Molina era abogado y ocupaba los micrófonos de la emisora “Puerto Berrio Stereo” todos los miércoles para resolver inquietudes legales de los oyentes. La Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) pudo documentar que desde este espacio radial Molina también hacía denuncias sobre corrupción administrativa e informaba a la audiencia sobre las visitas que organismos de control, como la Contraloría, hacían a las distintas entidades en el municipio.
La FLIP documentó que hace 15 días fue apedreada la oficina de Molina y le hicieron llamadas amenazantes como consecuencia de sus denuncias.
Después del asesinato, las autoridades citaron a un consejo de seguridad para buscar esclarecer los hechos. Adicionalmente ofrecieron una recompensa de 20 millones de pesos para quien dé información que sirva para dar con los responsables.
La FLIP exhorta a la Policía y a la Fiscalía para que continúen con las investigaciones correspondientes y se aclare lo sucedido en el menor tiempo posible.
