Fundación para la Libertad de Prensa - FLIP
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La Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) intervendrá ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en una audiencia pública que tendrá lugar el 12 de noviembre en Quito, Ecuador, a las 14:30. La Fundación ve con mucha preocupación que en Colombia han venido aumentando las barreras impuestas a los medios de comunicación y periodistas para acceder a audiencias públicas en los juicios penales.
La Fundación expondrá ante la CIDH cuatro temas principales. Primero, las restricciones y obstrucciones al acceso a audiencias que ha documentado en todo el territorio nacional. Segundo, la protección reforzada que tiene el derecho al acceso a la información en Colombia y en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Tercero, las experiencias de los periodistas que han sufrido obstrucciones durante el acceso a las audiencias. Finalmente, los desafíos para el poder judicial y la libertad de expresión de los jueces.
La restricción a la prensa para acceder a audiencias públicas es un problema reiterado en todo el país que ha provocado que los periodistas opten por no cubrir las audiencias judiciales. Dicho comportamiento también ha generado que la FLIP no cuente con un registro exacto de casos pues, al ser tan frecuentes este tipo de conductas arbitrarias, muchos periodistas han optado por no denunciar.
A pesar de eso, entre 2018 y 2019 la FLIP ha documentado un total de 21 casos en los que se ha impedido el acceso a las audiencias de carácter público en el contexto de los juicios penales. En estos casos, las conductas de los jueces van desde impedir el acceso a las audiencia, expulsar a los periodistas, e incluso, exigirles la eliminación del material audiovisual.
La gran mayoría de los casos reportados a la FLIP consisten en investigaciones que comprometen directamente las actividades desempeñadas por funcionarios públicos, dentro de los cuales se destacan principalmente casos de corrupción. Adicionalmente, se han reportado casos en los que se ha impedido el acceso a las audiencias en procesos que se adelantan contra miembros de bandas criminales y grupos al margen de la ley.
Al respecto, tanto la Corte Constitucional como la Corte Interamericana de Derechos Humanos han señalado que la publicidad de los procedimientos judiciales es fundamental para que la comunidad en general ejerza el control y vigilancia sobre las actuaciones de las autoridades públicas.
La restricción arbitraria a la que deben someterse los medios de comunicación y periodistas en Colombia para documentar hechos de interés general con frecuencia versan sobre la idoneidad de las personas para desempeñar cargos públicos. Ante esto, debe señalarse que tanto los medios de comunicación como los periodistas cumplen una función vital para la vigencia de los sistemas democráticos que se deriva justamente de la tarea de supervisar las tareas que desempeñan los funcionarios públicos.
La FLIP solicitará a la CIDH lo siguiente:
Y al Estado colombiano:
La FLIP también le pedirá al Estado colombiano que cumpla con sus obligaciones de garantizar el acceso a la información pública instaurando una política pública al interior del poder judicial para que se garantice de manera efectiva el acceso a la información que se encuentra en poder de las autoridades. También que el Consejo Superior de la Judicatura adelante las acciones disciplinarias pertinentes contra quienes arbitrariamente y sin motivación impiden el acceso a las audiencias.
En septiembre de este año la FLIP presentó un amicus curiae ante la Corte Constitucional por una tutela interpuesta por varios periodistas a los que les negaron el ingreso a una audiencia preliminar en el caso de presuntas prebendas entregadas al director de la cárcel La Modelo. En este enlace podrá conocer la intervención, los casos registrados y los niveles de obstrucción identificados.
Además de la FLIP, a la audiencia también asistirá la periodista independiente Claudia Julieta Duque y el periodista Juan Carlo Giraldo de Red Más Noticias.
El pasado 16 de septiembre se llevó a cabo el lanzamiento del libro Viaje sin regreso que relata el cruel asesinato del equipo periodístico del diario El Comercio a manos de un grupo narcotraficante comandado por alias ‘Guacho’.
