Fundación para la Libertad de Prensa - FLIP

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La FLIP rechaza el acoso y las amenazas de las que ha sido víctima la periodista de la W Radio, Luz Helena Fonseca, luego de que congresistas del Centro Democrático, incluido el senador Álvaro Uribe, descalificaran a la periodista por un supuesto activismo en contra del líder político de ese partido. 

Los hechos ocurrieron el pasado 8 de octubre, durante el cubrimiento de la indagatoria al expresidente Uribe en el marco del proceso que adelanta la Corte Suprema de Justicia en su contra por los delitos de fraude procesal y soborno en concurso homogéneo y sucesivo. 

Una vez finalizada la indagatoria, los senadores del Centro Democrático,Carlos Felipe Mejía y María del Rosario Guerra, publicaron una foto sacada de contexto de la periodista Luz Helena Fonseca sosteniendo un cartel con el rostro de Uribe Vélez y la palabra genocida. En sus publicaciones los congresistas cuestionaron la objetividad de la reportera. Un par de horas después, el Centro Democrático publicó un comunicado en el que señalaron a Fonseca de “tomar partido en las situaciones coyunturales del país dejando de lado su verdadera labor de informar”. Tan pronto se realizaron estas publicaciones, la periodista comenzó a recibir varias intimidaciones y amenazas a través de sus cuentas en redes sociales y correo electrónico. 

Al respecto, la reportera le manifestó a la FLIP que el cartel que portaba en sus manos era propiedad de uno de los manifestantes que asistieron a la indagatoria y que ella estaba revisando su contenido.

La FLIP rechaza los señalamientos que hicieron los congresistas y el comunicado del Centro Democrático sobre la periodista, soportados en una fotografía sin explicación de su contexto y que buscaba descalificar su trabajo.

Por otro lado, la reportera denunció que durante el cubrimiento de la diligencia otras personas le tomaron fotografías que luego publicaron en las redes. Teniendo en cuenta lo sucedido, la FLIP le hace un llamado a la Unidad Nacional de Protección para que evalúe prontamente la situación de seguridad de la periodista e implemente las medidas necesarias para salvaguardar su vida y su integridad. Así mismo, la Fundación le solicita a la Fiscalía General de la Nación que investigue las amenazas de las que fue víctima Luz Helena Fonseca y sancione a los responsables. 

Adicionalmente, la FLIP le hace un llamado al partido Centro Democrático para que aclare la situación con la periodista, rectifique lo dicho y brinde un respaldo a su labor. La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha hecho énfasis en que los funcionarios públicos tienen la obligación de adoptar un discurso público que contribuya a un ambiente favorable para la discusión abierta sobre asuntos de interés público. En su informe anual de 2010, la Relatoría señaló que “una medida de protección simple pero sumamente eficaz consiste en que las más altas autoridades del Estado reconozcan de manera constante, clara, pública y firme la legitimidad y el valor de la labor periodística, aun cuando la información difundida pueda resultar crítica, inconveniente e inoportuna para los intereses del gobierno”.

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La Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) rechaza las amenazas en contra de Natalia Cabrera, corresponsal de Radio Nacional de Colombia en Pasto. La FLIP expresa su preocupación por la situación de seguridad de la reportera, debido a las constantes intimidaciones que ha recibido en los últimos días y le solicita al Estado que atienda la situación de riesgo con celeridad.

El 11 de septiembre en la tarde, la periodista recibió un mensaje de texto en el que los agresores le informaban que conocían sobre su ubicación y la de su familia. La intimidación fue enviada desde un número privado y la periodista no tiene certeza sobre quiénes pueden ser los responsables de estos hechos.

La FLIP expresa su preocupación por la situación de seguridad de la reportera, debido a que es la segunda amenaza que recibe en menos de seis días y la Unidad Nacional de Protección (UNP) no ha tomado contacto con ella. El pasado 6 de septiembre la periodista fue víctima de otra situación de riesgo en la que un desconocido la llamó a su celular personal desde un número privado y la amenazó de muerte por abordar temas sensibles a través de su labor periodística.

A pesar de que no hay certeza sobre el origen de las amenazas, Cabrera considera que el riesgo puede ser producto de las publicaciones que ha hecho en sus redes sociales sobre irregularidades en las campañas políticas y delitos electorales en Nariño, entre ellos la inclusión de algunos senadores del departamento en la lista del Sisben. Adicionalmente, la periodista ha hecho investigaciones sobre la situación de orden público en Nariño en las que ha denunciado las acciones violentas de grupos armados y ha emitido opiniones sobre estas organizaciones delictivas, luego de la firma de los acuerdos de paz entre el gobierno y la antigua guerrilla de las FARC. 

