Fundación para la Libertad de Prensa - FLIP

En menos de una semana, cuatro periodistas en el departamento de Tolima han recibido amenazas por parte de grupos armados, quienes les solicitan que dejen de publicar cierta información relacionada con el orden público, y que, en lugar de eso, difundan hechos que son de su interés. Esta situación pone en riesgo la vida de los periodistas y dificulta el flujo de información de interés público en el departamento.

La amenaza más reciente ocurrió en la noche del 24 abril, cuando dos periodistas de una emisora de Mariquita recibieron un panfleto firmado por las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC) y les exigían que lo difundieran. Además, a uno de los periodistas lo amenazaron diciéndole que sabían dónde vivía uno de sus familiares. Los comunicadores de esta emisora recibieron una amenaza similar en julio del 2022, cuando integrantes de otro grupo armado los obligaron a publicar uno de sus panfletos. 

De forma similar, el 22 de abril miembros de las AGC amenazaron a un periodista del medio digital Origen Noticias, que difunde información en Ibagué. La amenaza ocurrió luego de que el medio publicara un artículo sobre un asesinato en el municipio de El Espinal. En el mensaje, el integrante de este grupo le exigió al periodista que deje de publicar ese tipo de hechos “si no quiere que le pase lo mismo”, y que, en cambio, divulgue información sobre la “limpieza” que se iba a realizar en Mariquita.

Por otro lado, miembros de un grupo armado identificado como Los Cebolleros también han usado esta estrategia para amenazar a la prensa. Integrantes de esta banda le enviaron un mensaje de WhatsApp el 24 de abril a un periodista del portal LeContamos.com, en el que le exigían que realizara una entrevista sobre el secuestro de dos personas, una de ellas funcionaria del INPEC. Entre otras cosas, le dijeron al periodista que lo iban a recoger y que lo llevarían al lugar donde se encontraban las personas secuestradas.

Es de gran preocupación que la prensa esté quedando en medio de las disputas entre los grupos armados y la fuerza pública. En lo que va del año hemos registrado 14 casos en los que grupos armados instrumentalizan a los medios para que publiquen información de su interés.

Por el alto riesgo que corren las vidas de estos periodistas, le solicitamos a la Unidad Nacional de Protección (UNP) que refuerce las medidas de protección a los periodistas que ya tienen un esquema, y a su vez, inicie una evaluación de riesgo a quienes no cuentan uno. Del mismo modo, hacemos un llamado a la Gobernación del Tolima y a la Policía para que se articulen y puedan realizar un consejo de seguridad, en el que analicen la problemática que vive la prensa del departamento, y puedan tomar tanto medidas preventivas como acciones de atención a estos casos puntuales. Finalmente, exigimos a la Fiscalía que investigue con diligencia estos hechos para dar con los responsables. 

Este lunes, 27 de marzo, seis hombres armados llegaron a las instalaciones de El Heraldo, en Barranquilla, dos de ellos ingresaron y exigieron hablar con la directora del medio, Erika Fontalvo. Según la información que le entregaron a la Fundación, tres periodistas tuvieron que salir a hablar con los hombres, quienes tenían información de Digno Palomino, líder de una banda criminal, quien supuestamente se quiere sumar a las negociaciones de la paz total y solicitaba que se publicara una entrevista.

De un modo similar, la semana pasada, un miembro del grupo criminal Los Costeños llamó a la redacción de El Heraldo y exigió que se entrevistara a su líder, alias “El Castor”. También Zona Cero, un medio digital de Barranquilla, fue víctima de amenazas a través de  un mensaje anónimo por redes sociales en el que les decían que “se van a pudrir de bombas en sus instalaciones”.

Estas intimidaciones ocurrieron luego de que el sábado 25 de marzo Óber Ricardo Martínez Gutiérrez, alias Negro Ober, líder de Los Rastrojos Costeños, difundió un video en el que le exigía a El Heraldo, Zona Cero e Impacto News tener una entrevista con él, como respuesta a la captura de su esposa.

Estas agresiones y la instrumentalización de los medios ponen en peligro la vida de las y los periodistas. Los casos dejan en evidencia la alta capacidad de daño que tienen estos grupos ilegales. 

