bueno y uno malo? Claro, uno nunca enviaba el más malo. Empezó a leerlo y terminó con una frase concluyente: “esta es una excelente investigación”. Mi ego subió más que si me hubiera ganado el reconocimiento Clemente Manuel Zabala, y continuó: “pésimamente escrito”.

Ese día él me entrevistó, largo, sobre el reportaje mal escrito, con el fin de ayudarme a encontrar el camino para reescribirlo. Me puso a habilitar. Que lo volviera a escribir y se lo enviara. Les confieso, le incumplí, pero aprendí a revisar mis errores cada día. Y corrigiéndome corrijo a otros, no siempre con éxito. Que lo digan los lectores de La Patria, que nos envían a diario los gazapos que se encuentran en la maraña de las letras impresas, pero tengan la certeza que no lo hacemos a propósito como muchos piensan. Trabajamos cada día por un periódico más riguroso en el quehacer periodístico y más limpio en la gramática y la ortografía.

Volví a la Fundación en 1998, a una reunión de directores de medios, a la que me colé, gracias a que el director de La Patria de entonces, Luis Felipe Gómez -maestro y mentor- no podía asistir. En ese encuentro conocí a María Teresa Ronderos y a Ignacio Gómez, quienes me llevaron de su mano a colaborar con la Fundación para la Libertad de Prensa, en donde me han formado en estas lides y me dieron alas para ser un activista.

La Flip ha sido mi casa desde entonces. Esta semana celebramos el encuentro de corresponsales, aquí en Medellín, y estoy seguro que al recibir hoy este reconocimiento se está rindiendo homenaje a ese grupo de valientes. Yo solo los represento, este año desde la Presidencia, debido a lo mucho que me quiere la gente. Era impensable hace unos años, que se tuviera un presidente de la Flip que vive en una ciudad pequeña como Manizales y de un medio modesto como La Patria.

Y gracias a la Flip conocí a otras personas. Carlos Huertas me invitó a ser parte de un grupo para promover el periodismo de investigación en Colombia y acepté. Consejo de Redacción, la organización que mi maestra Ginna Morelo, y a quien presuntuoso llamo mi mejor amiga, ha hecho grande. CdR está compuesto en su mayoría por periodistas regionales que pagan una mensualidad con el único fin de capacitarse y de mejorar la información periodística en el país.

La Flip y Consejo de Redacción no serían lo que son, si no fuera por los periodistas de región. Y yo estoy aquí simplemente en nombre de todos esos periodistas que se la juegan a diario en sus regiones para informar a sus coterráneos. De todos esos a quienes ningunean desde Bogotá, de esos corresponsales a los que sus jefes no les creen, de esos que quedan en riesgo por su medio cuando un irresponsable enviado especial vuelve a la comodidad de las capitales y suelta cualquier barbaridad sin reflexión previa. En nombre de un país sometido a lo que he llamado el provincianismo a la inversa, que no es otra cosa que ese talento natural que tienen la mayoría de medios nacionales de sentar cátedra de las regiones con base en la mirada de su propio ombligo.

A esto, súmenle los desplantes que se reciben en despachos públicos: “tiene que pedir esa información por Bogotá”. Además de la pésima gramática, esa muletilla oficial demuestra el Bogocentrismo colombiano. O cuando un alto funcionario va a tu región y todos esperamos que resuelva los asuntos pendientes de su cargo allí, pero él se lleva encamado un séquito de periodistas capitalinos a los que les habla de otras cosas. Y si acaso el corresponsal de región puede preguntar se verá obligado a hacerlo sobre lo que le ordenan desde Bogotá porque lo que interesa es su declaración sobre un tema nacional y no la acción o la denuncia de una inversión pendiente en un departamento.

Una buena manera de superar mis carencias han sido los libros. No alcanzo a leer los deseados. Si algo no lo entiendo, busco un libro que me lo explique; si estoy cansado, leo un libro que me divierta; si tengo tiempo libre, leo poesía. Pierdo la cuenta de la cantidad de libros que me han hecho mejor en este oficio. Los subrayó y los comparto, son mi mayor vicio. A ellos llegué inspirado por Fernando y Margarita, mis papás, que todavía viven en la república independiente de Pensilvania, mi pueblo. Ellos dos nos inculcaron a hijos y familia muchos valores, de los cuales resalto tres: honestidad, responsabilidad y solidaridad.

