Fundación para la Libertad de Prensa - FLIP

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La FLIP alerta sobre la desprotección de los y las periodistas en el sur del departamento de Córdoba, luego del asesinato del periodista Rafael Moreno, ocurrido en Montelíbano. La semana pasada, la Fundación realizó una misión a esa región y constató que el Gobierno Nacional no ha realizado acciones contundentes para cumplir su obligación de procurar seguridad a los y las periodistas. La prensa de esta región se enfrenta a las dificultades de informar en una zona violenta, con presencia del Clan del Golfo, y en la que funcionarios públicos estigmatizan a quienes hacen denuncias e investigación. 

El silencio del Gobierno Nacional, tras el asesinato de Moreno, ignora las demandas de rechazo público de la violencia contra la prensa de organismos internacionales, como la Organización de Naciones Unidas (ONU) y la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión (RELE), que piden una respuesta para prevenir la violencia contra periodistas y la impunidad de estos crímenes. Para la FLIP, este desinterés refleja la falta de voluntad política para atender las necesidades urgentes de la prensa.

Los esfuerzos locales también son insuficientes frente al alto nivel de riesgo de los y las comunicadores en la región, que luego del homicidio de Moreno han seguido recibiendo amenazas. Aunque la Gobernación envió un mensaje de apoyo a la prensa local, aún no se conocen acciones específicas para proteger la vida de los y las periodistas. La FLIP pudo constatar que la Policía y la Secretaría de Gobierno de Montelíbano solo tienen contempladas medidas reactivas. Las y los periodistas de la región también le manifestaron a la FLIP su preocupación por las dilaciones de la Defensoría del Pueblo y la Personería en el trámite de las denuncias por amenazas para activar las rutas de protección.

Las autoridades no solo han tomado una actitud pasiva para proteger a la prensa, sino que algunas oportunidades la han atacado mediante estigmatizaciones. Semanas antes del homicidio, Rafael y otros periodistas que investigaban temas de corrupción, fueron estigmatizados por Miguel Rivera, coordinador de conciliadores en Equidad para la Paz de Puerto Libertador. El funcionario publicó en sus redes sociales un mensaje en el calificaba a los comunicadores de “extorsionistas”, “vividores de redes” y “limosneros con escopeta”. Frente a estos hechos no hubo ninguna reacción del Ministerio Público. 

Por otro lado, el Comité de Evaluación de Riesgo y Recomendación de Medidas (CERREM) y la Unidad Nacional de Protección (UNP) todavía no aclaran, como lo pidió la RELE, el motivo por el que no se fortalecieron las medidas de protección de Moreno, aún cuando había un incremento en las amenazas. Sobre esto, distintas fuentes le dijeron a la FLIP que Rafael Moreno estuvo sin escolta desde septiembre de 2021, hasta inicios de octubre de este año, es decir, una semana antes de su asesinato.

La Fiscalía General de la Nación tampoco le ha notificado a la familia de Rafael Moreno sobre ningún avance en la investigación, ni tampoco les ha solicitado más información para avanzar en el caso. La pronta investigación y captura de los autores materiales y determinadores es esencial para la desactivación del riesgo de otros comunicadores que investigan temas similares a los que cubría Moreno.

El asesinato de comunicadores por motivos que podrían relacionarse con su labor periodística constituye la violación más severa del derecho a la libertad de expresión. Por eso, hacemos un llamado al Ministerio de Interior y de Defensa para que lideren esfuerzos en articulación con la Gobernación y las alcaldías locales y, así, adoptar medidas de seguridad que atiendan a la necesidad de protección para los y las periodistas en la región. Desde la FLIP seguiremos haciendo el seguimiento de este caso para que no quede impune, pues esto fomenta la reiteración de violencias y el silenciamiento.

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El 21 de octubre de 1999, desconocidos ingresaron a la residencia del periodista Rodolfo Julio Torres, lo secuestraron, y al día siguiente, su cadáver fue hallado en el corregimiento Rincón del Mar, en el municipio de San Onofre, Sucre. Rodolfo trabajó en Radio Caracolí, Estación Fuentes y al momento de su muerte era el corresponsal de Sucre del periódico El Meridiano. Como periodista, Rodolfo realizaba reportajes sobre las irregularidades de la administración local y temas de corrupción.

