Fundación para la Libertad de Prensa - FLIP

18 de abril de 2022. Seis meses después del fallo de una sentencia histórica por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) en el caso de la periodista Jineth Bedoya Lima en contra del Estado colombiano, culminó la primera ronda de trabajo.

En esta primera fase se mantuvieron diez reuniones con los ministerios y entidades responsables de poner en marcha la implementación de las medidas ordenadas por la Corte IDH, entre los que se encuentran el Ministerio de Hacienda, Ministerio de Justicia, Ministerio del Interior, Ministerio de Defensa, Función Pública, MinTIC, Ejército, Policía, Centro Nacional de Memoria Histórica, entre otros.

Este primer ciclo terminó el pasado 4 de abril y la única entidad que no atendió la solicitud de reunión realizada por la Cancillería fue la Fiscalía General de la Nación. La Fiscalía está llamada a cumplir la orden de la Corte y su deber de investigar, determinar, enjuiciar y sancionar a todos los responsables, en los hechos ocurridos el 25 de mayo de 2000, cuando Jineth Bedoya Lima fue interceptada secuestrada y sometida a numerosas agresiones físicas, sexuales y verbales mientras se encontraba cumpliendo labores periodísticas sobre distintos crímenes y violaciones de derechos humanos que ocurrían dentro de la cárcel La Modelo en Bogotá.

Sin la participación activa de la Fiscalía la implementación de la sentencia no será adecuada ni efectiva. A lo largo de estos veinte años, esta entidad ha resultado inoperante frente a los hechos victimizantes, que completan más de dos décadas. Sin avances en las investigaciones resulta imposible proyectar lo que es la columna vertebral de una reparación verdadera y una garantía de no repetición.

Jineth Bedoya Lima y sus representantes (FLIP y CEJIL) reconocen la voluntad y disposición que la Cancillería, a través de sus delegados, ha tenido para iniciar el trabajo de ejecución de las reparaciones. Desde el 31 de enero de 2021, cuando se tuvo la primera reunión con los delegados de Cancillería, se marcó una hoja de ruta para dar inicio a la implementación de cada una de las medidas. Entre estas se encuentran: la creación del “Centro Investigativo No es Hora de Callar”; el diseño e implementación de un sistema público de recopilación de datos y cifras actualizadas sobre de violencia de género y sobre amenazas y violencia contra periodistas y defensores/as de derechos humanos; la creación de un fondo de prevención, protección y asistencia de mujeres periodistas víctimas de violencia de género, entre otras.

“El trabajo que se ha podido adelantar sin lugar a dudas nos deja un panorama claro sobre el legado que le vamos a dejar al país, pero sobre la necesidad de hacerle entender también, a este país, que esta es una sentencia colectiva, que no solo beneficia a una persona si no a millones de personas que han tenido que enfrentar el conflicto armado, la violencia sexual y la persecución por su condición de periodistas”, afirma Jineth Bedoya Lima.

Del mismo modo, Jineth Bedoya Lima y sus representantes reconocen y celebran el compromiso de la Alcaldía Mayor de Bogotá, en cabeza de la alcaldesa Claudia López, de la Alta Consejería de Paz, Víctimas y Reconciliación, y de la Secretaría Distrital de la Mujer, quienes se comprometieron a apoyar la implementación de la sentencia en la capital del país, y a sumarse específicamente en dos medidas: la consecución del predio y el acompañamiento para la construcción del Centro Investigativo No Es Hora De Callar y el Plan de capacitación y sensibilización a funcionarios públicos, fuerzas de seguridad y operadores de justicia.

La segunda semana de mayo se dará inicio al segundo ciclo de trabajo, con el que se espera avanzar satisfactoriamente en todas las medidas para que se genere una base sólida en su ejecución.

"Cuando recibo ese golpe, sentí que el piso se abrió y que había caído en una grieta profunda", Jineth Bedoya Lima.