Honestidad es lo que intento lograr en cada información, solidaridad es la que me mueve a aportar algo, desde el voluntariado, a organizaciones como la Flip, como Consejo de Redacción y como Estoy con Manizales, grupo ciudadano para pensar la ciudad. Pero quiero hablarles de la responsabilidad, la que me permitió salir adelante, porque es en acatamiento de este valor que he podido ir superando todas mis carencias. Para que un reportaje saliera bien, yo tenía que madrugar más; si mi sección era chiviada, tenía que buscar la manera de encontrar un nuevo ángulo y me costaba mucho, y aún me cuento entre los primeros que entra a la oficina y entre los últimos que salen. No tengo mucho que enseñar, pero de lo que se acuerdan todos aquellos que han laborado conmigo es que nunca dejé tirado un trabajo y es ese ejemplo el único que me siento en capacidad de dar.

Cuento estas anécdotas, porque de alguna manera hoy, al lograr este reconocimiento se confirma el esfuerzo que ha hecho durante 22 años la Fundación García Márquez para el Nuevo Periodismo Iberoamericano. Si estoy aquí, parado frente a ustedes, para recibir este galardón, es gracias a las entidades que se han preocupado por hacer de mí un periodista menos mediocre.

En La Patria, el periódico de casa, que hoy es además web e informativo radial, todos los que salimos a aprender en talleres como los de estas organizaciones, tenemos el permiso, siempre y cuando asumamos el compromiso de replicar lo aprendido. Esto se hace en el consejo de redacción, que debe ser siempre una tertulia en la que aporta el practicante más joven o el más veterano editor. Y por si acaso no se puede en este espacio, también tenemos una tertulia informal cada miércoles a las 5:30 de la tarde. Están invitados.

Eso es la escuela de La Patria, un lugar en el que aprendemos cada día a hacer un mejor periodismo entre todos, desde que se inició un cambio, que no ha parado, a comienzos de los años 90. Una redacción pequeña con ínfulas, llena de periodistas con la ambición de contar buenas historias y en la que yo apenas soy un coequipero al que el director que nos ha dejado hacer, Nicolás Restrepo, le dio la confianza de coordinarla y permitir varias locuras. Gracias por eso, jefe.

A mis pupilos, que han traído mi nombre a este premio, gracias. Son ellos los que me han graduado como editor y como profesor en la Universidad de Manizales, en donde me sufren. Nunca me preparé para ser jefe, pero las circunstancias determinaron que me convirtiera en eso, como nos pasa a casi todos los editores en Latinoamérica. He tratado de hacerlo de la manera más decorosa posible, y sé que en mi aprendizaje se me fue la mano muchas veces. Repartí más garrote del necesario. A todos con los que en algún momento me excedí, aprovecho aquí para pedirles que me perdonen y sepan que cada día me esfuerzo por repartir menos ‘madrazos pedagógicos’, como los definió un pupilo, y por ser más paciente, lo que tanto me cuesta.

A María Teresa Ronderos, mi guía; a Mónica González, mi maestra en el periodismo de investigación; y a Germán Rey, una inspiración para entender los meandros de la comunicación, gracias por su generosidad. Ustedes y quienes me postularon son la prueba de que soy el producto de la gente que me quiere mucho más de lo que merezco y que hoy encontrará motivos para quererme más.

Gracias.

Publicado en Opinión

La Fundación para la Libertad de Prensa -FLIP- rechaza la violencia en contra de periodistas durante el paro minero en los municipios de Segovia y Remedios, Antioquia.

La FLIP tuvo conocimiento de actos de censura en contra de la prensa en el cubrimiento del paro minero que lleva más de un mes en el Nordeste antioqueño. Se han reportado amenazas y agresiones por parte de distintos actores, civiles y estatales, en el marco de las jornadas de protesta.

Mientras realizaba su trabajo como corresponsal de Teleantioquia Noticias en el Nordeste antioqueño, Francisco Pérez recibió amenazas, agresiones con piedras e intimidaciones por parte de encapuchados. También, agentes del Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad) intentaron quitarle la cámara y lo tildaron de ser revoltoso y hostigador. Además, el periodista afirma que entre los manifestantes se difundió información falsa en la que se aseguraba que él era un activo opositor del paro. Esto incrementó el riesgo de Pérez quien fue forzado a huir de su residencia en Remedios.