Hacemos un llamado urgente a la Unidad Nacional de Protección (UNP) para que active el trámite de emergencia y se coordine con la Policía Nacional para que activen de manera inmediata medidas de protección que resguarden la integridad de las y los periodistas. Finalmente, le solicitamos a la Fiscalía que realice una investigación rápida y eficiente que lleve a sancionar a los responsables de estos hechos. 

Actualización 30 de marzo

Completamos este comunicado con dos novedades. De acuerdo con la información proporcionada por la Policía y la Unidad Nacional de Protección (UNP), las personas que entraron al medio son un líder social y un periodista que tienen protección de la UNP e iban acompañados de sus escoltas. Sin embargo, según los periodistas de El Heraldo, ninguna de esas personas se identificaron como miembros de la UNP.

Los enfrentamientos por el control del territorio entre los grupos armados ilegales Frente Carolina Ramírez y Comandos Bolivarianos de la Frontera han obligado a los periodistas de Putumayo a no volver a hablar sobre la guerra. La FLIP entrevistó a decenas de periodistas de este departamento, quienes desde agosto del año pasado han recibido presiones y amenazas por parte de estos grupos. La única salida que han encontrado es la autocensura.

“Empezó la guerra del comunicado entre ellos”, dijo uno de los periodistas para explicar la dinámica: cada uno de los grupos armados les envía panfletos —aunque ellos usan el término comunicados de prensa— en los que se enorgullecen de acciones militares contra el grupo contrario, critican al “enemigo” o advierten a la gente de la región sobre las reglas que quieren impartir. Escritos con un tono cordial, les obligan a difundirlos en sus medios, e incluso les han invitado a “ruedas de prensa” o a “entrevistas exclusivas”. 

Sin muchas opciones, los periodistas publican en sus medios algunos de estos panfletos, pero al hacerlo quedan en la mira del grupo contrario. En palabras de uno de los reporteros que informa sobre orden público desde hace más de cuatro años “si uno publica a un grupo, el otro se va a enojar; si no publica, es grave y puede haber consecuencias”.

Otras veces las amenazas llegan más camufladas, a través de comentarios de personas que están en los sitios donde hay mayor presencia de los grupos armados o por recomendaciones de fuentes confiables. Expresiones como “en lo posible no venga si no lo tiene que hacer” o “es mejor que usted se vaya” parecen ser advertencias que los periodistas siguen al pie de la letra para no correr mayores riesgos.  

Los comunicadores también saben que existe un monitoreo sobre su trabajo: en redes sociales los siguen cuentas que pertenecen a líderes o miembros de estos dos bandos y saben que sus emisoras son escuchadas dentro de los campamentos. Todo esto alimenta un ambiente de temor para ejercer el periodismo y de precaución sobre cada palabra dicha.

La tensión y el miedo se sienten en los relatos de los periodistas, quienes afirman que los grupos armados los han convertido en un arma más de disputa. Y aunque no son claras las motivaciones detrás de las amenazas y presiones de los actores armados, los comunicadores creen que pueden responder a un interés de visibilidad mediática motivada por las negociaciones del Gobierno sobre la Paz Total.

La autocensura como medida de supervivencia

Para los periodistas la autocensura se ha convertido en su única medida de protección. Hace algunas semanas, varios de ellos llegaron al acuerdo de no publicar los comunicados de los grupos armados, no conceder entrevistas, ni participar en ruedas de prensa. Tampoco publican noticias sobre los asesinatos y otros crímenes cometidos por estas dos organizaciones, pues consideran que esto les trae mayores riesgos. Ahora enfocan su agenda informativa en asuntos como el turismo, las vías o la economía. “Si se quiere conservar la vida, hay temas de los que no se puede hablar”, sentenció un periodista con más de veinte años de trayectoria. 

Desplazarse por el departamento también se ha convertido en una actividad casi imposible de realizar. Todos evitan hacer cubrimientos fuera del casco urbano de sus municipios y afirman que hay otros a los que desde hace meses no pueden viajar: Puerto Guzmán, Puerto Asís, Puerto Caicedo y La Hormiga.

