Fundación para la Libertad de Prensa - FLIP

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Por Pedro Vaca Villarreal*

En febrero de 2017 denunciamos que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) no ha sido diligente con el trámite del caso por el asesinato del periodista Guillermo Cano Isaza. Un año después las explicaciones no llegan y sigue en entredicho la transparencia de este organismo internacional.

El caso Guillermo Cano llegó a la CIDH en 1997, once años después del asesinato, pero se congeló en el año 2001. El trámite es extraño: la CIDH abrió las puertas a una solución amistosa entre el Estado y la familia Cano el 16 de febrero del año 2001, pero esta oferta fue rechazada cuatro días después por la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP). Tres días más tarde, el 23 de febrero, la CIDH cerró el trámite conciliatorio, decidió unificar el caso con otro proceso sin mayor explicación y declaró la responsabilidad del Estado Colombiano emitiendo una serie de recomendaciones que jamás vigiló en 17 años. La CIDH tardó alrededor de una semana en agotar fases que normalmente le pueden tomar más de 5 años. Acelerar el camino a la impunidad no es un mérito, es un error que se debe enmendar.

Nunca dieron aviso a los familiares y, salvo los Comisionados de esa época y los funcionarios de la Cancillería Colombiana, nadie supo sobre esta decisión hasta el mes de diciembre de 2016 cuando la FLIP tuvo acceso a parte del expediente. La CIDH sabe lo que está pasando, pero ha preferido callar. Un malabar procesal en un caso tan emblemático que ha motivado a la UNESCO a otorgar cada año el premio global “Guillermo Cano a la libertad de prensa”. La CIDH hizo y mantiene una maniobra opaca, una acción más cercana a contribuir a la inmerecida reputación del Estado Colombiano que a los estándares interamericanos de justicia, transparencia, reparación y garantías de no repetición. Ojalá se descubran los verdaderos intereses detrás de esta actuación.

La Comisión no solo hizo que se esfumara una expectativa de justicia para la familia Cano, el diario El Espectador, los 14 periodistas de este medio que han sido asesinados y para la sociedad colombiana que ha sido finalmente la mayor afectada por la falta de información producto de la violencia contra la prensa. La CIDH también impidió que el continente produjera a tiempo estándares que habrían resultado de gran utilidad para poner freno a la violencia contra periodistas. Hoy el hemisferio clama a gritos obligaciones perentorias y no simples recomendaciones para los Estados. México, Honduras, Guatemala, Brasil y Paraguay se suman al listado de países donde matar periodistas no tiene consecuencias. En Colombia, 47 periodistas han sido asesinados desde el día que la CIDH decidió meter en un cajón desconocido el caso de Guillermo Cano.

La CIDH está en Colombia por estos días en un periodo extraordinario de sesiones en el que puede hablar de todo, menos de Colombia. Sin embargo, nada nos impide hablar sobre ella y sea esta la oportunidad para preguntarle ¿Por qué no responde por el caso de Guillermo Cano?

Ojalá, con la misma fuerza con la que este organismo promociona la transparencia, brinden una respuesta. 

*Director ejecutivo de la Fundación para la Libertad de Prensa - FLIP

Publicado en Opinión

Washington, D.C. – La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) expresa su preocupación por los recientes episodios de estigmatización y violencia contra periodistas en Colombia e insta al Estado a fortalecer las medidas integrales de prevención, protección y procuración de justicia en estos casos.

De  acuerdo con la información disponible, el 5 de junio de 2017 el subsecretario del senado Saúl Cruz denunció ante el plenario del Congreso haber sido víctima de una agresión del equipo reporteril del noticiero Noticias Uno. El equipo se encontraba cubriendo las elecciones a magistrados de la Corte Constitucional de ese país. Varios senadores tomaron por cierta la denuncia y plantearon la necesidad de investigar los hechos y establecer sanciones penales en contra los reporteros. La senadora Rosemary Martínez, del partido Cambio Radical, habría ordenado "que se haga una investigación […] sino va a venir el ELN disfrazado de doctor y nos va a masacrar en este Congreso". Posteriormente, videos y testimonios revelaron que el subsecretario habría fingido la agresión física. La Procuraduría General de la Nación habría iniciado una investigación disciplinaria y ordenado la suspensión de Saúl Cruz por tres meses de su cargo.

