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18 de abril de 2022. Seis meses después del fallo de una sentencia histórica por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) en el caso de la periodista Jineth Bedoya Lima en contra del Estado colombiano, culminó la primera ronda de trabajo.
En esta primera fase se mantuvieron diez reuniones con los ministerios y entidades responsables de poner en marcha la implementación de las medidas ordenadas por la Corte IDH, entre los que se encuentran el Ministerio de Hacienda, Ministerio de Justicia, Ministerio del Interior, Ministerio de Defensa, Función Pública, MinTIC, Ejército, Policía, Centro Nacional de Memoria Histórica, entre otros.
Este primer ciclo terminó el pasado 4 de abril y la única entidad que no atendió la solicitud de reunión realizada por la Cancillería fue la Fiscalía General de la Nación. La Fiscalía está llamada a cumplir la orden de la Corte y su deber de investigar, determinar, enjuiciar y sancionar a todos los responsables, en los hechos ocurridos el 25 de mayo de 2000, cuando Jineth Bedoya Lima fue interceptada secuestrada y sometida a numerosas agresiones físicas, sexuales y verbales mientras se encontraba cumpliendo labores periodísticas sobre distintos crímenes y violaciones de derechos humanos que ocurrían dentro de la cárcel La Modelo en Bogotá.
Sin la participación activa de la Fiscalía la implementación de la sentencia no será adecuada ni efectiva. A lo largo de estos veinte años, esta entidad ha resultado inoperante frente a los hechos victimizantes, que completan más de dos décadas. Sin avances en las investigaciones resulta imposible proyectar lo que es la columna vertebral de una reparación verdadera y una garantía de no repetición.
Jineth Bedoya Lima y sus representantes (FLIP y CEJIL) reconocen la voluntad y disposición que la Cancillería, a través de sus delegados, ha tenido para iniciar el trabajo de ejecución de las reparaciones. Desde el 31 de enero de 2021, cuando se tuvo la primera reunión con los delegados de Cancillería, se marcó una hoja de ruta para dar inicio a la implementación de cada una de las medidas. Entre estas se encuentran: la creación del “Centro Investigativo No es Hora de Callar”; el diseño e implementación de un sistema público de recopilación de datos y cifras actualizadas sobre de violencia de género y sobre amenazas y violencia contra periodistas y defensores/as de derechos humanos; la creación de un fondo de prevención, protección y asistencia de mujeres periodistas víctimas de violencia de género, entre otras.
“El trabajo que se ha podido adelantar sin lugar a dudas nos deja un panorama claro sobre el legado que le vamos a dejar al país, pero sobre la necesidad de hacerle entender también, a este país, que esta es una sentencia colectiva, que no solo beneficia a una persona si no a millones de personas que han tenido que enfrentar el conflicto armado, la violencia sexual y la persecución por su condición de periodistas”, afirma Jineth Bedoya Lima.
Del mismo modo, Jineth Bedoya Lima y sus representantes reconocen y celebran el compromiso de la Alcaldía Mayor de Bogotá, en cabeza de la alcaldesa Claudia López, de la Alta Consejería de Paz, Víctimas y Reconciliación, y de la Secretaría Distrital de la Mujer, quienes se comprometieron a apoyar la implementación de la sentencia en la capital del país, y a sumarse específicamente en dos medidas: la consecución del predio y el acompañamiento para la construcción del Centro Investigativo No Es Hora De Callar y el Plan de capacitación y sensibilización a funcionarios públicos, fuerzas de seguridad y operadores de justicia.
La segunda semana de mayo se dará inicio al segundo ciclo de trabajo, con el que se espera avanzar satisfactoriamente en todas las medidas para que se genere una base sólida en su ejecución.
"Cuando recibo ese golpe, sentí que el piso se abrió y que había caído en una grieta profunda", Jineth Bedoya Lima.
El 18 de octubre la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) emitió histórica sentencia en el caso de la periodista Jineth Bedoya Lima contra Colombia, donde analiza por primera vez el uso de la violencia sexual como forma de silenciamiento y control en contra de una mujer periodista en el marco del conflicto armado colombiano. ¿Cómo ha sido este camino para Jineth?