El 18 de octubre la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) emitió histórica sentencia en el caso de la periodista Jineth Bedoya Lima contra Colombia, donde analiza por primera vez el uso de la violencia sexual como forma de silenciamiento y control en contra de una mujer periodista en el marco del conflicto armado colombiano. ¿Cómo ha sido este camino para Jineth? 

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October 18, 2021, Washington, D.C., Bogotá - The Inter-American Court of Human Rights (IACtHR) issued a historic ruling in the case of journalist Jineth Bedoya Lima against Colombia, in which it analyzes for the first time the use of sexual violence as a form of silencing and control against a woman journalist in the context of the Colombian armed conflict.

"October 18, 2021 goes down in history as the day that a struggle, which began with an individual crime, led to the revindication of the rights of thousands of women victims and survivors of sexual violence and women journalists who leave part of their lives in their profession" said Jineth Bedoya, journalist, victim and survivor.

In its ruling, the Court declared Colombia responsible for the violation of various rights, including the right to personal integrity, personal liberty, honor and dignity, and freedom of thought and expression of journalist Jineth Bedoya Lima, as a result of the events that occurred on May 25, 2000, when she was intercepted, kidnapped and subjected to numerous physical, sexual and verbal assaults while reporting on crimes and human rights violations committed inside the Modelo prison in Bogotá.

The Inter-American Court recognized the existence of acts of torture that had a clear connection with her journalistic activity and were intended to punish, intimidate and silence her. The Court found that the attacks against the journalist not only violated her freedom of expression at the individual level, but also had a collective impact, both on Colombian society in its right to information and on other people who practiced journalism. In relation to the threats that Jineth Bedoya has received since at least 1999, the Court ruled that due to the lack of investigation these constitute acts of torture.

In its judgment, the Court found that there was serious, precise and consistent evidence of State involvement in the acts of physical, sexual and psychological torture against the journalist. The Court determined that these acts could not have been carried out without the acquiescence and collaboration of the State, or at least with its tolerance. This is even more serious considering that Jineth was investigating crimes committed by organized crime with the intervention of state agents inside the Modelo prison.

 Due to the severe climate of impunity and the use of gender stereotypes and discrimination in the investigation of Jineth Bedoya's case for more than two decades, the Court declared Colombia's international responsibility for the violation of the rights to due process, judicial protection and equality before the law due to the lack of due diligence in the investigations.

The ruling recognizes that Colombia is currently experiencing a serious context of threats, attacks and murders against social leaders and human rights defenders, including journalists.

The Court ordered a series of reparation measures, including symbolic measures and guarantees of non-repetition to repair the damage caused to Jineth Bedoya and to society in general.

Among the reparation measures ordered by the Court, we highlight the obligation to investigate, prosecute and punish all those responsible for the crimes committed against the journalist, particularly taking into account that the Court determined that to date the masterminds and other co-perpetrators who may have participated in the kidnapping and assault of Jineth Bedoya and subsequent threats have not been determined.

 In addition, the Court ordered Colombia to carry out "a comprehensive policy for the protection of journalists, the creation of the "Investigative Center No es Hora de Callar," the design and implementation of a public system for the collection of updated data and figures on gender-based violence and on threats and violence against journalists and human rights defenders; and the creation of a fund for the prevention, protection and assistance of women journalists who are victims of gender-based violence.

The Court's judgement demonstrates the existence of the systematic use of sexual violence against women during the Colombian armed conflict and the particular risk faced by women journalists. It also demonstrates the existence of systematic and widespread impunity in relation to sexual violence during the conflict.

Jineth Bedoya has been tirelessly seeking justice for more than 20 years and has become a symbol and leader in the fight against sexual violence, particularly in relation to women journalists. This decision by the Inter-American Court is dignifying not only for Jineth but represents hope for the thousands of victims of sexual violence during the Colombian armed conflict.