El crimen de esta misión periodística llevó a numerosos reporteros de distintas nacionalidades a buscar la verdad sobre los hechos ocurridos entre marzo y abril de 2018, en la frontera de Colombia y Ecuador. Apoyados por la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP), los periodistas llevaron a cabo la investigación que se presenta en este libro y que deja ver las dificultades de ejercer el periodismo en zonas de conflicto, así como la poca disposición de los Estados para facilitar la información.
El texto narra la vida de los reporteros y las dificultades que enfrentaron en la frontera, cuenta en detalle el régimen de horror que viven los habitantes de la zona donde imperan el silencio y la ilegalidad, pone la lupa al papel de las autoridades ecuatorianas, revela contradicciones en la que se ha ocultado la verdad.
El evento de lanzamiento tuvo lugar en la librería Lerner de la calle 93 en Bogotá y contó con la participación de la periodista María Teresa Ronderos; el director del periódico El Tiempo, Roberto Pombo; Jonathan Bock, coordinador del Centro de Estudios de la FLIP; y el caricaturista chileno-ecuatoriano Alberto Montt, quien ilustró este relato.
“Durante el proyecto toda la reportería tenía que estar sujeta a un protocolo, en Mataje o en la zonas de la frontera no se podía trabajar después de las cinco de la tarde, no entrevistas en lugares que no fueran seguros, tenía que haber una frecuencia de comunicación entre reporteros y la persona encargada de la seguridad”, señaló Bock.
Por su parte, el director de El Tiempo hizo una reflexión acerca del cubrimiento de estos lamentables hechos. Roberto Pombo dijo que “la información fue pésimamente manejada por parte del gobierno (...) nosotros cometimos un pecado muy doloroso en El Tiempo, una altísima fuente del gobierno colombiano nos dió una información corroborada por altos mandos militares que estaban en la zona diciendo que a los periodistas los habían liberado y nosotros dimos la información y eso resultó un desastre, primero porque no resultó cierto y segundo porque nosotros le provocamos a los familiares y personas cercanas un dolor enorme”.
Jonathan Bock criticó la actuación del gobierno ecuatoriano: “hay un punto de quiebre frente a la credibilidad del gobierno de Lenin Moreno. Ocurre en diciembre, en Washington ante la CIDH (...) el gobierno ecuatoriano, en cabeza de su procurador, se paró frente a la CIDH y dijo que el secuestro había ocurrido en territorio colombiano y que ellos no tenían ninguna responsabilidad (...) había imágenes satelitales de donde habían sido secuestrados, estaba todo clarísimo de que era en territorio ecuatoriano donde sucedió el secuestro y que fue en territorio colombiano donde sucedió el asesinato, eran avances indiscutibles… y esto fue puesto en entredicho por el gobierno ecuatoriano, mostrando una estrategia de defensa y no en brindar información”.
La periodista María Teresa Ronderos moderó el panel y cerró la discusión recordando la importancia del trabajo colaborativo entre medios para evitar la impunidad en los crímenes contra periodistas como sucedió en el caso del asesinato del subdirector de La Patria, Orlando Sierra.
Lea el prólogo publicado en El Tiempo: https://www.eltiempo.com/lecturas-dominicales/fragmento-del-prologo-de-viaje-sin-regreso-sobre-los-periodistas-ecuatorianos-asesinados-en-2018-410802
Lea el primer capítulo publicado en Semana: https://www.semana.com/nacion/articulo/el-ultimo-viaje-la-historia-de-los-trabajadores-de-el-comercio-asesinados-por-las-disidencias/631873
Viaje sin regreso fue publicado por Planeta y se puede conseguir en las principales librerías del país.
En marzo de 2018 un equipo periodístico del diario ecuatoriano El Comercio fue secuestrado y posteriormente asesinado por miembros del grupo disidente Frente Óliver Sinisterra en la frontera colombo-ecuatoriana. Los riesgos a los que se enfrentaron estos tres corresponsales, son los mismos a los que corren muchos periodistas que viven y visitan las fronteras colombianas, pues en la mayoría de las zonas fronterizas se vive un difícil contexto político, social e institucional. Diversos actores buscan tener control territorial y silenciar a quienes tienen la intención de mostrar estas realidades.