18 de octubre de 2021, Washington, D.C., Bogotá.- La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) emitió histórica sentencia en el caso de la periodista Jineth Bedoya Lima contra Colombia, donde analiza por primera vez el uso de la violencia sexual como forma de silenciamiento y control en contra de una mujer periodista en el marco del conflicto armado colombiano.
"El 18 de octubre de 2021 pasa a la historia como el día en que una lucha, que empezó por un crimen individual, llevó a la reivindicación de los derechos de miles de mujeres víctimas y sobrevivientes de violencia sexual y de mujeres periodistas que dejan parte de su vida en su oficio" señaló Jineth Bedoya, periodista, víctima y sobreviviente.
En su sentencia, la Corte declaró al Estado de Colombia responsable por la violación diversos derechos incluidos el derecho a la integridad personal, libertad personal, honra y dignidad y libertad de pensamiento y expresión de la periodista Jineth Bedoya Lima, como resultado de los hechos ocurridos el 25 de mayo de 2000, cuando fue interceptada secuestrada y sometida a numerosas agresiones físicas, sexuales y verbales mientras se encontraba cumpliendo labores periodísticas sobre distintos crímenes y violaciones a derechos humanos que ocurrían dentro de la cárcel la Modelo en Bogotá.
La Corte IDH reconoció la existencia de actos de tortura que tuvieron una clara conexión con su actividad periodística y tenían como fin castigarla, intimidarla y silenciarla. La Corte dio cuenta que las agresiones en contra de la periodista, no solo vulneran su libertad de expresión en el ámbito individual, sino que tuvieron un impacto colectivo, tanto en la sociedad colombiana en su derecho a la información como en otras personas que ejercían el periodismo. Por su parte, en relación con las amenazas que Jineth Bedoya ha recibido al menos desde el año 1999, la Corte resolvió que debido a la falta de investigación estas constituyen actos de tortura.
En su sentencia, la Corte da cuenta de la existencia de indicios graves, precisos y concordantes de la participación estatal en los hechos de tortura física, sexual y psicológica en contra de la periodista. La Corte determinó que estos hechos no pudieron llevarse a cabo sin la aquiescencia y colaboración del Estado, o cuanto menos con su tolerancia. Esto es aún más grave teniendo en cuenta que Jineth investigaba precisamente delitos cometidos en un contexto de criminalidad organizada con intervención de agentes estatales dentro de la cárcel La Modelo.
Debido al grave clima de impunidad y el uso de estereotipos de género y discriminación dentro de la investigación que ha rodeado el caso de Jineth Bedoya por más de dos décadas, la Corte declaró la responsabilidad internacional de Colombia por la violación de los derechos a las garantías judiciales, protección judicial e igualdad ante la ley por la falta de debida diligencia en las investigaciones.
La sentencia reconoce que en la actualidad persiste en Colombia un contexto grave de amenazas, ataques y asesinatos contra líderes y lideresas sociales, así como contra defensores y defensoras de derechos humanos, dentro de los que se encuentra la categoría de periodistas.
La Corte ordenó una serie de medidas de reparación incluyendo medidas simbólicas y garantías de no repetición a fin de reparar los daños causados a Jineth Bedoya y a la sociedad en general.
Entre las medidas de reparación ordenadas por la Corte destacamos la obligación de investigar, juzgar y sancionar a todos los responsables de los crímenes cometidos contra la periodista, particularmente tomando en cuenta que la Corte determinó que a la fecha no se ha determinado la autoría intelectual de los hechos ni de otros coautores que pudieran haber participado.
Además, la Corte ordenó al Estado de Colombia llevar a cabo; “una política integral para la protección de los y las periodistas, la creación del “Centro Investigativo No es Hora de Callar”; el diseño e implementación de un sistema público de recopilación de datos y cifras actualizadas sobre de violencia de género y sobre amenazas y violencia contra periodistas y defensores/as de derechos humanos; y la creación de un fondo de prevención, protección y asistencia de mujeres periodistas víctimas de violencia de género.
La sentencia de la Corte da cuenta de la existencia del uso sistemático de la violencia sexual contra las mujeres durante el conflicto armado colombiano y del riesgo particular que enfrentan las mujeres periodistas. Además, evidencia la existencia de una impunidad sistemática y generalizada en relación con la violencia sexual durante el conflicto.