Durante la década de los noventa y los 2000, San Onofre estuvo sometido al control del Bloque Héroes de los Montes de María,  de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC). En esos años, el jefe paramilitar Rodrigo Mercado Pelufo, alias “Cadena”, estableció el orden social, su propia justicia y sanciones para quienes se atrevieran a incumplir sus órdenes. Durante más de una década esta zona de Sucre guardó silencio ante las atrocidades cometidas por los paramilitares. 

Toda esta situación le indignaba al periodista Rodolfo Torres, que además de la violencia, también tenía que convivir con la corrupción. Edwin Balseiro, primo del comunicador, recuerda que “él era bastante inquieto, le gustaba mucho el trabajo con comunidades y ayudar a las personas en cuestiones sociales”. Así, Torres desde su labor periodística denunció la presencia de grupos de autodefensa y paramilitares, e hizo veeduría a la administración local de Yamil Blanco Blanco (1995-1997) y de Luis Salaiman Fayad (1998-2000). Por esto, su trabajo fue estigmatizado y Torres fue catalogado por los paramilitares como enemigo, ya que supuestamente era auxiliador de la guerrilla.

Aunque Torres nunca cedió ante las amenazas y hostigamientos, fue asesinado por desconocidos el 21 de octubre de 1999. “En la camisa que tenía puesta ese día le escribieron sapo”, menciona Balseiro. Y entre nostalgia e impotencia, recuerda cómo le fue arrebatada la persona que le estaba enseñando a ser locutor y a redactar. 

El día del homicidio, la comunidad también perdió a un líder. “Se perdió una voz bastante importante, él era el vocero de la comunidad. En ese momento, era la voz que daba a conocer al país lo que estaba sucediendo en la región y con su asesinato hubo un silencio total. Nadie se atrevía a decir nada que pudiera catalogarse como un ataque a los grupos que operaban en ese tiempo en esta zona”, afirma Balseiro.


El 21 de octubre de 2019, prescribió la investigación en el caso del asesinato del periodista, lo que quiere decir que la Fiscalía no trabajará más en encontrar a quienes estuvieron involucrados en el crimen. Con la muerte del periodista, los autores materiales e intelectuales del crimen lograron amedrentar y silenciar a la población de San Onofre. 

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Hoy, 14 de octubre, la FLIP presentó un recurso de apelación ante el Tribunal Superior de Florencia, Caquetá, por la decisión de absolver a una mujer señalada de ser cómplice del homicidio del comunicador Luis Antonio Peralta en 2015. Esta acción es un retroceso en la lucha contra la impunidad de los asesinatos de periodistas en Colombia. 

Peralta trabajaba en El Doncello, Caquetá, era el dueño y director de la emisora Linda Stereo, en donde denunciaba la corrupción política del municipio. Las amenazas contra el periodista comenzaron en 2010, cuando desconocidos dejaron una bomba, que fue desactivada, al frente de las instalaciones de la emisora. En febrero del 2015, Peralta fue asesinado por Yean Arlex Buenaventura y aunque ya fue condenado, la posible cómplice del crimen, quien conducía la motocicleta que movilizó a Buenaventura, fue absuelta por falta de pruebas. Según el juez del caso, no se logró probar que ella era la responsable, pues los testigos que presenciaron los hechos no la reconocen.

Sin embargo, para la FLIP, el juez no valoró las pruebas en su conjunto y desestimó un testimonio en el que la procesada le confesó a una amiga los detalles de su participación en el homicidio del periodista. Durante el juicio también se evidenció que la contraparte no tenía un relato consistente sobre lo que la acusada estaba haciendo al momento del asesinato de Peralta, lo que refuerza la teoría de la Fiscalía de que ella participó en el crimen.

Esta decisión, junto con los pocos avances de la Fiscalía para dar con quienes ordenaron el homicidio, dan cuenta del alto riesgo que tiene este caso de caer en impunidad. El Estado tiene la obligación de investigar y judicializar a las o los responsables de asesinatos contra la prensa, porque de lo contrario se envía un mensaje de permisividad hacia quienes ejecutan crímenes contra periodistas.

