Fundación para la Libertad de Prensa - FLIP

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 En relación con la carta difundida en redes sociales por la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado y por su director Camilo Gómez, Jineth Bedoya y sus representantes se permiten manifestar lo siguiente: 

  1. Los canales escogidos por el director de la Agencia de Defensa del Estado no son los apropiados en el marco de un litigio en curso y denotan las malas prácticas de la defensa del Estado. La audiencia prevista para el día martes 16 de marzo fue suspendida como consecuencia de la solicitud de recusación del Estado. De igual modo, como corresponde en la práctica profesional ética, este tipo de comunicaciones deben ser dirigidas a través de los representantes legales de la parte.

  2. Durante la tarde de hoy, 17 de marzo, la Agencia Jurídica envió una comunicación al  correo personal de Jineth y por distintos conductos buscó forzar una respuesta inmediata. La posterior publicación de esta comunicación privada, por medio de diferentes redes sociales, constituye un acto de hostigamiento y de litigio malicioso, que desde ningún punto de vista responde a la solemnidad y la dignidad del proceso.

  3. Las tácticas de dilación en el proceso, así como la ausencia de justicia por más de veinte años es responsabilidad de la ineficacia y falta de voluntad política del Estado colombiano.

  4. Si el Estado desea aceptar su responsabilidad por las violaciones cometidas y comprometerse a la implementación de las reparaciones requeridas, debe hacerlo ante la Corte Interamericana, en el marco del proceso en curso. Para Jineth Bedoya como para sus representantes la instancia legal y legítima es la Corte IDH.

  5. Quedamos a la espera de la comunicación que la representación estatal remita a la Corte, señalando los hechos y las responsabilidades que acepta y las reparaciones a las que se allana.  

 

Jineth Bedoya Lima
Centro por la Justicia y el Derecho Internacional - CEJIL
Fundación para la Libertad de Prensa - FLIP



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Este lunes 15 de marzo comenzó la audiencia pública ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), en el marco del proceso en el cual se determinará la responsabilidad del Estado en los hechos de amenazas, secuestro, tortura y violencia sexual que enfrentó la periodista Jineth Bedoya Lima en el año 2000. Durante la audiencia, la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado colombiano, en cabeza de Camilo Gómez, señaló la presunta falta de imparcialidad de la mayoría de los jueces y de la presidenta de la Corte IDH y anunció que presentará una solicitud de recusación contra cinco de los seis jueces, debido a una supuesta falta de garantías procesales. El Estado tomó la decisión de retirarse de la audiencia y, además, la testigo ofrecida por el Estado no compareció a rendir su declaración.

Para Colombia, las preguntas y los comentarios realizados por los cuatro jueces y la jueza Elizabeth Odio Benito, presidenta de la Corte, estaban cargados de parcialidad a favor de la víctima. Ante esto, CEJIL y la FLIP,  representantes de Jineth Bedoya Lima, sostenemos que los comentarios de los magistrados fueron dignificantes y oportunos en la medida que acababan de escuchar el valiente testimonio de una sobreviviente de graves violaciones a derechos humanos, pero de ninguna manera prejuzgaron sobre la responsabilidad del Estado, tal y como alega la defensa. 

Precisamente, es facultad y deber de los jueces indagar sobre los hechos objeto del litigio, es decir, aquellos que fundamentan el caso como el contexto para comprender su alcance y las medidas que para la víctima pueden significar la reparación. En su testimonio, Jineth Bedoya contestó a preguntas relacionadas con el objeto de su declaración tal como fue aprobado por la Corte. Esto incluye: su labor periodística y las investigaciones que llevaba a cabo en la época de los hechos, el riesgo al que se encontraba expuesta, sus solicitudes de protección y la respuesta estatal ante esta situación. De igual forma, la periodista narró los hechos del 25 de mayo del 2000 y el impacto que estos tuvieron en su vida desde entonces hasta la fecha. 

