Fundación para la Libertad de Prensa - FLIP
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Revelaciones periodísticas publicadas por la Revista Raya advierten de un caso de espionaje que de manera directa o indirecta afectó a periodistas colombianos y extranjeros.
Según la investigación, agentes del Estado colombiano rastrearon los contactos del agregado político cubano Joel Marrero Enríquez, quien para el gobierno colombiano realizaba actividades de espionaje. A raíz de esa vigilancia fueron vinculados por medio de menciones, registros de llamadas y fotografías los siguientes periodistas: Joshua Goodman (Associated Press), Gerald Bermúdez (fotoperiodista independiente) y José Luis Mayorga (Agencia de Reporteros Sin Fronteras).
La FLIP rechaza todo tipo de acciones de espionaje que pongan en riesgo a periodistas, ya que esto afecta gravemente su intimidad, integridad y la reserva de la fuente. Es necesario tener en cuenta que las conversaciones de periodistas están protegidas por los artículos 20 y 74 de la Constitución Política de Colombia.
El caso del reportero gráfico Gerald Bermudez es especialmente grave ya que también fue perfilado directamente por el Ejército en el 2020 y su actividad periodística se ha visto afectada por el impacto de estas actividades de vigilancia. La ausencia de investigaciones aumenta las inquietudes de los periodistas sobre el uso que se le ha dado a la información recolectada por Inteligencia a lo largo de los últimos años. Resulta inexplicable que a pesar de las múltiples denuncias se mantengan las mismas estrategias y metodologías de recolección y sistematización ilegal de información, sin que se logren determinar las responsabilidades individuales y políticas.
Resulta prioritario que el Estado realice una auditoría independiente sobre las actividades de inteligencia de la última década para establecer su alcance y la cadena de responsables y se adopten medidas de no repetición. De igual manera es prioritario que sea el Estado quien envíe un mensaje claro y contundente de rechazo a estas acciones.
El gobierno de Iván Duque mantuvo una estrategia de amigo-enemigo con la prensa. Con aquellos, considerados como críticos, primó la desconfianza y el hermetismo. Además, utilizó recursos humanos y económicos para priorizar la comunicación institucional e imponer su narrativa. Con ello contribuyó al ambiente de polarización y construyó una muralla que afectó el acceso a la información. Todo esto, mientras las cinco periodistas fueron asesinados por razones de su oficio y otras y otros 750 recibieron amenazas de muerte.
Existen varias postales que permiten recordar cómo abordó Iván Duque a los y las periodistas. Displicente: la recordada frase “¿De qué me hablas, viejo?” para evitar la pregunta de un reportero de El Heraldo quien lo cuestionó sobre el bombardeo donde murieron menores de edad. Inverosímil: Duque se entrevistó a él mismo durante los días más álgidos de las manifestaciones del 2021. Cínico: el presidente le sugirió al periodista Stephen Sackur de la BBC que estaba diciendo mentiras cuando realmente quien entregaba información falsa era Duque.
No se trata únicamente de anécdotas. El presidente fue implementando una estrategia lesiva contra la libertad de prensa que siguió los lineamientos entregados por sus asesores y que persiguió dos objetivos. El primero, construir una poderosa máquina de comunicaciones con el propósito de posicionar su propia versión de los hechos y, el segundo, segmentar al periodismo entre amigos y enemigos.
Para el primer objetivo Duque triplicó el equipo de comunicaciones de la Presidencia, que en el 2018, al cierre del gobierno de Santos, tenía contratadas a quince personas y que actualmente está integrado por 54. Adicional a esto, la Presidencia gastó más de 46 mil millones de recursos públicos en pauta oficial. La mayoría de los contratos tenía como objeto reforzar las narrativas sobre su gestión, figurar en medios internacionales y monitorear las redes sociales para identificar a quienes opinaban sobre su administración.
En este propósito de crear comunicaciones unidireccionales el programa de Prevención y acción engranó de manera perfecta. Este espacio diario se prolongó durante más de un año y se transmitieron 404 horas. Si bien al comienzo estaba encaminado a explicar la pandemia del Covid-19 terminó convertido en un show donde Duque publicitaba las acciones de su gobierno, un monólogo de comunicación oficial que no dejaba ningún espacio para preguntas de periodistas, cuestionamientos de ciudadanos o voces de la oposición.
