Fundación para la Libertad de Prensa - FLIP
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La FLIP alerta y expresa su preocupación por la censura que están sufriendo quince medios de comunicación como consecuencia del paro armado declarado por el Clan del Golfo. Periodistas de Antioquia y Córdoba han sido amenazados y hostigados por miembros de este grupo armado, que exige que no circule información sobre lo que sucede en los municipios afectados.
Las amenazas iniciaron anoche, 4 de mayo, cuando miembros del Clan del Golfo le exigieron difundir un panfleto a dos emisoras comunitarias del Bajo Cauca antioqueño. Como medida de autoprotección ante la falta de garantías de seguridad, las seis emisoras comunitarias de la región decidieron dejar de transmitir su señal hasta que el paro armado termine.
En Montería, esta mañana tres hombres, presuntamente miembros del Clan del Golfo, amenazaron con incendiar la planta transmisora si no dejaba de emitir señal. Esta planta sirve a seis emisoras en Córdoba, Sucre, Atlántico, Antioquia y Bolívar. La planta tuvo que ser apagada y las emisoras permanecerán sin señal por al menos cuatro días.
A esto se suma la amenaza que recibió un periodista de Córdoba, que salió a hacer cubrimiento en vivo y, como consecuencia, fue seguido por un hombre que lo intimidó con un arma de fuego. Según este mismo periodista, ninguna emisora de la ciudad está dando información relacionada con el paro armado. En Urabá, Antioquia, otros dos periodistas que realizaban reportería sobre el paro fueron hostigados por hombres armados que dispararon al aire para intimidarlos y obligarlos a dejar de grabar.
Esta censura directa afecta a la población, que se privará de tener información local durante el tiempo que el paro armado se mantenga. Además, también es preocupante la seguridad de los y las periodistas de los medios de estas regiones, que ya han sido amenazados y hostigados por intentar publicar noticias del paro.
Esta situación es muy preocupante, especialmente si se tiene en cuenta que el inicio de este 2022 ha sido uno de los más violentos para la prensa en la última década: en los primeros cuatro meses la FLIP ha documentado 199 casos de ataques a la prensa. También evidenciamos una relación entre los ataques y los temas que cubren los periodistas: en 52 casos los periodistas agredidos cubren temas relacionados con el conflicto armado. En total, en el 2022 la FLIP ha registrado en todo el país cuarenta agresiones a la prensa realizadas por actores armados ilegales
El departamento de Arauca es ejemplo de este recrudecimiento de la violencia. En los primeros cuatro meses de este año registramos 39 agresiones, en contraste con las 24 de todo el 2021; la mayoría de los ataques en este departamento provienen de grupos armados ilegales.
El periodismo se enfrentó a una situación similar en el 2018, cuando un paro armado decretado por el EPL en el Catatumbo, Norte de Santander, silenció a varios medios de comunicación en la región. Con este antecedente, se hace necesario que se tomen medidas para enfrentar esta censura.
La FLIP hace un llamado al Ministerio de Defensa para que incluya dentro de las estrategias de protección planes focalizados para garantizar la seguridad de los y las periodistas de los departamentos en los que se está desarrollando el paro armado. También pedimos a las gobernaciones de Antioquia y Córdoba que discutan dentro de los consejos de seguridad acciones concretas para proteger a la prensa. Por último, instamos a la Unidad Nacional de Protección para que tenga en cuenta estos hechos dentro de las evaluaciones de riesgo de los y las periodistas que ya cuentan con protección, con el fin de reforzar o implementar medidas que salvaguarden su vida e integridad.
Una vez firmado el Acuerdo Final para la terminación del conflicto y la consolidación de una paz estable y duradera, el 24 de noviembre de 2016, desde la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) expusimos en nuestra agenda de libertad de prensa y paz los puntos del acuerdo relativos a medios de comunicación y libertad de expresión con consideraciones sobre cómo y cuándo se podrían implementar. Cinco años después, analizamos qué ha ocurrido frente a tres puntos fundamentales para la construcción y fortalecimiento del ecosistema de medios en Colombia:
Los tres puntos expuestos y analizados en este documento, tienen que ver con el aporte de los medios de comunicación en la materialización de la paz. La comunicación comunitaria, por ejemplo, es fundamental para tejer lazos en los territorios. La apertura ineludible de convocatorias para que existan nuevas emisoras comunitarias en Colombia es un paso positivo, pero sin acciones de fondo que brinden a estos proyectos radiales garantías para poder funcionar y sostenerse en el tiempo, su propósito desafortunadamente se desdibuja.