Cuando hay noticias que son de gran relevancia pero que les pueden ocasionar riesgos —las que sí o sí deben difundir—, los periodistas han decidido publicarlas sin mostrar su rostro o enviar la información a colegas que vivan en Bogotá y trabajen para medios nacionales. “Si lo hacemos nosotros acá estaríamos muertos al siguiente día”, afirma uno de los periodistas.

“Nos sentimos desprotegidos” 

En estos municipios, donde todas las personas saben quiénes son periodistas, dónde viven o en qué vehículos se movilizan, parece más fácil hacer efectivas las amenazas. El temor es latente y la zozobra no solo les ha obligado a voltear la cara y no informar sobre hechos de violencia —por lo que han recibido reproches de la audiencia—, sino que también los ha hecho considerar salir del departamento e incluso dejar el oficio.

Y con este silencio no solo se afecta la vida y el trabajo de los periodistas; son las personas que viven en el departamento quienes ven perjudicados sus derechos al no recibir información sobre lo que está sucediendo. Así, sólo les queda enterarse a través de murmuraciones o conversaciones privadas.  

En medio de toda esta violencia, la institucionalidad parece debilitada ante los ojos de periodistas amenazados y censurados. Ninguno de ellos cuenta con medidas de protección por parte de la Unidad Nacional de Protección. Algunos han acudido a la Policía, la Fiscalía o la Defensoría del Pueblo regional, pero su respuesta parece insuficiente ante el poder de los grupos armados ilegales. Por ahora, todos los reporteros coinciden en un mismo llamado al Alto Comisionado de Paz para que emprenda acciones que garanticen el trabajo de la prensa en el cubrimiento de la Paz Total y que se solicite un cese de amenazas y hostigamientos a la prensa.

Más allá de esto, para los periodistas parece no haber una solución clara ni efectiva a la vista. En este momento solo les queda el temor y el silencio, en palabras de un periodista: “aquí ya se formó la cultura del miedo”.

Hoy, 2 de noviembre, conmemoramos el Día internacional para poner fin a la impunidad de crímenes contra periodistas. Para la FLIP, el Estado colombiano está fallando en su misión de investigar a quienes atacan a la prensa, lo cual es un paso indispensable para prevenir otras agresiones, como los homicidios.

En Colombia, de los 164 asesinatos a periodistas, solo en el caso de Orlando Sierra se sancionó a todos los autores del crimen, y solo en un 18% de los casos hubo algún tipo de condenas, el resto de homicidios están en completa impunidad. Este escenario de impunidad ha sido denunciado reiteradamente tanto por la FLIP, como por organizaciones internacionales, como la Sociedad Interamericana de Prensa.

Además, las estadísticas muestran que es probable que nunca se llegue a condenar a toda la cadena delictiva involucrada en los crímenes; de hecho en los últimos años se ha visto que solo se llega a condenar a los autores materiales. Ejemplo de esto son los casos de Felipe Guevara y Marcos Montalvo, asesinados en el Valle del Cauca en el 2020 y 2021, respectivamente. Aunque en sus casos se condenaron a algunos sicarios, aún no se ha esclarecido quiénes determinaron los homicidios y cuáles fueron sus motivaciones. Solo se puede desarticular el riesgo para la prensa local cuando se condene a todos los responsables y haya una reparación en términos de verdad. 

A este panorama se le suma el creciente número de amenazas hacia los y las periodistas. A corte del 28 de octubre de este año, documentamos 172 amenazas, la misma cantidad que se registró en todo el 2021, en el 2020 registramos 152. Además del aumento de estas agresiones, preocupa que no estén siendo investigadas diligentemente por la Fiscalía, pues en ocasiones son antesala de futuras agresiones.

Este fue el caso de Rafael Emiro Moreno, periodista asesinado el pasado 16 de octubre y quien recibió amenazas desde el 2019. Desde ese año, el comunicador denunció a la Fiscalía las agresiones de las que era víctima, algunas provenían de grupos armados ilegales y otras eran anónimas. En total, Moreno recibió en los últimos tres años seis amenazas, sin embargo, en todo este tiempo la Fiscalía no avanzó en la individualización de ningún victimario, todos los procesos se encuentran en etapa de indagación.

