Fundación para la Libertad de Prensa - FLIP
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La Fundación para la Libertad de Prensa hace públicos sus reparos respecto del Decreto 1924 de 2019, expedido por Ministerio del Interior y mediante el cual se disponen reglas especiales “para el normal desarrollo de las elecciones” regionales y locales. Para la FLIP el decreto limita injustificadamente el ejercicio del derecho a la libertad de expresión, prensa e información en las elecciones que se realizarán el próximo 27 de octubre.
Dichas limitaciones, que incluyen la prohibición difundir entrevistas a candidatos, la exigencia de que autoridades confirmen la información publicada sobre materia electoral y la exigencia de acreditaciones para el uso de cámaras y celulares en los lugares de votación, no son compatibles con los parámetros constitucionales sobre libertad de expresión y prensa.
La FLIP recuerda lo siguiente a todas las autoridades encargadas de la vigilancia y el acompañamiento durante las elecciones, así como a la opinión pública:
El día de las elecciones no está prohibido por ley realizar entrevistas a los candidatos (Art. 3 Decreto 1924 de 2019)
El artículo 3 del decreto prohíbe la realización, entre otros, de entrevistas el día de las elecciones. A la luz de la Ley Estatutaria 130 de 1994, Ley Estatutaria 163 de 1994 y Ley Estatutaria 1475 de 2011 se prohíbe a los medios, en términos generales, la transmisión y reproducción de propaganda y publicidad política. No obstante, ninguna de estas normas prohíbe la emisión de entrevistas. Prohibirlo no solo viola el principio de legalidad, según el cual cualquier restricción a la libertad de expresión debe estar consignada en una ley (Art 13.2 Convención Americana sobre Derecho Humanos), sino que además es una limitación desproporcionada de los derechos a la libertad de prensa y expresión.
Exigirle a los medios publicar información confirmada por fuentes oficiales es una forma de censura (Art 11. Decreto 1924 de 2019)
El artículo 11 dispone que los medios pueden publicar información cuando esta sea confirmada por fuentes oficiales. Esta restricción desconoce el mandato del artículo 20 de la Constitución según el cual “no habrá censura”. Exigir confirmación de autoridades estatales para publicar información es una forma control previo a la información que se puede transmitir. En Colombia todo control a la información debe ser posterior a su publicación (sentencia T-391 de 2007).
Para la FLIP, el artículo 11 del Decreto 1924 de 2019 desconoce el mandato del artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos que establece que todas las limitaciones a la libertad de expresión debe estar “expresamente fijadas por la ley y ser necesaria”. La medida no garantiza la preservación del orden público y sí impide tanto a los medios como a la ciudadanía tener acceso a información de interés nacional como lo son las afectaciones al orden público durante las elecciones por fuera de la confirmada oficialmente.
Así mismo, la segunda parte del artículo que obliga a los medios a dar prelación a los comunicados emitidos por las autoridades electorales o de policía viola la libertad editorial y la independencia de los medios de comunicación, pues se acerca a una imposición de contenidos por parte del gobierno, práctica que reprocha la Corte Constitucional (sentencia T-391 de 2007).
No es obligatorio estar acreditado para cubrir elecciones
El artículo 13 del decreto prohíbe la utilización de cámaras fotográficas y de video dentro del puesto de votación, salvo los medios de comunicación debidamente identificados. Al respecto debe recordarse que, como ha aclarado la Corte Constitucional (sentencia C-87 de 1998), el periodismo es una actividad de libre ejercicio para la cual no se pueden exigir habilitaciones ni documentos especiales. En consecuencia, la exigencia de alguna identificación no puede convertirse en una excusa para evitar el acceso de cualquier tipo medio de comunicación a los puestos de votación.
Así mismo, la Registraduría Nacional del Estado Civil dispone en su página web: ”Los miembros de los medios de comunicación están autorizados para permanecer dentro de los puestos de votación con cámaras fotográficas o de video con el fin de registrar todo lo que sucede durante el desarrollo de los comicios, siempre y cuando no interfieran en el secreto del voto ni obstaculicen la labor de los jurados” (Disponible en: https://wsr.registraduria.gov.co/La-Fuerza-Publica-puede-impedir-el,22103.html).