El homicidio de Peralta impactó en la libertad de prensa del municipio, pues Linda Stereo es uno de los pocos medios locales que existen en El Doncello. Aunque la emisora sigue en funcionamiento gracias a los esfuerzos de los familiares, el no haber judicializado a toda la cadena delictiva involucrada en el crimen puede ocasionar autocensura en las y los periodistas del municipio que tratan temas similares a los que cubría Peralta. Desde 1985 a 2022, en Caquetá han sido asesinados siete periodistas; seis de estos casos están en total impunidad. La cantidad de homicidios en el departamento es alarmante si se tiene en cuenta que para el 2019 solo había 44 medios de comunicación en Caquetá.

Por eso, la FLIP, como representantes de los familiares de Peralta, le pedimos al Tribunal Superior de Florencia que revoque el fallo de absolución contra la procesada y profiera una condena que reconozca los derechos a la verdad, justicia y reparación integral de las víctimas. La Fiscalía también debe ser más efectiva en su investigación para que se pueda capturar y condenar a las o los determinadores del crimen contra el periodista. 

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Esta semana, la Fiscalía identificó y capturó al presunto autor del homicidio de los periodistas Leiner Montero Ortega y Dilia Contreras Cantillo, ocurrido el pasado 28 de agosto en la vía que conduce del corregimiento de Santa Rosa de Lima a la cabecera municipal de Fundación.

La Fiscalía, en las audiencias preliminares de legalización de captura, imputación de cargos y medida de aseguramiento ante el Juzgado Promiscuo municipal de Fundación, le imputó a Carlos Mario Fonseca Ceballos los delitos de homicidio agravado, tentativa de homicidio agravado y porte de armas de fuego. A pesar de que Fonseca no aceptó los cargos, el juez ordenó su detención en un centro carcelario. 

Según conoció la FLIP, las investigaciones de la Fiscalía apuntan a que el crimen podría estar relacionado con una discusión entre el capturado y el periodista Leiner Montero la noche del sábado 27 en el corregimiento de Santa Rosa de Lima. 

Días después de homicidio, la FLIP realizó una misión al municipio de Fundación con el fin de recolectar información de primera mano sobre el asesinato de los periodistas. Durante esta misión, se realizaron entrevistas a casi veinte personas, entre periodistas y autoridades, y es evidente el temor que existe para el ejercicio del periodismo debido a la violencia que se vive en el departamento. Durante este año hemos registrado 14 agresiones en Magdalena, tres de esas ocurrieron en Fundación. 

En sus testimonios, las y los periodistas afirmaron que prefieren no hacer reportería en municipios vecinos y ven necesario cambiar sus agendas informativas para no mencionar temas de violencia, orden público y presencia de grupos al margen de la ley como el Clan del Golfo y Los Pachenca. Esta falta de información sobre temas relevantes marca un vacío profundo para la comunidad.

En este contexto es de suma importancia que la Alcaldía de Fundación en articulación con la Gobernación del Magdalena creen estrategias de fortalecimiento para el periodismo local y prevención de la violencia contra la prensa que incluyan herramientas para la identificación, mitigación  y gestión de los riesgos asociados al oficio periodístico.

La FLIP lamenta este doble homicidio que deja marcas profundas sobre la comunidad y el periodismo y se solidariza con las familias de Leiner Montero y Dilia Contreras. Reconocemos esta captura como un avance en la búsqueda de justicia. Por esta razón, le solicitamos a la Fiscalía que continúe con las investigaciones de manera diligente y logre esclarecer por completo las motivaciones detrás de este crimen.

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La FLIP celebra la decisión, de segunda instancia, del Tribunal Administrativo de Antioquia que declara la responsabilidad del Estado en el caso del homicidio del periodista Edison Molina. Esta decisión se tomó con base en la posición absolutamente pasiva que adoptó el Estado frente a la situación de peligro a la que se enfrentaba el comunicador; además, reconoce la relación del crimen con las denuncias periodísticas que hacía Molina. En primera instancia el juzgado 17 administrativo de Medellín había tomado una decisión en este sentido, pero esta fue apelada por la Fiscalía y la Policía.