El caso de Moreno no es aislado, en el pasado hemos alertado de otros casos en los que periodistas quedan expuestos a ataques más graves luego de recibir amenazas. Ejemplo de esto es el caso del periodista Edison Molina, quien antes de su homicidio fue víctima de estigmatizaciones de funcionarios públicos, amenazas y de un atentado contra su vida. Del mismo modo, Jineth Bedoya también recibió amenazas antes de que fuera secuestrada, torturada y violada en marzo del 2000. En ninguno de los dos casos la Fiscalía cumplió con su deber de investigar diligentemente las amenazas.

A finales del 2022, en Colombia prescribirán nueve asesinatos de periodistas, con estos, el número total de homicidios de periodistas prescritos se eleva a 110. Esto significa que la Fiscalía no los seguirá investigando ni hará ningún esfuerzo por individualizar a las o los responsables. 

Lo anterior refleja la falta de acciones del Estado dentro del Plan de Acción de la Organización de Naciones Unidas sobre la Seguridad de los Periodistas y la Cuestión de Impunidad, que en el 2022 cumple 10 años. Es fundamental que el Estado se apropie de esta lucha para poder garantizar la integridad de la prensa y, así, asegurarse que la sociedad siga accediendo a la información. 

La FLIP conoció de las amenazas que sufrió el equipo periodístico de Telemundo, que realizaba cubrimiento a la ruta migratoria en la selva del Darién. Guías ilegales, también conocidos como coyotes, los amenazaron y les exigieron que salieran del territorio. 

El periodista Daniel Muñoz y su equipo periodístico llegaron a Urabá el 2 septiembre; cuatro días más tarde, ingresaron a la selva del Darién y allí recibieron las primeras amenazas. Un grupo de cinco coyotes intimidó a Muñoz preguntándole quién le había dado permiso para estar allí, intentaron quitarle sus equipos, le grabaron su rostro y lo amenazaron diciendo que “varios periodistas ya se han muerto aquí”. Después de esta amenaza, Muñoz regresó a Capurganá y allí, el 9 de septiembre, fue abordado nuevamente por tres desconocidos, quienes le reiteraron que debía irse inmediatamente, pues su vida corría peligro. Ese mismo día, un grupo de personas llegó al hotel donde se estaba hospedando el equipo periodístico para asegurarse de que los comunicadores hubieran salido del casco urbano.

La región del golfo de Urabá es riesgosa para la prensa que reporta sobre asuntos como la migración. El año pasado ocurrió un caso similar, en el que un periodista tuvo que abandonar el cubrimiento periodístico en esta región por presiones de personas desconocidas. Del mismo modo, reporteros que residen y trabajan en la zona le han afirmado a la FLIP que el riesgo que corren allí es alto: “desde que se saca una cámara se vuelve un blanco”; afirma uno de ellos. Además, aseguran que quienes cubren esta región no cuentan con el respaldo de las autoridades para realizar su trabajo.

Estos hechos evidencian la falta de garantías que tiene la prensa para hacer cubrimiento de las rutas migratorias. En el caso del equipo de Telemundo los periodistas habían advertido previamente a las autoridades sobre el trabajo en terreno que realizarían y estas no emprendieron el acompañamiento y monitoreo correspondientes.

Hacemos un llamado a las autoridades, como la Policía, el Ejército y la Armada, para que hagan un acompañamiento activo e integral de los y las periodistas que se desplazan a zonas de riesgo a cubrir temas relacionados con la migración. Por otro lado, la Defensoría y las alcaldías de esos municipios deben focalizar sus esfuerzos en difundir activamente información sobre las rutas de atención para la protección a las que pueden acceder periodistas que se enfrentan a diferente peligros durante la reportería. 

Es de especial importancia que las y los reporteros que hablan sobre temas migratorios tengan garantías suficientes para ejercer su trabajo e investigar asuntos de alto interés público. Diferentes regiones de Colombia, como el golfo de Urabá, son hoy puntos estratégicos para las rutas que siguen migrantes indocumentados. Precisamente la clandestinidad que rodea este tema hace que la información con la que cuenta la ciudadanía sea escasa y solo provenga por parte de periodistas que deciden ir a investigar a la zona.

