Revelaciones periodísticas publicadas por la Revista Raya advierten de un caso de espionaje que de manera directa o indirecta afectó a periodistas colombianos y extranjeros.
Según la investigación, agentes del Estado colombiano rastrearon los contactos del agregado político cubano Joel Marrero Enríquez, quien para el gobierno colombiano realizaba actividades de espionaje. A raíz de esa vigilancia fueron vinculados por medio de menciones, registros de llamadas y fotografías los siguientes periodistas: Joshua Goodman (Associated Press), Gerald Bermúdez (fotoperiodista independiente) y José Luis Mayorga (Agencia de Reporteros Sin Fronteras).
La FLIP rechaza todo tipo de acciones de espionaje que pongan en riesgo a periodistas, ya que esto afecta gravemente su intimidad, integridad y la reserva de la fuente. Es necesario tener en cuenta que las conversaciones de periodistas están protegidas por los artículos 20 y 74 de la Constitución Política de Colombia.
El caso del reportero gráfico Gerald Bermudez es especialmente grave ya que también fue perfilado directamente por el Ejército en el 2020 y su actividad periodística se ha visto afectada por el impacto de estas actividades de vigilancia. La ausencia de investigaciones aumenta las inquietudes de los periodistas sobre el uso que se le ha dado a la información recolectada por Inteligencia a lo largo de los últimos años. Resulta inexplicable que a pesar de las múltiples denuncias se mantengan las mismas estrategias y metodologías de recolección y sistematización ilegal de información, sin que se logren determinar las responsabilidades individuales y políticas.
Resulta prioritario que el Estado realice una auditoría independiente sobre las actividades de inteligencia de la última década para establecer su alcance y la cadena de responsables y se adopten medidas de no repetición. De igual manera es prioritario que sea el Estado quien envíe un mensaje claro y contundente de rechazo a estas acciones.