Pueden consultar el informe completo aquí
Por otro lado, las emisoras de paz son una muestra de que el Estado sí puede articularse e imprimir suficiente voluntad política para implementar el Acuerdo. Llevar la pedagogía sobre la paz a los territorios a través del medio de comunicación con mayor alcance nacional, la radio, y promover espacios para que estos asuntos se discutan localmente es un paso adelante. Pero persisten las dudas sobre la representatividad de los diferentes actores en las emisoras y de qué ocurrirá con las emisoras después de cumplidos los años que el Acuerdo dispone para su funcionamiento.
El último y tercer punto sobre publicidad oficial no da cabida para mayor análisis pues ha sido un asunto desatendido en la implementación del Acuerdo. Las garantías para la paz pasan también por garantizar que instrumentos como la publicidad oficial no se utilicen para fines ajenos a los de informar a la ciudadanía, como silenciar a los críticos o direccionar líneas editoriales a través de la presión económica.
Las emisoras comunitarias tienen el reto de ejercer su labor informativa en medio de difíciles situaciones de riesgo y acciones de censura como ataques a su infraestructura, amenazas directas a sus comunicadores y presiones administrativas. Adicionalmente, con la implementación de los acuerdos de paz, las radios comunitarias han tenido el reto de informar en medio de transformaciones en sus territorios como las iniciativas de la sustitución de cultivos, la reintegración de los excombatientes de las FARC, la reestructuración de los poderes políticos locales y la reorganización de los grupos al margen de la ley.
De acuerdo a lo anterior, la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) y la Red Cooperativa de Medios de Comunicación Comunitarios de Santander (Resander) han creado, con el apoyo de la Unión Europea y el Fondo Fiduciario para la paz, este manual de autoprotección, con el fin de que las emisoras comunitarias establezcan medidas preventivas para el ejercicio de su labor.
Aquí puede ver en línea el manual.
Abril de 2021
En abril del 2021, como parte de Conectando Caminos por los Derechos, la FLIP retoma y vuelve a difundir este manual con el fin de que las emisoras comunitarias y los otros medios de comunicación fortalezcan sus medidas de autoprotección y el trabajo a través de sus redes comunitarias, para así monitorear la situación de seguridad de sus comunicadores.
Las emisoras comunitarias desempeñan un papel fundamental en los territorios, debido a que son el espacio en el que la comunidad puede encontrarse para compartir sus necesidades y problemáticas a través de un micrófono abierto. Además, en zonas fronterizas juegan un papel fundamental en la transmisión de información de interés público.
Conectando Caminos por los Derechos promueve la justicia y los derechos humanos para migrantes de Venezuela, colombianos retornados y población receptora en Colombia. Conectando Caminos por los Derechos trabaja por la seguridad ciudadana, porque todos los miembros de la sociedad tienen derecho a vivir libres de crimen y violencia, sin distinción de su estado legal en el país. Conectando Caminos por los Derechos es un programa financiado por USAID e implementado por el consorcio integrado por Pact, ABA ROLI, Freedom House e Internews. En Conectando Caminos por los Derechos, la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) implementa el proyecto Periodismo en frontera: Fortaleciendo Capacidades para periodistas migrantes y combatiendo el silencio sobre particularidades de la migración en Colombia.
La Fundación para la Libertad de Prensa -FLIP- expresa su preocupación por el cierre de siete emisoras en la ciudad de Pasto, departamento de Nariño.
El pasado jueves 17 de mayo, la Fiscalía Seccional Nariño, con apoyo de la Sijín, allanó tres emisoras indígenas y dos campesinas de zonas rurales de Pasto. Además, sus equipos de funcionamiento fueron incautados. Las tres emisoras indígenas afectadas son La Voz de Obunoco, Quilla Huirá Stereo de Catambuco, y La Voz Quillasinga de Mocondino. Los otros dos medios sellados son Chuquimarca Stereo y Latina Stereo. Sumado a esto, las autoridades indígenas decidieron apagar otras dos emisoras que funcionaban sin licencias, una en el corregimiento el Encano y otra en La Laguna.