Posteriormente, de acuerdo con la información recibida, el 19 de junio los periodistas holandeses Derk Johannes Bolt y Eugenio Ernest Marie fueron secuestrados en el norte del Departamento de Santander por la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN). Los periodistas fueron  liberados el día 24 del mismo mes y entregados a una comisión de la Defensoría del Pueblo de Colombia.

Según la información recibida, el 14 de julio, el ex presidente y hoy senador Álvaro Uribe, a través de su cuenta en Twitter, acusó al periodista de la Revista Semana Daniel Samper Ospina de ser "violador de niños". En una columna posterior el senador colombiano ratificó su afirmación anterior e indicó que "el referido periodista maltrató a una niña de tres meses de nacida, hizo asociación pública de su nombre con drogas ilícitas, y atentó contra la honra de su madre y de su familia". Las acusaciones contra Samper fueron rechazadas a través de diversos comunicados de prensa por la Federación de Periodistas de Colombia (FECOLPER), la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) y mediante una carta pública firmada por reconocidas personalidades, juristas y periodistas del país. Los distintos pronunciamientos alertaron sobre la falta de fundamento de las acusaciones y repararon además en el riesgo que suponían para el comunicador.

Días previos, la periodista Claudia Gurisatti, directora de Noticias RCN y de NTN24, denunció haber sido víctima de una campaña de hostigamiento a través de redes sociales, que podría poner en riesgo su integridad personal.

La situación de la libertad de expresión y el ejercicio del periodismo en Colombia fue objeto de una audiencia pública en el marco del 163 periodo de sesiones de la CIDH celebrado en Lima, Perú. En esta audiencia la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la CIDH recibió información por parte de organizaciones de la sociedad civil y del Estado colombiano sobre este tema. En particular, la sociedad civil afirmó que, si bien durante 2016 no se registraron asesinatos contra periodistas en el país, persistían otras formas de agresiones, como secuestros, presiones indebidas, hostigamiento, y declaraciones estigmatizantes.  Por su parte, el Estado ratificó su compromiso con la libertad de expresión y el ejercicio del periodismo en Colombia e informó sobre las medidas adoptadas para fortalecer los mecanismos de protección e investigación existentes.

La Relatoría Especial recuerda al Estado colombiano que tiene la obligación de prevenir, proteger, investigar y sancionar la violencia ejercida contra periodistas, y en particular, de aquellos que hayan sido objeto de intimidación, amenazas u otro acto de violencia. La obligación de prevenir, supone – entre otras- la de adoptar un discurso público que contribuya a prevenir la violencia contra periodistas, lo cual "requiere que los funcionarios públicos se abstengan de realizar declaraciones que expongan a periodistas y trabajadores de medios de comunicación a un mayor riesgo de actos de violencia". En este sentido, los funcionarios públicos deben promover de manera activa el pluralismo y la tolerancia propios de una sociedad democrática.

En la Resolución AG/RES. 2908 (XLVII-O/17), aprobada por la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos en el marco de su cuadragésimo séptimo período ordinario de sesiones, los Estados miembros de la Organización reafirmaron que "la actividad periodística debe ejercerse libre de amenazas, agresiones físicas o psicológicas u otros actos de hostigamiento", e instaron a implementar medidas integrales de prevención, protección y procuración de justicia en esta materia.

El principio 9 de la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión de la CIDH, aprobada en el año 2000, establece que "[e]l asesinato, secuestro, intimidación, amenaza a los comunicadores sociales, así como la destrucción material de los medios de comunicación, viola los derechos fundamentales de las personas y coarta severamente la libertad de expresión. Es deber de los Estados prevenir e investigar estos hechos, sancionar a sus autores y asegurar a las víctimas una reparación adecuada".

La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión es una oficina creada por la CIDH a fin de estimular la defensa hemisférica del derecho a la libertad de pensamiento y expresión, considerando su papel fundamental en la consolidación y el desarrollo del sistema democrático.

Vea aquí el comunicado de la RELE.