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Al tiempo que engrosaban su propia máquina de comunicaciones, Duque y sus asesores etiquetaron como “negativos” a un amplio sector de la prensa y construyeron un muro inquebrantable, que bloqueó a los medios que anticiparon como incómodos. Durante sus cuatro años, Duque dio nueve ruedas de prensa y realizó 272 entrevistas. Una de cada seis entrevistas se la concedió a RCN, radio y televisión. Diecinueve veces atendió a Blu Radio. Por el contrario, a El Espectador le concedió una sola entrevista y a La Silla Vacía ninguna.
Quizás uno de los hechos más bochornosos que dejó su desprecio hacia el sector fue el incumplimento que le hizo a las y los propietarios de los medios, a quienes les había prometido un salvamento por 85 mil millones de pesos para aliviar los efectos generados por la pandemia. Después de seis meses de engorrosos trámites al que aplicaron más de trescientos medios, el gobierno canceló la ayuda sin entregar ninguna explicación.
Enfrascado en sus pretensiones, que oscilaban entre el control y la vanidad, Duque evadió sus obligaciones de protección a la prensa. En estos últimos años hubo un incremento de la violencia. Desde el 7 de agosto del 2018 hasta el 30 de junio del 2022 la FLIP documentó 628 amenazas contra medios y periodistas en todo el país, un aumento sustancial comparado con el cuatrienio anterior. También ocurrieron cinco asesinatos a periodistas por razones de su oficio, pero el gobierno no emprendió acciones contundentes para encontrar justicia. Sumado a todo esto, Duque fue indulgente con el episodio que se conoció en el 2020 sobre el espionaje contra la prensa.
Iván Duque empezó tímidamente alejándose de algunos medios a quienes quería cobrarles “el apoyo que le habían dado a la Paz de Santos”. Con el paso de los años dejó su timidez, marcó condiciones hostiles para el periodismo que fue crítico con su gestión y su desprecio hacia la prensa se hizo evidente.
La Fiscalía citó a la directora de Noticias Uno y columnista de El Espectador, Cecilia Orozco, a una diligencia de arraigo en el proceso de injuria y calumnia iniciado por el exfiscal Néstor Humberto Martínez. Alertamos sobre el avance en el proceso y las graves consecuencias que puede traer para la periodista, ya que con la diligencia de arraigo, por lo general, la Fiscalía busca verificar datos para notificar la imputación y el inicio formal del proceso penal.
En el 2019, con el propósito de silenciar e intimidar a la periodista, Martínez la denunció penalmente por opiniones emitidas en el programa Revelados, titulado “la Fiscalía espía a líderes políticos y periodísticos”. La directora de Noticias Uno criticó que, en un debate de control político, el exfiscal haya divulgado mensajes privados entre Orozco y un reportero del noticiero.
Frente a esta situación, preocupa el avance en la investigación penal cuando evidentemente es un caso de acoso judicial emprendido por Martínez, con el que se desconoce las garantías mínimas de la libertad de expresión y el deber de tolerancia al escrutinio público que debía soportar como funcionario público. En julio del año pasado, la FLIP solicitó el archivo de este proceso al ser un intento de censura de un asunto de alto interés público.
Preocupa, además, que esta citación coincide con la publicación de varias opiniones de Orozco en las que pone en duda el accionar de la Fiscalía cuando Martínez la dirigía. En concreto, la reactivación de la investigación se da después de una publicación en la que se evidencia que la Fiscalía de Martínez imputó indebidamente a la exsecretaria ejecutiva de la JEP, Martha Lucía Zamora.
La denuncia iniciada por el exfiscal y el impulso del proceso, sabiendo que se judicializa un asunto protegido por la libertad de expresión y que tienen como fin acallar críticas, sugiere un mal uso de la función pública para contrarrestar algunas discusiones de trascendencia social. Esto tiene un fuerte potencial silenciador porque enfrenta a los periodistas al dilema de ejercer su oficio o enfrentar sanciones de diversos tipos, incluidas las económicas.
Advertimos nuestra preocupación porque, como en el caso de Yohir Ackerman, la Fiscalía impulsa las investigaciones contra periodistas a pesar de que el mismo ente investigador no tiene la misma diligencia para la investigación de los crímenes en los que la víctima es la prensa.
Por todo esto, la FLIP le hace un llamado a la Fiscalía General de la Nación para que evalúe las denuncias por injuria y calumnia contra periodistas aplicando los estándares internacionales e interamericanos de derechos humanos, particularmente sobre la libertad de expresión, y conforme a esto desestime las denuncias que buscan censurar expresiones protegidas y fundamentales para el debate público. En este caso concreto, la FLIP reitera su solicitud para que se archive el caso en contra de la periodista Cecilia Orozco.