The organizations representing the case in the international process are the Center for Justice and International Law (CEJIL) and the Foundation for Press Freedom (FLIP). 

Press conference:

Rueda de prensa: 

18 de octubre de 2021, Washington, D.C., Bogotá.- La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) emitió histórica sentencia en el caso de la periodista Jineth Bedoya Lima contra Colombia, donde analiza por primera vez el uso de la violencia sexual como forma de silenciamiento y control en contra de una mujer periodista en el marco del conflicto armado colombiano. 

"El 18 de octubre de 2021 pasa a la historia como el día en que una lucha, que empezó por un crimen individual, llevó a la reivindicación de los derechos de miles de mujeres víctimas y sobrevivientes de violencia sexual y de mujeres periodistas que dejan parte de su vida en su oficio" señaló Jineth Bedoya, periodista, víctima y sobreviviente.

En su sentencia, la Corte declaró al Estado de Colombia responsable por la violación diversos derechos  incluidos el derecho a la integridad personal, libertad personal, honra y dignidad y libertad de pensamiento y expresión de la periodista Jineth Bedoya Lima, como resultado de los hechos ocurridos el 25 de mayo de 2000, cuando fue interceptada secuestrada y sometida a numerosas agresiones físicas, sexuales y verbales mientras se encontraba cumpliendo labores periodísticas sobre distintos crímenes y violaciones a derechos humanos que ocurrían dentro de la cárcel la Modelo en Bogotá. 

La Corte IDH reconoció la existencia de actos de tortura que tuvieron una clara conexión con su actividad periodística y tenían como fin castigarla, intimidarla y silenciarla. La Corte dio cuenta que las agresiones en contra de la periodista, no solo vulneran su libertad de expresión en el ámbito individual, sino que tuvieron un impacto colectivo, tanto en la sociedad colombiana en su derecho a la información como en otras personas que ejercían el periodismo. Por su parte, en relación con las amenazas que Jineth Bedoya ha recibido al menos desde el año 1999, la Corte resolvió que debido a la falta de investigación estas constituyen actos de tortura.

En su sentencia, la Corte da cuenta de la existencia de indicios graves, precisos y concordantes de la participación estatal en los hechos de tortura física, sexual y psicológica en contra de la periodista. La Corte determinó que estos hechos no pudieron llevarse a cabo sin la aquiescencia y colaboración del Estado, o cuanto menos con su tolerancia. Esto es aún más grave teniendo en cuenta que Jineth investigaba precisamente delitos cometidos en un contexto de criminalidad organizada con intervención de agentes estatales dentro de la cárcel La Modelo.

Debido al grave clima de impunidad y el uso de estereotipos de género y discriminación dentro de la investigación que ha rodeado el caso de Jineth Bedoya por más de dos décadas, la Corte declaró la responsabilidad internacional de Colombia por la violación de los derechos a las garantías judiciales, protección judicial e igualdad ante la ley por la falta de debida diligencia en las investigaciones.

La sentencia reconoce que en la actualidad persiste en Colombia un contexto grave de amenazas, ataques y asesinatos contra líderes y lideresas sociales, así como contra defensores y defensoras de derechos humanos, dentro de los que se encuentra la categoría de periodistas. 

La Corte ordenó una serie de medidas de reparación incluyendo medidas simbólicas y garantías de no repetición a fin de reparar los daños causados a Jineth Bedoya y a la sociedad en general.

Entre las medidas de reparación ordenadas por la Corte destacamos la obligación de investigar, juzgar y sancionar a todos los responsables de los crímenes cometidos contra la periodista, particularmente tomando en cuenta que la Corte determinó que a la fecha no se ha determinado la autoría intelectual de los hechos ni de otros coautores que pudieran haber participado.

