Es la segunda vez que esto sucede, en septiembre de 2012, cuando se declaró el caso como un crimen de lesa humanidad, tampoco hubo coherencia entre la postura de la Fiscal del Caso y el Fiscal General de la Nación.
Cronología
El primero de junio de 2015 el país conoció la decisión de la Fiscalía 49 de Derechos Humanos de precluir (archivar) la investigación y levantar la medida de aseguramiento de alias ‘JJ’, por el caso de Jineth Bedoya. Cárdenas era investigado por ser uno de los responsables del secuestro, la tortura y la violación de la periodista, cometidos el 25 de mayo del año 2000.
La decisión de la Fiscalía desconoció lo dicho por Bedoya en septiembre de 2011, cuando reconoció a alias ‘JJ’ como uno de sus victimarios, otorgándole mayor validez a lo dicho por el presunto agresor.
El 3 de junio, el Director de Fiscalía Nacional Especializada de Derechos Humanos, Misael Fernando Rodríguez, se pronunció al respecto. Rodríguez dijo que se enteró de la decisión por medios de comunicación y que la misma no había sido consultada con los superiores de la entidad. Además, invitó a las partes a presentar los recursos de ley en contra de la decisión.
Finalmente, el 4 de junio, tras dos días de pronunciamientos tanto de la sociedad civil y del mismo presidente de la república, Juan Manuel Santos, rechazando la decisión, el Fiscal General de la Nación, Eduardo Montealegre, le comunicó al país que después de estudiar la resolución y encontrar “graves fallas de forma y de fondo”, decidieron declarar la nulidad de la resolución, y ordenó reactivar la detención preventiva y la orden de captura contra Cárdenas.
Montealegre señaló que “la Fiscalía da plena credibilidad al testimonio de Jineth Bedoya y reitera su compromiso institucional para combatir la violencia sexual y realizará todas las acciones para evitar la impunidad en estos casos”.
La FLIP espera que alias ‘JJ’ sea recapturado en las próximas horas y puesto a disposición de la justicia. También hace un llamado a que exista coherencia al interior de la Fiscalía respecto a las decisiones que se toman en este caso, que permitan demostrar que existe un verdadero compromiso institucional para acabar con 15 años de impunidad.