Pero estas agresiones no se han dado únicamente en contra de periodistas que viven en la región. Según información recibida por la FLIP, reporteros de distintos medios regionales y nacionales que se han desplazado al Nordeste también han sido censurados. Personas que hacían parte de las manifestaciones les han impedido tomar fotografías y videos y han intimidado a los periodistas.

La FLIP expresa su preocupación por la situación de libertad de prensa en Remedios y Segovia. La Fundación hace un llamado a los líderes del paro minero para que promuevan el respeto a la prensa y para que transmitan un discurso favorable a la libertad de expresión y de tolerancia a la crítica.

La censura no puede ser la regla en el debate público sobre la conveniencia o inconveniencia de las actividades mineras en los territorios de Colombia. En abril, durante un conversatorio acerca de los impactos de la minería en el Suroeste de Antioquia en el municipio de Támesis, dos periodistas fueron intimidados, amenazados y obligados a salir del lugar donde se desarrollaba la actividad por las presiones de los asistentes.

 

La Fundación solicita a la Policía Nacional que investigue los hechos en los que agentes intimidaron y señalaron al corresponsal de Teleantioquia. La FLIP invita a los alcaldes de los municipios del Nordeste antioqueño a que presten especial atención a la vulneración de la libertad de prensa en la región y a que ofrezcan las garantías para un cubrimiento periodístico robusto y plural sobre el impacto de las operaciones mineras en curso. 

Publicado en Pronunciamientos

La Fundación para la Libertad de Prensa -FLIP- presenta derecho de petición al Fiscal General de la Nación, Néstor Humberto Martínez. Esto como consecuencia de información recibida sobre posibles interceptaciones a las comunicaciones de Gustavo Rugeles, director del portal El Expediente.

El pasado 23 de agosto, el portal Las2Orillas publicó un artículo en el que se denuncia que Gustavo Rugeles fue víctima de interceptaciones a sus comunicaciones el año pasado. En la nota se afirma que estas interceptaciones fueron ordenadas por la Fiscalía y habrían durado dos meses. En diálogo con la FLIP, Rugeles afirmó que el Fiscal Martínez le había confirmado a través de mensajes que sus comunicaciones habían sido interceptadas durante la administración de Eduardo Montealegre.

La FLIP expresa su preocupación por el caso puesto que las interceptaciones habrían sucedido en el marco de una serie de investigaciones periodísticas que llevaba a cabo Rugeles quien en ese entonces se desempeñaba como editor político de Las2Orillas. El periodista estaba indagando una presunta infiltración a la campaña de Óscar Iván Zuluaga para las elecciones presidenciales de 2014. Las interceptaciones cesaron el día posterior a la publicación del artículo.

Estas interceptaciones preocupan a la FLIP ya que constituirían una grave violación al secreto profesional. El derecho constitucional a la reserva de la fuente es una garantía inviolable para el libre ejercicio del periodismo y la libertad de expresión. 

 

Adjunto a este pronunciamiento puede encontrar el derecho de petición enviado por la FLIP.

 

Publicado en Pronunciamientos

La Fundación para la Libertad de Prensa -FLIP- rechaza los ataques de agentes del Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD) con gases lacrimógenos en contra de Alexei Castaño, periodista de Caracol Radio y Red + Noticias. La situación ocurrió en la mañana del martes 15 de agosto en Bogotá.

Castaño se encontraba en la vereda Mochuelo Alto, localidad de Ciudad Bolívar, cubriendo protestas de los habitantes del sector en contra del relleno sanitario Doña Juana. El periodista se disponía a hacer la transmisión en vivo para Caracol Radio junto a los protestantes. Agentes del ESMAD lanzaron a los pies del periodista una granada de gas lacrimógeno y arrojaron otras dos a la camioneta del medio. El periodista no pudo continuar realizando su labor como consecuencia de la inhalación de los gases.

En el momento de los hechos también estaban presentes reporteros de CityTv, Caracol Televisión y La FM. Horas después de la agresión un comandante de la Policía Metropolitana llamó a Castaño pidiendo que le contara qué había ocurrido. También, el secretario de seguridad de Bogotá, Daniel Mejía, se comunicó con el periodista solicitando un relato de los hechos y le insinuó que debía tener cuidado en situaciones como esta. "Uno no se puede meter ahí", le dijo Mejía.