La Unidad Nacional de Protección (UNP) está recolectando de manera masiva y sin autorización datos altamente sensibles de la periodista Claudia Julieta Duque y posiblemente de otros periodistas.
El lunes 25 de octubre, la FLIP tuvo acceso a más de 25 mil registros recolectados por la UNP entre febrero y agosto del 2021 por medio del GPS instalado en el carro de protección asignado a la periodista. El monitoreo es permanente y detallado, y en ocasiones es realizado cada 15 o 30 segundos e incluye datos de los movimientos de la periodista como fecha, hora, direcciones exactas, y localización de Google Maps. Estos son datos personales y sensibles que requieren un consentimiento informado que nunca ha sido autorizado por Duque. Esta información afecta su seguridad, la de sus familiares y sus fuentes.
La información recolectada por la UNP es más de la estrictamente necesaria para proteger a sus beneficiarios. Además, no existe un documento público que informe a los protegidos de los monitoreos y la Unidad negó a la FLIP información al respecto, alegando reserva legal. Por eso, solicitamos a la entidad una respuesta pública frente a estos hechos de alta gravedad y que informe si el monitoreo se hace a todos los y las periodistas que tienen asignados vehículos como parte de su esquema de protección. De ser así, pedimos que se entregue a cada periodista la información recolectada.
También hacemos un llamado a los órganos de control para que investiguen estos hechos y la falta de transparencia por parte de la UNP sobre qué información recolecta el GPS, qué tratamiento se le da y cómo se expresa el consentimiento de las y los beneficiarios.
En la FLIP rechazamos este nuevo episodio de monitoreo hacia Claudia Duque y respaldamos su solicitud para que se retire el GPS del vehículo o se le asigne uno nuevo.
Para conocer más pueden acceder a la carta emitida por la FLIP haciendo clic en el siguiente enlace
Un mes después de que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ordenara medidas cautelares a favor del periodista Ricardo Calderón, el Estado colombiano no ha implementado acciones que garanticen su vida e integridad. Tras un año de la denuncia de los perfilamientos ilegales por parte del Ejército Nacional que originaron la medida tampoco se conocen imputaciones formales.
El pasado 3 de febrero se realizó una reunión de concertación de medidas cautelares convocada por la Cancillería de Colombia. En la reunión participaron delegados de la Unidad Nacional de Protección (UNP), la Fiscalía General de la Nación, la Procuraduría General de la Nación, la Defensoría del Pueblo, el periodista Ricardo Calderón y la FLIP.
Desafortunadamente en ese espacio no se encontró una respuesta inmediata y articulada para prevenir el riesgo excepcional y, a pesar de la existencia de la medida cautelar, el periodista fue redirigido a agotar los trámites ordinarios para reclamar la protección de emergencia —cuya duración mínima es de noventa días—. La UNP no propuso fórmula alguna de concertación sino que insistió en remitir el caso al CERREM, cuya dinámica institucional impide que las medidas sean concertadas.
Por su parte, la Fiscalía General de la Nación tampoco ha mostrado avances satisfactorios en la investigación. En abril del 2020 la Fiscalía inició dos investigaciones por los hechos, sin embargo, en ninguna hay resultados que conlleven a esclarecer los hechos. Las dos investigaciones se caracterizan por una precaria actividad probatoria que dé cuenta de la valoración del contexto de las agresiones y su relación con el ejercicio de la actividad periodística. De igual manera, resulta inaceptable que a pesar de que la Fiscalía conoce las amenazas contra Calderon desde inicios del 2020 el llamado a rendir la declaración ocurrió solo un año después, (el pasado 10 de febrero del 2021).
La FLIP advierte que el Estado colombiano está en mora de adoptar las medidas necesarias para garantizar los derechos a la vida e integridad del periodista y cumplir las medidas ordenadas por la CIDH. Lo ocurrido en el caso de Ricardo Calderón demuestra, una vez más, la sistemática falta de respuesta institucional por parte de la Unidad Nacional de Protección y de la Fiscalía General de la Nación frente a los crímenes contra la prensa.
Ya que la protección de la prensa es una obligación primordial del Estado, resulta urgente que la Procuraduría General de la Nación vigile por qué se están desconociendo los lineamientos internacionales para investigar, juzgar y sancionar las agresiones contra la prensa y que vigile el proceso de tal manera que no se continúen presentando dilaciones en el cumplimiento de las medidas cautelares.