Molina fue asesinado el 11 de septiembre del 2013 en Puerto Berrío, Antioquia. Meses antes del homicidio el periodista le había reportado a la Fiscalía las amenazas y agresiones de las que estaba siendo víctima. Sin embargo, esta entidad se limitó únicamente a ordenar que la Policía hiciera rondas de patrullaje; estas acciones fueron implementadas de oficio, pues nunca se hizo un estudio para evaluar el riesgo al que realmente se enfrentaba el comunicador. La Fiscalía tampoco realizó una investigación diligente para encontrar a los autores de las amenazas ni remitió el caso a la Unidad Nacional de Protección. Para el Tribunal, las medidas tomadas “evidentemente no se compadecían con la situación de seguridad” del comunicador.

La sentencia también reconoce que Molina antes de su muerte ejercía como periodista. Durante la investigación del caso, en algunos momentos, los investigadores de la Fiscalía afirmaron que él solo era un líder político, aún cuando la evidencia mostraba que Molina trabajó en la emisora Puerto Berrío Estéreo y realizó más de 60 denuncias sobre distintas irregularidades de la administración municipal. El fallo también reconoce la relación del homicidio con las investigaciones que el periodista llevaba a cabo; así, reitera el impacto individual y colectivo que tienen los asesinatos a la prensa en la libertad de expresión.

El próximo 11 de septiembre se cumplen nueve años del asesinato de Molina. Durante este tiempo, se ha fallado en el desarrollo de una investigación eficaz, impidiendo que se pueda sancionar a los autores del homicidio. El caso de Molina es reflejo de la completa impunidad en la que viven la mayoría de asesinatos contra periodistas en Colombia, donde en casi 8 de cada 10 casos no se ha judicializado a los autores materiales o determinadores. 

Por eso, a finales de marzo, la FLIP le solicitó a la Fiscalía implementar un Comité Técnico Jurídico, que evaluara el avance de la investigación del caso de Molina e identificara las fallas que no han permitido encontrar justicia. Esperamos que esta nueva sentencia del Tribunal Administrativo de Antioquia se traduzca en avances significativos por parte de la Fiscalía en la lucha contra la impunidad.

Por último, el tribunal ordenó que a modo de reparación se realice una ceremonia pública en Puerto Berrío, en la que la Policía y la Fiscalía ofrezcan excusas por no haber protegido debidamente la vida de Molina. También, en el mismo municipio, se deberá llevar a cabo un taller, seminario o cátedra sobre derechos humanos, con especial énfasis en la promoción y respeto por el derecho a la libertad de expresión, garantías de la oposición y defensa de derechos humanos.

Para la FLIP este fallo se posiciona como un importante precedente que debe ser tenido en cuenta por el Estado para establecer lineamientos adecuados sobre la protección a la prensa. Este caso refleja la falta de articulación institucional para atender casos de periodistas que reciben amenazas por razón de su oficio.

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La FLIP lamenta y rechaza el homicidio de los periodistas Leiner Montero y Dilia Contreras, en un corregimiento de Fundación, departamento del Magdalena, ocurrido ayer 28 de agosto. Montero tenía amplio reconocimiento en la región y según fuentes cercanas a él, había recibido amenazas de muerte antes de su asesinato. 

Montero era el director de la emisora Sol Digital y también escribía en la página Leiner Montero - historias, donde publicaba contenido noticioso y denuncias enviadas por la ciudadanía. Por su parte, Contreras se desempeñó como reportera y locutora en RCN Radio en Bogotá, y en Santa Marta en la emisora comunitaria Voces 89.4 FM. Actualmente trabajaba con Montero para narrar las historias que publicaba en su página de Facebook. 

Contreras y Montero estaban realizando el cubrimiento de las fiestas patronales en el corregimiento Santa Rosa de Lima. Según fuentes consultadas por la FLIP, horas antes de su asesinato Montero tuvo una discusión en Santa Rosa y esa persona lo amenazó. Horas después, un desconocido les disparó en la carretera hacia Fundación. Joaquín Gutiérrez, quien también estaba en el vehículo, resultó herido por los disparos y está siendo atendido por personal médico. 