Los casos de agresiones de agentes del ESMAD en contra de la prensa no son aislados. En lo que va corrido del año, la FLIP ha registrado otras cuatro situaciones en los que agentes antidisturbios han atacado a periodistas. Es constante que esas agresiones se den en manifestaciones sociales y que los agentes busquen impedir el registro de los operativos.

La FLIP solicita a la Policía Nacional que inicie la investigación disciplinaria en contra de los agentes que participaron en la situación y esclarezca los hechos.  Además, la FLIP invita a la entidad para que adopte mecanismos de prevención para evitar la violencia contra la prensa por parte de los agentes del ESMAD.

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En audiencia pública, celebrada en la mañana del viernes 9 de septiembre en Neiva, el Juez Tercero Penal Especializado de dicha ciudad impuso una pena de prisión de 47 años, 6 meses y 2 días a Juan Camilo Ortíz, alias ‘El Loco’ por la autoría material del homicidio de la periodista Flor Alba Núñez, ocurrido el 10 de septiembre de 2015 en Pitalito, Huila.

Ortiz fue condenado por los delitos de homicidio agravado y porte ilegal de armas. El Juez consideró las circunstancias de indefensión en las que se encontraba la periodista al momento de ser asesinada y tuvo en cuenta que el crimen fue consecuencia de la actividad periodística de Núñez. Un asunto relevante dado que en pocos casos se tiene en cuenta la calidad de periodista como determinante del crimen, lo que invisibiliza la violencia contra la prensa.

El juez argumentó que las pruebas obtenidas, entre las que se encuentran testimonios, videos, fotografías, entre otras pruebas técnicas, permitían probar que Ortíz fue el autor del crimen.

De acuerdo con la teoría del caso planteada por la Fiscalía, Ortíz actuó en conjunto con Jaumeth Albeiro Flórez, quien actualmente se encuentra prófugo de la justicia y a quien se acusa de ser quien conducía la moto en la que huyó Ortíz luego de ultimar a la periodista.

La FLIP reconoce esta decisión y la celeridad con la que se llevó el caso como un avance significativo en la lucha contra la impunidad, teniendo en cuenta que la pena impuesta es una de las más altas en los casos de violencia contra periodistas. Sin embargo, no se puede desconocer que esta es una victoria parcial, puesto que aún no se ha llevado a la justicia al otro autor material y tampoco se ha establecido una estrategia investigativa con el fin de identificar a los autores intelectuales del crimen.

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Viernes, 11 Agosto 2017 18:37

Juez condena al autor material del homicidio de Flor Alba Núñez

El juez tercero penal especializado de la ciudad de Neiva condenó a Juan Camilo Ortíz (alias ‘El Loco’) por el homicidio de la periodista Flor Alba Núñez, ocurrido el 10 de septiembre de 2015 en el municipio de Pitalito, Huila. En audiencia pública del viernes 11 de agosto se conoció el sentido del fallo y el próximo 8 de septiembre se emitirá la pena en contra de ‘El Loco’. El fiscal de derechos humanos que lidera la investigación del caso solicitó una condena de al menos 50 años por este crimen.

Flor Alba Núñez era la coordinadora de noticias de la emisora La Preferida Stéreo y hacía investigaciones acerca de corrupción y orden público en Pitalito. Fue asesinada cuando estaba a punto de ingresar a las instalaciones del medio.

Se manejan tres hipótesis frente a las causas del homicidio. De estas, la que relaciona directamente a Juan Camilo Ortíz se basa en los cuestionamientos que hizo Núñez contra un Juez de Timaná por concederle la detención domiciliaria a Ortíz, acusado de atentar contra la vida de la zootecnista Julieth Marcela Henao en noviembre de 2013.  

El crimen de Núñez silenció a una de las voces líderes en su municipio a la hora de denunciar el asedio de las bandas criminales a la población. Muestra de ello fue el Proyecto Pitalito, que inició un mes después del asesinato de Núñez y en el que diferentes medios de comunicación se aliaron para publicar historias durante un mes. Los reportajes estaban relacionados no sólo con la muerte de la periodista, sino también con las denuncias de la reportera con relación al crecimiento de las bandas criminales en el municipio huilense.