La FLIP le solicita a la Unidad Nacional de Protección que se active la ruta de riesgo inmediatamente para atender la situación de seguridad de la reportera e implemente con celeridad medidas de protección para salvaguardar la integridad de la reportera y la de su núcleo familiar. Adicionalmente, la Fundación le solicita a la Fiscalía General de la Nación que investigue las amenazas que ha recibido Cabrera con el fin de identificar y sancionar a los responsables.

Las sanciones judiciales en este tipo de situaciones son un precedente importante que contribuye a disuadir la ocurrencia de nuevas violencias contra la prensa. Así lo ha dispuesto la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en su informe sobre Violencia contra periodistas y trabajadores de Medios: “Para prevenir la violencia contra periodistas y trabajadores de los medios de comunicación es indispensable que el ordenamiento jurídico sancione estas conductas de manera proporcional al daño cometido”.  

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En lo corrido del 2019, la Fiscalía General de la Nación ha logrado avanzar en la investigación y juzgamiento de varios casos de amenazas contra periodistas en Colombia.

El 21 de marzo de 2019, un juez condenó a Francisco Javier Andica Acevedo a pagar 38 meses de prisión y una multa de 6,5 SMMLV por las amenazas hechas a través de su cuenta de Twitter en contra de la periodista Vanessa De La Torre, el caricaturista Julio César González Quiceno, conocido como “Matador”, y magistrados de la Corte Suprema de Justicia.

El mes pasado, el Juzgado Tercero Penal del Circuito de Valledupar condenó a John René Gélvez Gélvez a la pena de prisión e inhabilidad para ejercer cargos públicos de 53.33 meses, por el delito de amenazas en contra del periodista Jorge Eduardo Espinosa Ahumada. Por otro lado, la FLIP tiene conocimiento que el 18 de septiembre se emitirá la sentencia condenatoria por las amenazas en contra de los periodistas Katherine Leal y Juan Pablo Latorre, hechos por los cuales también se encuentra procesado Gélvez Gélvez.

En estos casos los hechos se dieron en el año 2018. Siendo así, la Fiscalía logró culminar la etapa de investigación y juzgamiento dentro de un año.

Los anteriores resultados se dan en el marco de la implementación de la estrategia de priorización para la investigación y judicialización de amenazas contra defensores de derechos humanos (Resolución 00339 de 2018 - FGN), a partir de la cual la Fiscalía continúa en la etapa de juicio de cinco casos de amenazas contra periodistas.

La FLIP reconoce el trabajo realizado por la Fiscalía General de la Nación para avanzar en la investigación y judicialización de las amenazas contra periodistas pues se han obtenido avances que no se habían visto en años anteriores. Sin embargo, al contrastar esta cifra con el número de amenazas registradas por la FLIP en el año 2018, continúan en la impunidad el 99% de los casos. En ese sentido, la FLIP hace un llamado para que la Fiscalía continúe avanzando en la investigación y sanción de los responsables de la violencia hacia la prensa. 

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La FLIP expresa su preocupación por la amenaza que recibió Tatiana Salamanca, periodista de Uniminuto Radio, por el desarrollo de su labor periodística. El 4 de junio, una de las fuentes de la periodista le informó que un hombre había ido hasta su casa a decirle que los iban a matar a ellos y a la reportera porque sabían que ella seguía haciendo investigaciones sobre la red de expendio de drogas que se conformó después de que el gobierno de Bogotá interviniera la zona del Bronx.

En 2018, Salamanca publicó una investigación en sobre esta red y sobre los sobornos que la organización estaría haciendo a varios miembros de la Policía. La investigación se publicó en la página web de Uniminuto Radio en dos partes: “La Favorita”: sector de guerra entre ganchos y La Favorita: la nueva olla que se tomó Bogotá. En octubre de 2018, cuando se hizo la segunda entrega, una de las fuentes del reportaje tuvo que cambiar de residencia por las amenazas que recibió a raíz de esta investigación.