En su declaración, Jineth señaló que agentes de la Policía fueron quienes le sugirieron entrevistarse en la cárcel La Modelo con jefes paramilitares, para contener el riesgo que había generado su cubrimiento periodístico. Esta entrevista fue la trampa que ocasionó su secuestro, tortura y violencia sexual. También entregó detalles de cómo los perpetradores justificaron que estas agresiones eran un escarmiento contra sus denuncias periodísticas. Además, mencionó los numerosos indicios de la responsabilidad de agentes estatales sobre los hechos, que han sido ignorados en la investigación a nivel interno. Del mismo modo, Jineth cuestionó la revictimización que debió afrontar al ser llamada doce veces a declarar sobre el ataque sexual. Esto último fue reconocido por parte del agente del Estado en la audiencia pública. 

Las organizaciones que representamos a la periodista consideramos que la actitud del Estado demuestra la desidia contra las víctimas de violencia sexual en el conflicto armado y niega espacios dignos para acceder a la justicia. El retiro del Estado de la audiencia es un acto sin precedentes, lo que genera preocupación sobre el compromiso del Estado colombiano frente al juicio por violaciones de derechos humanos y al sometimiento frente a la decisión que adopte la Corte.

Además, esta actuación hace parte de una estrategia que busca deslegitimar a la Corte IDH y significa un nuevo obstáculo en el proceso, que continúa castigando a Jineth Bedoya por hacer escuchar su voz, resultando así en un nuevo intento de silenciarla.

Los representantes de las víctimas instamos al Estado colombiano a que, en cumplimiento de sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos, comparezca a la audiencia programada de conformidad con lo dispuesto por la Honorable Corte. Así se contribuye a que el proceso internacional sea digno y tenga un componente reparador, independientemente del posterior fallo.

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Los representantes de Bedoya Lima alertamos sobre la constante negligencia, falta de compromiso e irrespeto hacia la víctima por parte de la Fiscalía General de la Nación. 

El pasado 17 de diciembre, la Fiscalía General de la Nación no asistió a la reunión convocada por la Cancillería para realizar seguimiento a la implementación de las medidas cautelares otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) a favor de Jineth Bedoya Lima. La Fiscalía debía informar sobre los avances en las investigaciones penales por los hechos ocurridos el 25 de mayo de 2000 que atentaron contra la vida, integridad y libertad de expresión de la periodista. 

La entidad justificó su inasistencia en la presunta existencia de compromisos previos, lo cual resulta inadmisible pues la reunión había sido programada con más de un mes de anterioridad*. Pareciera que atender las obligaciones internacionales del caso está en el segundo orden de prioridad para la entidad.

Es muy grave que, ni siquiera de cara a las medidas cautelares otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el Estado colombiano haya adoptado medidas serias y eficaces para proteger la vida y la integridad de Jineth Bedoya; y para investigar, juzgar y sancionar los hechos de los que fue víctima.

En la última reunión de seguimiento de medidas cautelares que se adelantó en junio de este año, Bedoya Lima reiteró su inconformidad sobre la falta de interés de la entidad de avanzar en su caso y recalcó su desazón frente a su inacción permanente. En esa oportunidad, se destacó la urgencia de que la entidad se pusiera al día con el recaudo de elementos de prueba —que han sido ordenados hace más de un año— y la actuación procesal de las noticias criminales en las que se registra a la beneficiaria como víctima. 

De igual manera, advertimos que la Fiscalía no ha avanzado en la investigación contra los determinadores de los crímenes de los que fue víctima la periodista. El letargo crónico de sus investigaciones contrastan con la multiplicidad de hostigamientos que ha recibido Bedoya en el último año, sin que la entidad cumpla con su función de investigar estos delitos y encauce nuevas investigaciones. 

