Fundación para la Libertad de Prensa - FLIP

La FLIP tuvo acceso a documentos filtrados que revelan que el Estado utiliza —y planea adquirir— tecnologías y software espías para vigilar la actividad en línea y recolectar información del espacio público virtual. Las fuerzas militares justifican estas prácticas supuestamente para proteger la “seguridad nacional” sin reconocer que vulneran los derechos humanos. El uso indiscriminado y masivo de estas herramientas tecnológicas en contra de periodistas, medios de comunicación y cualquier persona con presencia digital en el país afectan la libertad de expresión y la privacidad.

Estas actividades se institucionalizaron en 2019, en el Manual de técnicas militares para el monitoreo de fuentes abiertas, un documento reservado que incluye los lineamientos para la inteligencia sobre fuentes abiertas y la vigilancia de contenidos que periodistas y medios publican sobre las instituciones de las fuerzas militares. Para ello, utilizan programas que analizan las redes sociales, monitorean publicaciones, verifican imágenes, rastrean correos, obtienen geolocalizaciones, buscan personas y extraen información sensible.

A pesar de las decisiones judiciales que protegen la libertad de expresión en Colombia, el Estado ha hecho caso omiso y ha adquirido y empleado tecnologías aún más invasivas y sofisticadas para continuar con sus labores de vigilancia, espionaje, recolección de datos, perfilamiento y ciberpatrullaje. Y pretenden hacerlo a largo plazo, ya que según el Plan de Adquisiciones del 2023, el Comando General de las Fuerzas Militares tiene la intención de adquirir herramientas cada vez más novedosas, como un sistema de ciberinteligencia basado en inteligencia artificial. Esto sin escatimar en el presupuesto, pues el costo de tal procedimiento supera los 3.500 millones de pesos y, por otro lado, ha tercerizado actividades de vigilancia en contratos que alcanzan los 35 millones de pesos. 

Una de las periodistas afectadas por estas acciones de inteligencia es María Alejandra Villamizar, quien se volvió objeto de estas vigilancias luego de que en 2019 entrevistara al comandante del ELN, Pablo Beltrán. El Ejército argumentó que el espionaje era para, supuestamente, obtener información relacionada con la fuente de la reportera; sin embargo, también recolectaron datos privados como números de teléfono, su historial académico y laboral, e incluso, datos de su matrimonio y fotos de su carro.

La FLIP accedió a un documento reservado que reveló varias inconsistencias y omisiones en este caso. Una investigación hecha por la Inspección General de las Fuerzas Militares, en 2021, confirmó que la fuerza pública abusó de sus capacidades y que las actividades de búsqueda y de inteligencia se realizaron sin la operación de los superiores. Así mismo, se desviaron de su propósito inicial, pues fue empleada en contra de personas que no constituyen una amenaza real, como las y los periodistas. 

Esto demuestra que el Ejército no realiza estudios sobre el impacto que tienen estas tecnologías en los derechos humanos, pues aseguran que la información en el espacio electromagnético está disponible para su uso y que está relacionada con fenómenos de criminalidad descritos en los planes de operaciones. Además, el Ejército no revela la información de sus auditorías internas sobre la inteligencia militar ni le informa a quienes perfila sobre tales actividades.

Conozcan aquí la investigación completa

A su vez, el Estado celebró millonarios contratos para vigilar a medios de comunicación y las redes sociales. El Estado contrató a la empresa MYMCOL S.A.S. por 35 millones de pesos para analizar, monitorear y hacer inteligencia permanente a medios de comunicación nacionales, regionales e internacionales. Entre ellos se encuentran las cadenas básicas de RCN y Caracol, La W, La FM, El Tiempo, El Espectador, La República, La Patria (Manizales), El Universal (Cartagena), Revista Semana, La Silla Vacía, Canal Uno, CNN, The New York Times, Le Monde, entre otros. Este monitoreo inició en 2019 y se ha hecho de manera continua —las 24 horas del día y de lunes a domingo— y ha identificado los temas que marcaron tendencia o que están relacionados con el sector Defensa y las fuerzas militares. Además, la fuerza pública etiqueta a los medios y a sus contenidos con calificativos como “positivo”, “negativo” o “neutro”, bajo sesgos arbitrarios y que promueven la estigmatización de la prensa. Algo similar ocurrió en 2019, cuando el Estado perfiló a más de 400 cuentas de Twitter, entre las que había periodistas.