La FLIP solicita a la Unidad Nacional de Protección (UNP) que dé inicio de inmediato al estudio de riesgo y que implemente medidas de protección por trámite de emergencia con el fin de proteger la vida y la integridad de la periodista. La FLIP también hace un llamado a la Fiscalía para que investigue los hechos con el fin de sancionar a los responsables.

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La Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) expresa su preocupación por el riesgo que enfrenta el periodista Ricardo Ruidíaz. Durante este 2018 el reportero ha sido víctima de más de 20 amenazas y hostigamientos. Advertimos que la respuesta de la Unidad Nacional de Protección (UNP) no es proporcional al riesgo y la gravedad de los hechos no se corresponde con la protección que le ha sido asignada. La Fiscalía, que conoce de las amenazas, no ha mostrado avances en las investigaciones profundizando la vulnerabilidad del periodista. Alzamos nuestra voz para enfatizar nuestro temor de que esta persecución contra el periodista de Colmundo Radio tenga un desenlace fatal.

En la última semana la FLIP registró tres hechos graves que afectan la seguridad de Ruidíaz. El primero se presentó el pasado 8 de noviembre cuando un joven de aproximadamente 15 años se acercó a la portería del edificio del periodista y le aseguró al vigilante que Ruidíaz había autorizado su entrada. Ante la negativa de los hombres de seguridad del conjunto, el desconocido dejó una nota que decía “pasé a buscarlo”. Posteriormente, el periodista recibió una llamada en la que le dijeron que habían estado en su lugar de residencia y que lo iban a esperar para “darle plomo”.

Luego, el sábado 10 de noviembre,  mientras Ruidíaz se encontraba en su oficina, desconocidos pusieron al lado de su vehículo un paquete con apariencia de explosivo. De inmediato el reportero informó a las autoridades y minutos después la Policía Antiexplosivos hizo detonar el artefacto de manera controlada. Los uniformados a cargo del operativo confirmaron que, a pesar de su aspecto, no se trataba de un explosivo.

El último hecho ocurrió hacia el mediodía de este martes 13 de noviembre. Un desconocido se acercó de nuevo a la portería del conjunto en el que vive el periodista y le solicitó con insistencia al vigilante que lo dejara ingresar, debido a que Ruidíaz tenía una deuda con él y necesitaba acceder a su vivienda con urgencia. De nuevo los hombres de seguridad negaron el ingreso.

Ante los recientes hostigamientos que demuestran que los agresores hacen seguimiento constante a las actividades diarias del periodista y que han identificado plenamente sus vulnerabilidades, lugares de trabajo, residencia, allegados profesionales y familiares, la FLIP exige que el Estado en su conjunto cumpla con sus obligaciones de protección e investigación judicial.  Si bien el periodista cuenta con medidas de protección, estas se basan en estudios de nivel de riesgo que no han evaluado la gravedad e inminencia de los últimos hechos. A partir del dialogo con la UNP, la FLIP advierte que hay resistencias para atender el riesgo del periodista como prioridad y confiamos en que esta actitud temeraria se reconsidere.

A pesar de que la persecución contra Ruidíaz ha sido denunciada ante la Fiscalía General de la Nación, el déficit de avances en la investigación y la impunidad de estos hechos acentúa la vulnerabilidad y reafirma la necesidad de que cuente con medidas de protección proporcionales a los hechos denunciados.

Atendiendo a los compromisos adquiridos por los organismos de control en sesión del pasado 2 de Agosto, la FLIP hace un llamado:

  • A la Procuraduría General de la Nación, para que evalúe si la atención brindada al periodista Ricardo Ruidíaz cumple con los estándares de debida diligencia y el principio de prevención que ordenan los estándares internacionales de protección a periodistas.

  • A la Defensoría del Pueblo, para que brinde un acompañamiento especial a este caso.




 

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La Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) expresa su preocupación por las recientes amenazas en contra del periodista Ricardo Ruidíaz. En lo corrido del año la FLIP ha registrado 20 agresiones en contra el reportero. 

El sábado 10 de noviembre, mientras el periodista estaba en su oficina, desconocidos pusieron al lado de su vehículo un paquete con apariencia de explosivo. De inmediato el reportero informó a las autoridades y minutos después la Policía antiexplosivos hizo detonar el artefacto. Los uniformados a cargo del operativo confirmaron que, a pesar de su apariencia, no se trataba de un explosivo. 

La Fundación para la Libertad de Prensa rechaza esta intimidación y expresa su preocupación por la gran cantidad de amenazas y hostigamientos en contra de Ruidíaz. 