Además, la Corte ordenó al Estado de Colombia  llevar a cabo; “una política integral para la protección de los y las periodistas, la creación del “Centro Investigativo No es Hora de Callar”; el diseño e implementación de un sistema público de recopilación de datos y cifras actualizadas sobre de violencia de género y sobre amenazas y violencia contra periodistas y defensores/as de derechos humanos; y la creación de un fondo de prevención, protección y asistencia de mujeres periodistas víctimas de violencia de género.

La sentencia de la Corte da cuenta de la existencia del uso sistemático de la violencia sexual contra las mujeres durante el conflicto armado colombiano y del riesgo particular que enfrentan las mujeres periodistas. Además, evidencia la existencia de una impunidad sistemática y generalizada en relación con la violencia sexual durante el conflicto.

Jineth Bedoya lleva más de 20 años buscando justicia incansablemente y se ha convertido en un símbolo y referente en la lucha contra la violencia sexual, particularmente en relación con las mujeres periodistas. Esta decisión de la Corte Interamericana es dignificante no solo para Jineth, sino que representa una esperanza para las miles de victimas de violencia sexual durante el conflicto armado colombiano.

Las organizaciones representantes del caso en el proceso internacional son el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) y la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP). 

Rueda de prensa: 

Contacto de prensa:
3103419744 - Andrea Torres Perdomo (FLIP)

 En relación con la carta difundida en redes sociales por la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado y por su director Camilo Gómez, Jineth Bedoya y sus representantes se permiten manifestar lo siguiente: 

1. Los canales escogidos por el director de la Agencia de Defensa del Estado no son los apropiados en el marco de un litigio en curso y denotan las malas prácticas de la defensa del Estado. La audiencia prevista para el día martes 16 de marzo fue suspendida como consecuencia de la solicitud de recusación del Estado. De igual modo, como corresponde en la práctica profesional ética, este tipo de comunicaciones deben ser dirigidas a través de los representantes legales de la parte.
   
   
2. Durante la tarde de hoy, 17 de marzo, la Agencia Jurídica envió una comunicación al  correo personal de Jineth y por distintos conductos buscó forzar una respuesta inmediata. La posterior publicación de esta comunicación privada, por medio de diferentes redes sociales, constituye un acto de hostigamiento y de litigio malicioso, que desde ningún punto de vista responde a la solemnidad y la dignidad del proceso.
   
   
3. Las tácticas de dilación en el proceso, así como la ausencia de justicia por más de veinte años es responsabilidad de la ineficacia y falta de voluntad política del Estado colombiano.
   
   
4. Si el Estado desea aceptar su responsabilidad por las violaciones cometidas y comprometerse a la implementación de las reparaciones requeridas, debe hacerlo ante la Corte Interamericana, en el marco del proceso en curso. Para Jineth Bedoya como para sus representantes la instancia legal y legítima es la Corte IDH.
   
   
5. Quedamos a la espera de la comunicación que la representación estatal remita a la Corte, señalando los hechos y las responsabilidades que acepta y las reparaciones a las que se allana.  

Jineth Bedoya Lima
Centro por la Justicia y el Derecho Internacional - CEJIL
Fundación para la Libertad de Prensa - FLIP

On Monday, March 15, the public hearing in the case of Jineth Bedoya Lima began at the Inter-American Court of Human Rights. At issue before the court is the State’s responsibility for threats against Jineth Bedoya, as well as her kidnapping, torture and rape in May 2000. During the hearing, the National Agency for Legal Defense of Colombia, represented by Camilo Gómez, alleged that the majority of the Court’s judges are not impartial in the case, and announced that it will present a request for recusal against five of the six judges due to an alleged lack of procedural guarantees. The State decided to leave the hearing, and the State’s witness did not appear to testify before the Court.

For the Colombian State, the questions and comments made by the judges, including Judge Elizabeth Odio Benito, President of the Court, revealed bias in favor of Jineth Bedoya. As her legal representatives, we, CEJIL and FLIP, state unequivocally that the comments from the judges were dignifying and appropriate, as they had just heard the courageous testimony from a survivor of grave human rights violations; the comments did not in any way prejudge the State’s responsibility in the case.  