Es evidente que las autoridades minimizan los impactos sobre los derechos humanos de las personas que están bajo el monitoreo de fuentes abiertas, en especial cuando recae en las y los periodistas que informan acerca de asuntos de interés público. Distintos organismos internacionales, como Naciones Unidas o la Corte Interamericana de Derechos Humanos han reiterado que la vigilancia indiscriminada vulnera los derechos de las personas y afecta su vida privada. Por su parte, el Consejo de Estado ha alertado que las labores de inteligencia vulneran las garantías de la prensa y promueven la estigmatización.

Es urgente que la sociedad colombiana discuta la posibilidad de promover ajustes normativos y una política pública que regule el uso de la inteligencia sobre fuentes abiertas, en cuanto a los procedimientos, los estándares sobre recolección de datos y los límites de la vigilancia en línea contra grupos sociales determinados, como la prensa. Esto es importante, ya que el marco jurídico no precisa los alcances de la vigilancia en línea y la Ley de Inteligencia no define de manera legal la duración ni los límites del monitoreo cuando se trata de “fuentes abiertas de información”. Además, las autoridades deben garantizar la transparencia sobre la adquisición de tecnologías con capacidad de vigilancia.

Por ello, la FLIP le solicita al Presidente de la República y al ministro de Defensa que emprendan acciones para asegurar que las actividades de inteligencia cumplan con los estándares de derechos humanos, sobre todo aquellas relacionadas con la información que circula en Internet. Así mismo, es importante garantizar la no repetición de actividades perfilamientos y vigilancia indiscriminada, y que las fuerzas militares prescindan de la vigilancia y evaluación de contenidos periodísticos bajo parámetros de guerra.

El Consejo de Estado, en segunda instancia, confirmó la responsabilidad del Estado colombiano por las vigilancias ilegales a la periodista Claudia Julieta Duque. Destacó que se trató de “una violación a derechos humanos, en un hecho en el que participaron funcionarios del extinto DAS y que, faltando a sus deberes funcionales se comprometieron e involucraron con este tipo de conductas absolutamente reprochables”. Esta decisión es un paso trascendental en la búsqueda de justicia que por veinte años ha realizado la periodista, y se constituye en el primer caso en el que se reconoce la responsabilidad del Estado por los perfilamientos a periodistas. 

Los hechos se remontan a 2001, cuando Duque investigaba el asesinato del periodista Jaime Garzón, cometido el 13 de agosto de 1999. La vigilancia, la tortura y la estrategia de terror organizadas por el Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) en contra de Duque buscaban que ella desistiera de su investigación sobre el homicidio de Garzón y se autocensurara para encubrir la responsabilidad del Estado en ese crimen. Entre el 2001 y 2010 la periodista fue secuestrada, vigilada, amenazada y torturada psicológicamente, por lo que se vio obligada a exiliarse con el fin de salvaguardar su vida y la de su hija. 

En marzo del 2020, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, en decisión de primera instancia, consideró que el Estado había sido responsable de las agresiones contra Claudia Julieta Duque. Ahora, dos años después, el Consejo de Estado confirmó la responsabilidad del Estado por la grave violación a los derechos humanos de la periodista por motivo de las vigilancia ilegales de las que fue víctima.

En esta nueva sentencia, se declaró la responsabilidad del DAS ya que “cada uno de los funcionarios involucrados en las actuaciones ilegales adelantadas en contra de la señora Duque Orrego actuaron invocando su autoridad”. Además, se probó que estos no fueron hechos aislados sino que hicieron “parte de una cadena de hechos delictivos cometidos durante meses, e incluso años (..) sin que hubiese existido algún tipo de control efectivo de parte de la institución demandada, tanto así, que varios directores se encuentran procesados como autores de los hechos”. En otras palabras, el Estado es responsable tanto por las vigilancias ilegales perpetradas por sus agentes, como por incumplir su deber de control respecto a las actividades de los agentes del Estado. 

Esta decisión es un precedente significativo, pues sienta bases para casos donde se estudie la responsabilidad del Estado en otros hechos de perfilamientos, como el denunciado en el 2020 por la Revista Semana en el que funcionarios del Ejército perfilaron a por lo menos a cuarenta periodistas.