Núñez ocupa el renglón 153 en la lista de periodistas asesinados por razones de su oficio en los últimos 40 años. La FLIP reconoce esta condena como un progreso de la justicia en la lucha contra la impunidad. Sin embargo, la Fundación exhorta a las autoridades judiciales para que continúen las investigaciones con el fin de determinar quiénes fueron los autores intelectuales del crimen. De no ser así, se impide hacer justicia efectiva dentro de su caso.

Igualmente, para la FLIP es importante la búsqueda de justicia en los asesinatos cometidos en contra de periodistas que desarrollan su labor en las regiones más apartadas de las grandes ciudades. Es allí donde la libertad de prensa se ve más amenazada y donde existe mayor probabilidad de que estas agresiones queden en la impunidad.

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El juez tercero penal especializado de la ciudad de Neiva condenó a Juan Camilo Ortíz (alias ‘El Loco’) por el homicidio de la periodista Flor Alba Núñez, ocurrido el 10 de septiembre de 2015 en el municipio de Pitalito, Huila. En audiencia pública del viernes 11 de agosto se conoció el sentido del fallo y el próximo 8 de septiembre se emitirá la pena en contra de ‘El Loco’. El fiscal de derechos humanos que lidera la investigación del caso solicitó una condena de al menos 50 años por este crimen.

Flor Alba Núñez era la coordinadora de noticias de la emisora La Preferida Stéreo y hacía investigaciones acerca de corrupción y orden público en Pitalito. Fue asesinada cuando estaba a punto de ingresar a las instalaciones del medio.

Se manejan tres hipótesis frente a las causas del homicidio. De estas, la que relaciona directamente a Juan Camilo Ortíz se basa en los cuestionamientos que hizo Núñez contra un Juez de Timaná por concederle la detención domiciliaria a Ortíz, acusado de atentar contra la vida de la zootecnista Julieth Marcela Henao en noviembre de 2013.  

El crimen de Núñez silenció a una de las voces líderes en su municipio a la hora de denunciar el asedio de las bandas criminales a la población. Muestra de ello fue el Proyecto Pitalito, que inició un mes después del asesinato de Núñez y en el que diferentes medios de comunicación se aliaron para publicar historias durante un mes. Los reportajes estaban relacionados no sólo con la muerte de la periodista, sino también con las denuncias de la reportera con relación al crecimiento de las bandas criminales en el municipio huilense.

Núñez ocupa el renglón 153 en la lista de periodistas asesinados por razones de su oficio en los últimos 40 años. La FLIP reconoce esta condena como un progreso de la justicia en la lucha contra la impunidad. Sin embargo, la Fundación exhorta a las autoridades judiciales para que continúen las investigaciones con el fin de determinar quiénes fueron los autores intelectuales del crimen. De no ser así, se impide hacer justicia efectiva dentro de su caso.

Igualmente, para la FLIP es importante la búsqueda de justicia en los asesinatos cometidos en contra de periodistas que desarrollan su labor en las regiones más apartadas de las grandes ciudades. Es allí donde la libertad de prensa se ve más amenazada y donde existe mayor probabilidad de que estas agresiones queden en la impunidad.

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Como consecuencia de la orden emitida por el Tribunal Superior de Bogotá, Álvaro Uribe publicó un trino rectificando sus difamaciones contra de Daniel Samper Ospina quien valoró la retractación del senador y afirmó que continuará ejerciendo la sátira y la crítica política. “Es evidente que el expresidente no tuvo camino distinto al de reconocer que sus difamaciones en mi contra eran mentirosas, irresponsables e insostenibles”, aseguró el periodista.

Para la FLIP la rectificación del senador es un paso significativo y en la dirección correcta para el cumplimiento de su obligación como líder público de contribuir con su discurso a un ambiente favorable para la libertad de expresión. Sin embargo, en estricto sentido, la rectificación cumple con algunos, pero no con todos los requisitos constitucionales.

En su rectificación, Uribe afirma que Samper “no es violador de niños” y que “jurídicamente, según criterio de autoridad, no se ha configurado pornografía infantil”. No obstante, esto es insuficiente ya que no cumple las exigencias desarrolladas por la Corte Constitucional [1] para que la rectificación sea válida, a saber, (i) que tenga un despliegue equivalente al que tuvo la noticia inicial; (ii) que se pueda identificar con facilidad la relación existente entre la rectificación y la publicación que se enmienda; y (iii) que el autor reconozca expresamente que se equivocó, es decir que incurrió en un error o en una falsedad.