Por lo anterior, alertamos que el Estado colombiano está en mora de adoptar las medidas necesarias para garantizar los derechos humanos de la periodista y cumplir las medidas ordenadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos; la incapacidad de avanzar en el esclarecimiento de los hechos de los que ha sido víctima la periodista es un grave indicio de impunidad, con lo cual se envía un mensaje nefasto en un país con altísimos índices de violencia contra periodistas.  

La falta de debida investigación y sanción de crímenes contra periodistas es una constante desafortunada en Colombia que origina sin lugar a dudas la responsabilidad del Estado, y genera un mayor riesgo para ejercer la libertad de expresión y de prensa. La falta sistemática de respuesta institucional frente a los crímenes contra la prensa es un potenciador de autocensura que debe ser corregido estructuralmente.

 

*Actualización: El 22 de diciembre la FLIP recibió una solicitud de rectificación de la Cancillería indicando que "de manera oportuna, la Fiscalía General de la Nación informó sobre su inasistencia a dicha reunión con base en el dia de la Rama Judicial, dispuesto en el Decreto 2766 de 1980". Sin embargo, esta no fue la información compartida durante la reunión del 17 de diciembre. 

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Durante 20 años, la periodista Jineth Bedoya Lima ha luchado incansablemente para acceder a la justicia en relación con los hechos de secuestro, tortura y violencia sexual de los que fue víctima el 25 de mayo del 2000. Los pocos avances son resultado de su lucha como víctima y dos décadas son un período suficiente para que el Estado investigue, juzgue y sancione a los responsables, sin embargo en su caso persiste la impunidad. 

En octubre de 2019, la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá confirmó la sentencia en contra de Alejandro Cárdenas Orozco, alias “J.J”, y Jesús Emiro Pereira Rivera, alias “Huevoepizca”. Además, el Tribunal compulsó copias para que se investigue la posible comisión del delito de prevaricato por acción contra miembros de la Fiscalía por irregularidades advertidas en el proceso. 

En la investigación que adelanta la Fiscalía obran múltiples pruebas sobre la presunta participación de agentes del Estado del INPEC, la Policía y el Ejército, sin embargo solo se ha llamado a indagatoria a un dragoneante del INPEC. Esto denota la falta de cumplimiento de la obligación de debida diligencia en las investigaciones de graves violaciones a derechos humanos.

En la sentencia de primera instancia contra alias “J.J” y “Huevoepizca”, el Juzgado Quinto Penal del Circuito Especializado de Bogotá ordenó la compulsa de copias en contra del General en retiro Leonardo Gallego Castrillón. Transcurrido un año desde esa orden, no hay avances, no se le ha llamado a declaración y mucho menos a indagatoria. La Fiscalía argumentó que como la sentencia había sido apelada, la compulsa de copias no se encontraba en firme. Dicho argumento carece de sustento legal, pues la compulsa de copias es una orden del juez que no es objeto de recursos y sí configura retrasos injustificados en la investigación.  

En la justicia internacional, el 16 de julio de 2019, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) decidió presentar el caso de la periodista contra el Estado de Colombia ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), el más alto tribunal de derecho humanos de la región. La Corte tendrá a su cargo determinar la responsabilidad del Estado en el caso en el marco de las obligaciones internacionales de Colombia en relación con las mujeres periodistas en contextos de conflicto armado, las restricciones a la libertad de prensa y las dinámicas de impunidad en casos de violencia contra la mujer. A raíz de la coyuntura por COVID-19, el proceso ha sido objeto de la suspensión de los términos decretada por la Corte. No obstante, la audiencia pública podría realizarse a final del año o a más tardar a inicios de 2021, inclusive de manera virtual.

El pasado 30 de abril, Jineth Bedoya fue galardonada como la primera periodista colombiana en recibir el premio Unesco de Libertad de Prensa Guillermo Cano, edición 2020, como muestra de su coraje y persistencia en la lucha por una prensa libre y contra la impunidad, no solo en su caso, sino en el de miles de mujeres víctimas de violencia sexual a través de la campaña “No es Hora de Callar”.