La creación de este manual responde a la necesidad contrarrestar el impacto del silenciamiento de información en las fronteras. También, aporta herramientas prácticas a la hora de enfrentar riesgos del oficio periodístico, que se agudizan en los contextos limítrofes.
Aquí puede ver en línea el manual en español.
Se cumplen seis meses del asesinato del equipo periodístico del diario ecuatoriano El Comercio, conformado por el reportero Javier Ortega, el fotógrafo Paúl Rivas y el conductor Efraín Segarra. El 26 de marzo fueron secuestrados por el grupo residual denominado Frente Oliver Sinisterra en la frontera entre Ecuador y Colombia. El 13 de abril Lenin Moreno, presidente de Ecuador, confirmó el asesinato.
Desde que ocurriera el secuestro, los Gobiernos de los dos países han ocultado información impidiendo establecer con claridad cómo ocurrieron los hechos. La FLIP ha solicitado insistentemente información acerca de los operativos realizados, los canales de liberación y las hipótesis manejadas al Gobierno, en especial al Ministerio de Defensa. Sin embargo, las respuestas han sido evasivas, deficientes y no se han presentado de forma oportuna. La FLIP continuará representando a los familiares de las víctimas en los procesos que se llevan en Colombia y seguirá exigiendo las respuesta por parte del Estado.
Durante estos seis meses una alianza de veinte periodistas investigó los motivos del secuestro y las circunstancias en que Efraín, Paúl y Javier fueron ejecutados. Esta alianza encontró datos y versiones de los hechos que hasta ahora no habían sido conocidos por la opinión pública. Los resultados serán publicados en el especial Frontera cautiva: tras el rastro de los periodistas ejecutados.
La FLIP apoyó el proyecto Frontera Cautiva y acompañó este proceso con rigurosos protocolos de seguridad y con el objetivo de que los reporteros pudieran viajar nuevamente a la zona fronteriza. Para la Fundación resulta fundamental estimular el ejercicio periodístico que investiga e indaga asuntos de tal relevancia social. Además, se hace necesario contrastar las versiones oficiales, que en este caso como en muchos otros, han sido insuficientes.
En otros casos de asesinatos a periodistas en el país, la FLIP ha apoyado proyectos de esta índole. Después del asesinato de Orlando Sierra en 2002, un grupo de periodistas se unió e investigó en Manizales las causas del homicidio. Además, recaudó pruebas que luego fueron utilizadas en la investigación penal. Trece años después el líder político Ferney Tapasco fue condenado por este crimen.
En 2015, la periodista Flor Alba Núñez fue asesinada en Pitalito, Huila. Después de esto, el proyecto Pitalito Sin Censura buscó contar las condiciones en las que el asesinato fue ejecutado y los temas que había denunciado Núñez.
Los resultados de Frontera Cautiva aportan información que esperamos sean tenidos en cuenta por las autoridades colombianas y ecuatorianas en las investigaciones internas que se están realizando y así establecer responsabilidades de actores e individuos. También, es relevante que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos analice detalladamente el producto como parte de la investigación que está realizando el Equipo de Seguimiento Especial (ESE).
Sumado a lo anterior, es fundamental que esta penosa situación se convierta en un incentivo para mirar las zonas de frontera que tienen especial interés periodístico pero donde no existen garantías para ejercer la reportería.
Aquí puede consultar Frontera Cautiva
El pasado sábado 7 de julio fue capturado en el municipio de Mondomo, Cauca, Jesús Vargas Cuajiboy, alias 'Reinel', miembro de la disidencia de las Farc al mando de alias Guacho. Reinel es señalado de ser uno de los responsables del secuestro del equipo periodístico del diario El Comercio.
El 26 de marzo de 2018 Javier Ortega, Efraín Segarra y Paúl Rivas, miembros del medio ecuatoriano, fueron secuestrados por orden de alias Guacho y posteriormente asesinados en la frontera colombo - ecuatoriana. Según la Fiscalía General de la Nación, Reinel habría sido el encargado de custodiar al equipo periodístico durante el tiempo que estuvieron en cautiverio.
