En ese espacio radial, Edison abrió los micrófonos a la comunidad para que realizaran denuncias, entre otras, sobre irregularidades en la administración municipal. Edison siempre fue una persona muy crítica frente a la administración local de Puerto Berrío, situación que quedó evidenciada en las múltiples denuncias que realizó ante la Fiscalía y la Procuraduría sobre presuntos actos de corrupción.
Posterior a estos hechos este periodista tuvo que vivir la persecución, estigmatización, el acoso, las amenazas y ofensas por parte de anónimos y también de funcionarios de la administración de Puerto Berrío.
De forma despectiva, el alcalde, Robinson Baena, apodaba a Edison como “El enano” haciendo alusión a su baja estatura. Incluso, el alcalde llegó a afirmar en los medios de comunicación que él y sus colegas debían ser eliminados. A pesar de esto, el periodista continuó con sus denuncias.
Pese a la solicitud de la familia, la FLIP y varias organizaciones de libertad de expresión el caso se remitió a la Dirección Derechos Humanos de la Fiscalía en Medellín, y después de dos años de averiguaciones para encontrar a los responsables de los hechos, la investigación no ha dado frutos y carece de personas vinculadas.
A dos años de completa impunidad, la FLIP y la familia del periodista hacen un llamado a la Fiscalía para redoblar esfuerzos con el fin de individualizar y sancionar a los(as) responsables y hacen eco de lo dicho por la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en su más reciente informe sobre violencia contra periodistas, donde establece que “la Corte Interamericana ha destacado que la obligación de debida diligencia implica que las investigaciones penales agoten todas las líneas lógicas de investigación”.