La FLIP resalta a los y las periodistas que durante el cubrimiento de las elecciones tienen los siguientes derechos:
La fuerza pública no tiene permitido impedir el acceso de los medios de comunicación a los puestos de votación mientras estén realizando su labor periodística. Vea aquí el concepto de la Registraduría al respecto: (link: https://wsr.registraduria.gov.co/La-Fuerza-Publica-puede-impedir-el,22103.html )
La prensa tiene derecho a permanecer en los puestos de votación y a utilizar sus teléfonos celulares, cámaras fotográficas y de video.
En Colombia el único documento que se le puede exigir a un periodista para su identificación es la cédula de ciudadanía. La Corte Constitucional declaró contrario a la Constitución exigir carnés, tarjetas profesionales o cualquier otro medio de acreditación para ejercer el oficio mediante la sentencia C-087 de 1998. En el mismo sentido se pronunció la Corte Interamericana de Derechos Humanos en la Opinión Consultiva 05 de 1985.
Está prohibido que las autoridades decomisen equipo técnico periodístico, o eliminen o extraigan información de los mismos sin autorización del periodista. Toda la información reunida durante la reportería está protegida por la reserva de la fuente y los periodistas tienen el derecho a negarse a entregarla (Artículo 74 de la Constitución Política y sentencia T- 298 de 2009 de la Corte Constitucional).
Una vez se cierren los puestos de votación, la prensa debe poder acceder a los boletines de la Registraduría con toda la información que en ese momento se esté generando.
Aquí puede conocer el manual “El antes, durante y después para los periodistas en elecciones”.
La Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) expresa su preocupación por las agresiones que se han presentado en lo corrido de 2019 contra los periodistas y medios de comunicación que están informando sobre las elecciones regionales del próximo 27 de octubre. Estas violaciones evidencian que los periodistas, en especial los de ciertas regiones del país, se encuentran en un alto nivel de riesgo cuando hacen cubrimiento electoral.
A nueve días de las votaciones para la elección de mandatarios locales, la FLIP ha documentado 24 violaciones a la prensa durante el cubrimiento de las acciones adelantadas por los candidatos y partidos políticos en época de campaña. Esta cifra es alarmante si se tiene en cuenta que en 2015, cuando se realizaron las últimas elecciones regionales, la FLIP documentó un total de 22 agresiones contra la prensa, incluyendo las que se registraron durante el día de los comicios, en los que suelen registrarse números importantes de agresiones contra la prensa.
Durante el 2019, los ataques a la prensa en medio del cubrimiento de temas relacionados con el proceso electoral se han presentado mayoritariamente en los departamentos de Nariño, Santander y Antioquia. Estos departamentos y Cauca, Norte de Santander y Arauca preocupan especialmente a la FLIP dado que viven contextos complejos, en los que los periodistas se enfrentan a un riesgo alto a la hora de realizar su labor.
En Nariño se concentra una gran cantidad de cultivos de coca y los grupos armados se disputan el control de la costa pacífica. Esto ha ocasionado que los reporteros de la región tengan que desarrollar su labor en medio de las presiones de los grupos armados y se vean obligados a autocensurarse por temor a represalias. Este año en el municipio de Samaniego fue asesinado el periodista Libardo Montenegro.
Por su parte Antioquia, con 27 casos, es el segundo departamento con más agresiones a la prensa durante lo corrido del 2019. Además, ha estado históricamente en los registros de la FLIP como una de las regiones en las que más se agrede a la prensa.
Santander, con 18 casos, es el cuarto departamento con más agresiones a periodistas este año. Actualmente, este departamento vive una de las contiendas electorales más reñidas, lo cual crea un ambiente de tensión política en el que el afán de salvaguardar los intereses de los candidatos aumenta el riesgo de la prensa a ser estigmatizada, obstruida, acosada judicialmente, agredida y amenazada.
Cauca, Norte de Santander y Arauca también preocupan especialmente a la Fundación por el alto riesgo que enfrentan sus periodistas. En Cauca, los comunicadores han sido atacados repetidamente en medio del cubrimiento de protestas sociales, por parte de manifestantes, miembros de la Fuerza Pública y, en algunas ocasiones, miembros de grupos al margen de la ley.