En criterio de la FLIP la rectificación no cumple a cabalidad con el tercer requisito, pues no reconoce haber cometido un error en la información transmitida. Por el contrario dijo que el Tribunal no admitió su “juicio de valor” sobre Samper. Uribe insinuó que en lugar de haber estigmatizado a Samper lo que hizo fue ejercer su derecho a opinar y ser crítico acerca de su trabajo. En éste punto el Tribunal fue claro, el senador Uribe no puede pretender que entendamos sus afirmaciones en una “dimensión menos dañina de lo que por sí mismas sugieren las palabras”. La FLIP es consciente de que el reconocimiento del error es un estándar de la rectificación que es evadido con frecuencia por los propios medios de comunicación.                              

Independientemente de las consideraciones de la FLIP en torno al cumplimiento de la sentencia, lo importante de este caso es que más allá de acatar un fallo judicial, como sociedad esperamos que el Senador Uribe incorpore en su actividad política una lección democrática donde las reglas del debate público obligan a los líderes políticos a abstenerse de difamar a quienes les critican. Se trata de un mínimo democrático que deben acatar los políticos sin distinción de ideologías y que cobra especial relevancia en vísperas de las jornadas electorales que tendrán lugar en los próximos meses en Colombia. 

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El 14 de julio Uribe escribió en su cuenta de Twitter: “Federico Escobar protesta por ofensa del violador de niños, Samper Ospina, a Antioquia, ofensa publicada en Semana”. Dos días después afirmó que el periodista “hizo publicaciones pornográficas con menores”. Samper interpuso una acción de tutela en contra del senador por vulnerar su derecho al buen nombre. El pasado 2 de agosto el Tribunal Superior de Bogotá falló a favor del periodista.

El Tribunal ordenó al senador que "emita una retractación firme y precisa de la sindicación al accionante de "violador de niños" y de la afirmación acerca de que éste hizo "publicaciones pornográficas", a través del mismo medio en que las expresó, aclarando que esas afirmaciones realizadas anteriormente por él no se basan en evidencias disponibles; por consiguiente, que no es cierto lo afirmado por él respecto del periodista".


[1] Estos requisitos están contenidos en la sentencia T - 1198 de 2004.  Otras sentencias que desarrollan las condiciones de equidad en la rectificación son: T-603 de 1992; T-274 de 1993; T- 332 de 1993; T-479 de 1993; T-595 de 1993; T-259 de 1994; T.381 de 1994; T-074 de 1995; T-472 de 1996; T-066 de 1998.

 

 

 

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La FLIP expresa su preocupación por la situación en la que resultó afectada la periodista Gina Rojas, a quien las directivas del periódico Extra de Boyacá le solicitaron su renuncia por no hablar bien de la gestión del gobernador de Boyacá, Carlos Andrés Amaya.

El pasado 18 de julio, Rojas, para ese momento editora del periódico, publicó una entrevista al precandidato presidencial por el Centro Democrático, Rafael Nieto. La periodista le preguntó cómo calificaba el gobierno de Amaya, a lo que el precandidato respondió: “Malo, porque ofrece y no cumple, porque tiene problemas de corrupción”. Después de la publicación de este artículo, la editora recibió una serie de presiones por parte del medio: le enviaron un memorando con copia a la hoja de vida, solicitaron su renuncia, le hicieron un proceso de descargos y la descendieron de su cargo de editora general a reportera. Rojas, el pasado 29 de julio, envió al medio su renuncia.

En el memorando, firmado por Hernando Suárez Burgos, director del grupo editorial El Periódico, se puede leer: “Se les había manifestado la ayuda total y directa al gobernador Carlos Andrés Amaya (…) por lo tanto debe salir una noticia semanal de todo lo que está haciendo. En ningún momento criticando de él o de su gobernación”. La FLIP se comunicó con las directivas del medio en Boyacá quienes confirmaron todos los hechos.