En rueda de prensa, Nelson Andrés Escobar López, director de la Fiscalía Seccional Nariño, afirmó que durante los procedimientos habían dialogado con las autoridades indígenas para evitar el uso de la fuerza. Como resultado, los equipos de transmisión quedaron en custodia de las comunidades indígenas con el compromiso de no utilizarse hasta no tener los permisos para el uso del espectro. “Al desarticular esas emisoras logramos sellar, conjuntamente con la Policía Nacional, esos focos ilegales de radiodifusión. Teniendo en cuenta que hay que hacer respetar la legalidad”, puntualizó Escobar.
La FLIP resalta lo inconveniente que resulta referirse en estos términos a medios de comunicación que buscan ejercer legítimamente su libertad de expresión y que durante años han buscado normalizar su situación, sin encontrar garantías por parte del Estado para hacerlo. En este sentido, la FLIP también expresa su preocupación por las dificultades que enfrentan los propietarios de las emisoras de Pasto para obtener las licencias de funcionamiento.
En 2013, el Ministerio del Interior creó la “Mesa Regional Permanente de concertación para el Desarrollo Integral de los Pueblos Pastos y Quillacingas”. Uno de los acuerdos a los que se llegó fue la legalización de 32 emisoras indígenas. No obstante, según algunas fuentes consultadas por la FLIP, personas particulares interpusieron denuncias ante la Fiscalía con el fin de sellar estos medios de comunicación. El taita Efrén Achicanoy -gobernador del pueblo Obonuco- afirmó que ha habido negligencia del MinTIC para la legalización de estas emisoras.
Esta situación es problemática ya que a los ciudadanos de Pasto se les ha limitado su derecho a acceder a una diversidad de medios de comunicación. Según datos de Cartografías de la Información, en la ciudad funcionan 17 emisoras legales, de estas, tres son oficiales: RTVC Pasto, Radio Universidad UDENAR y la emisora de la alcaldía. El panorama refleja que en este momento en Pasto no hay ninguna emisora indígena o campesina al aire.
La FLIP expresa su preocupación por el debilitamiento de la pluralidad en los medios de comunicación de Pasto. Esta situación afecta directamente la libertad de información y silencia la voz de comunidades valiosas para la democracia.
La FLIP hace un llamado al MinTIC para que garantice el principio de diversidad y pluralismo en los medios de comunicación a la hora de tomar decisiones tan restrictivas que no garantizan la operación. Es necesario que se estimule el desarrollo de los medios de comunicación de interés público, en especial los que representan los intereses de una población étnica.
La fundación de medios de comunicación es un derecho fundamental protegido expresamente como parte del derecho a la libertad de expresión por el artículo 20 de la Constitución. Este derecho no sólo genera la obligación del Estado colombiano de respetar la creación y la operación de medios de comunicación creados por sus ciudadanos. Además, los Estados deben tomar acciones para incentivar y hacer posible la creación de medios, en especial cuando dichos medios den voz a grupos que han sido tradicionalmente marginalizados o excluidos. En este sentido, y según la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión, los Estados están obligados a adoptar medidas “para revertir o cambiar situaciones discriminatorias existentes que comprometan el goce y ejercicio efectivo del derecho a la libertad de expresión de ciertos grupos, en condiciones de igualdad y no discriminación”1.
El Estado debe crear las condiciones para que estos sectores sociales puedan operar legalmente, lo que, en el caso de la radiodifusión sonora, exige la apertura de procesos de concesión de licencias para el uso del espectro radioeléctrico. Además de los estándares interamericanos que apuntan en este sentido, el Estado colombiano tiene también esta obligación específicamente en relación con los grupos étnicos a partir de la Ley 335 de 1996, la cual dispone en el parágrafo segundo de su artículo 20 que el Estado debe garantizar a los grupos étnicos el acceso permanente al uso del espectro y la creación de medios de comunicación propios.
La inacción del Estado colombiano en relación con las emisoras indígenas de la ciudad de Pasto no solo viola el derecho de los periodistas de fundar medios de comunicación y de expresarse a través de ellos. También vulnera el derecho de las audiencias a contar con medios de comunicaciones plurales, que ofrezcan mayor diversidad en los contenidos.
1.RELE, Informe Anual 2008.
La Fundación para la Libertad de Prensa -FLIP- rechaza los señalamientos que emitió un teniente de la Policía en contra de la emisora Manantial Stereo 98.2 de Convención, Norte de Santander.