Ayer, 24 de agosto, la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá absolvió a Ariel Ortega, quien en 2018 compartió en su cuenta de Twitter mensajes en contra de los periodistas Julio César González (conocido como Matador), Daniel Samper Ospina y María Antonia García de la Torre. En las publicaciones se hacía alusión a la falta que hacían las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) para callar a la prensa. Esta decisión no evalúa el impacto de mensajes violentos en línea contra la prensa porque desconoce las dinámicas propias de las interacciones en Internet. 

El año pasado, en primera instancia, Ortega fue condenado a 76 meses de prisión, pero su defensa apeló la decisión. En el proceso, Ortega negó que los mensajes hubieran sido emitidos por él; sin embargo, para el Tribunal no hay duda de que él es el autor de las publicaciones. No obstante, el juez decidió que dichos mensajes no constituyen el delito de amenaza, pues consideró que no tenían una probabilidad de llevarse a cabo, ya que para él las AUC están extintas y Ortega no tiene ningún poder sobre grupos armados ilegales.

Sin embargo, para la FLIP esta decisión no tiene en cuenta que los mensajes de Ortega son violentos y podrían ser tomados por otros usuarios como determinación para actuar en contra de los y las periodistas. La Relatoría Especial de Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha sido consistente en identificar que los actos de violencia contra periodistas generan un efecto amedrentador y vulneran el derecho de las víctimas a expresar y difundir sus ideas, opiniones e información. Para la FLIP estos mensajes también pretenden que los periodistas dejen de participar de espacios cívicos como las redes sociales.

El ciberacoso contra la prensa es una problemática en aumento a nivel mundial. De hecho, en mayo, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca ya reconoció la existencia de la violencia en línea contra periodistas y el efecto diferenciado que tiene en las mujeres. En el 2019 la FLIP documentó 82 de estas agresiones; 117 en 2020; 114 en 2021 y, a corte de julio de 2022, van 122. 

Hacemos un llamado para que el gobierno nacional impulse la formación especializada en libertad de expresión de jueces, juezas, fiscales y otros operadores y operadoras de justicia. El rol de los jueces es central para la protección de la prensa y la creación de espacios seguros de participación, tanto para la prensa como para toda la ciudadanía.

También le hacemos un llamado a la delegada de la Defensoría del Pueblo para la Protección de Derechos en Ambientes Digitales y Libertad de Expresión, para que haga un diagnóstico urgente de la violencia en línea contra la prensa. A partir de esto considere formular recomendaciones enfocadas en la protección de los derechos de la prensa, que articulen al Estado para dar una respuesta preventiva y de protección.

La FLIP alerta y expresa su preocupación por la decisión de la Unidad Nacional de Protección (UNP) de no brindar medidas de protección al periodista Robert Posada de Tuluá, Valle del Cauca. En el último año, Posada ha recibido tres amenazas y ha sido acosado por contratistas de la alcaldía; sin embargo, la UNP afirma que no tiene un riesgo diferente al que puede estar expuesto cualquier otro ciudadano. Este tipo de acciones por parte de la UNP son negligentes y ponen en grave riesgo la vida del comunicador. 

En diciembre de 2021, Posada denunció ante la Fiscalía dos mensajes en los que amenazan de muerte a su hermano y le dicen al periodista que lo tienen identificado. En su momento, la FLIP compartió esta información con la UNP, para que realizara el estudio de riesgo del periodista. A pesar de esto, la entidad afirma que el riesgo del reportero es ordinario y que no se requieren medidas de protección. 

La FLIP nota con preocupación que en la resolución no se evidencia que la UNP haya realizado un análisis de contexto para determinar el riesgo al que se enfrenta Posada. La Corte Constitucional ha dicho que en estos casos es necesario valorar los riesgos propios del lugar donde se desempeña el comunicador. Tuluá es un municipio hostil y peligroso para la prensa, en septiembre del 2021, fue asesinado el periodista Marcos Efraín Montalvo, quien investigaba y hablaba de los mismos temas que Posada: corrupción, grupos armados y política local. Según lo documentado por la FLIP, este homicidio está relacionado con el oficio periodístico de Montalvo. Sumado a este contexto, el alcalde de Tuluá, John Jairo Gómez, ha realizado declaraciones estigmatizantes que deslegitiman el trabajo de los reporteros locales.

