La libre prensa y la libre expresión han estado bajo fuego en los últimos años en Colombia. Sólo mencionar unos pocos de los ataques a periodistas y medios colombianos del último lustro dan cuenta de ello: un cilindrazo contra un canal de televisión, el asesinato de tres periodistas de una emisora radial en Florencia, Caquetá, en el espacio de siete meses y las amenazas de muerte contra cinco de sus colegas caqueteños que los forzaron al exilio; el ataque a bala, deliberado, a un grupo de cinco periodistas que cubrían enfrentamientos del Ejercito con las milicias guerrilleras en las comunas de Medellín y la censura impuesta por el alcalde de Barranquilla a un periodista y a un medio porque no le era de su agrado.
Mucho se ha escrito y protestado por estos hechos. Sin embargo, no se conocen a fondo las condiciones que llevaron al país a desembocar en semejante intolerancia frente a la libertad de información. ¿Por qué un funcionario público, un jefe de un frente guerrillero o de las autodefensas, un político, un empresario privado, o casi cualquier ciudadano se siente en Colombia con el poder de decidir qué se puede publicar y qué no según sus intereses particulares?¿Cuáles son las consecuencias para la sociedad colombiana cuando esto sucede con tanta generalidad? ¿Cómo puede afectar a la democracia?