El 19 de agosto del 2020, los cuatro Relatores Especiales de Naciones Unidas y la Relatoría de Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos manifestaron al Gobierno colombiano su preocupación sobre las actividades de vigilancia y elaboración de perfiles por parte del Ejército, considerando que dichas actividades someten a los periodistas a un riesgo elevado e interfieren con el desarrollo de su trabajo. Por este motivo, les hacemos un llamado para que hagan una vigilancia permanente y de cerca al incumplimiento de los compromisos del Estado frente a la protección y garantía de la libertad de prensa.
Desde la FLIP continuaremos realizando seguimiento a la adopción de medidas de protección y el desarrollo de una investigación seria e imparcial, que conlleve a la sanción de los responsables de las agresiones y perfilamientos de las que ha sido víctima Ricardo Calderón y otros periodistas en el país.
*La FLIP tuvo conocimiento de que en la tarde del 23 de diciembre el periodista Felipe Guevara falleció a causa de complicaciones médicas producidas por los impactos de bala. Esta noticia nos entristece infinitamente. Acompañamos a la familia y los amigos de Felipe.
22 de diciembre de 2020
La FLIP rechaza el atentado del que fue víctima Felipe Guevara, periodista del Q’Hubo en la ciudad de Cali*. A la Fundación le preocupa que la Policía descarte anticipadamente la relación de estos hechos con su actividad periodística. La FLIP le hace un llamado a las autoridades para que realicen una investigación seria, imparcial y diligente sobre estos hechos y que se tenga como primera línea de investigación la relación con su oficio.
Según ha conocido la FLIP, la noche del 21 de diciembre Guevara recibió cuatro disparos que le afectaron el tórax, el estómago y una pierna. El hecho ocurrió en el barrio Mariano Ramos, perteneciente a la Comuna 16 al oriente de Cali donde vive el comunicador. El periodista fue trasladado de urgencia a una clínica de la ciudad donde permanece en este momento bajo pronóstico reservado.
Guevara ha trabajado los últimos tres años para el periódico Q'hubo de la casa editorial El País y actualmente cubre temas judiciales. Fuentes consultadas por la FLIP, entre ellos periodistas colegas de Guevara, han manifestado que desde hace un par de años él había recibido amenazas que estarían relacionadas con su trabajo periodístico.
Precisamente, y según la información recolectada por la FLIP, a raíz de estas amenazas Guevara había tenido que irse del barrio Mariano Ramos en el 2017, luego de que hiciera algunas notas sobre una banda criminal que operaba en ese sector. Según conocen las personas allegadas al comunicador, él había puesto una denuncia ante las autoridades por estos hechos. Además, en 2018 y en agosto de este año, Guevara reportó nuevamente amenazas y hostigamientos y afirmó que ya no quería salir de su casa porque no se sentía seguro.
La Fundación expresa su preocupación por los antecedentes que tendría el periodista en torno a su seguridad y exige a las autoridades que investiguen este caso con celeridad y que contemplen como primera hipótesis la relación con su labor periodística. Es preocupante que la Policía Nacional descarte desde un inicio que el atentado contra Guevara podría estar relacionado con su trabajo como periodista. El general Manuel Antonio Vásquez Prada, comandante de la Policía Metropolitana de Cali, expresó que “preliminarmente desvirtúan que este suceso estuviera relacionado con su profesión”.
La Fundación se solidariza con los familiares del comunicador y desea una pronta recuperación. Además, la FLIP se suma al llamado de las y los periodistas del suroccidente del país frente este terrible atentado.
La FLIP expresa su preocupación por el exilio del periodista de Noticias Caracol Arlex Piedrahita tras recibir nuevas amenazas y ante la falta de garantías para salvaguardar su vida y continuar ejerciendo su labor en el país.
El 16 de octubre de este año Piedrahita recibió un mensaje de texto a su celular en el que lo declaran objetivo militar y lo amenazan de muerte a él y a su familia. Esta es la más reciente de una serie de amenazas y hostigamientos que el periodista ha recibido desde el 2019 y que estarían relacionadas con el cubrimiento de temas judiciales, orden público y narcotráfico en los departamentos de Valle del Cauca y el norte del Cauca.