Este 25 de mayo, Día nacional por la dignidad de las víctimas de violencia sexual en el marco del conflicto armado, es un día para resaltar la valentía con la cual Jineth Bedoya ha sostenido durante estos 20 años, en los cuales ha luchado y alzado la voz por miles de mujeres, que como en su caso, sus agresores creían que iban a silenciar. 

El caso de Jineth Bedoya es un ejemplo de valentía frente a las amenazas, a la impunidad y a los distintos obstáculos que le han impuesto durante 20 años. La FLIP reconoce su arduo trabajo en la búsqueda de justicia y la seguirá acompañando en el proceso. En este día tan especial la FLIP quiere homenajear a Jineth Bedoya y repite: no más impunidad en casos de violencia contra mujeres periodistas.  

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El próximo 25 de mayo se conmemora el Día Nacional por la Dignidad de las Mujeres Víctimas de Violencia Sexual en el Marco del Conflicto Armado, fecha emblemática establecida como medida de reparación con impacto colectivo.

A la fecha la Unidad para las víctimas registra, 31.919 casos de delitos contra la libertad y la integridad sexual, de las cuáles 29.035, es decir el 91% son mujeres. La memoria construida sobre los testimonios de las miles de mujeres, jóvenes, niños y niñas víctimas de la violencia sexual en el marco del conflicto armado, es un llamado a que se reconozca la gravedad de este delito, se esclarezca, investigue y sancione a los responsables y se repare a las víctimas. 

ONU Mujeres, la Fundación para la Libertad de Prensa y la campaña No Es Hora De Callar les invitamos a que se sumen al acto de memoria que se realizará este lunes 25 de mayo de 2020  a partir de las 10:00 am. con transmisión en directo a través de las plataformas de EL TIEMPO, EL TIEMPO Televisión, y ONU Mujeres.

Les invitamos además a sumarse durante este día a las conversaciones a través de diversas plataformas usando las etiquetas #25M y #NoEsHoraDeCallar.

Continuaremos apoyando los esfuerzos por la justicia en los casos de violencia sexual, seguiremos trabajando por la dignificación de las víctimas y sobrevivientes de estos crímenes para poner fin a la violencia sexual y garantizar la no repetición.  

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La FLIP tuvo conocimiento de que el 6 de agosto de 2019 Jineth Bedoya recibió varias llamadas y mensajes intimidantes provenientes de un número desconocido. 

Paradójicamente, este mismo día la periodista fue galardonada con el Gran Premio Libertad de Prensa 2019 que otorga la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP). Con este premio, según  María Elvira Domínguez, presidenta de la SIP, buscan honrar la lucha de Bedoya y generar conciencia sobre los riesgos que sufren muchas las mujeres periodistas. 

Teniendo en cuenta los hechos de los que ha sido víctima la periodista y que lo anterior se enmarca en un contexto de avances en la justicia nacional e interamericana en relación con este caso, esta es una situación que genera una alerta sobre su seguridad y el riesgo al que está expuesta Jineth Bedoya. 

El 16 de enero de 2019, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) notificó la aprobación de su informe de fondo por los hechos de los que fue víctima la periodista. En este informe la Comisión declaró la responsabilidad del Estado colombiano en los hechos cometidos contra Jineth Bedoya y dictó una serie de recomendaciones para la reparación de las víctimas. 

Posteriormente, el 16 de julio, la CIDH decidió someter el caso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) para que este tribunal determine la responsabilidad del Estado en el caso.  

A nivel nacional, el 6 de mayo de 2019, el Juzgado Quinto Penal del Circuito de Bogotá condenó a Jesús Emiro Pereira Rivera (alias 'Huevoepizca') a cuarenta años y seis meses de prisión, por los delitos de secuestro, tortura y violencia sexual. Por su parte, a Alejandro Cárdenas Orozco (alias 'JJ'), sobre quien ya pesaba una condena previa por secuestro y tortura por este mismo caso, se le impuso una pena de treinta años de prisión por el delito de acceso carnal violento.