La FLIP le solicita a la UNP que inicie la evaluación de riesgo de inmediato y que implemente por trámite de emergencia las medidas para proteger al periodista Robert Posada. Esta evaluación debe estar acorde a su situación y debe tener en cuenta los estándares de protección para periodistas: perfil del comunicador, contenido de la información que publica y contexto de la región donde ejerce el oficio, en este caso Tuluá.

También exhortamos a las autoridades locales, a la UNP y a la Fiscalía General de la Nación para que lleven a cabo todas las acciones necesarias para proteger al periodista. La articulación entre entidades estatales es fundamental para la correcta realización de los estudios de riesgo y la garantía de la protección del ejercicio periodístico y la vida de las y los comunicadores. 

En los primeros cinco meses del año hay un aumento del 59% en amenazas contra medios y periodistas en comparación con el 2018. 

El 5 de mayo 15 medios de comunicación anunciaron su salida del aire. El motivo, amenazas de muerte de integrantes del Clan del Golfo durante el paro armado que decretaron ese mismo día. Cuatro meses atrás, un carro bomba fue detonado en Saravena, Arauca, y como consecuencia las sedes de dos medios de comunicación sufrieron daños estructurales. Durante los días siguientes, 16 periodistas del departamento recibieron amenazas. Estos hechos impactan de manera directa en la ciudadanía que deja de recibir información sobre lo que sucede.

Vea el balance en versión PDF aquí

Durante el 1 de enero y el 20 de mayo del 2022, la FLIP registró que 97 medios y periodistas fueron amenazados. Es decir que una o un reportero ha sido amenazado cada día y medio. En este mismo periodo en 2018, las últimas elecciones presidenciales, la FLIP registró 61 víctimas de amenazas.

Quienes amenazan a las y los periodistas suelen exigirles que eliminen algún contenido o que dejen de cubrir e investigar algún tema. En ciertos casos también se les ha demandado que publiquen información de grupos armados ilegales como panfletos. En otros casos, les ordenan que salgan del municipio en donde residen y realizan su trabajo. En lo que va del año, seis amenazas han derivado en desplazamientos forzados y exilios. 

Los medios en los que trabajan las y los periodistas que han sido amenazados son 37 medios digitales, 30 emisoras y cadenas radiales (17 de estas emisoras comunitarias), 10 medios televisivos y 5 medios impresos. 

Las ciudades donde los periodistas han sido amenazados son Medellín, Arauca ciudad, Barranquilla, Bogotá, Cartagena, Tunja, Florencia, Quibdó, San José del Guaviare, Neiva, Santa Marta, Villavicencio, Pasto, Pereira, Barrancabermeja, Cali, Buenaventura.

Arauca y Bajo Cauca, las regiones más peligrosas

En el departamento de Arauca se presentaron 16 amenazas en los municipios de Arauca, Arauquita y Saravena. En Antioquia, se presentaron 9 casos, principalmente en Medellín y la región del Bajo Cauca antioqueño. Además, en Bogotá hubo 15 amenazas. 

Algunos de los municipios afectados tienen además una baja oferta de medios locales. Por lo tanto, basta con que tan solo un medio sea intimidado para que se produzca una reacción en cadena y otros medios también se atemoricen y se vean obligados a  autocensurarse. Esto trae como resultado el silencio informativo, que en zonas de conflicto o con problemas de orden público puede ser devastador tanto para la prensa como para la ciudadanía. 

La mayoría de las amenazas son realizadas por desconocidos (49 casos), grupos armados (25 casos) y particulares (7 casos). Cuando no se conoce la identidad de quien amenaza, no es posible identificar si este hace parte de algún grupo armado, una banda criminal o si es un particular. Por eso, en estos casos es más difícil desactivar el riesgo de la víctima, pues al no poder identificar al autor, también se desconoce cuál puede ser su capacidad de daño.

Durante el paro armado de mayo, el Clan del Golfo amenazó a dos emisoras comunitarias del Bajo Cauca antioqueño para que publicaran un panfleto de este grupo ilegal. Como reacción, seis radios comunitarias decidieron salir del aire por los cuatro días que duró el paro. Además, en Córdoba el grupo armado exigió que se apagara la planta transmisora que servía a seis emisoras, y en el Urabá dos periodistas fueron hostigados por hombres armados que dispararon al aire para intimidarlos y obligarlos a dejar de grabar.