In fact, it is the job and the obligation of judges to question witnesses about facts germane to the case—this includes context, which helps the judges to understand the scope of violations and the measures that could constitute reparation for the victim. In her testimony, Jineth Bedoya answered questions related to the object of her declaration, as pre-approved by the Court. This included: her work as a journalist and the journalistic investigations she carried out in and prior to 2000, the risks she faced as a result, her requests for protection and the State response to this situation. Likewise, she narrated the events of May 25, 2000 and the impact that these events have had on her life ever since.

In her testimony, Jineth stated that National Police officers suggested that she interview paramilitary leaders at La Modelo prison in order to mitigate the threats against her as a result of her investigative journalism. She stated that this interview was a “trap” that led to her kidnapping, torture, and rape. She also described how the perpetrators stated to her that their acts were a “lesson” or “punishment” for her journalism. She described multiple pieces of evidence of the responsibility of State agents for her kidnapping, which have been ignored in the prosecutor’s investigation; in contrast, she described how she was revictimized in the course of the investigation, being called twelve times to make statements describing the torture and rape to which she was subjected. The State’s representative recognized this revictimization at the public hearing.

As organizations that represent Jineth Bedoya, we denounce the State’s attitude in this case, which demonstrates the State’s indifference to the victims of sexual violence during Colombia’s armed conflict and denies dignified spaces for access to justice. Colombia’s decision to leave the public hearing is unprecedented and gives cause for concern about its commitment to justice for human rights violations and its eventual compliance with the decision of the Court.

Moreover, we denounce this action as part of a strategy to delegitimize the Inter-American Court and create new obstacles in this process, which continues to punish Jineth Bedoya for making her voice heard. This is a new attempt to silence her.

As legal representatives, we call on Colombia to reappear at the scheduled hearing, in compliance with its international human rights obligations and in accordance with the Court’s order. Appearance at the hearing will contribute to the dignity and redress that this international legal process can provide, regardless of the eventual content of the decision.

Este lunes 15 de marzo comenzó la audiencia pública ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), en el marco del proceso en el cual se determinará la responsabilidad del Estado en los hechos de amenazas, secuestro, tortura y violencia sexual que enfrentó la periodista Jineth Bedoya Lima en el año 2000. Durante la audiencia, la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado colombiano, en cabeza de Camilo Gómez, señaló la presunta falta de imparcialidad de la mayoría de los jueces y de la presidenta de la Corte IDH y anunció que presentará una solicitud de recusación contra cinco de los seis jueces, debido a una supuesta falta de garantías procesales. El Estado tomó la decisión de retirarse de la audiencia y, además, la testigo ofrecida por el Estado no compareció a rendir su declaración.

Para Colombia, las preguntas y los comentarios realizados por los cuatro jueces y la jueza Elizabeth Odio Benito, presidenta de la Corte, estaban cargados de parcialidad a favor de la víctima. Ante esto, CEJIL y la FLIP,  representantes de Jineth Bedoya Lima, sostenemos que los comentarios de los magistrados fueron dignificantes y oportunos en la medida que acababan de escuchar el valiente testimonio de una sobreviviente de graves violaciones a derechos humanos, pero de ninguna manera prejuzgaron sobre la responsabilidad del Estado, tal y como alega la defensa. 

Precisamente, es facultad y deber de los jueces indagar sobre los hechos objeto del litigio, es decir, aquellos que fundamentan el caso como el contexto para comprender su alcance y las medidas que para la víctima pueden significar la reparación. En su testimonio, Jineth Bedoya contestó a preguntas relacionadas con el objeto de su declaración tal como fue aprobado por la Corte. Esto incluye: su labor periodística y las investigaciones que llevaba a cabo en la época de los hechos, el riesgo al que se encontraba expuesta, sus solicitudes de protección y la respuesta estatal ante esta situación. De igual forma, la periodista narró los hechos del 25 de mayo del 2000 y el impacto que estos tuvieron en su vida desde entonces hasta la fecha. 