Jineth Bedoya lleva más de 20 años buscando justicia incansablemente y se ha convertido en un símbolo y referente en la lucha contra la violencia sexual, particularmente en relación con las mujeres periodistas. Esta decisión de la Corte Interamericana es dignificante no solo para Jineth, sino que representa una esperanza para las miles de victimas de violencia sexual durante el conflicto armado colombiano.
Las organizaciones representantes del caso en el proceso internacional son el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) y la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP).
Contacto de prensa:
3103419744 - Andrea Torres Perdomo (FLIP)
En relación con la carta difundida en redes sociales por la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado y por su director Camilo Gómez, Jineth Bedoya y sus representantes se permiten manifestar lo siguiente:
Jineth Bedoya Lima
Centro por la Justicia y el Derecho Internacional - CEJIL
Fundación para la Libertad de Prensa - FLIP
Este lunes 15 de marzo comenzó la audiencia pública ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), en el marco del proceso en el cual se determinará la responsabilidad del Estado en los hechos de amenazas, secuestro, tortura y violencia sexual que enfrentó la periodista Jineth Bedoya Lima en el año 2000. Durante la audiencia, la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado colombiano, en cabeza de Camilo Gómez, señaló la presunta falta de imparcialidad de la mayoría de los jueces y de la presidenta de la Corte IDH y anunció que presentará una solicitud de recusación contra cinco de los seis jueces, debido a una supuesta falta de garantías procesales. El Estado tomó la decisión de retirarse de la audiencia y, además, la testigo ofrecida por el Estado no compareció a rendir su declaración.
Para Colombia, las preguntas y los comentarios realizados por los cuatro jueces y la jueza Elizabeth Odio Benito, presidenta de la Corte, estaban cargados de parcialidad a favor de la víctima. Ante esto, CEJIL y la FLIP, representantes de Jineth Bedoya Lima, sostenemos que los comentarios de los magistrados fueron dignificantes y oportunos en la medida que acababan de escuchar el valiente testimonio de una sobreviviente de graves violaciones a derechos humanos, pero de ninguna manera prejuzgaron sobre la responsabilidad del Estado, tal y como alega la defensa.
Precisamente, es facultad y deber de los jueces indagar sobre los hechos objeto del litigio, es decir, aquellos que fundamentan el caso como el contexto para comprender su alcance y las medidas que para la víctima pueden significar la reparación. En su testimonio, Jineth Bedoya contestó a preguntas relacionadas con el objeto de su declaración tal como fue aprobado por la Corte. Esto incluye: su labor periodística y las investigaciones que llevaba a cabo en la época de los hechos, el riesgo al que se encontraba expuesta, sus solicitudes de protección y la respuesta estatal ante esta situación. De igual forma, la periodista narró los hechos del 25 de mayo del 2000 y el impacto que estos tuvieron en su vida desde entonces hasta la fecha.
En su declaración, Jineth señaló que agentes de la Policía fueron quienes le sugirieron entrevistarse en la cárcel La Modelo con jefes paramilitares, para contener el riesgo que había generado su cubrimiento periodístico. Esta entrevista fue la trampa que ocasionó su secuestro, tortura y violencia sexual. También entregó detalles de cómo los perpetradores justificaron que estas agresiones eran un escarmiento contra sus denuncias periodísticas. Además, mencionó los numerosos indicios de la responsabilidad de agentes estatales sobre los hechos, que han sido ignorados en la investigación a nivel interno. Del mismo modo, Jineth cuestionó la revictimización que debió afrontar al ser llamada doce veces a declarar sobre el ataque sexual. Esto último fue reconocido por parte del agente del Estado en la audiencia pública.
Las organizaciones que representamos a la periodista consideramos que la actitud del Estado demuestra la desidia contra las víctimas de violencia sexual en el conflicto armado y niega espacios dignos para acceder a la justicia. El retiro del Estado de la audiencia es un acto sin precedentes, lo que genera preocupación sobre el compromiso del Estado colombiano frente al juicio por violaciones de derechos humanos y al sometimiento frente a la decisión que adopte la Corte.
Además, esta actuación hace parte de una estrategia que busca deslegitimar a la Corte IDH y significa un nuevo obstáculo en el proceso, que continúa castigando a Jineth Bedoya por hacer escuchar su voz, resultando así en un nuevo intento de silenciarla.