Con esta decisión el diario El Extra se aparta de los valores de independencia de los medios de comunicación con respecto al Estado e impone una orden que va en contra de la vocación democrática de la libertad de prensa. Al respecto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado que “es fundamental que los periodistas que laboran en los medios de comunicación gocen de la protección y de la independencia necesarias para realizar sus funciones a cabalidad, ya que son ellos quienes mantienen informada a la sociedad, requisito indispensable para que ésta goce de una plena libertad y el debate público se fortalezca”.

Si bien los medios de comunicación tienen plena libertad de definir sus líneas editoriales, lo sucedido sí es reprochable desde una perspectiva de libertad de prensa por dos razones. La primera es constatar que un medio de comunicación local, en regiones con una oferta de medios limitada, asigne consecuencias graves a sus periodistas en materia laboral como instrumento para proteger la “ayuda total y directa al Gobernador”, como reza el memorando.

La segunda, porque estas instrucciones de favorecer y no criticar a un gobernante deben ser anunciadas con transparencia a las audiencias. Los ciudadanos tienen derecho a conocer que un determinado medio de comunicación ha dado la instrucción de favorecer a un gobernante. Existe un pacto tácito entre medios y audiencias basado en la confianza de los ciudadanos en que tanto los periodistas como los medios proporcionarán de manera imparcial información sobre asuntos de interés público. La decisión de proteger a un gobernante se escapa de la esfera del periodismo y entra en el terreno de la propaganda. Eso es algo que los ciudadanos tienen derecho a saber.

Esta no es una situación exclusiva del Diario El Extra ni limitada al departamento de Boyacá. De manera informal es común que los periodistas comenten que este tipo de situaciones se presenten a nivel nacional. Sin embargo, por los intereses en juego y la estabilidad laboral, no es fácil documentar los casos con detalle. Es en definitiva un asunto autocensurado que afecta el derecho a la información de los ciudadanos.

La FLIP lamenta que el diario El Extra de Boyacá prefiera conservar sus buenas relaciones con el gobernador en perjuicio de la autonomía de sus periodistas y del derecho a la información imparcial de los ciudadanos boyacenses.

Esta situación se agudiza si tenemos en cuenta que el señor Hernando Suárez Burgos es dueño de 23 medios de comunicación en distintas regiones del país. Por esta razón la FLIP invita al señor Suárez Burgos a indicar con cuáles administraciones tiene una afinidad similar a la que defiende con respecto al Gobernador de Boyacá.

Vea abajo el memorando, el proceso de descargos, la notificación del cambio de cargo, la carta que dirigió Rojas al área de personal para pedir explicaciones por el cambio de cargo y la carta de renuncia de la periodista.

*El Gobernador de Boyacá, Carlos Andrés Amaya, se pronunció frente a este caso el 1 de agosto. (Vea aquí el comunicado.)

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Washington, D.C. – La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) expresa su preocupación por los recientes episodios de estigmatización y violencia contra periodistas en Colombia e insta al Estado a fortalecer las medidas integrales de prevención, protección y procuración de justicia en estos casos.

De  acuerdo con la información disponible, el 5 de junio de 2017 el subsecretario del senado Saúl Cruz denunció ante el plenario del Congreso haber sido víctima de una agresión del equipo reporteril del noticiero Noticias Uno. El equipo se encontraba cubriendo las elecciones a magistrados de la Corte Constitucional de ese país. Varios senadores tomaron por cierta la denuncia y plantearon la necesidad de investigar los hechos y establecer sanciones penales en contra los reporteros. La senadora Rosemary Martínez, del partido Cambio Radical, habría ordenado "que se haga una investigación […] sino va a venir el ELN disfrazado de doctor y nos va a masacrar en este Congreso". Posteriormente, videos y testimonios revelaron que el subsecretario habría fingido la agresión física. La Procuraduría General de la Nación habría iniciado una investigación disciplinaria y ordenado la suspensión de Saúl Cruz por tres meses de su cargo.

Posteriormente, de acuerdo con la información recibida, el 19 de junio los periodistas holandeses Derk Johannes Bolt y Eugenio Ernest Marie fueron secuestrados en el norte del Departamento de Santander por la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN). Los periodistas fueron  liberados el día 24 del mismo mes y entregados a una comisión de la Defensoría del Pueblo de Colombia.