Teniendo en cuenta lo anterior, la FLIP expresa su preocupación por la vida y la integridad de la periodista Jineth Bedoya Lima. Así mismo resalta la pronta respuesta de la Fiscalía General de la Nación, la Unidad Nacional de Protección y la Consejería Presidencial para los Derechos Humanos y Asuntos Internacionales en relación a este caso y espera que la respuesta sea igual de eficiente en otros casos. Es importante que estas entidades investiguen activamente los hechos y tomen prontamente las medidas que sean necesarias para garantizar la seguridad de los periodistas.

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Washington, D.C. y Bogotá, D.C., 17 de julio de 2019

Tras culminar su análisis sobre las violaciones a los derechos humanos sufridas por la periodista Jineth Bedoya a partir del 25 de mayo de 2000, el 16 de julio de 2019, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) decidió presentar el caso de la periodista contra el Estado de Colombia ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), el más alto tribunal de derecho humanos de la región.

En enero de este año, la CIDH ya había emitido su informe de fondo en el caso, declarando la responsabilidad del Estado colombiano y dictando recomendaciones para la reparación de las víctimas. Con esta nueva decisión, la CIDH no da más prórrogas al Estado para el cumplimiento de sus recomendaciones y somete el caso a la Corte IDH para que el tribunal determine la responsabilidad del Estado en el caso en el marco de las obligaciones internacionales de Colombia en relación con las mujeres periodistas en contextos de conflicto armado, las restricciones a la libertad de prensa y las dinámicas de impunidad en casos de violencia contra la mujer.

Esta decisión es un avance significativo en la lucha que por 19 años ha tenido que librar Jineth Bedoya Lima para acceder a la justicia y la verdad. Esta será la primera oportunidad en la que la Corte IDH se pronuncie sobre la situación de las mujeres periodistas en contextos de conflicto armado y la primera en la que estudie la responsabilidad de Colombia en un caso en el que el foco está en la violencia sexual. Así, el fallo que adopte la Corte no sólo tendrá efectos para el caso en concreto, sino que constituirá un precedente para todo el hemisferio.

La Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), representantes en el caso, reiteran el llamado a la comunidad internacional a continuar con el acompañamiento en el caso. Además, También reconocen la constancia y la valentía con la que Jineth ha afrontado durante 19 años este proceso a pesar de la revictimización del Estado.

En este enlace puede conocer el comunicado oficial de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la CIDH acerca de este caso.

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Alex McAnarney
Prensa CEJIL
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Este 25 de mayo, se cumplen 19 años de los hechos de secuestro, tortura y violencia sexual de los que fue víctima Jineth Bedoya Lima, tiempo durante el cual la periodista ha luchado incansablemente por acceder a la justicia.

En lo que ha transcurrido del 2019 se han logrado importantes avances en la justicia nacional e internacional, sin embargo, los mismos son tan solo el punto de partida para llegar al esclarecimiento total de los crímenes de los que fue víctima la periodista.

A nivel nacional, el 6 de mayo, el Juzgado Quinto Penal del Circuito de Bogotá condenó a Jesús condenó a Jesús Emiro Pereira Rivera (alias 'Huevoepizca') a cuarenta años y seis meses de prisión, por los delitos de secuestro, tortura y violencia sexual. Por su parte, a Alejandro Cárdenas Orozco (alias 'JJ'), sobre quien ya pesaba una condena previa por secuestro y tortura por este mismo caso, se le impuso una pena de treinta años de prisión por el delito de acceso carnal violento.

En su fallo el juez consideró que a partir de las pruebas allegadas al proceso se puede evidenciar la posible responsabilidad penal de terceras personas, especialmente de servidores públicos. Por lo tanto, compulsó copias a la Fiscalía General de la Nación, con el fin de que se adelante una investigación en contra del General (r) José Leonardo Gallego Castrillón, quien para la fecha de los hechos se desempeñaba como director de la DIJIN.