El domingo 8 de julio se realizaron en Cali las audiencias de legalización de captura, formulación de imputación y de medida de aseguramiento. Reinel fue sindicado por los delitos de secuestro extorsivo agravado y concierto para delinquir agravado, sin embargo este no aceptó los cargos. El juez ordenó medida de detención para Vargas, por lo que será trasladado en las próximas horas a la cárcel de máxima seguridad en Combita, Boyacá.
La FLIP reconoce los esfuerzos de las autoridades judiciales por identificar y dar con el paradero de Jesús Vargas Cuajiboy. Se trata de un avance que contribuirá al esclarecimiento de los hechos y a la búsqueda de justicia. No obstante, la Fundación solicita a la Fiscalía General de la Nación que continúe con estas labores de investigación para dar con el paradero de toda la cadena criminal y, de esa manera, sancionar a los responsables materiales e intelectuales del secuestro y asesinato de los periodistas ecuatorianos.
En la tarde del lunes 25 de junio, Néstor Humberto Martínez, Fiscal General de la Nación, confirmó la identidad de los cuerpos hallados el pasado jueves en Tumaco, Nariño. Según él, los cuerpos pertenecen al reportero Javier Ortega, el fotógrafo Paúl Rivas y el conductor Efraín Segarra, integrantes del equipo periodístico del diario ecuatoriano El Comercio. Las organizaciones firmantes extienden su solidaridad con las familias de las víctimas.
El pasado 21 de junio, a través de Twitter, el presidente Juan Manuel Santos afirmó: “Me informan que encontramos unos cadáveres que pueden corresponder a los cuerpos de los 3 periodistas secuestrados y asesinados por alias 'Guacho'. Estamos verificando su identidad. Reitero mis condolencias a sus familias y repudio por tan atroz crimen”, dijo. El Gobierno desplegó al Gaula de la Policía y a comandos especiales en un operativo que encontró los cadáveres en una fosa rodeada por minas antipersona. Caracol Noticias afirmó que un militante de las disidencias capturado habría dado las coordenadas del lugar donde estaban enterrados los cuerpos.
La entrega de los cuerpos a sus familias permite a sus allegados despedirse de manera digna y comenzar por fin una etapa de duelo. Adicionalmente, el hallazgo permite a los Estados y a la sociedad en su conjunto tener información más amplia que pueda contribuir al esclarecimiento de los hechos que rodearon el secuestro y posterior asesinato de los trabajadores de El Comercio. Esta información refuerza en los Estados la obligación de avanzar en la identificación y sanción de los autores de este crimen atroz.
Las familias de Javier, Efraín y Paúl se enteraron del hallazgo a través del citado mensaje de Twitter del presidente Santos y se desplazaron a Cali el viernes 22 de junio. Las organizaciones firmantes reconocen el despliegue del Estado con el fin de encontrar los cuerpos y el trabajo de recuperación, identificación y entrega a sus familias. Sin embargo, lamentan el mal manejo de la información en este caso. Las familias del equipo periodístico han manifestado su inconformidad por la poca comunicación y la difusión imprecisa de hechos aún sin corroborar de parte del Ministerio de Defensa de Colombia frente a la identidad de los cuerpos.
El hallazgo de los restos también refuerza el llamado a los Estados para que tomen medidas efectivas para garantizar el derecho a informar acerca de la grave situación de derechos humanos que atraviesa la frontera colombo-ecuatoriana.
Firman:
Comité para la Protección de los Periodistas - CPJ
Fundamedios
Reporteros Sin Fronteras
Fundación para la Libertad de Prensa - FLIP
Santiago de Cali, Valle del Cauca. 22 de junio de 2018.
La delegación de familiares del equipo periodístico de diario El Comercio, secuestrado en territorio ecuatoriano el pasado 26 de marzo y asesinado en Colombia en fecha por determinar, nos permitimos informar a la opinión pública que:
1. El pasado jueves 21 de junio, a través de la cuenta de Twitter del presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, tuvimos conocimiento del hallazgo de cuatro cuerpos sin vida que podrían corresponder a nuestros familiares.