La FLIP le exige a la Unidad Nacional de Protección que fortalezca cuanto antes el esquema de Protección del reportero y aumente el blindaje de su vehículo. Adicionalmente, la Fundación hace un llamado a la Fiscalía General de la Nación que recaude material probatorio a través de los videos de seguridad del sector para dar con el paradero de los responsables y llevarlos ante la justicia.

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La Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) rechaza las amenazas contra periodistas de medios de comunicación alternativos y les exige a las autoridades diligencia para investigar y sancionar a los responsables.

El pasado 10 de septiembre, Martha Delgado, periodista de El Maracanazoo, recibió un panfleto en su casa firmado por las Águilas Negras en el que la amenazaban a ella, a su compañero del medio de comunicación Guillermo Castro, al periodista de El Turbión Omar Vera y a Juan Manuel Arango, de El Clarín de Colombia. Adicionalmente, en el sufragio mencionan a otros medios de comunicación como Colombia Informa y Desde Abajo.  

En el panfleto los periodistas son señalados de ser colaboradores de la guerrilla y se les envía la siguiente intimidación: “exterminaremos a estos malditos informantes de la guerrilla disfrazados de defensores de derechos humanos. Muerte a los periodistas voceros de la guerrilla acabaremos con esta plaga y sus cómplices” (SIC).

Según los reporteros que recibieron la amenaza, la intimidación se produjo luego de las investigaciones que han hecho sobre violaciones a los derechos humanos en varias regiones de Colombia. Algunas de las publicaciones que hicieron los periodistas están relacionadas con impunidad en el caso de los falsos positivos, la presunta interceptación de esquemas de seguridad de la Unidad Nacional de Protección (UNP) por parte de organizaciones criminales y otras investigaciones relacionadas con despojo de tierras, entre otros.

La FLIP expresa su preocupación por el aumento de amenazas contra periodistas por parte de Águilas Negras. Entre 2016 y 2018 se han documentado 15 amenazas contra la prensa firmadas por este grupo ilegal, de las cuales ocho se han presentado en lo corrido de 2018. La del 10 de septiembre es la segunda amenaza de esta naturaleza en menos de un mes.

La FLIP hace un llamado a la Fiscalía General de la Nación para que investigue con celeridad esta amenaza y, de esta manera, dar con el paradero de los responsables. Las sanciones judiciales en este tipo de situaciones son un precedente importante que contribuye a disuadir la ocurrencia de nuevas violencias contra la prensa. Así lo ha dispuesto la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en su informe sobre Violencia contra periodistas y trabajadores de Medios: “Para prevenir la violencia contra periodistas y trabajadores de los medios de comunicación es indispensable que el ordenamiento jurídico sancione estas conductas de manera proporcional al daño cometido”.

La Fundación le solicita, además, a la Unidad Nacional de Protección (UNP) que inicie el estudio de riesgo a los periodistas víctimas de estas amenazas con el fin de implementar las medidas de protección adecuadas para salvaguardar su vida y su integridad.

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La FLIP expresa su preocupación por la situación de seguridad de los periodistas Alberto Castaño y María Lourdes Zimmermann, quienes tuvieron que abandonar el país en junio de este año. La Fundación le hace un llamado a las autoridades colombianas para que atiendan este caso con celeridad y dispongan de las medidas necesarias para proteger a los reporteros.

El primero de marzo de 2018, Alberto Castaño recibió una amenaza proveniente de la cuenta anónima de Twitter @RodrigoDuet8. En el trino le enviaron la siguiente intimidación al reportero: “@MONOCASTAO Abrite de acá con tus denuncias, pirobo, dejá explotar la naturaleza que pa eso es, capitalismo siempre. Ayer te vimos pagando en la Comercial Papelera, cuidado sigues azarando el parche".

Castaño recibió esta amenaza luego de publicar un informe en los portales Natural Press y mongabay.com en el que denunció el asesinato de líderes ambientales, indígenas, afrodescendientes y campesinos en Colombia. Adicionalmente, el periodista estaba adelantando una investigación sobre deforestación y quemas de bosque en los departamentos de Guaviare y Meta.

Posteriormente, el 14 de marzo mientras Castaño estaba entrevistando a una fuente en un café al norte de la ciudad, un desconocido se sentó en la mesa de al lado y se acomodó un arma que llevaba en la cintura mientras los miraba. Minutos antes, el hombre pasó muy cerca de la mesa donde estaba el periodista y revisó con detalle un mapa en el que estaban trabajando Castaño y su fuente.   

