Fundación para la Libertad de Prensa - FLIP

La Fiscalía citó a la directora de Noticias Uno y columnista de El Espectador, Cecilia Orozco, a una diligencia de arraigo en el proceso de injuria y calumnia iniciado por el exfiscal Néstor Humberto Martínez. Alertamos sobre el avance en el proceso y las graves consecuencias que puede traer para la periodista, ya que con la diligencia de arraigo, por lo general, la Fiscalía busca verificar datos para notificar la imputación y el inicio formal del proceso penal.

En el 2019, con el propósito de silenciar e intimidar a la periodista, Martínez la denunció penalmente por opiniones emitidas en el programa Revelados, titulado “la Fiscalía espía a líderes políticos y periodísticos”. La directora de Noticias Uno criticó que, en un debate de control político, el exfiscal haya divulgado mensajes privados entre Orozco y un reportero del noticiero. 

Frente a esta situación, preocupa el avance en la investigación penal cuando evidentemente es un caso de acoso judicial emprendido por Martínez, con el que se desconoce las garantías mínimas de la libertad de expresión y el deber de tolerancia al escrutinio público que debía soportar como funcionario público. En julio del año pasado, la FLIP solicitó el archivo de este proceso al ser un intento de censura de un asunto de alto interés público.

Preocupa, además, que esta citación coincide con la publicación de varias opiniones de Orozco en las que pone en duda el accionar de la Fiscalía cuando Martínez la dirigía. En concreto, la reactivación de la investigación se da después de una publicación en la que se evidencia que la Fiscalía de Martínez imputó indebidamente a la exsecretaria ejecutiva de la JEP, Martha Lucía Zamora. 

La denuncia iniciada por el exfiscal y el impulso del proceso, sabiendo que se judicializa un asunto protegido por la libertad de expresión y que tienen como fin acallar críticas, sugiere un mal uso de la función pública para contrarrestar algunas discusiones de trascendencia social. Esto tiene un fuerte potencial silenciador porque enfrenta a los periodistas al dilema de ejercer su oficio o enfrentar sanciones de diversos tipos, incluidas las económicas. 

Advertimos nuestra preocupación porque, como en el caso de Yohir Ackerman, la Fiscalía impulsa las investigaciones contra periodistas a pesar de que el mismo ente investigador no tiene la misma diligencia para la investigación de los crímenes en los que la víctima es la prensa.  

Por todo esto, la FLIP le hace un llamado a la Fiscalía General de la Nación para que evalúe las denuncias por injuria y calumnia contra periodistas aplicando los estándares internacionales e interamericanos de derechos humanos, particularmente sobre la libertad de expresión, y conforme a esto desestime las denuncias que buscan censurar expresiones protegidas y fundamentales para el debate público. En este caso concreto, la FLIP reitera su solicitud para que se archive el caso en contra de la periodista Cecilia Orozco. 

La FLIP rechaza el seguimiento del que fue víctima la periodista Cecilia Orozco, por parte de un carro fúnebre en Bogotá. Esto es una forma de intimidación hacia ella y al resto de su equipo periodístico en Noticias Uno. La FLIP le solicita a la Fiscalía que realice una investigación diligente sobre lo sucedido para dar con los responsables y los motivos de estos hechos. 

Según lo revelado por Noticias Uno, durante el último puente festivo de marzo el esquema de seguridad en el que se transportaba su directora, Cecilia Orozco, fue seguido por un carro fúnebre por más de cuatro kilómetros. En ese momento, se alertó a la Policía, que detuvo el vehículo e interrogó a su conductor, quien afirmó que estaba haciendo un servicio en el que debía recoger un cadáver y un compañero le había dicho que siguiera el esquema. Además, en la investigación que el medio ha hecho no se ha podido encontrar ningún vínculo laboral del conductor con las dos empresas a las que este dijo pertenecer.

Esta intimidación es aún más grave si se tienen en cuenta las agresiones de las que han sido víctimas tanto Noticias Uno, como su directora, Cecilia Orozco. La más reciente sucedió en diciembre del 2021, cuando la Fiscalía ordenó una inspección a los archivos del medio. Aunque finalmente la inspección no sucedió, ese tipo de acciones por parte de una entidad estatal no contribuyen a un clima óptimo para la libertad de prensa y sí ponen en riesgo a las fuentes y periodistas del medio.

La FLIP también conoció que durante el 2021 Orozco se enfrentó a cuatro procesos legales diferentes, que pretendían silenciar las opiniones que daba; algunos de estos procesos fueron accionados por el exfiscal general Néstor Humberto Martínez y, el abogado, Abelardo De La Espriella. Este acoso judicial ha tenido impactos económicos, laborales y personales en la periodista.

Para la FLIP es preocupante la situación a la que se enfrenta Orozco, pues manda un mensaje intimidatorio al resto de la prensa que cubre fuentes similares a las de Noticias Uno. De esta forma se afecta el derecho a informar y recibir información, toda vez que se limita la deliberación sobre temas que son de importancia para la ciudadanía. 