Publicado en Noticias

Como parte del periodo 163 de sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos -CIDH- la Fundación para la Libertad de Prensa -FLIP- participó en la audiencia pública sobre libertad de expresión a la que estaba citada el Estado colombiano. La sesión se realizó en la mañana del miércoles 5 de julio en Lima, Perú y había sido solicitada por la FLIP.

En la audiencia, la FLIP expuso un panorama de las agresiones más graves que ha sufrido el periodismo entre 2016 y lo corrido de este año. Un recuento que, más allá de las cifras, evidencia las omisiones del Gobierno colombiano para proteger a los periodistas, investigar y procesar a los agresores, evitar las violaciones a la libertad de prensa y garantizar el acceso a la información, entre otras acciones.

 

Los constantes secuestros en el Catatumbo, en el Norte de Santander, son solo el reflejo de las muchas zonas en las que el Gobierno no puede garantizar la seguridad de los periodistas. Y en otras regiones donde sí hay presencia del Estado, muchos funcionarios, en vez de cumplir con su obligación de garantes de la libertad de prensa, atacan o estigmatizan periodistas para entorpecer su trabajo. Desde el comienzo de 2016 a la fecha, 71 funcionarios públicos han agredido a la prensa y la ausencia de correctivos es la constante.

La Fuerza Pública también se encuentra en el top 3 de los agresores identificados más frecuentes. En menos de dos años la FLIP ha registrado 13 agresiones, 12 obstrucciones al trabajo periodístico, 5 amenazas, 4 detenciones ilegales y en 2 ocasiones han eliminado el material de trabajo de los reporteros.

Uno de los casos más recientes lo protagonizó el Comando General de las Fuerzas Militares cuando citó a la periodista Maritza Aristizábal, de Noticias RCN, para que revelara una fuente. El Comando se retractó al día siguiente de haber hecho la citación, pero las presiones que sufrió el equipo del Canal RCN durante esas semanas reflejan el débil respeto de las más altas esferas del Estado hacia los derechos que rodean el trabajo periodístico. 

Las tareas pendientes

Todo este panorama se condensa en una larga lista de tareas pendientes para el Estado colombiano. En la audiencia, la FLIP lamentó la ausencia del Ministerio de las TIC en el encuentro. Adicionalmente, la Fundación se dirigió:

A la Fiscalía: para pedir diligencia en las investigaciones de los crímenes contra la prensa, avanzar en la priorización de casos con miras a procesar a los responsables y reducir los índices de impunidad. Además, es necesario que esta entidad se comprometa con la reestructuración del Programa de protección a periodistas para que este funcione de manera integral y preventiva.

A la Procuraduría: para que adelante las investigaciones de todos los funcionarios públicos que han atentado contra la prensa y comuniquen los avances de estos procesos. Además, en su papel como garante de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la Procuraduría debe informar y corregir las infracciones a esta norma.

Al MinTIC (a través de la Cancillería): para que adjudique las frecuencias radiales en las regiones más apartadas del país. Muchos de estos procesos están congelados desde 2005.

Al Gobierno y entes descentralizados: para que informe cómo se implementarán los puntos del Acuerdo Final que involucran a los medios de comunicación. La FLIP pidió al Gobierno a que se comprometa con el pluralismo para que se adjudiquen las radios comunitarias a las que se compromete el acuerdo en las regiones que más lo necesitan.

¿Quienes asistieron?

La Fundación para la Libertad de Prensa asistió en representación de la sociedad civil. Vivian Newman, subdirectora de Dejusticia e integrante de la junta directiva de la FLIP, y Pedro Vaca Villarreal, director de la Fundación, expusieron las amenazas que enfrenta la libertad de prensa en el país y dirigieron preguntas y solicitudes tanto a la Comisión como a distintas entidades del Estado.

En representación del Estado asistieron Luz Angélica Mariño, asesora de la Fiscalía General de la Nación; Diego Mora, director de la Unidad Nacional de Protección; Viviana Ferro, subdirectora de la Unidad de Atención y Reparación Integral de las Víctimas; y la Cancillería colombiana.

En la mesa de la Comisión se encontraban los comisionados José de Jesús Orozco Henríquez, Margarette May Macaulay (Presidenta), Paulo Vannuchi, James L. Cavallaro y el Relator Especial de Libertad de Expresión Edison Lanza.

Vea la audiencia completa aquí:

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