La FLIP rechaza la obstrucción a la labor periodística de la que fueron víctimas los reporteros de los canales nacionales. Los responsables fueron miembros de la fuerza pública, quienes recibieron la orden de Carlos Escobar, alcalde del municipio.
El jueves 27 de abril, los corresponsales RCN y Caracol televisión se trasladaron hacia el Punto Vive Digital de Armero-Guayabal para cubrir una reunión multidisciplinaria entre funcionarios de la alcaldía y de las demás instituciones distritales. El encuentro se desarrolló luego de que las entidades fueran señaladas de haber actuado con negligencia frente a la atención de Sara Salazar, la menor de tres años que fue abusada sexualmente y asesinada el pasado 22 de abril.
Cuando los reporteros se encontraban haciendo tomas de apoyo frente al lugar de la reunión, miembros de la Policía les impidieron continuar con sus labores, argumentando que el encuentro era privado. Según los periodistas, uno de los uniformados aseguró que se trataba de una orden del alcalde del municipio, quien estaba molesto debido a que el cubrimiento periodístico sobre el caso de la menor había afectado a la administración.
La FLIP le hace un llamado al alcalde Carlos Escobar para que ofrezca excusas públicas a los periodistas de los canales nacionales y adopte un discurso favorable frente al ejercicio periodístico. Según la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, los funcionarios públicos deben ser los principales garantes de la libertad de prensa, aún cuando los contenidos periodísticos sean contrarios a sus intereses.