Por otro lado, en el ámbito internacional, el 16 de enero, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) dictó su informe de fondo en el caso que se adelanta por las violaciones a los derechos humanos sufridas por la periodista Jineth Bedoya Lima, con lo cual se abre la puerta para que el Estado colombiano pueda ser juzgado ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH).

La FLIP reconoce que estas decisiones son fundamentales para el esclarecimiento de los hechos de los que fue víctima la periodista, sin embargo, la justicia en este caso va llegando de manera tardía. El panorama de impunidad persiste, pues de la investigación se extrae que en la comisión de los hechos están presuntamente vinculadas 25 personas, de las cuales sólo se ha logrado judicializar a tres de los autores materiales y se tienen pocos avances frente a los determinadores de los hechos.

En esta fecha, en la que se conmemora el Día nacional por la dignidad de las víctimas de violencia sexual en el marco del conflicto armado, la FLIP resalta la valentía con la cual Jineth Bedoya se ha enfrentado a la administración de justicia para lograr el esclarecimiento de sus hechos y su papel como activista a través de la campaña No es hora de callar, por medio de la cual se ha incentivado y acompañado a mujeres víctimas de violencia sexual, para que rompan su silencio y denuncien a sus agresores.

En Colombia no se puede llegar a hablar de una prensa libre si no se garantiza la participación de las mujeres, es por ello que la FLIP reafirma su compromiso de acompañar a todas las periodistas que en el marco del ejercicio de la labor periodística han sido víctimas de diversas formas de violencia; sólo en el año 2018 la FLIP registró 11 agresiones a periodistas por razón de género, de las cuales dos fueron casos de violencia sexual.

Como la periodista lo explicó esta semana en una columna, el color violeta significa dignidad en la cultura oriental. Por esa razón la FLIP se une a la invitación a portar un pañuelo violeta como un símbolo que recuerde la importancia de reivindicar la dignidad de quienes han sido víctimas de violencia sexual en el conflicto que por tantos años ha atravesado Colombia.

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El 6 de mayo de 2019, el Juzgado Quinto Penal del Circuito Especializado de Bogotá emitió sentencia condenatoria contra Alejandro Cárdenas Orozco y Jesús Emiro Pereira Rivera por secuestro, tortura y violencia sexual en contra de la periodista Jineth Bedoya cuando realizaba un cubrimiento periodístico en la cárcel La Modelo de Bogotá el 25 de mayo del año 2000.

Pereira Rivera (alias “Huevoepizca”) fue condenado a 40 años y seis meses de prisión por los delitos de secuestro, tortura y acceso carnal violento. Por su parte a Cárdenas Orozco (alias “JJ”), sobre quien ya pesaba una condena previa por secuestro y tortura por este mismo caso, se le impuso una pena de 30 años de prisión por el delito de acceso carnal violento.

El juzgado confirmó que en el caso de la periodista Jineth Bedoya 'las conductas punibles ejecutadas necesariamente son catalogadas como de ‘Lesa Humanidad’”. En la sentencia, el juez resaltó que “no queda duda de los vejámenes y agresiones físicas y psicológicas contra la señora BEDOYA LIMA, como parte de un plan sistémico y bien estructurado, que incluso, también fue ejecutado contra otros periodistas que igualmente fueron amenazados de muerte, por las investigaciones periodísticas que realizaban, a raíz de los hechos de corrupción que, entre otros, venían suscitándose en la Cárcel Modelo de esta ciudad, con responsabilidad de grupos de Autodefensas y funcionarios de la Fuerza Pública”.