En su declaración, Jineth señaló que agentes de la Policía fueron quienes le sugirieron entrevistarse en la cárcel La Modelo con jefes paramilitares, para contener el riesgo que había generado su cubrimiento periodístico. Esta entrevista fue la trampa que ocasionó su secuestro, tortura y violencia sexual. También entregó detalles de cómo los perpetradores justificaron que estas agresiones eran un escarmiento contra sus denuncias periodísticas. Además, mencionó los numerosos indicios de la responsabilidad de agentes estatales sobre los hechos, que han sido ignorados en la investigación a nivel interno. Del mismo modo, Jineth cuestionó la revictimización que debió afrontar al ser llamada doce veces a declarar sobre el ataque sexual. Esto último fue reconocido por parte del agente del Estado en la audiencia pública. 

Las organizaciones que representamos a la periodista consideramos que la actitud del Estado demuestra la desidia contra las víctimas de violencia sexual en el conflicto armado y niega espacios dignos para acceder a la justicia. El retiro del Estado de la audiencia es un acto sin precedentes, lo que genera preocupación sobre el compromiso del Estado colombiano frente al juicio por violaciones de derechos humanos y al sometimiento frente a la decisión que adopte la Corte.

Además, esta actuación hace parte de una estrategia que busca deslegitimar a la Corte IDH y significa un nuevo obstáculo en el proceso, que continúa castigando a Jineth Bedoya por hacer escuchar su voz, resultando así en un nuevo intento de silenciarla.

Los representantes de las víctimas instamos al Estado colombiano a que, en cumplimiento de sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos, comparezca a la audiencia programada de conformidad con lo dispuesto por la Honorable Corte. Así se contribuye a que el proceso internacional sea digno y tenga un componente reparador, independientemente del posterior fallo.

Los representantes de Bedoya Lima alertamos sobre la constante negligencia, falta de compromiso e irrespeto hacia la víctima por parte de la Fiscalía General de la Nación. 

El pasado 17 de diciembre, la Fiscalía General de la Nación no asistió a la reunión convocada por la Cancillería para realizar seguimiento a la implementación de las medidas cautelares otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) a favor de Jineth Bedoya Lima. La Fiscalía debía informar sobre los avances en las investigaciones penales por los hechos ocurridos el 25 de mayo de 2000 que atentaron contra la vida, integridad y libertad de expresión de la periodista. 

La entidad justificó su inasistencia en la presunta existencia de compromisos previos, lo cual resulta inadmisible pues la reunión había sido programada con más de un mes de anterioridad*. Pareciera que atender las obligaciones internacionales del caso está en el segundo orden de prioridad para la entidad.

Es muy grave que, ni siquiera de cara a las medidas cautelares otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el Estado colombiano haya adoptado medidas serias y eficaces para proteger la vida y la integridad de Jineth Bedoya; y para investigar, juzgar y sancionar los hechos de los que fue víctima.

En la última reunión de seguimiento de medidas cautelares que se adelantó en junio de este año, Bedoya Lima reiteró su inconformidad sobre la falta de interés de la entidad de avanzar en su caso y recalcó su desazón frente a su inacción permanente. En esa oportunidad, se destacó la urgencia de que la entidad se pusiera al día con el recaudo de elementos de prueba —que han sido ordenados hace más de un año— y la actuación procesal de las noticias criminales en las que se registra a la beneficiaria como víctima. 

De igual manera, advertimos que la Fiscalía no ha avanzado en la investigación contra los determinadores de los crímenes de los que fue víctima la periodista. El letargo crónico de sus investigaciones contrastan con la multiplicidad de hostigamientos que ha recibido Bedoya en el último año, sin que la entidad cumpla con su función de investigar estos delitos y encauce nuevas investigaciones. 