Los representantes de las víctimas instamos al Estado colombiano a que, en cumplimiento de sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos, comparezca a la audiencia programada de conformidad con lo dispuesto por la Honorable Corte. Así se contribuye a que el proceso internacional sea digno y tenga un componente reparador, independientemente del posterior fallo.
Los representantes de Bedoya Lima alertamos sobre la constante negligencia, falta de compromiso e irrespeto hacia la víctima por parte de la Fiscalía General de la Nación.
El pasado 17 de diciembre, la Fiscalía General de la Nación no asistió a la reunión convocada por la Cancillería para realizar seguimiento a la implementación de las medidas cautelares otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) a favor de Jineth Bedoya Lima. La Fiscalía debía informar sobre los avances en las investigaciones penales por los hechos ocurridos el 25 de mayo de 2000 que atentaron contra la vida, integridad y libertad de expresión de la periodista.
La entidad justificó su inasistencia en la presunta existencia de compromisos previos, lo cual resulta inadmisible pues la reunión había sido programada con más de un mes de anterioridad*. Pareciera que atender las obligaciones internacionales del caso está en el segundo orden de prioridad para la entidad.
Es muy grave que, ni siquiera de cara a las medidas cautelares otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el Estado colombiano haya adoptado medidas serias y eficaces para proteger la vida y la integridad de Jineth Bedoya; y para investigar, juzgar y sancionar los hechos de los que fue víctima.
En la última reunión de seguimiento de medidas cautelares que se adelantó en junio de este año, Bedoya Lima reiteró su inconformidad sobre la falta de interés de la entidad de avanzar en su caso y recalcó su desazón frente a su inacción permanente. En esa oportunidad, se destacó la urgencia de que la entidad se pusiera al día con el recaudo de elementos de prueba —que han sido ordenados hace más de un año— y la actuación procesal de las noticias criminales en las que se registra a la beneficiaria como víctima.
De igual manera, advertimos que la Fiscalía no ha avanzado en la investigación contra los determinadores de los crímenes de los que fue víctima la periodista. El letargo crónico de sus investigaciones contrastan con la multiplicidad de hostigamientos que ha recibido Bedoya en el último año, sin que la entidad cumpla con su función de investigar estos delitos y encauce nuevas investigaciones.
Por lo anterior, alertamos que el Estado colombiano está en mora de adoptar las medidas necesarias para garantizar los derechos humanos de la periodista y cumplir las medidas ordenadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos; la incapacidad de avanzar en el esclarecimiento de los hechos de los que ha sido víctima la periodista es un grave indicio de impunidad, con lo cual se envía un mensaje nefasto en un país con altísimos índices de violencia contra periodistas.
La falta de debida investigación y sanción de crímenes contra periodistas es una constante desafortunada en Colombia que origina sin lugar a dudas la responsabilidad del Estado, y genera un mayor riesgo para ejercer la libertad de expresión y de prensa. La falta sistemática de respuesta institucional frente a los crímenes contra la prensa es un potenciador de autocensura que debe ser corregido estructuralmente.
*Actualización: El 22 de diciembre la FLIP recibió una solicitud de rectificación de la Cancillería indicando que "de manera oportuna, la Fiscalía General de la Nación informó sobre su inasistencia a dicha reunión con base en el dia de la Rama Judicial, dispuesto en el Decreto 2766 de 1980". Sin embargo, esta no fue la información compartida durante la reunión del 17 de diciembre.
Durante 20 años, la periodista Jineth Bedoya Lima ha luchado incansablemente para acceder a la justicia en relación con los hechos de secuestro, tortura y violencia sexual de los que fue víctima el 25 de mayo del 2000. Los pocos avances son resultado de su lucha como víctima y dos décadas son un período suficiente para que el Estado investigue, juzgue y sancione a los responsables, sin embargo en su caso persiste la impunidad.
En octubre de 2019, la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá confirmó la sentencia en contra de Alejandro Cárdenas Orozco, alias “J.J”, y Jesús Emiro Pereira Rivera, alias “Huevoepizca”. Además, el Tribunal compulsó copias para que se investigue la posible comisión del delito de prevaricato por acción contra miembros de la Fiscalía por irregularidades advertidas en el proceso.