2. El viernes 22 de junio nos desplazamos desde Quito (Ecuador) a Cali (Colombia) permaneciendo a disposición durante la mayor parte del día y hasta las 20:30 en las instalaciones de Medicina Legal SIN que se nos diera información oficial concluyente sobre la identidad de los cuerpos por parte de las autoridades colombianas. En todo momento el director regional de Medicina Legal nos indicó que los procedimientos se extenderían hasta el martes 26 de junio.
3. Una hora después de nuestra salida de la sede del Instituto de Medicina Legal, la cuenta oficial del Ministerio de Defensa colombiano afirma que en un 99% los cuerpos corresponderían a nuestros familiares. Información que no nos fue proporcionada durante nuestra prolongada estancia en el lugar donde estos datos se pueden originar.
4. Hemos insistido desde el inicio de esta pesadilla que es fundamental que las familias tengan acceso prioritario a la información, esto ha sido transmitido a las autoridades colombianas y dicho compromiso ha sido desconocido sin miramiento del impacto que tiene sobre nuestro dolor, nuestras familias y el derecho a la información que le asiste a la sociedad ecuatoriana.
5. Transcurren horas trascendentales, más no concluyentes, sobre el caso que nos convoca. Lamentamos que el Gobierno Colombiano prefiera la figuración pública y alterar los protocolos de intercambio de información.
Con base en lo anterior exigimos:
Al Instituto Nacional de Medicina Legal de Colombia, indicar las razones por las cuales en su nombre se transmite públicamente información que no es de conocimiento de los familiares, resaltando además, cuál es el sustento legal que respalda esta actuación cuando aún no han concluido todas las etapas de peritaje .
A la Cancillería ecuatoriana, a enviar notas de protesta diplomática en aras de velar por el cumplimiento de los derechos que nos asiste como víctimas.
A la CIDH, en el marco del Equipo de Seguimiento Especial, a vigilar el compromiso adquirido por el Embajador de Colombia ante la OEA, Andrés González, con respecto al flujo de información desde las autoridades hacia los familiares.
A la sociedad ecuatoriana y colombiana, les pedimos solidaridad y sumarse a este llamado desde el duelo de los familiares. Este atropello, falta de sensibilidad y de humanidad no puede permitirse.
Los hechos de las últimas horas sientan un precedente de falta de seriedad para el tratamiento de este caso, siembran sospechas alrededor del ocultamiento de información a los familiares. En estas condiciones se afecta la confianza sobre el resto de acciones que realizó y realiza el Estado colombiano para la investigación. Nos preocupa que los compromisos de palabra, que las más altas autoridades del país nos han hecho en múltiples ocasiones, sigan perdiendo su valor.
*En la mañana del sábado 23 de junio, la Cancillería ecuatoriana emitió un comunicado en el que también expresó su descontento con el manejo de la información por parte del Gobierno colombiano. Vea el comunicado a continuación.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) anunció que este próximo 15 de junio de 2018 será la primera reunión de trabajo del Equipo de Seguimiento Especial (ESE), que fue conformado para investigar y esclarecer el secuestro y asesinato del reportero Javier Ortega, el fotógrafo Paúl Rivas y el conductor Efraín Segarra del diario El Comercio. A la reunión, que tendrá lugar en la sede de la CIDH, en Washington, han sido convocados los representantes del Estado ecuatoriano y los peticionarios que incluyen a los familiares de los periodistas y representantes de la Fundación para la Libertad de Prensa FLIP, de Colombia y de FUNDAMEDIOS, del Ecuador.
A través de un comunicado, Paulo Abrao, Secretario Ejecutivo de la CIDH, puso en conocimiento el plan de trabajo y las acciones que tendrá el ESE entre mediados de junio y diciembre de 2018, de conformidad con las atribuciones y mecanismos dispuestos en la Convención Americana, Estatuto y Reglamento.