Ayer, sábado 14 de abril, el gerente de la emisora Manantial recibió constantes llamadas y mensajes por Whatsapp por parte de miembros del Ejército Popular de Liberación (EPL) obligándolo a leer al aire dos comunicados. Debido a las presiones, el director de la emisora decidió leerlos haciendo énfasis en que el grupo ilegal los había obligado. En los dos documentos se habla de un paro armado y se hacen algunas consideraciones por los conflictos entre el ELN y el EPL.
Además de este medio, otras emisoras de municipios del Catatumbo también se vieron obligadas a leer los comunicados. Otros medios de la región pueden estar en las mismas condiciones de Manantial Stereo.
El director de la emisora informó a la FLIP que, después de que se leyeran los comunicados, el teniente Quintero -comandante de estación de Convención- lo llamó y le reclamó por lo sucedido. Según el periodista, el teniente le dijo que la emisora estaba haciendo apología a la guerrilla y que eran facilitadores de los grupos armados. Adicionalmente, le reclamó porque, según él, la emisora cerraba las puertas a la Policía pero las abría al delito.
La FLIP rechaza estos hechos y condena los señalamientos del teniente Quintero. Acusar a un medio de tener vínculos con organizaciones criminales puede generarle riesgos al equipo periodístico. Esto en especial en una región como el Catatumbo, que se ha caracterizado por no tener garantías para el ejercicio periodístico.
A pesar de que el Mayor William Moyano, comandante del Segundo Distrito de Policía, afirmó a la FLIP que no existen órdenes de estigmatizar a la prensa, para la Fundación estos señalamientos son preocupantes. No es posible que en medio del conflicto entre grupos armados y la fuerza pública, los acusados de delinquir sean los periodistas.
Es tarea de la Policía Nacional garantizar la seguridad de los ciudadanos, en especial en medio del conflicto, y no señalar injustamente a la prensa que cumple su deber de informar. En un Estado democrático se espera que las autoridades tengan en cuenta el contexto del conflicto y sus declaraciones nunca pueden ir en contra de los estándares de libertad de expresión.
La FLIP solicita al área de Derechos Humanos de la Policía Nacional que investigue esta grave situación y tome las sanciones pertinentes. Adicionalmente, la FLIP exige garantías plenas para el ejercicio periodístico en la región del Catatumbo.
Por otro lado, la FLIP rechaza la actitud del EPL a la hora de presionar e incluso amenazar a la prensa para que sus comunicados sean leídos al aire. Los actores armados no pueden poner en riesgo a los reporteros ubicándolos en medio del conflicto.
La Fundación para la Libertad de Prensa -FLIP- condena el ataque que sufrió la emisora Colón Stereo, de Colón, Putumayo.
En la tarde del pasado 3 de marzo, los transmisores de la emisora comunitaria de Colón fueron incinerados por desconocidos. El director de la emisora, Jesús Antonio Caicedo, estaba realizando el programa “Fiesta sabatina" en el corregimiento de San Pedro. Cerca de las 5:30 de la tarde, los transmisores dejaron de funcionar. Al llegar al lugar donde están ubicados, fuera del municipio de Colón, Caicedo los encontró completamente quemados.
Por la forma en la que fueron incendiados los equipos, se podría deducir que el ataque fue planeado. Según Caicedo, a través de las rejillas de ventilación fueron introducidas hojas secas y musgo que fueron prendidas con leña.
Según conoció la FLIP, agentes de la policía capturaron a un hombre que aseguró ser el autor material de los hechos. Al parecer, el hombre habría afirmado que quemó los transmisores porque no le gustaba la música que ponían en la emisora. Sin embargo, de acuerdo con información que conoció la Fundación, este hombre aparenta un comportamiento anormal y está siendo evaluado por psiquiatría.
La emisora comunitaria lleva 21 años al aire en Colón. Tienen programas musicales,magacines informativos y de opinión. En este momento la emisora no puede transmitir su programación habitual debido al ataque.
A pesar de que al supuesto agresor se le están haciendo valoraciones psiquiátricas, la FLIP invita a la Fiscalía General de la Nación a que investigue con celeridad los hechos. Además, la Fundación solicita al ente judicial que tenga como hipótesis principal que el daño contra la infraestructura del medio puede tener relación con el ejercicio informativo de la emisora.
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