Las constantes intimidaciones y la falta de una respuesta efectiva y atención oportuna por parte de las autoridades obligaron a Piedrahita a abandonar el país a mediados de noviembre de este año buscando salvaguardar su integridad y la de su familia.
Es la segunda vez que el reportero se ve obligado a dejar de hacer su trabajo periodístico como consecuencia de la falta de garantías frente a su seguridad. A finales de 2019, luego de recibir amenazas en su contra junto con otros cuatro periodistas, Piedrahita estuvo por fuera de los medios un par de semanas y un día después de reintegrarse a su trabajo recibió una nueva intimidación en la que le advertían que tenía que renunciar al noticiero.
Cuando Piedrahita recibió nuevamente una amenaza en octubre de este año sintió que ya no tenía muchas opciones, no encontró una respuesta diligente y oportuna por parte de las autoridades: no había garantías de seguridad para él y su familia. Además, dos de los periodistas que habían sido amenazados con él en agosto de 2019 se vieron obligados a salir del país por encontrarse en las mismas condiciones. Así, con el apoyo de su medio de comunicación, el periodista abandonó el país.
En noviembre de 2019, la FLIP advirtió que Piedrahita se encontraba en un alto riesgo y era urgente implementar medidas idóneas. Sin embargo, la Unidad Nacional de Protección (UNP) tardó un año en volver a evaluar la situación de riesgo del periodista y la FLIP aún no conoce de ningún avance en las investigaciones que adelanta la Fiscalía General de la Nación por estos hechos. La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la CIDH ha resaltado que los Estado no sólo tienen la obligación de proteger a periodistas en riesgo, sino que deben garantizar que las medidas de protección adoptadas sean efectivas y adecuadas.
La Fundación hace un llamado urgente a la Fiscalía y a las autoridades competentes para que investiguen con celeridad, seriedad e imparcialidad, las amenazas y hostigamientos reportados por los tres periodistas con el fin de identificar y sancionar a los responsables. El exilio de periodistas trae consecuencias devastadoras para la libertad de prensa. Además de tener una afectación psicológica, económica, social y familiar en quienes lo padecen, genera un ambiente de miedo y autocensura entre los periodistas que están alrededor.
La FLIP rechaza que figuras públicas y periodistas emitan mensajes que vinculan a reporteros, que cubren las protestas sociales con milicias urbanas. Estas valoraciones genéricas ponen en riesgo a los periodistas, deterioran las condiciones para el desarrollo de su trabajo e impactan negativamente el debate sobre temas de interés público.
Este 23 de noviembre la FLIP conoció que Herbin Hoyos realizó y publicó un video en el que relaciona a la prensa -que cubría las protestas en Bogotá y Medellín el 21 de noviembre- con estructuras criminales organizadas. En este video, mientras se ven imágenes de periodistas de Colprensa y otros medios cubriendo los hechos, Hoyos afirma: “están distribuidos los roles de cada uno de ellos: unos son los que atacan, otros son los que filman, hay unos que tienen incluso hasta chalecos de prensa, hay otros que a veces usan chalecos de derechos humanos”.
Horas después, este mensaje fue respaldado por el expresidente Álvaro Uribe Vélez, quien lo difundió en su cuenta de Twitter con el siguiente mensaje: “Las milicias y su acción vandálica y terrorista. Herbin Hoyos”. Esto significa una amplificación del mensaje ya que Uribe tiene casi cinco millones de seguidores en esa red social. El video ha tenido más de 70.000 reproducciones y 2.500 me gusta.
Para la FLIP es preocupante que la difusión masiva de estos mensajes provoque un escenario de permisividad para atentar contra los derechos de los comunicadores. En particular, se destaca que en el contexto colombiano ya existe un riesgo latente en contra de periodistas que cubren este tipo de acciones.
La FLIP le recuerda al ex senador Uribe y a quienes difundieron estos mensajes que desde noviembre del año pasado hasta la fecha las manifestaciones sociales se han convertido en un escenario de altísimo riesgo para los periodistas. La FLIP ha documentado ataques contra 75 periodistas, y en la mayoría de los casos los agresores fueron integrantes de la fuerza pública.
La generalización de vínculos de la prensa con estructuras organizadas puede generar en el imaginario colectivo una criminalización de los y las periodistas que cubren la protesta social. Esto tiene el potencial de ponerlos en mayor riesgo infundado, constreñir su independencia y fomentar la autocensura.