Por lo anterior, alertamos que el Estado colombiano está en mora de adoptar las medidas necesarias para garantizar los derechos humanos de la periodista y cumplir las medidas ordenadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos; la incapacidad de avanzar en el esclarecimiento de los hechos de los que ha sido víctima la periodista es un grave indicio de impunidad, con lo cual se envía un mensaje nefasto en un país con altísimos índices de violencia contra periodistas.  

La falta de debida investigación y sanción de crímenes contra periodistas es una constante desafortunada en Colombia que origina sin lugar a dudas la responsabilidad del Estado, y genera un mayor riesgo para ejercer la libertad de expresión y de prensa. La falta sistemática de respuesta institucional frente a los crímenes contra la prensa es un potenciador de autocensura que debe ser corregido estructuralmente.

*Actualización: El 22 de diciembre la FLIP recibió una solicitud de rectificación de la Cancillería indicando que "de manera oportuna, la Fiscalía General de la Nación informó sobre su inasistencia a dicha reunión con base en el dia de la Rama Judicial, dispuesto en el Decreto 2766 de 1980". Sin embargo, esta no fue la información compartida durante la reunión del 17 de diciembre. 

Today, April 30, 2020, UNESCO announced that Colombian journalist Jineth Bedoya Lima has been awarded with the Guillermo Cano Press Freedom Prize, 2020 edition.

The UNESCO Guillermo Cano Award is led by the Guillermo Cano Isaza Foundation and Unesco, with the support of the Helsingin Sanomat Foundation and the Namibia Media Trust. It is the highest worldwide recognition in the field of press freedom.

In all its editions, this award has been a tribute to the legacy and courage of Colombian journalist Guillermo Cano Isaza. For 24 years, the award has traveled the world, recognizing courageous journalists who have stood out for their contributions to the defense and promotion of free journalism.

This year, the global award for an outstanding Colombian journalist arrives for the first time to its home country, to highlight journalist Jineth Bedoya, deputy editor of El Tiempo newspaper, director of the No es Hora de Callar (This is no Time to Remain Silent) campaign, defender of women's rights, and champion against impunity for crimes against the press. Jineth is a survivor of the kidnapping, torture and sexual violence she suffered in 2000, when he was part of the judicial newsroom of El Espectador newspaper, the same media that mister Guillermo Cano Isaza led until the last day of his life.

For FLIP, today is an incredibly special and emotional day. We have had the honor of first-hand knowing the rigor and persistence of Jineth Bedoya in the struggle for a free press and against the impunity of her own case. Since 2010, we have supported the judicial representation of her case before the Colombian criminal system and before the Inter-American Court of Human Rights, an organization that this year will evaluate the international liability of the Colombian State in her case, that was declared as a crime against humanity since 2012.

We call on the Colombian society to applaud Jineth Bedoya for this well-deserved recognition. Her story and struggle are as inspiring as they are important for a country where violence against women, attacks on the press and censorship continue to be attacks on civil liberties that, unfortunately, exist in Colombia.

“I believe that UNESCO’s Guillermo Cano Award is that: to show the world that voices often are much more powerful than the anger and rage of those who want to silence us”: Jineth Bedoya.

“When I met Jineth, I was struck by her tenacity and courage, but I was also shocked to realize how hard the struggle for justice is. Your story, Jineth, is an example for everyone, to continue to advance in the search for justice without hesitation": Guilherme Canela, advisor on Communication and Information of the UNESCO Office.

We worked in partnership with IFEX to produce this video about the role played by journalists in defending freedom of expression and the right to information.

See the story of Guillermo Cano Isaza, Jineth Bedoya Lima and Edison Molina and their fidhts against impunity.

This video pays tribute to all Colombian journalists who have been threatened, attacked, or murdered because of their work.