Otro caso de censura por parte de grupos armados ocurrió el 9 de mayo cuando la periodista Salud Hernández fue hostigada, retenida, intimidada y obligada a abandonar Betulia y La Toma, en Cauca, donde realizaba reportería sobre la situación de seguridad. Hernández informó a la FLIP que primero fue detenida por personas que se identificaron como integrantes de las disidencias de las FARC y luego fue seguida y hostigada por personas que se identificaron como integrantes del Consejo Comunitario. En ambas situaciones la periodista tuvo que abandonar su cubrimiento periodístico. 

¿Qué investigaban las y los periodistas que fueron amenazados?

En 37 casos las amenazas estarían relacionadas con el cubrimiento del conflicto armado. En territorios en los que hay enfrentamientos con grupos armados es más riesgoso hablar de temas que afectan los intereses de personas que tienen un poder económico, social, político e, incluso, militar. 

Corrupción es el segundo tema que investigan quienes han sido amenazados, en total registramos 11 casos. Luego le siguen seguridad (9 casos), elecciones (9 casos) y manifestaciones sociales (5 casos). 

Este panorama de violencia contra la prensa se agrava por la falta de respuesta estatal, rechazo público y procuración de justicia. El Estado, a nivel nacional, departamental y local, no se ha enfocado en atender las necesidades y riesgos de la prensa. Por ejemplo, no se ha evidenciado una atención priorizada para activar rutas de protección a periodistas que son víctimas de amenazas. En el caso puntual de Arauca, según la información que tiene la FLIP, la Unidad Nacional de Protección no atendió por trámite de emergencia a los periodistas amenazados que solicitaron protección a pesar de la suficiente evidencia que existe sobre el riesgo y la necesidad de atender a esta población de manera prioritaria.

En lo corrido del 2022, la FLIP ha remitido a Fiscalía 12 casos de amenazas. De estos, hasta ahora no se conocen avances significativos en la investigación, lo que a su vez genera una pérdida de confianza de los y las periodistas víctimas, quienes prefieren no denunciar.

“La respuesta del Estado ante mi situación de seguridad ha sido supremamente lenta. Las denuncias se hicieron finalizando el mes de enero y hasta el momento ni la solicitud que hizo la Fiscalía, la Defensoría, personerías, organizaciones de derechos humanos, todos solicitaron las activación de medidas urgentes para mi caso y hasta la fecha [la UNP] no ha tramitado el caso con la urgencia que merece. No hay ningún interés por parte del gobierno para protegernos a los periodistas, es una cuestión de abandono, de olvido y de desidia”, periodista amenazado de Arauca.

“La respuesta del gobierno es llegar tarde a las zonas de conflicto. No estar en los lugares que deberían, es decir, las zonas apartadas, que es donde se generan más temas de comunicación. En las zonas urbanas la fuerza pública estuvo los últimos dos días del paro. ¿Y qué hacer? Ha quedado demostrado que en las zonas rurales los grupos ilegales tienen más poder que las fuerzas del Estado. Y a los medios nos toca arriesgarnos para poder informar, porque si no lo hago, no tengo trabajo”, periodista amenazado durante el paro armado del Clan del Golfo.

“No hubo ninguna respuesta ni respaldo gubernamental exigiendo respeto por los periodistas que investigamos el operativo militar en Putumayo, a pesar de que dentro de las personas que nos estigmatizaron hubo un candidato presidencial y varias figuras públicas. En general, creo que cuando hemos vivido episodios de violencia o intentos de censura a la prensa la respuesta del Estado es bastante pobre, porque se limitan a recordar las instancias de denuncia a las que podríamos acceder pero no hay pronunciamientos públicos en los que se exija respeto por ese mandato constitucional que nos cobija como periodistas”, periodista hostigada luego de investigar el operativo del Ejército en Putumayo.