Vale la pena destacar que en una decisión reciente la Corte Suprema de Justicia, en aras de garantizar el derecho a la protesta pacífica y a la libertad de expresión, ordenó conjurar, prevenir y sancionar la estigmatización frente a quienes, sin violencia, salen a las calles a cuestionar, refutar y criticar las labores del gobierno y los ataques contra la libertad de expresión y de prensa. Estos mensajes estigmatizantes van en contravía de esta orden.
La FLIP conoce que Herbin Hoyos rectificó que quienes aparecen en el video identificados como prensa no hacen parte de ninguna organización criminal. Sin embargo, resulta prioritario que Hoyos haga la misma aclaración en el video original para que circule la información actualizada.
A su vez, reiteramos que a las personas con alto nivel de exposición pública, como el expresidente Uribe, les asiste un deber de garantía de las libertades civiles. Por ello, Uribe está en la obligación de replicar con la misma difusión el segundo video aclarativo sobre la ausencia de vinculación de periodistas con milicias urbanas. Por el contrario, puede alimentar una atmósfera peligrosa para la vida democrática.
La FLIP rechaza la amenaza de la que fue víctima el periodista Mario Manuel Ubarnes el pasado 27 de octubre. La Fundación le solicita a las autoridades llevar a cabo las acciones necesarias para proteger al reportero.
Urbanes le manifestó a la FLIP que en la puerta de su casa ubicada en el municipio de San Antonio de Palmito, Sucre, desconocidos dejaron una bolsa negra que contenía una corona fúnebre. Además, una lideresa del municipio también recibió el mismo día un ramo similar con un mensaje en el que la amenazan de muerte.
El periodista dirige un programa radial en la emisora comunitaria Palmitos Estéreo en el que recientemente ha hecho denuncias sobre el robo de ganado en esa región. Además, ha hablado en la emisora sobre irregularidades relacionadas con la contratación en la administración municipal.
La FLIP expresa su preocupación por estos hechos y le solicita a la Unidad Nacional de Protección (UNP) que inicie la evaluación de riesgo con el fin de implementar las medidas de seguridad necesarias para salvaguardar la vida y la integridad del reportero. Así mismo, la Fundación insta a la Fiscalía General de la Nación a que investigue con celeridad estos hechos y tome las medidas que sean necesarias para garantizar la seguridad del periodista.
La debida investigación y sanción de los responsables de la violencia contra la prensa es fundamental para la generación de garantías alrededor del desarrollo de la labor periodística sobre todo en zonas en las que la oferta informativa es escasa.
La Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) rechaza la detención ilegal de los periodistas Diego Andrés Patiño, fotoperiodista del medio Universitario Mi Ciudad de la Universidad Agustiniana; y de Cristian Camilo Trujillo, Luis Enrique Rengifo y Kevin Charry del medio digital La Otra Verdad. La FLIP expresa su preocupación por los ataques contra periodistas y medios de comunicación que han cubierto las manifestaciones de los últimos días en el país. Entre el 9 y el 10 de septiembre, la Fundación registró 20* casos de violaciones a la libertad de prensa que afectaron a 22 reporteros, de las cuales 16 fueron responsabilidad de la Policía Nacional y cuatro fueron responsabilidad de los manifestantes.
El jueves 10 de septiembre continuaron las protestas en Bogotá y otras ciudades del país por los actos de violencia atribuidos a miembros de la Policía Nacional. En medio del cubrimiento de las manifestantes miembros de la fuerza pública atacaron a la prensa. Durante este segundo día, la FLIP registró un total de 12 ataques a la prensa: seis agresiones físicas, dos detenciones ilegales, dos amenazas, una obstrucción y una agresión más categorizada como otras.
En el CAI de Villemar en la localidad de Fontibón fue detenido de manera ilegal el reportero gráfico Diego Andrés Patiño mientras cubría las manifestaciones en este punto de la ciudad. Según el relato que obtuvo la FLIP por parte del abogado que está representando al periodista, miembros de la fuerza pública intentaron arrebatarle su maleta, donde tenía sus dispositivos periodísticos y elementos de bioseguridad. Patiño manifiesta que cuando se negó a entregar sus pertenencias, uno de los uniformados lo golpeó en su ceja, luego fue llevado al CAI y allí lo insultaron y lo golpearon. Posteriormente, lo trasladaron a la Unidad de Reacción Inmediata (URI) de La Granja, donde todavía permanece sin que se resuelva su situación jurídica.