Por todo esto, la FLIP le solicita a la Unidad Nacional de Protección que tenga en cuenta estos nuevos hechos como parte de la reevaluación del riesgo de la periodista con el fin de implementar las medidas necesarias para garantizar su seguridad. También pedimos a la Fiscalía que investigue este seguimiento y lleve a la justicia a quienes están detrás de las intimidaciones. 

La FLIP recibe de manera positiva para la construcción de un clima óptimo para la prensa, la decisión adoptada por el Juzgado 16 civil del circuito de Barranquilla, que desestimó el proceso de acoso judicial iniciado por Abelardo De La Espriella con el cual pretendía silenciar a la opinión de la periodista Cecilia Orozco. 

La FLIP tuvo conocimiento que el juez no encontró probado el daño alegado por De La Espriella a su honra y buen nombre, presuntamente ocasionado por las publicaciones de la periodista en las cuales se refirió a sus prácticas como abogado del ex-magistrado Pretelt, acusado entonces por posible concusión.

Resultan particularmente importante este tipo de decisiones que marquen límites claros y que garanticen la libertad de expresión en el escenario actual, en el cual  funcionarios del Gobierno y figuras públicas han demostrado incomodidad frente al escrutinio y recurren con mayor frecuencia al uso de acciones legales para acallar cualquier opinión crítica o que les resulta incómoda.

Entre 2016 y 2021, la FLIP documentó 162 casos de acoso judicial. Al respecto, la Fundación nota con preocupación la tendencia hacia el incremento de esta agresión, lo que indica que los agresores que recurren esta práctica la estiman efectiva para acallar las denuncias públicas por vía de la intimidación del aparato judicial. 

En el caso de la periodista Orozco se hizo evidente el desgaste provocado por el sometimiento a este proceso judicial. Si bien la decisión puede representar un alivio para el ejercicio de la prensa libre en Colombia, esta no elimina los efectos negativos que  representó este proceso para la periodista. 

La activación estratégica de la justicia contra la prensa por medio de procesos civiles envía un mensaje negativo para los periodistas que como Orozco revelan denuncias de alto interés para la ciudadanía y promueven el debate público. Estos procesos generan autocensura, desestimulan la participación en asuntos públicos y la pluralidad democrática en Colombia, toda vez que amenazan con castigarlas mediante sanciones económicas. 

La justicia debe garantizar que el interés general de conocer opiniones que fomentan el debate público, prevalezca sobre la censura a la prensa. Por ello, destacamos el rol fundamental de los jueces en la garantía de la libertad de expresión. En particular, que en sus decisiones se analicen los riesgos actuales del ejercicio periodístico de manera amplia e integral, ya que reconocer el acoso judicial como una nueva forma de agresión contra la prensa es un primer paso para frenar la instrumentalización de la justicia para silenciar opiniones críticas.

El Fiscal General de la Nación, Néstor Humberto Martínez, hizo varios señalamientos irresponsables en contra de la prensa durante su intervención en el debate de control político en el Senado el pasado 27 de noviembre.

Martínez dio a entender que los noticieros y periodistas están siendo utilizados por personas que conspiran en su contra con el único interés de acabar con su honra. Los medios de comunicación han informado acerca de un hecho de máximo interés público. Que de ello se deriven consecuencias para la honra de las personas no es resultado de la publicación sino de la conducta que se denuncia.

Además, Martínez se burló de que la periodista María Jimena Duzán afirmara sentirse en riesgo. Duzán y los periodistas de Noticias Uno han sido víctimas de amenazas e intimidaciones por parte de distintos actores. Es deber de la Fiscalía, a cargo de Martínez, investigar las circunstancias de estos hechos y dar con los responsables. Que el Fiscal General se burle de esta grave situación es inadmisible. 

En lugar de ser un garante de la libertad de prensa, el Fiscal Néstor Humberto Martínez se dedicó a limitar el ejercicio periodístico y a asfixiar el debate público.

La FLIP no ahorrará esfuerzos para que en el Estado colombiano y para que en este tema en particular existan garantías para el periodismo.

Ayer, 23 de agosto de 2012, la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), emitió un comunicado en el que anuncia la próxima denuncia penal por los delitos de injuria y calumnia contra la periodista Cecilia Orozco, por su columna de opinión publicada en El Espectador donde cuestiona algunas decisiones de esa Sala, y califica de “tendenciosas” las opiniones que, sobre dicha corporación judicial, publicó la periodista María Jimena Duzán en la revista Semana.

Este fue el comunicado que dio a conocer hoy, 27 de agosto, la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia en el cual se abstiene de denunciar a la periodista Cecilia Orozco por los delitos de injuria y calumnia, por una columna de opinión publicada en El Espectador donde Orozco cuestiona algunas decisiones de esa Sala.