La FLIP alerta y expresa su preocupación por la decisión de la Unidad Nacional de Protección (UNP) de no brindar medidas de protección al periodista Robert Posada de Tuluá, Valle del Cauca. En el último año, Posada ha recibido tres amenazas y ha sido acosado por contratistas de la alcaldía; sin embargo, la UNP afirma que no tiene un riesgo diferente al que puede estar expuesto cualquier otro ciudadano. Este tipo de acciones por parte de la UNP son negligentes y ponen en grave riesgo la vida del comunicador.
En diciembre de 2021, Posada denunció ante la Fiscalía dos mensajes en los que amenazan de muerte a su hermano y le dicen al periodista que lo tienen identificado. En su momento, la FLIP compartió esta información con la UNP, para que realizara el estudio de riesgo del periodista. A pesar de esto, la entidad afirma que el riesgo del reportero es ordinario y que no se requieren medidas de protección.
La FLIP nota con preocupación que en la resolución no se evidencia que la UNP haya realizado un análisis de contexto para determinar el riesgo al que se enfrenta Posada. La Corte Constitucional ha dicho que en estos casos es necesario valorar los riesgos propios del lugar donde se desempeña el comunicador. Tuluá es un municipio hostil y peligroso para la prensa, en septiembre del 2021, fue asesinado el periodista Marcos Efraín Montalvo, quien investigaba y hablaba de los mismos temas que Posada: corrupción, grupos armados y política local. Según lo documentado por la FLIP, este homicidio está relacionado con el oficio periodístico de Montalvo. Sumado a este contexto, el alcalde de Tuluá, John Jairo Gómez, ha realizado declaraciones estigmatizantes que deslegitiman el trabajo de los reporteros locales.
La FLIP le solicita a la UNP que inicie la evaluación de riesgo de inmediato y que implemente por trámite de emergencia las medidas para proteger al periodista Robert Posada. Esta evaluación debe estar acorde a su situación y debe tener en cuenta los estándares de protección para periodistas: perfil del comunicador, contenido de la información que publica y contexto de la región donde ejerce el oficio, en este caso Tuluá.
También exhortamos a las autoridades locales, a la UNP y a la Fiscalía General de la Nación para que lleven a cabo todas las acciones necesarias para proteger al periodista. La articulación entre entidades estatales es fundamental para la correcta realización de los estudios de riesgo y la garantía de la protección del ejercicio periodístico y la vida de las y los comunicadores.