Según conoció la FLIP, en los últimos dos años Montero recibió amenazas en diferentes ocasiones, las más recientes ocurrieron en los últimos seis meses y llevaron al periodista a desinstalar los transmisores de la emisora que había puesto en el municipio.

Este asesinato ha provocado un efecto de zozobra y temor en los demás periodistas del municipio. El departamento de Magdalena es una región especialmente difícil para ejercer el periodismo por la presencia y el dominio de grupos armados como el Clan del Golfo; las tensiones que hay desde distintos sectores hacia la prensa; y las estigmatizaciones y falta de respaldo de las autoridades. Durante este año hemos registrado 14 agresiones en Magdalena, tres de esas ocurrieron en Fundación. 

En la mañana de hoy, lunes 29 de agosto, se está realizando un consejo de seguridad en Fundación con la participación de la Alcaldía, la Policía y la Fiscalía. Además, la FLIP realizará una misión al municipio con el fin de recoger los testimonios para completar la documentación de estos lamentables hechos.

Por su parte, el presidente Gustavo Petro rechazó el crimen y pidió a la Fiscalía que iniciara la investigación para encontrar a los responsables. Este mensaje es importante porque refuerza la obligación que tiene la Fiscalía de incluir en su línea de investigación el oficio periodístico como posible motivación del crimen, sin importar si esto posteriormente es descartado. 

Desde la FLIP expresamos nuestras condolencias y solidaridad con las familias y allegados de los periodistas. Estos crímenes deben ser rechazados por las autoridades y la ciudadanía.

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Rodrigo Vélez Toscano recorría los municipios del Valle del Cauca en busca de historias, trabajaba como periodista y corresponsal del periódico El Caleño. Hoy, hace 33 años, fue asesinado por desconocidos que le dispararon en el municipio de Caicedonia, Valle del Cauca.

Rodrigo era un periodista que perseguía las noticias de orden público  del departamento. De acuerdo con los reportes de la FLIP, el periodista falleció el 1 de junio de 1988 a causa de los impactos de bala. En el hecho también murió el vendedor de chance, Albeiro de Jesús Quintero. 

Hasta la fecha, se desconocen los motivos que llevaron a los sujetos, que ocultaron las armas debajo de sus ruanas, a atentar contra la vida del periodista. En 2008 el proceso quedó archivado. La fallas en el proceso de investigación, llevaron a que no se recolectaran pruebas suficientes, lo que llevó a que el caso prescribiera ante la justicia colombiana sin que nadie fuera judicializado por el crimen. 

Nuestro equipo FLIP no ha podido contactar con colegas o personas cercanas a Rodrigo. Si usted lo conoció o tiene pistas de quiénes pudieron haber tratado con él, puede escribirnos a This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

En la FLIP no olvidamos a los periodistas que han sido asesinados en el país y cuyos casos quedaron sin resolver ante la justicia.

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Durante el programa “Cuando suena el Clarín'', a través de los micrófonos de Radio Manizales, la voz del periodista Jesús José Valencia Castro narraba las corridas del fin de semana. “Pepe Valencia”, como le conocían sus colegas, fue asesinado el 10 de mayo de 1980, víctima de la corrupción política en Manizales, Caldas

José no solo se dedicaba a la radio, también trabajaba en un espacio para la prensa taurina como corresponsal del periódico La Patria. El terremoto del 23 de noviembre de 1979, lo llevó también a solidarizarse con los damnificados de la tragedia y a usar los medios informativos para defenderlos. A esto se sumaron las críticas que hacía sobre las actuaciones de los empresarios taurinos que lideraban las corridas en el Festival Taurino de Manizales. 

Sus reseñas taurinas y sus denuncias contra la élite manizaleña se apagaron hace 41 años, cuando un desconocido le disparó mientras José ingresaba a su casa en el tradicional sector de Los Agustinos. Tras su muerte, la sospecha se dirigió hacia ciertos sectores de la política que pudieron tomar represalias. 