En Ibagué los reporteros Cristian Camilo Trujillo, Luis Enrique Rengifo y Kevin Charry del medio digital La Otra Verdad fueron detenidos ilegalmente y agredidos por miembros de la Policía mientras realizaban el cubrimiento de las manifestaciones en el barrio Santa Helena. Los tres periodistas le manifestaron a la FLIP que aunque ellos se identificaron como prensa los policías no se detuvieron revisar sus credenciales y en medio de insultos y señalamientos de ser guerrilleros, los subieron a un camión en el cual los trasladaron hasta la estación central de la Policía Metropolitana de Ibagué. Los periodistas estuvieron detenidos por cerca de siete horas sin tener en cuenta las medidas de bioseguridad. Además, los reporteros manifestaron que los uniformados nos les permitieron grabar el procedimiento.
En Bogotá, en el barrio Alcalá, Juan Camilo Gómez, periodista de De Pasillo, fue agredido e intimidado por un miembro de la Policía Nacional mientras cubría las manifestaciones en este sector de la ciudad. En video quedó registrado cuando un uniformado se acerca al reportero, quien portaba su carné y usaba un casco que lo identificaba como prensa, y le ordena retirarse. Posteriormente se evidencia que otro uniformado se acerca y golpea al reportero, lo insulta y le dice “apague esa mierda”, “¿lo va apagar o no?” refiriéndose al celular con que el periodista estaba grabando. Luego de la agresión, Gómez abandonó la reportería.
En el CAI de Sabanagrande, mientras el periodista Juan Carlo Giraldo se encontraba haciendo un cubrimiento de las protestas para Red Más Noticias, fue increpado por miembros de la Policía luego de haber terminado su transmisión en vivo. Giraldo le manifestó a la FLIP que los uniformados le reclamaron por el contenido que había emitido respecto a algunas personas capturadas que llegaban a la unidad policial. El reportero afirmó que uno de los agentes lo enfrentó, le mostró un video de un operativo policial realizado durante las protestas y le dijo que eso era lo que debería mostrarse. Adicionalmente, el periodista asegura que otros agentes a su alrededor lo agredieron verbalmente, lo intimidaron y le exigieron cambios en su contenido para favorecer a la institución.
Frente al CAI de Fontanar, en la localidad de Suba, Fabián Forero, también periodista del canal Red Más Noticias, fue víctima de una obstrucción a su trabajo periodístico. El reportero le contó a la FLIP que varios manifestantes les lanzaron piedras a él y al carro del medio. Por esta razón, Javier Cárdenas, conductor del noticiero, tuvo que alejarse en el vehículo y, aún teniendo visible el logo de prensa, varios manifestantes le quitaron uno de los espejos al carro, lo amedrentaron y le exigieron que saliera del lugar.
También en la localidad de Suba, en el barrio San Carlos Tibabuyes, la labor de la periodista Ángelica Barrea y el camarógrafo Edwin Bejarano resultó afectada. Según la reportera de Semana, cuando documentaban las acciones de manifestantes en contra de buses de transporte público y señales de tránsito, éstos se acercaron a exigirles que salieran del lugar, le pidieron el carné a Bejarano y les exigieron que dejaran de grabar. Más adelante, en otra zona del mismo barrio, un grupo de manifestantes lanzaron piedras contra la periodista y amenazaron con golpearla a ella y al camarógrafo quienes estaban identificados como prensa.
Fabián Yanez, periodista de Revista Semana, fue amenazado en dos ocasiones. La primera ocurrió en el barrio Villaluz, cuando unas personas en bicicleta amenazaron a Yanez y su equipo con romperle las cámaras cuando estuvieran presentando en directo. Por este motivo, el periodista decidió abandonar el lugar. Sin embargo, el reportero le manifestó a la FLIP que quienes los habían amenazado los persiguieron por alrededor de cuatro cuadras hasta que el equipo encontró resguardo en un local comercial. La segunda amenaza se presentó cuando el periodista y su equipo se encontraban realizando una transmisión en vivo desde el barrio La Gaitana, en Suba. Un grupo de manifestantes comenzó a reclamarle al periodista por supuestamente haber dicho que era la población la que había quemado el CAI de la zona. Estas personas le advirtieron al periodista que tenía que cambiar su relato y lo amenazaron con cuchillos. El periodista tuvo que abandonar el cubrimiento.