Desde la FLIP, celebramos la decisión adoptada por el Consejo de Estado, ya que no solo es un aliciente para Claudia Julieta, un reconocimiento a su valentía, esfuerzo y dedicación para superar la impunidad en su caso, sino también un mensaje sobre la contribución que desde la labor periodística se brinda en investigación de graves violaciones a los derechos humanos, y la necesidad de proteger a los y las periodistas que adelantan estas investigaciones.

El 3 de mayo se celebra el Día Mundial de la Libertad de Prensa. Con el lema de "Periodismo bajo el asedio digital", UNESCO pretende que se haga especial énfasis este año en las numerosas y nuevas amenazas digitales a las que se enfrentan los periodistas, y exige respuestas de todas las partes interesadas.

Colombia no ha sido ajena a estas agresiones. En el 2020, se conoció que el Ejército habría realizado perfilamientos ilegales  a periodistas; desde entonces los avances en la investigación de este caso han sido muy pocos. También en 2021 durante el paro nacional, el Ministerio de Defensa y la Policía iniciaron acciones de ciberpatrullaje para combatir lo que, según ellos, son noticias falsas que circulan en Internet.

Lea acá la declaración de la directora general de UNESCO con motivo del Día Mundial de la Libertad de Prensa.

La FLIP participará de la jornada de foros programados por UNESCO para conmemorar este día. Por un lado, María Paula Martínez, asesora de dirección, estará el 3 de mayo a las 4:15pm (hora Colombia) como ponente en el evento regional: Navegando la Infodemia con Alfabetización Mediática e Informacional. Y por otro lado, Jonathan Bock estará el 4 de mayo, a las 8:00 am (hora Colombia) como invitado en el panel sobre últimas tendencias en la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre libertad de expresión, libertad de prensa y seguridad de los periodistas.

Pueden consultar toda la agenda de UNESCO e inscribirse a estos y a los demás eventos acá. 

It has been a year since Semana Magazine revealed that the Army used its intelligence resources to surveil and profile more than thirty national and international journalists. The folders contained personal, work, family, friends, and colleagues data. After the report of Semana, we came to know on other fourteen cases at FLIP. Despite the stir the news caused, today is little we know about the contents of those folders.

In addition, there is a lack of consensus between the Attorney General’s Office and the Office of the Prosecutor on the list and the number of persons included, since the former identified 29 persons and the members of four organizations and one media outlet as victims; while the Office of the Prosecutor assured that only twenty people had been the victims. Nor is it known what the filing of charges were made by the Attorney General's Office toward the thirteen military personnel who would have made illegal use of the Army's computer intelligence to carry out these surveillance.

At FLIP, we had access to the testimonies of some of the journalists who were victims of these illegal profiling, to know the individual and collective impact that these actions of intimidation and stigmatization generated on journalistic work.

Find out what is known about this case on page 9 of Páginas para la libertad de expresión PDF. You can view or dowload here.

Ha pasado un año desde que Revista Semana reveló que el Ejército hizo uso de sus recursos de inteligencia para vigilar y perfilar a más de treinta periodistas nacionales e internacionales. Las carpetas contenían datos personales, laborales, familiares, de amigos y colegas. Después de la denuncia de Semana, en la FLIP conocimos catorce casos más. A pesar del revuelo que causó la noticia, hoy es poco lo que sabemos sobre el contenido de esas carpetas.

A esto se suma la falta de consenso entre la Procuraduría y la Fiscalía sobre la lista y el número de personas allí incluidas, pues la primera identificó como víctimas a 29 personas y a los miembros de cuatro organizaciones y un medio de comunicación; mientras que la Fiscalía aseguró que tan solo veinte personas habían sido las víctimas. Tampoco se sabe cuál fue la formulación de cargos hecha por la Procuraduría General de la Nación hacia los trece militares que habrían hecho uso  ilegal de la inteligencia informática del Ejército para realizar estos seguimientos. 

Desde la FLIP, tuvimos acceso a los testimonios de algunos de los periodistas víctimas de estos perfilamientos ilegales, para conocer el impacto individual y colectivo que generaron estas acciones de intimidación y estigmatización a la labor periodística.

Entérense de lo que se conoce de este caso en la página 9 del PDF de Páginas para la libertad de expresión. Puede acceder al documento PDF o descargarlo aquí.