En la investigación que adelanta la Fiscalía obran múltiples pruebas sobre la presunta participación de agentes del Estado del INPEC, la Policía y el Ejército, sin embargo solo se ha llamado a indagatoria a un dragoneante del INPEC. Esto denota la falta de cumplimiento de la obligación de debida diligencia en las investigaciones de graves violaciones a derechos humanos.
En la sentencia de primera instancia contra alias “J.J” y “Huevoepizca”, el Juzgado Quinto Penal del Circuito Especializado de Bogotá ordenó la compulsa de copias en contra del General en retiro Leonardo Gallego Castrillón. Transcurrido un año desde esa orden, no hay avances, no se le ha llamado a declaración y mucho menos a indagatoria. La Fiscalía argumentó que como la sentencia había sido apelada, la compulsa de copias no se encontraba en firme. Dicho argumento carece de sustento legal, pues la compulsa de copias es una orden del juez que no es objeto de recursos y sí configura retrasos injustificados en la investigación.
En la justicia internacional, el 16 de julio de 2019, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) decidió presentar el caso de la periodista contra el Estado de Colombia ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), el más alto tribunal de derecho humanos de la región. La Corte tendrá a su cargo determinar la responsabilidad del Estado en el caso en el marco de las obligaciones internacionales de Colombia en relación con las mujeres periodistas en contextos de conflicto armado, las restricciones a la libertad de prensa y las dinámicas de impunidad en casos de violencia contra la mujer. A raíz de la coyuntura por COVID-19, el proceso ha sido objeto de la suspensión de los términos decretada por la Corte. No obstante, la audiencia pública podría realizarse a final del año o a más tardar a inicios de 2021, inclusive de manera virtual.
El pasado 30 de abril, Jineth Bedoya fue galardonada como la primera periodista colombiana en recibir el premio Unesco de Libertad de Prensa Guillermo Cano, edición 2020, como muestra de su coraje y persistencia en la lucha por una prensa libre y contra la impunidad, no solo en su caso, sino en el de miles de mujeres víctimas de violencia sexual a través de la campaña “No es Hora de Callar”.
Este 25 de mayo, Día nacional por la dignidad de las víctimas de violencia sexual en el marco del conflicto armado, es un día para resaltar la valentía con la cual Jineth Bedoya ha sostenido durante estos 20 años, en los cuales ha luchado y alzado la voz por miles de mujeres, que como en su caso, sus agresores creían que iban a silenciar.
El caso de Jineth Bedoya es un ejemplo de valentía frente a las amenazas, a la impunidad y a los distintos obstáculos que le han impuesto durante 20 años. La FLIP reconoce su arduo trabajo en la búsqueda de justicia y la seguirá acompañando en el proceso. En este día tan especial la FLIP quiere homenajear a Jineth Bedoya y repite: no más impunidad en casos de violencia contra mujeres periodistas.
El próximo 25 de mayo se conmemora el Día Nacional por la Dignidad de las Mujeres Víctimas de Violencia Sexual en el Marco del Conflicto Armado, fecha emblemática establecida como medida de reparación con impacto colectivo.
A la fecha la Unidad para las víctimas registra, 31.919 casos de delitos contra la libertad y la integridad sexual, de las cuáles 29.035, es decir el 91% son mujeres. La memoria construida sobre los testimonios de las miles de mujeres, jóvenes, niños y niñas víctimas de la violencia sexual en el marco del conflicto armado, es un llamado a que se reconozca la gravedad de este delito, se esclarezca, investigue y sancione a los responsables y se repare a las víctimas.
ONU Mujeres, la Fundación para la Libertad de Prensa y la campaña No Es Hora De Callar les invitamos a que se sumen al acto de memoria que se realizará este lunes 25 de mayo de 2020 a partir de las 10:00 am. con transmisión en directo a través de las plataformas de EL TIEMPO, EL TIEMPO Televisión, y ONU Mujeres.
Les invitamos además a sumarse durante este día a las conversaciones a través de diversas plataformas usando las etiquetas #25M y #NoEsHoraDeCallar.
Continuaremos apoyando los esfuerzos por la justicia en los casos de violencia sexual, seguiremos trabajando por la dignificación de las víctimas y sobrevivientes de estos crímenes para poner fin a la violencia sexual y garantizar la no repetición.