La decisión reconoce que las amenazas que la periodista Jineth Bedoya recibió con anterioridad al secuestro -y que eran de conocimiento de las autoridades- se cumplieron y advierte que a partir de las pruebas allegadas al proceso se puede evidenciar la posible responsabilidad penal de terceras personas, especialmente de servidores públicos. Por lo tanto compulsó copias a la Fiscalía General de la Nación, con el fin de que se adelante una investigación en contra del General (r) José Leonardo Gallego.

La FLIP, que desde el año 2011 obra como representante judicial de Jineth Bedoya, reconoce esta decisión como un avance en el esclarecimiento de los hechos. Sin embargo, advierte enfáticamente que esta sentencia no puede entenderse como la superación de la impunidad en el caso. Lejos de ser un punto de llegada, la justicia ha tomado casi 19 años en condenar a dos de los autores materiales. Esta es una contribución valiosa pero ínfima y tardía, sobre todo si se tiene en cuenta que en el marco de la investigación se han mencionado a por lo menos 25 personas -incluyendo funcionarios públicos- que podrían estar involucrados en los hechos. Sobre la gran mayoría de la cadena criminal no se ha adelantado una investigación eficaz y los autores intelectuales siguen sin responder ante los jueces.

Por este caso el Estado Colombiano está bajo vigilancia por parte de la la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). La sentencia que condena a Cárdenas y Pereira no exime al Estado de su responsabilidad internacional.

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Washington, D.C. y Bogotá, 29 de enero, 2019 - Luego de casi 19 años del secuestro, tortura y violencia sexual contra la periodista Jineth Bedoya Lima, el 16 de enero de 2019, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) notificó la aprobación de su informe de fondo en el caso que se adelanta por las violaciones a los derechos humanos sufridas por la periodista el 25 de mayo de 2000 que, hasta la fecha, permanecen en la impunidad. Sobre este particular la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) transmiten a la opinión pública lo siguiente:

1. Este informe concluye el análisis del caso ante la CIDH como primera instancia internacional en el marco de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y abre la puerta para que el Estado colombiano pueda ser juzgado ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) con sede en Costa Rica. En este supuesto, la evaluación por parte de la Corte sería una valiosa oportunidad para revisar el cumplimiento de las obligaciones internacionales por parte de Colombia en cuanto a la garantía de los derechos de los periodistas en Colombia y, particularmente, implicaría que por primera vez este tribunal internacional se pronuncie sobre la situación de las mujeres periodistas en contextos de conflicto armado.

2. La emisión de este informe representa un paso muy importante en la incansable lucha que la periodista Jineth Bedoya ha librado por la justicia y la verdad en su caso. El mismo también tiene el potencial de poner freno a las dinámicas de impunidad generalizada en casos de violencias contra la mujer y de restricciones de hecho a la libertad de prensa.

3. Si bien los hechos denunciados acaecieron durante gobiernos anteriores, esperamos que el gobierno actual, en representación del Estado, cumpla con lo decidido por la CIDH a fin de garantizar los derechos de Jineth Bedoya y evitar la repetición de hechos de violencia contra las mujeres y su impunidad. Recordamos así mismo que este caso tiene un enorme potencial de brindar justicia no solo a nuestra representada sino a otras víctimas de violencia basada en género en el marco del conflicto armado en Colombia.

4. Una vez la CIDH corra traslado del informe a la víctima y sus representantes, daremos respuesta a los requerimientos de la Comisión de acuerdo con la normativa interamericana, la cual requiere que presentemos nuestra posición sobre el envío a la Corte.

5. Para la FLIP y CEJIL es un honor poder acompañar a Jineth Bedoya desde el apoyo judicial en su lucha que también es nuestra. Llamamos a la comunidad internacional, que siempre ha estado acompañando el caso, a que continúe su observancia del mismo. Esperamos que la veeduría internacional de este proceso emblemático sirva para vigilar la respuesta estatal y mejor abordar los desafíos que el caso revela. 

Aquí puede leer el informe de fondo completo.

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Pedro Vaca Villarreal
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Alex McAnarney
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