El clima para ejercer el periodismo se ha deteriorado por este aumento de las amenazas contra reporteros y reporteras, y también se agudiza por un clima persistente de descrédito, muchas veces coordinado, que ha operado contra periodistas y medios especialmente en redes sociales durante la campaña electoral. A pesar de la gravedad de estos casos no ha habido un respaldo público a la labor de la prensa en momentos donde es crucial. 

El gobierno de Iván Duque no ha rechazado este tipo de ataques y no ha adoptado ninguna acción de contingencia. Otras figuras públicas, incluidos candidatos presidenciales, han generado un ambiente de permisividad y de hostilidad en contra de diferentes periodistas. Por ejemplo, el equipo que cubrió el operativo del Ejército en Alto Remanso, Putumayo, fue objeto de mensajes estigmatizantes por parte de diferentes figuras públicas. Posteriormente, los periodistas recibieron amenazas y mensajes hostigantes en las redes sociales. Todo esto desencadena un escenario de permisividad en el que los agresores no se judicializan y tienen libertad para continuar hostigando. Frente a esta escalada de ataques la prensa la FLIP insta a las autoridades a intensificar las medidas de protección para garantizar el trabajo de la prensa y hace un llamado para que el próximo gobierno incluya esta situación como una de sus acciones prioritarias.

La FLIP conoció que el periodista Omar Martínez recibió una amenaza el pasado 15 de octubre. Según Martínez un conocido suyo le manifestó que lo habían llamado para que le dijera al periodista que "se quedara quieto y que dejara los ataques a la alcaldía". Posteriormente, una fuente del reportero le informó que en una reunión que se había hecho en una finca cerca al municipio de Caucasia, Antioquia, en la que participaron miembros de bandas criminales, se había hablado de un plan para atentar contra su vida. 

Martínez ha abordado de manera crítica, a través de una video columna que publica semanalmente en su perfil de Facebook, las gestiones de la administración municipal y las actuaciones de los funcionarios públicos de Caucasia. 

Con esta son cinco las amenazas contra periodistas que la FLIP ha registrado en el municipio de Caucasia en lo corrido de este año. Esta situación genera una amplia preocupación por el ambiente de hostilidad hacia la prensa y la falta de garantías de seguridad para los periodistas en el municipio. 

La FLIP rechaza la amenaza contra el periodista Omar Martínez y le solicita a la Fiscalía General de la Nación que adelante las investigaciones pertinentes para identificar y sancionar a los responsables. La Fundación, también le solicita a la Unidad Nacional de Protección (UNP) que evalúe con celeridad estos hechos con el fin de implementar las medidas de seguridad necesarias para salvaguardar la vida y la integridad del periodista.

Así mismo, la Fundación hace un llamado al alcalde de Caucasia Félix Olmedo para que articule a las entidades del municipio para que adelanten las acciones necesarias que contribuyan a la protección del periodista. Además, es sumamente importante que como máxima autoridad muestre su respaldo a la labor periodística que se desarrolla en el municipio. La Relatoría para la Libertad de Expresión de la CIDH ha dicho que “una medida de protección simple pero sumamente eficaz consiste en que las más altas autoridades del Estado reconozcan de manera constante, clara, pública y firme la legitimidad y el valor de la labor periodística, aun cuando la información difundida pueda resultar crítica, inconveniente e inoportuna para los intereses del gobierno”.

En la tarde de ayer, 2 de agosto, la Asociación Colombiana de Medios Informativos (AMI) y la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) se reunieron con Guillermo Rivera, Ministro del Interior; Néstor Humberto Martínez, Fiscal General de la Nación; Fernando Carrillo, Procurador General de la Nación; Carlos Alfonso Negret, Defensor del Pueblo; Diego Mora, director de la Unidad Nacional de Protección; y Nancy Patricia Gutiérrez, Ministra del Interior designada y vocera de la comisión de empalme del presidente electo Iván Duque. En el encuentro, se analizó el ambiente hostil para la prensa en el país y se llegó a varios compromisos.

A través de un comunicado conjunto, las autoridades nacionales rechazaron la violencia contra los periodistas y se comprometieron con promover una prensa libre. También expresaron su preocupación por la situación en las regiones del país y acordaron dar instrucciones a las delegaciones territoriales de los órganos de control para garantizar las condiciones para el pleno desarrollo del trabajo periodístico.

Lea el comunicado completo aquí.