En Norte de Santander, la presencia de disidencias, grupos guerrilleros como el ELN y el EPL y grupos paramilitares ha dificultado el cubrimiento de temas de alto interés general, derivando incluso en el secuestro y desplazamiento de periodistas.
Por su parte, Arauca es a la fecha el tercer departamento con más agresiones a la prensa, incluyendo el asesinato del productor audiovisual Mauricio Lezama. El fortalecimiento del ELN y la consolidación de una disidencia de las FARC, así como el surgimiento de nuevos actores armados en la zona que se disputan el control del territorio, configuran un nuevo mapa de violencia que afecta notablemente la labor periodística.
Como es común en las violaciones a la libertad de prensa, en la mayoría de ocasiones se desconoce al responsable de estos hechos. De los 24 casos que se han documentado en este 2019 relacionados con el cubrimiento de elecciones, en 12 ocasiones el perpetrador fue un agente desconocido y en el resto de situaciones el agresor tiene algún interés en la contienda política. En ese sentido, los candidatos han sido responsables de seis acciones de censura contra la prensa.
Uno de los casos ha sido el de la amenaza que recibieron los periodistas de Ipiales, Nariño, Miguel Rojas y Rubén Darío Rojas por una serie de debates que organizaron junto a varios medios con candidatos a la alcaldía y a la gobernación. También se destaca la intimidación, agresión verbal y eliminación del material periodístico del que fue víctima la periodista Blanca Urango por parte de la ex candidata a la alcaldía de Cartagena por Colombia Humana Adelina Covo, durante una entrevista que la reportera le estaba realizando.
Otra agresión grave fue la estigmatización contra Jhon Jairo Jácome por parte de Iván Gélvez, candidato por el Centro Democrático a la alcaldía de Cúcuta, quien señaló en un entrevista que Jácome era vocero del Partido FARC y atacaba a todo lo que tenía que ver con Álvaro Uribe. Esto resulta problemático porque cuando se hacen señalamientos en los que de manera injusta se vincula con intereses políticos a la prensa con el fin de desacreditarla, estos pueden ser interpretados por algunas personas como instrucciones, instigaciones, autorizaciones o apoyo para la comisión de actos que pongan en riesgo o vulneren la seguridad de los periodistas.
En este contexto de intensificación de la violencia contra la prensa durante el tiempo de campaña, la FLIP presenta el manual Cubrimiento electoral y libertad de prensa que busca ser una herramienta para que los periodistas tengan mayor información acerca de sus derechos y de cómo pueden protegerlos antes, durante y después de los comicios.
Adicionalmente, la FLIP hace los siguientes llamados a las autoridades competentes para que garanticen el desarrollo de la labor informativa:
La FLIP le solicita a la Policía Nacional que tome las medidas necesarias para proteger a los reporteros que se encuentren en riesgo por el desarrollo de su labor periodística en época electoral. Así mismo, la FLIP le solicita a la institución que durante el día de las votaciones garantice el libre ingreso de los periodistas a los puestos de votación y permita el registro noticioso sin ningún tipo de restricciones.
La FLIP le hace un llamado a la Defensoría del Pueblo para que promueva acciones durante los últimos días de la contienda electoral para prevenir hechos de violencia contra la prensa.
La FLIP les solicita al Consejo Nacional Electoral y a la Registraduría Nacional del Estado Civil que, en medio de su labor de ejercer vigilancia y control de la actividad electoral, garanticen el acceso de la prensa a los hechos noticiosos del día de las votaciones con el fin de que los ciudadanos puedan acceder a información plural y oportuna.
Finalmente, la FLIP le hace un llamado a todos los partidos, movimientos políticos y candidatos a que se comprometan a brindar las garantías necesarias para el cubrimiento periodístico en época electoral. Los candidatos y miembros de las campañas tienen la principal responsabilidad de promover un ambiente favorable para ejercer la labor informativa durante los comicios.