Parte de las actividades planteadas por el ESE, contempla tres visitas al Ecuador, en donde el Equipo mantendrá reuniones y mesas de diálogo; el envío de aportes técnicos, solicitudes de información, reuniones de trabajo, audiencias públicas durante el período de sesiones de la CIDH y la emisión de reportes. De acuerdo al cronograma tentativo, el ESE planea presentar su informe para diciembre de este año.
En su escrito, dirigido a los familiares, en calidad de peticionarios de las medidas cautelares que fueron otorgadas tras el secuestro del equipo periodístico, la CIDH aseguró que es de suma importancia que los familiares de los comunicadores sean parte central del proceso de investigación, el cual esperan sea célere y transparente con la debida cooperación del Estado.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) otorgó este 12 de abril de 2018 medidas cautelares en favor de Ortega, Rivas y Segarra, dando respuesta favorable al pedido hecho el pasado 10 de abril por parte de la FLIP, Fundamedios y los familiares de los comunicadores.
La CIDH y la Relatoría Especial de Libertad de Expresión estarán a cargo del Mecanismo Especial de seguimiento a las medidas cautelares. Según comunicó la CIDH, el ESE estará conformado por la Comisionada Esmeralda Arosemena de Troitiño, Relatora para Ecuador, como la responsable del mismo, con el apoyo del Secretario Ejecutivo, o de quien él designe, así como del equipo técnico de la sección de medidas cautelares y del Relator Especial de Libertad de Expresión.
La Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) y Fundamedios le exigen al gobierno colombiano que cumpla con los compromisos pactados durante la reunión con los familiares de los periodistas ecuatorianos.
Este martes 15 de mayo, la delegación compuesta por Ricardo Rivas, Cristian Segarra y Raúl Borja -familiares de los reporteros de El Comercio- se reunieron con el presidente Juan Manuel Santos, el vicepresidente Oscar Naranjo, la canciller Maria Ángela Holguín y el Ministro de Defensa Luis Carlos Villegas. Durante la reunión los funcionarios acordaron lo siguiente con los familiares:
1. La Canciller María Ángela Holguín se comprometió a enviar una comunicación a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para autorizar las acciones del comité de investigación que tiene dispuesto el ente internacional para esclarecer el crimen de los tres periodistas.
2. El Presidente Juan Manuel Santos ratificó su compromiso de contribuir a la transparencia en el proceso, proporcionando la información que sea neceaaria para que avance la investigación.
3. El gobierno ratificó su compromiso de hacer la mayor cantidad de esfuerzos para repatriar los cuerpos de los tres periodistas del Diario El Comercio.
La FLIP y Fundamedios le reiteran al gobierno la petición de cumplir con los compromisos pactados durante la reunión. Las organizaciones, además, le hacen un llamado a las autoridades colombianas para que reconozcan la importancia de estas acciones con el fin de investigar y sancionar a los responsables de estos hechos.
Hoy, 16 de mayo, la delegación ecuatoriana se reunirá con representantes de la Fiscalía General de la Nación y la Procuraduría General de la Nación. Simultáneamente, en Quito se discutirá el tema en la Comisión de Justicia y en el pleno de la Asamblea.
La Fundación para la Libertad de Prensa y Fundamedios informan que entre el 15 y el 17 de mayo, una delegación de familiares de los periodistas ecuatorianos, compuesta por Raúl Borja, Cristian Segarra y Ricardo Rivas; estará en Bogotá para reunirse con autoridades colombianas.
50 días después de que iniciara la labor periodística en la que fueron secuestrados y posteriormente asesinados los reporteros Javier Ortega, Paul Rivas y Efraín Segarra; las respuestas del Estado continúan siendo insuficientes frente al deber de procurar justicia en este crimen.
Los familiares del equipo periodístico del Diario El Comercio esperan que haya receptividad por parte de la sociedad y las autoridades colombianas con el fin de que haya un avance en las investigaciones y en la sanción a los responsables de estos hechos.
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