La investigación fue bastante lenta y precaria. Por lo que en 1992, 12 años después, la Procuraduría General de la Nación reveló que las investigaciones en el caso de Jesús José Valencia y de otros diez periodistas asesinados no prosperaron. Según el Ministerio Público, muchos de los crímenes contra periodistas fueron archivados porque los sindicados habían sido absueltos o ni siquiera fue posible determinar quiénes fueron los autores del crimen. 

Y, para el 10 de mayo de 2002, el caso prescribió judicialmente sin que nadie fuera procesado por el asesinato

En la FLIP no olvidamos a periodistas que como José, usaron su voz para denunciar y atender los problemas de su comunidad. 

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En las cabinas de la Emisora ABC de Barranquilla, una voz repicaba con fuerza en los micrófonos, pronunciaba mofas, lanzaba pullas y se le escapaba uno que otro insulto contra la clase política local. El dueño de esa voz era el periodista Carlos Lajud Catalán, asesinado hace 28 años y víctima de la corrupción política.

Una voz independiente 

Raimundo Alvarado, periodista y corresponsal de la FLIP en el Atlántico, recuerda que conoció a Carlos Lajud en 1986 en el Diario del Caribe, donde el periodista se desempeñaba como editor de la sección deportiva. “Era un buen compañero, a veces díscolo por su independencia y esfuerzos por hacer valer sus criterios en el área deportiva, por innovar y hacer mejor las cosas que la competencia”, comenta Raimundo. 

De acuerdo con Raimundo, para la época de los ochenta, en Barranquilla el periodismo deportivo empezó a mezclarse con los asuntos públicos. “Carlos estaba entre los periodistas deportivos que hicieron civismo en su madurez profesional y llevaron el sentido competitivo de los deportes, con sus valores y sus vicios, a las luchas sociales por los servicios públicos”,  afirmó. 

A sus 42 años, Carlos empezó a tomar el micrófono en contra de la corrupción en  “Minutos de Civismo”. Un espacio de cinco minutos de su programa deportivo que con el tiempo se convertiría en un referente de opinión pública y actualidad política para los barranquilleros. “Estuvo entre los primeros en expresar su desacuerdo por el giro que le estaba dando el gobierno a la ciudad. Se mofaba de los políticos y del sector privado”, añadió su colega Raimundo. 

Con más de veinte años de ejercicio periodístico en medios nacionales e internacionales, Carlos se consolidó como periodista radial gracias al desparpajo que imprimía en sus denuncias. Especialmente, aquellas dirigidas al exalcalde de la ciudad, el padre Bernardo Hoyos y su asesor Roberto Ferro Bayona. 

Persecución al micrófono

Las afrentas de Carlos generaron descontento entre políticos y personas con una gran influencia, por lo que empezaron a criticarlo en medios de comunicación y alocuciones públicas. Una de esas críticas vino por parte del alcalde Hoyos durante su intervención en una misa celebrada en el barrio Rincón Latino.

La gran influencia del exsacerdote provocó que sus seguidores organizaran protestas a las afueras de la emisora contra Carlos Lajud y el director de Emisora ABC, Ventura Díaz Mejía. Esto sucedió luego de que Carlos lo denunciara por presuntas irregularidades en los procesos de contratación para la telefonía local. 

Luego de esos episodios, no tardaron en llegar las amenazas para que detuviera sus investigaciones. Sin embargo, “Carlos se burlaba de la muerte”, recuerda Raimundo, pues cada vez que sus amigos o familia le pedían que tuviera cuidado respondía de forma desinteresada e irreverente. “En la emisión anterior a su muerte le oí decir la ruta que tomaba todos los días a pie para llegar a su trabajo y la hora en que lo podían cazar. Fue desafiante”, comentó. 

Mientras hacía su recorrido habitual hacia la emisora, Carlos fue atacado por dos sicarios que le dispararon a quemarropa desde una moto a las 7:15 de la mañana del lunes 19 de abril de 1993. 