*Comunicado de la Asociación Colombiana de Medios de Información (AMI), miembro del Proyecto Antonio Nariño
Con motivo del Día Mundial de la Libertad de Prensa, representantes de los partidos y movimientos políticos se unieron el viernes 3 de mayo para firmar el Pacto por la libertad de prensa y contra la desinformación en elecciones, una iniciativa convocada por el Proyecto Antonio Nariño PAN, del que hacen parte la Asociación Colombiana de Medios de Información Ami, la Fundación para la Libertad de Prensa FLIP, la Fundación para el Nuevo Periodismo Iberoamericano Fnpi y la fundación alemana Friedrich Ebert Stiftung.
Armando Benedetti del Partido de la U, Nubia Estella Martínez y Angela Garzón del Centro Democrático, Ángela María Robledo de Colombia Humana, Jaime Navarro Wolf y Claudia López de la Alianza Verde, Álvaro Argote del Polo Democrático Alternativo y Rodrigo Londoño del Partido FARC fueron algunos de los se suscribieron al pacto que busca reafirmar el compromiso de los líderes políticos en favor de la libertad de prensa, la libertad de expresión y la protección de los periodistas en las elecciones locales que se llevarán a cabo en octubre de 2019.
Como antesala de la firma, la periodista Camila Zuluaga conversó con Liza Marklund de Suecia y Jorgen Laurving de Dinamarca sobre el valor que tiene la libertad de prensa durante época de elecciones en una democracia y la importancia de no descalificar a los periodistas que hacen preguntas incómodas para no dañar los ambientes de deliberación política.
Catalina Botero, decana de la Facultad de Derecho de la Universidad de Los Andes y exrelatora especial para la libertad de expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la Organización de Estados Americanos (OEA), destacó el compromiso de los firmantes quienes, dijo, al suscribir el pacto acordando combatir la desinformación y rechazar la generación de noticias falsas, están fortaleciendo las bases democráticas en Colombia.
«En los últimos 5 años no hay una sola investigación que no sostenga que el retroceso democrático en el mundo ha sido grave y que puede ser mucho peor. Y esto se debe a muchos fenómenos pero entre otros, a los fenómenos de desinformación y discursos de odio que parecen estar resolviendo demandas insatisfechas de sectores de la población que quieren escuchar eso», aseguró.
Pidió a los representantes de los partidos adherirse a los hechos, inclusive cuando estos los lleven a perder.
«Cuando los partidos políticos entiendan que la evidencia está en su contra y prefieran perder a mentir; eso requiere convicciones democráticas profundas», dijo. «El que prefiere construir a partir de mentiras el camino para llegar al gobierno, va a gobernar mal».
En la declaración, los firmantes se comprometieron a respetar el trabajo de los periodistas y medios de información, garantizar la libertad de prensa, rechazar la desinformación y prohibir el uso y promoción de contenidos falsos, evitar discursos de odio contra periodistas, medios de información y contradictores, y finalmente, hacer seguimiento al cumplimiento de estos objetivos.
El Pan entregó a los medios de información colombianos este documento para su apropiación. Con esta expresión se refirió a la oportunidad que brinda esta primera y significativa aproximación a estos compromisos por parte de los involucrados, para continuar buscando la adhesión de todos los demás partidos, movimientos y candidatos que participarán en las elecciones del presente año, así como las razones que los llevan a hacerlo o a abstenerse, como ocurrió con Cambio Radical, el Mira y el Polo Democrático quienes habiendo anunciado su presencia no se presentaron, o con el Partido Liberal, AICO, ASI y UP que nunca confirmaron. Así como al diseño y ejecución de un sistema de monitoreo y reporte periodístico sobre su cumplimiento, como parte sustancial de la información a la que tiene derecho la ciudadanía a propósito del cubrimiento del acontecer político y electoral en esta contienda, en el apogeo de la era de las campañas construidas sobre noticias falsas y desinformación. «Esta es por definición, una misión de los medios de información colombianos; de nuestra parte, con este esfuerzo realizado en nombre de la libertad de prensa y el derecho a la información en su día, los invitamos a liderar con la orientación propuesta una causa colectiva en nombre de este gran pacto por la democracia colombiana y por la credibilidad de nuestros medios y periodistas como garantes de la misma», puntualizó el Pan en la carta dirigida a los medios.
Aquí puede ver el comunicado de AMI.
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