Luego, el cinco de mayo, mientras el periodista iba en su carro fue interceptado por un desconocido en una motocicleta sin placas que llevaba un arma de fuego en la cintura. El agresor se detuvo al lado del vehículo del periodista y le dijo: “entonces qué?, periodista hijueputa, seguís azarando el parche y te vamos a pelar”. Días después, el reportero y su familia fueron víctimas de otros seguimientos en un centro comercial al norte de la ciudad.

Luego de que se produjo la intimidación, el 2 de marzo la FLIP le solicitó a la Unidad Nacional de Protección (UNP) que iniciara el estudio de riesgo del periodista para determinar las medidas de protección que garantizaran su seguridad. Sin embargo, Castaño asegura que la entidad nunca se comunicó con él y, por esta razón, el 18 de junio el reportero decidió irse del país con su familia. El 19 de julio, la Fundación le envió una solicitud de información a la UNP para conocer el estado del estudio de riesgo del periodista, pero hasta la fecha de esta publicación no ha recibido respuesta.

A pesar de su salida del país, Castaño y María Lourdes Zimmermann, quien también es periodista, continúan recibiendo intimidaciones por sus publicaciones sobre problemáticas ambientales. El pasado sábado 11 de agosto, desconocidos ingresaron ilegalmente a la cuenta personal de Facebook de la periodista y publicaron una imagen de un oso bañado en pintura roja en una foto en la que la reportera aparecía con su familia. Adicionalmente, durante los días siguientes la reportera recibió notificaciones de alerta por intento de falsificación de las claves de sus cuentas de correo electrónico.

 

La FLIP le solicita a la Fiscalía General de la Nación que inicie las investigaciones sobre estos hechos para dar con el paradero de los responsables.  Las sanciones judiciales en este tipo de situaciones son un precedente importante que contribuye a disuadir la ocurrencia de nuevas violencias contra la prensa. Así lo ha dispuesto la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en su informe sobre Violencia contra periodistas y trabajadores de Medios: “Para prevenir la violencia contra periodistas y trabajadores de los medios de comunicación es indispensable que el ordenamiento jurídico sancione estas conductas de manera proporcional al daño cometido”.

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La Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) rechaza las amenazas contra periodistas y medios de comunicación nacionales.

El pasado 4 de septiembre la senadora Aída Avella publicó a través de su cuenta de Twitter una fotografía de un panfleto firmado por las Águilas Negras en el que se amenaza a un grupo de periodistas, parlamentarios y defensores de derechos humanos. Entre los reporteros mencionados están Daniel Coronell, columnista de Semana; el caricaturista Julio César González, conocido como “Matador”; Jineth Bedoya, periodista de El Tiempo y el medio de comunicación La Silla Vacía.

En el sufragio que ha circulado a través de redes sociales, los periodistas son señalados de ser miembros de la guerrilla y en consecuencia son declarados “objetivo militar”: “Para nuestra organización no existe ningún esquema de seguridad que nos impida proceder y acabar con cada uno de estos guerrilleros (…) a partir de la fecha procederemos a la ejecución total de nuestras advertencias”.

Entre 2016 y 2018 se han documentado 14 amenazas contra la prensa firmadas por las Águilas Negras. Siete de estos casos se han presentado en lo corrido del 2018.

La FLIP hace un llamado a la Fiscalía General de la Nación para que investigue con celeridad esta amenaza. Las sanciones judiciales en este tipo de situaciones son un precedente importante que contribuye a disuadir futuros hechos de violencia contra la prensa.

La Fundación le solicita a la Unidad Nacional de Protección (UNP) que otorgue las medidas de protección adecuadas para salvaguardar la vida de los periodistas.

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El lunes 23 de julio los representantes de 5 embajadas con sede en Colombia, de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y de la Delegación en Colombia de la Unión Europea, se reunieron con miembros de la Fundación para la Libertad de Prensa y un grupo de periodistas nacionales y regionales para conocer de primera mano los detalles del incremento en las amenazas a la prensa que se denunciaron el pasado 11 de julio. 

A partir de este encuentro, 19 entidades, entre embajadas y organizaciones internacionales, expresaron su preocupación, solidaridad y respaldo a los periodistas y su trabajo por defender la libertad de expresión.

El texto completo del comunicado conjunto se puede leer aquí.

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