Fundación para la Libertad de Prensa - FLIP

Logo Flip

 
Thursday, 20 October 2022 09:31

Rafael Moreno enfrentó por tres años las fallas de la UNP

El periodista Rafael Emiro Moreno, asesinado el pasado 16 de octubre, recibió amenazas de muerte desde el año 2019. Durante los siguientes tres años los ataques contra Moreno continuaron, por lo que acudió a la Unidad Nacional de Protección (UNP) y a otras entidades estatales en búsqueda de medidas que protegieran su vida. Sin embargo, durante ese tiempo, Moreno se enfrentó a un mecanismo de protección con problemas administrativos, que no creía en el riesgo que él manifestaba y, por lo tanto, tomó medidas insuficientes para el peligro al que se enfrentaba.

La Fiscalía, la Policía y el Consejo de seguridad del municipio de Puerto Libertador también sabían de los ataques de los que era víctima Moreno; no obstante, tampoco se implementaron acciones idóneas para proteger la vida del periodista.

Hay cuatro momentos claves que reflejan la inoperancia del Estado al momento de atender los riesgos de Moreno:

  1. Después de que Moreno advirtiera sobre su riesgo y las amenazas que había recibido por parte de grupos armados ilegales, la UNP le asigna al periodista un esquema de protección de un vehículo blindado, dos escoltas, un chaleco antibalas y un botón de apoyo.

  2. En septiembre del 2020, la UNP decide reducir el esquema de protección a casi la mitad y, así, retirar el vehículo blindado y un escolta. Esto sucedió a pesar de que Moreno fue víctima de otras dos amenazas en mayo del 2020. Si los ataques que recibió el periodista eran similares a los que enfrentó en 2019, entonces no se entiende por qué la UNP consideró que el riesgo del periodista había disminuido y por lo tanto requería menos protección.

    En ese momento, el Comité de Evaluación de Riesgo y Recomendación de Medidas (CERREM) argumentó que el periodista “no identifica o individualiza el actor generador de la amenaza, por lo que no es posible determinar la capacidad de materialización de las amenazas”. Esto desconoce, por un lado, que la mayoría de amenazas contra la prensa en Colombia son realizadas por desconocidos. Además, estas acciones fueron revictimizantes, pues revirtieron la carga de la prueba que debería tener el Estado y se la impusieron al periodista, ya que se le pidió que fuera el investigador de su propio caso.

    Además, en esa oportunidad el CERREM afirmó que “las entidades consultadas indicaron no contar con registros de amenaza en contra del evaluado”. Sin embargo, esto es falso, ya que Moreno denunció ante la Fiscalía todas las amenazas y estas estaban en conocimiento de por lo menos otras dos instituciones: Policía y Alcaldía de Puerto Libertador. La desarticulación entre las entidades estatales llevó a que en el caso de Moreno no se tomaran las acciones correspondientes para resguardar su vida.

  3. En septiembre del 2021 la UNP suspendió por tres meses el escolta que protegía a Moreno. Es decir, el comunicador quedó solamente con el botón de apoyo y el chaleco antibalas. La entidad nunca notificó debidamente al periodista sobre esta decisión, por lo que no se conocieron las razones que justificaron el desmonte parcial del esquema de protección.

  4. En julio del 2022 el CERREM decide volver a implementar las medidas que Moreno tenía desde el 2020, es decir un hombre de protección, un chaleco y el botón. Esto, a pesar de que durante el 2021 el periodista recibió dos amenazas, lo que significa que su nivel de riesgo nunca disminuyó en el tiempo.

    En ese mes la FLIP puso en conocimiento del CERREM y la UNP las dos nuevas amenazas de las que fue víctima el periodista en mayo y junio del 2022. El objetivo, nuevamente, era que se le reforzara su esquema de protección. En ese momento, la UNP valoró las agresiones como si se trataran de un caso nuevo, cuando el periodista llevaba ya tres años en el sistema de protección. 

    Hacemos un enérgico llamado al director de la UNP, al Ministerio del Interior, el Consejero Presidencial para los Derechos Humanos, y demás miembros del CERREM, para que junto con la Defensoría del Pueblo, realicen un informe público sobre las evaluaciones de riesgo, los trámites y medidas que fueron adoptadas en este caso. Esto, con miras a que se adopten las medidas necesarias para corregir y prevenir fallas del Mecanismo de Protección en otros casos.