La FLIP tuvo conocimiento de que el 6 de agosto de 2019 Jineth Bedoya recibió varias llamadas y mensajes intimidantes provenientes de un número desconocido.
Paradójicamente, este mismo día la periodista fue galardonada con el Gran Premio Libertad de Prensa 2019 que otorga la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP). Con este premio, según María Elvira Domínguez, presidenta de la SIP, buscan honrar la lucha de Bedoya y generar conciencia sobre los riesgos que sufren muchas las mujeres periodistas.
Teniendo en cuenta los hechos de los que ha sido víctima la periodista y que lo anterior se enmarca en un contexto de avances en la justicia nacional e interamericana en relación con este caso, esta es una situación que genera una alerta sobre su seguridad y el riesgo al que está expuesta Jineth Bedoya.
El 16 de enero de 2019, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) notificó la aprobación de su informe de fondo por los hechos de los que fue víctima la periodista. En este informe la Comisión declaró la responsabilidad del Estado colombiano en los hechos cometidos contra Jineth Bedoya y dictó una serie de recomendaciones para la reparación de las víctimas.
Posteriormente, el 16 de julio, la CIDH decidió someter el caso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) para que este tribunal determine la responsabilidad del Estado en el caso.
A nivel nacional, el 6 de mayo de 2019, el Juzgado Quinto Penal del Circuito de Bogotá condenó a Jesús Emiro Pereira Rivera (alias 'Huevoepizca') a cuarenta años y seis meses de prisión, por los delitos de secuestro, tortura y violencia sexual. Por su parte, a Alejandro Cárdenas Orozco (alias 'JJ'), sobre quien ya pesaba una condena previa por secuestro y tortura por este mismo caso, se le impuso una pena de treinta años de prisión por el delito de acceso carnal violento.
Teniendo en cuenta lo anterior, la FLIP expresa su preocupación por la vida y la integridad de la periodista Jineth Bedoya Lima. Así mismo resalta la pronta respuesta de la Fiscalía General de la Nación, la Unidad Nacional de Protección y la Consejería Presidencial para los Derechos Humanos y Asuntos Internacionales en relación a este caso y espera que la respuesta sea igual de eficiente en otros casos. Es importante que estas entidades investiguen activamente los hechos y tomen prontamente las medidas que sean necesarias para garantizar la seguridad de los periodistas.
Washington, D.C. y Bogotá, D.C., 17 de julio de 2019
Tras culminar su análisis sobre las violaciones a los derechos humanos sufridas por la periodista Jineth Bedoya a partir del 25 de mayo de 2000, el 16 de julio de 2019, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) decidió presentar el caso de la periodista contra el Estado de Colombia ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), el más alto tribunal de derecho humanos de la región.
En enero de este año, la CIDH ya había emitido su informe de fondo en el caso, declarando la responsabilidad del Estado colombiano y dictando recomendaciones para la reparación de las víctimas. Con esta nueva decisión, la CIDH no da más prórrogas al Estado para el cumplimiento de sus recomendaciones y somete el caso a la Corte IDH para que el tribunal determine la responsabilidad del Estado en el caso en el marco de las obligaciones internacionales de Colombia en relación con las mujeres periodistas en contextos de conflicto armado, las restricciones a la libertad de prensa y las dinámicas de impunidad en casos de violencia contra la mujer.
Esta decisión es un avance significativo en la lucha que por 19 años ha tenido que librar Jineth Bedoya Lima para acceder a la justicia y la verdad. Esta será la primera oportunidad en la que la Corte IDH se pronuncie sobre la situación de las mujeres periodistas en contextos de conflicto armado y la primera en la que estudie la responsabilidad de Colombia en un caso en el que el foco está en la violencia sexual. Así, el fallo que adopte la Corte no sólo tendrá efectos para el caso en concreto, sino que constituirá un precedente para todo el hemisferio.
La Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), representantes en el caso, reiteran el llamado a la comunidad internacional a continuar con el acompañamiento en el caso. Además, También reconocen la constancia y la valentía con la que Jineth ha afrontado durante 19 años este proceso a pesar de la revictimización del Estado.
Contacto de Prensa
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Director FLIP
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Alex McAnarney
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