Los periodistas Abelardo Liz y Felipe Guevara fueron asesinados durante el 2020. Sus casos dejaron al descubierto la violencia cruda que se siguen enfrentando los periodistas, tanto por parte de la fuerza pública como de bandas criminales.
Abelardo, en una trágica coincidencia, murió el 13 de agosto, el día del aniversario de la muerte de Jaime Garzón. El periodista indígena se encontraba en Corinto, Cauca, cubriendo un desalojo por parte de la Policía y el Ejército. En medio de las confrontaciones, resultó herido por un arma de fuego. La fuerza pública afirmó que la bala provenía de grupos ilegales que habían disparado también; sin embargo, la comunidad indígena niega que ese día hubiera habido enfrentamientos con la guerrilla.
Ni Iván Duque ni ninguna autoridad se pronunció respecto al tema. Seis meses después, el caso ha avanzado muy poco y son insuficientes las respuestas que dan la Fiscalía y el Ejército sobre el avance de la investigación. No hay ninguna garantía de que esta se esté llevando a cabo de una forma seria e imparcial.
Si quiere leer el reportaje completo sobre el asesinato de este comunicador indígena y cómo esto afecta gravemente a una comunidad, vaya a la página 7 del PDF de nuestra revista Páginas para la libertad de expresión.
Felipe tenía solo 27 años cuando fue asesinado en el barrio Mariano Ramos en Cali, Valle del Cauca. Trabajaba como periodista judicial en el diario Q’hubo, el periódico popular más consumido en la ciudad. Le dispararon a las afueras de su casa el 21 de diciembre y murió en cuidados intensivos el 23 del mismo mes.
A pesar de las reiteradas amenazas que Felipe había recibido en el pasado, la primera reacción del comandante de la Policía de Cali fue negar la hipótesis de que el asesinato estuviera relacionado con su labor periodística. A inicios de enero de 2021 se capturó a uno de los presuntos autores materiales, un joven de 16 años que negó los cargos por homicidio agravado y fabricación, tráfico y porte de armas de fuego.
Este asesinato afecta gravemente a la libertad de prensa. Es posible que luego de estos hechos, algunos reporteros prefieran alejarse de ciertas zonas y también sacar otros temas de la agenda.
Para leer la historia completa sobre este periodista, lea la página 15 del PDF de Páginas para la libertad de expresión.
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En días pasados, la Fiscalía General de la Nación informó sobre la aprehensión de un menor de edad que presuntamente es el autor material del homicidio del periodista Felipe Guevara, a quien se le imputaron los delitos de homicidio agravado y fabricación, tráfico y porte de armas de fuego o municiones. El menor no aceptó su responsabilidad en los hechos y se le impuso medida internamiento preventivo por parte del Juez Quinto Penal para Adolescentes con función de control de garantías de Cali.
El periodista caleño Felipe Guevara falleció el pasado 23 de diciembre producto de los cuatro impactos de bala que recibió dos días antes en el barrio Mariano Ramos, al oriente de Cali. Este crimen conmocionó a la prensa local y se produjo a pesar de las denuncias que Guevara había hecho ante las autoridades sobre el riesgo a su vida, por motivo del ejercicio periodístico. Sin embargo, durante varios meses las investigaciones no avanzaron de manera oportuna, ni se adoptaran medidas preventivas.
La FLIP ha documentado el homicidio de Felipe Guevara, y se convierte en el segundo periodista asesinado asociado al ejercicio de la labor periodística registrado durante 2020. En este caso se refleja un factor común con otros casos de homicidios a periodistas: previamente la víctima había recibido amenazas, las cuales no fueron investigadas de manera diligente por la Fiscalía General de la Nación y no se adoptaron medidas eficaces para garantizar la vida e integridad del periodista.
Casos como el de Felipe Guevara son el reflejo de la desprotección que enfrentan los periodistas en las regiones de Colombia, que se evidencia en la ausencia de implementación de medidas de protección eficaces y la falta de desarrollo de investigaciones serias y oportunas que conlleven a la sanción de los hechos, y con ello se logre desmantelar la fuente de riesgo.
El 12 de julio de 2017, Felipe Guevara había acudido a la Fiscalía General de la Nación a denunciar amenazas relacionadas con su labor como periodista, pues estas se dieron con ocasión a una serie de publicaciones sobre una banda criminal que operaba en el barrio Mariano Ramos, sector en el que residía el comunicador. La respuesta de la Fiscalía consistió en entregar a Guevara una solicitud de protección policial, dirigida al comandante de la estación de Policía cercana a su domicilio. Sin embargo, la medida resultó ineficiente y la desprotección por parte del Estado obligó al periodista a desplazarse del barrio.
En 2018 y 2020, las amenazas y hostigamientos en contra de Felipe Guevara continuaron, mientras tanto la investigación por amenazas no reportaba avances. En agosto del 2020 Guevara le dijo a familiares y amigos que ya no quería salir de su casa porque no se sentía seguro.
La FLIP hace un llamado especial a la Fiscalía para que priorice el avance del juicio contra el presunto menor que participó en el homicidio de Guevara, en aras de evitar el vencimiento de los términos de la medida de internamiento, que podrían conllevar a la falta de cumplimiento de la sanción respectiva, como ha ocurrido en otros casos de agresiones contra periodistas.
De igual manera resulta mandatorio que se avance en la investigación de las amenazas y el homicidio contra el periodista, bajo la obligación de debida diligencia aplicable a los casos de violencia contra la prensa, que conlleve a juzgar y sancionar a toda la cadena criminal que participó en los hechos.
La Fundación se solidariza con los familiares del comunicador y continuará realizando seguimiento a los avances de la investigación, en aras de que este caso no se sume a la larga lista de crímenes contra periodistas que quedan en la impunidad.
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