En Popayán, Cauca, el camarógrafo de CM& Yerson Buitrón fue agredido con balas de goma que dispararon integrantes del Esmad mientras el reportero cubría las manifestaciones en las inmediaciones del Cementerio Central. El camarógrafo, quien estaba identificado con los logos del noticiero, recibió cuatro impactos, que le dejaron hematomas en sus brazos y en el cuello.
El periodista de Caracol Héctor Rojas recibió numerosas amenazas a través de redes sociales a sus cuentas personales de Facebook, Twitter e Instagram. En los mensajes se acusa al periodista de “vendido” y le dicen que se “va a hacer matar” y que “huele a formol”. En las amenazas además afirman que el periodista está a favor de la Policía y que justifica las muertes de las víctimas de las jornadas de protesta a través de los informes periodísticos que ha realizado sobre los hechos.
Según la denuncia pública realizada por CityNoticias, un equipo de periodistas de este medio fue víctima de una agresión por parte de un miembro de la Policía. Los periodistas, se encontraban en cercanías del CAI de Villaluz, en Engativá, realizando cubrimiento de las manifestaciones cuando un policía les lanzó una piedra desde la moto en la que se movilizaba.
En el sector del Parkway, localidad de Teusaquillo, dos periodistas de 070 fueron golpeadas con bombas aturdidoras que lanzaron miembros del Esmad. Según una de las reporteras, a pesar de que se identificó como periodista fue atacada en dos ocasiones por los agentes del Esmad con este mismo elemento.
Adicionalmente, la FLIP conoció que una de las movilizaciones convocada para el viernes 11 de septiembre se realizará frente a las instalaciones del canal RCN en Bogotá. La Fundación hace un llamado a las autoridades para que brinden las garantías necesarias al medio y a sus periodistas para el cubrimiento de esta jornada de manifestaciones.
La Fundación para la Libertad de Prensa expresa su preocupación por el aumento en las violaciones a la libertad de prensa contra los periodistas y medios de comunicación que se encuentran cubriendo las recientes jornadas de manifestaciones. Sobre el caso de Diego Andrés Patiño, la FLIP le exige a la Fiscalía General de la Nación que se defina cuanto antes la situación jurídica del reportero gráfico y se garantice su derecho al debido proceso.
La Fundación para la Libertad de Prensa le reitera a la Policía Nacional la necesidad de iniciar las investigaciones disciplinarias sobre estos hechos con el fin de sancionar a los uniformados responsables de estas actuaciones contra la libertad de prensa. La ausencia de resultados concretos representa un mensaje errado hacia los demás miembros de la fuerza pública frente a futuros escenarios de cubrimiento de manifestaciones.
La FLIP les recuerda a los miembros de la Policía Nacional su deber de cumplimiento del Código de Policía, que establece que cualquier ciudadano puede registrar los procedimientos policiales sin ningún tipo de restricción. En ese sentido, es importante que la Policía garantice la labor periodística en estos escenarios y conciba la presencia de las cámaras como una garantía de transparencia sobre sus operativos y no como un obstáculo para adelantar sus labores.
Finalmente, la FLIP le solicita a la Procuraduría General de la Nación y a la Defensoría del Pueblo que establezcan un comité de seguimiento a estas investigaciones disciplinarias con el fin de sancionar de manera efectiva a los uniformados responsables de las situaciones de violencia contra la labor periodística.
Actualización, 12 de septiembre
La FLIP tuvo conocimiento de que el jueves 10 de septiembre el periodista Jhon Robledo, del periódico El Heraldo, fue agredido por algunos manifestantes mientras cubría la movilización social en Barranquilla. El fotógrafo le reportó a la FLIP que un grupo de jóvenes le lanzó piedras, lo golpearon en la espalda y las piernas con una patineta e intentaron arrollarlo con una bicicleta. Además, Robledo asegura que le golpearon la cámara y le dañaron el parasol y un aro. En el lugar únicamente se encontraba un policía de tránsito, quien no tomó ninguna acción para proteger al reportero. El periodista estaba identificado como prensa y, luego de la agresión, presenta lesiones leves.
La FLIP también recibió el reporte de daño a la infraestructura del medio Vanguardia Liberal en la ciudad de Bucaramanga. Durante la jornada de manifestaciones del 10 de septiembre, las instalaciones del medio resultaron afectadas, al parecer, por manifestantes que se pronunciaban en contra de los actos violentos que involucran a miembros de la Policía Nacional. La Fundación continúa documentando el caso.
*Estos hechos suman 22 agresiones contra la prensa durante las manifestaciones de esta semana.
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