Las empresas de Internet se han convertido en intermediarios fundamentales para la democratización del debate público. Al mismo tiempo, han acelerado problemas como pérdida de la calidad de la información, amplificación de acciones violentas, desinformación, entre otros. ¿Cómo conciliar entre la libertad de expresión y las preocupaciones por el derecho a la privacidad y la seguridad nacional?
En esta “batalla” entre los Estados y las empresas de tecnología, el principal riesgo es limitar los derechos de las y los usuarios de Internet, reconocidos como derechos fundamentales. Según el reporte de Freedom House, publicado en 2021, uno de cada cuatro gobiernos del mundo ha trabajado en nuevas reglas para que las empresas tecnológicas regulen el contenido de los usuarios en los últimos años, y buena parte de estas normas entrañan riesgos para la libertad de expresión y ejercen una presión considerable sobre las empresas para que tomen medidas restrictivas.
En Colombia, cabe mencionar dos ejemplos de intentos de regulación que suponen un riesgo de censura. En medio del paro nacional de 2021, el Ministerio de Defensa lanzó la campaña #ColombiaEsMiVerdad que fue justificada para combatir las noticias falsas que circulan en Internet. Se basó en la creación de un enemigo: las y los usuarios de redes sociales que criticaron o cuestionaron el accionar de la fuerza pública. La campaña tachaba de falsas sus publicaciones y así inauguró una vigilancia sin aclarar el procedimiento que se lleva a cabo para identificar los contenidos ni los criterios usados para definir la veracidad de los mismos que, al parecer, terminan siendo insumo para investigaciones penales o disciplinarias en contra de las y los usuarios de Internet.
Aquí puede consultar la revista Páginas para la Libertad de Expresión, edición #3.
También vale la pena mencionar la consulta pública que hizo la Secretaría de Transparencia en octubre de 2021 sobre este tema, que incluyó preguntas como: “¿Estaría de acuerdo con la regulación de las redes sociales con el fin de evitar la desinformación, el debilitamiento de las democracias, los discursos de odio y la propaganda deshonesta?”, una forma de reducir una discusión compleja que puede fácilmente convertirse en otra herramienta para que el Estado silencie voces críticas.
De igual manera, es importante anotar el rol de los Estados frente a las plataformas. Estos tienen la obligación de velar por que las entidades privadas no interfieran con la libertad de opinión y de expresión. Ante el amplio poder de las grandes organizaciones para moldear el debate público en línea y la opacidad en el funcionamiento de sus algoritmos de moderación de contenidos, también hace falta mayor claridad y transparencia. En medio de movilizaciones sociales en septiembre de 2020, Facebook decidió bloquear temporalmente la etiqueta #ACAB (All Cops Are Bastards) y, en 2021, Twitter hizo lo mismo con las cuentas del periodista Gustavo Gómez por supuestamente incumplir las normas de Twitter y de la columnista Ana Bejarano por vestir una camiseta con la frase “Saquen sus rosarios de nuestros ovarios”. La eliminación de contenido de forma automática lleva consigo el riesgo de que aparezcan nuevas formas de censura que ya amenazan los esfuerzos creativos en el contexto de los derechos de autor.
Cuando la regulación ataca la libertad de expresión
- El 2021 fue el año en el que se registró el mayor número de arrestos a usuarios por expresar contenido sobre asuntos de discurso político, social o religioso.
- Veinte países suspendieron el acceso a Internet y veintiún estados bloquearon el acceso a las plataformas de redes sociales.
- Organizaciones internacionales sospechan que las autoridades de al menos 45 países obtienen software espía sofisticado o tecnología de extracción de datos de proveedores privados.
- A finales de 2020, en Nicaragua entró en vigencia la Ley Especial de Ciberdelitos que castiga con penas de cárcel a quienes difundan “noticias falsas y/o tergiversadas que produzcan alarma, temor, zozobra en la población, o a un grupo o sector de ella o a una familia”. Esta ley ha sido utilizada por el Gobierno para perseguir a periodistas y personas críticas del presidente Daniel Ortega.
- En por lo menos 38 países del mundo, los gobiernos están trabajando en reformas legales sobre la gestión de los datos personales que recopilan las grandes compañías de sus usuarios. El problema es que algunas de estas medidas no apuntan a proteger la privacidad de las y los usuarios, sino a darles facilidad a los Estados para solicitarles a las plataformas dicha información, lo que abre la puerta a perfilamientos y vigilancia minuciosa por parte del Estado hacia la ciudadanía.