Según la información recibida, el 14 de julio, el ex presidente y hoy senador Álvaro Uribe, a través de su cuenta en Twitter, acusó al periodista de la Revista Semana Daniel Samper Ospina de ser "violador de niños". En una columna posterior el senador colombiano ratificó su afirmación anterior e indicó que "el referido periodista maltrató a una niña de tres meses de nacida, hizo asociación pública de su nombre con drogas ilícitas, y atentó contra la honra de su madre y de su familia". Las acusaciones contra Samper fueron rechazadas a través de diversos comunicados de prensa por la Federación de Periodistas de Colombia (FECOLPER), la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) y mediante una carta pública firmada por reconocidas personalidades, juristas y periodistas del país. Los distintos pronunciamientos alertaron sobre la falta de fundamento de las acusaciones y repararon además en el riesgo que suponían para el comunicador.

Días previos, la periodista Claudia Gurisatti, directora de Noticias RCN y de NTN24, denunció haber sido víctima de una campaña de hostigamiento a través de redes sociales, que podría poner en riesgo su integridad personal.

La situación de la libertad de expresión y el ejercicio del periodismo en Colombia fue objeto de una audiencia pública en el marco del 163 periodo de sesiones de la CIDH celebrado en Lima, Perú. En esta audiencia la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la CIDH recibió información por parte de organizaciones de la sociedad civil y del Estado colombiano sobre este tema. En particular, la sociedad civil afirmó que, si bien durante 2016 no se registraron asesinatos contra periodistas en el país, persistían otras formas de agresiones, como secuestros, presiones indebidas, hostigamiento, y declaraciones estigmatizantes.  Por su parte, el Estado ratificó su compromiso con la libertad de expresión y el ejercicio del periodismo en Colombia e informó sobre las medidas adoptadas para fortalecer los mecanismos de protección e investigación existentes.

La Relatoría Especial recuerda al Estado colombiano que tiene la obligación de prevenir, proteger, investigar y sancionar la violencia ejercida contra periodistas, y en particular, de aquellos que hayan sido objeto de intimidación, amenazas u otro acto de violencia. La obligación de prevenir, supone – entre otras- la de adoptar un discurso público que contribuya a prevenir la violencia contra periodistas, lo cual "requiere que los funcionarios públicos se abstengan de realizar declaraciones que expongan a periodistas y trabajadores de medios de comunicación a un mayor riesgo de actos de violencia". En este sentido, los funcionarios públicos deben promover de manera activa el pluralismo y la tolerancia propios de una sociedad democrática.

En la Resolución AG/RES. 2908 (XLVII-O/17), aprobada por la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos en el marco de su cuadragésimo séptimo período ordinario de sesiones, los Estados miembros de la Organización reafirmaron que "la actividad periodística debe ejercerse libre de amenazas, agresiones físicas o psicológicas u otros actos de hostigamiento", e instaron a implementar medidas integrales de prevención, protección y procuración de justicia en esta materia.

El principio 9 de la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión de la CIDH, aprobada en el año 2000, establece que "[e]l asesinato, secuestro, intimidación, amenaza a los comunicadores sociales, así como la destrucción material de los medios de comunicación, viola los derechos fundamentales de las personas y coarta severamente la libertad de expresión. Es deber de los Estados prevenir e investigar estos hechos, sancionar a sus autores y asegurar a las víctimas una reparación adecuada".

La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión es una oficina creada por la CIDH a fin de estimular la defensa hemisférica del derecho a la libertad de pensamiento y expresión, considerando su papel fundamental en la consolidación y el desarrollo del sistema democrático.

Vea aquí el comunicado de la RELE.

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La Fundación para la Libertad de Prensa -FLIP- expresa su preocupación por los hechos de los que fue víctima la columnista Leszli Kálli, el día de ayer en Floridablanca, Santander.

Un hombre desconocido ingresó a los predios de la vivienda de Kálli. Al notar la presencia del intruso, las autoridades fueron alertadas de la situación. Los agentes capturaron al hombre y fue plenamente identificado. Para la periodista estos hechos son extraños ya que el lugar es de muy difícil acceso y podrían estar relacionados con su actividad periodística. En los últimos meses, Kálli ha publicado columnas denunciando hechos de corrupción en el departamento.

La FLIP solicita a la Unidad Nacional de Protección que evalúe la situación riesgo para determinar la situación de seguridad de la periodista. Además, la Fundación hace un llamado a la Fiscalía General de la Nación para que investigue y esclarezca estos hechos.

 

La FLIP continuará documentando este caso.

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