Los obstáculos en la investigación

De acuerdo con Raimundo Alvarado, la investigación del asesinato sugirió que el acto fue una venganza por las denuncias de Carlos, ya que los sicarios se llevaron su maletín con las pruebas de una investigación periodística que iba a presentar esa mañana en su programa. Debido a sus recientes pronunciamientos, el exalcalde Hoyos fue vinculado y llamado a declarar junto con el abogado Roberto Ferro Bayona y el comerciante Jorge Guarín. Sin embargo, fueron dejados en libertad, pues según la Fiscalía no se contaba con suficiente material para judicializarlos. 

En cuanto a los autores materiales, la justicia capturó y sindicó a Jhonny Alberto Merino Arrieta como autor material, a Eduardo Antonio Campo Carvajal como conductor de la moto, y a Eliécer Peña Navarro como el organizador del crimen. Los tres fueron condenados a 40 años de cárcel. Sin embargo, en el 2003, el Tribunal Superior de Barranquilla dio la orden absolutoria, dejándolos en libertad. 

Desde 1997 la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) responsabilizó al Estado colombiano y aseguró que se trató de una investigación “superficial y demasiado rápida”, plagada de irregularidades. Especialmente por la omisión del testimonio Enrique Rafael Somoza, pariente de uno de los implicados, cuya esposa había testificado que su esposo había sido contratado por un presunto escolta de Hoyos. 

Actualmente no hay nadie condenado por el asesinato de Carlos Lajud Catalán. Y en medio del silencio y persecución a su familia para que no participaran en la investigación, el crimen prescribió en el 2013 ante la justicia colombiana. En la FLIP no olvidamos la lucha de Carlos Lajud contra la corrupción política en su ciudad.

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En la cabina de radio del programa Micrófono Popular, la voz de un periodista daba paso a la queja de uno de sus oyentes por la falta de luz en su casa en Sincelejo, Sucre. El hombre encargado de dirigir este espacio de denuncias contra la administración departamental era el locutor y periodista José Antonio Dumett Rivero, asesinado el 9 de abril de 1984, víctima de la corrupción política.  

Voces de denuncia

José Antonio se desempeñó como locutor en emisoras como Radio Sincelejo y Radio Costanera. Allí se destacó en un ámbito del periodismo radial conocido entre sus colegas como “periodismo de retroalimentación”. Dumett usaba los micrófonos para presentar las denuncias de los sucreños ante los funcionarios públicos. 

Gabriel Narváez conoció a Dumett durante sus funciones como miembro del Círculo de Periodistas de Sucre y recuerda el programa radial de su colega. “Tenía los micrófonos abiertos para el oyente o el líder comunal que llamara y presentara directamente la queja a sus oyentes y naturalmente a los funcionarios encargados de responder a esos problemas y corregir errores”, explicó.

En el Círculo de Periodistas de Sucre, José Antonio tuvo que afrontar la división interna del grupo. El conflicto derivó en la creación del Colegio Nacional de Periodistas, liderado por Gabriel Narváez y el periodista Abel José Zarante Pacheco. “A pesar de que él tenía diferencias con nosotros, siempre lo consideramos como nuestro compañero de ejercicio y de defensa general de la labor periodística acá en el departamento de Sucre”, dijo Narváez. Tras la muerte de José Antonio, su colega recuerda cómo poco a poco el Círculo de periodistas se fue desintegrando hasta casi desaparecer. 

Aunque Narváez asegura que en aquel entonces no se habían conocido amenazas contra José Antonio Dumett, este fue asesinado en la entrada de su casa, cuando dos desconocidos le dispararon mientras compartía con su familia, en el barrio San Antonio de Sincelejo. “Se cree que lo asesinaron por su ejercicio periodístico, porque en los últimos programas recibió bastante información, quejas y críticas contra la administración de los servicios de energía eléctrica”, relató el periodista. Además, afirmó que en el proceso se vinculó al entonces gerente de la electrificadora de Sucre, Héctor Merlano Garrido, pero finalmente el juez encargado lo desvinculó del caso. 

Narváez asegura que la justicia fue inoperante y al igual que otros asesinatos de periodistas en el departamento de Sucre, terminó por prescribir ante la justicia colombiana el 9 de abril de 2004, sin que nadie fuera judicializado por el asesinato.  

En la FLIP no olvidamos a José Antonio, un periodista que trabajó para solucionar los problemas del día a día de su comunidad.  

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