Durante el año pasado fuimos testigos del período más violento contra la prensa en años recientes en Colombia. El asesinato de un periodista demuestra que la prensa se sigue enfrentando a agresiones extremas sin garantías por parte del Estado. Este es un repaso por los momentos que marcaron la libertad de prensa del 2021.
1. Asesinato de Marcos Efraín Montalvo
El 19 de septiembre fue asesinado Marcos Efraín Montalvo, un periodista veterano de Tuluá, Valle del Cauca. Su trabajo periodístico es recordado por las denuncias y críticas a la administración local. Su asesinato es el segundo que ocurre en menos de un año en el Valle del Cauca. Este contexto genera temor entre los y las periodistas de la región que ante estos hechos de violencia pueden verse obligados a autocensurarse y dejar de denunciar temas como los que cubría Montalvo.
Por el asesinato ya fue capturado un menor de edad y la principal hipótesis de la Fiscalía General de la Nación es que el crimen fue motivado por el trabajo periodístico de Montalvo.
2. Récord de periodistas agredidos en manifestaciones sociales
A lo largo del año registramos 359 agresiones a la prensa durante las manifestaciones sociales. Especialmente nos llama la atención el período entre el 28 de abril y el 19 de julio, en el que documentamos 304 agresiones contra periodistas y medios. En los contextos de protesta del 2021, la fuerza pública fue responsable del 63% de las agresiones. A pesar del compromiso institucional de investigar y sancionar a los responsables, hasta el momento, solo hay siete procesos abiertos y no conocemos de ninguna sanción a los responsables.
3. Ciberpatrullaje y vigilancia en línea
Durante el paro nacional el Ministerio de Defensa y la Policía iniciaron acciones de ciberpatrullaje para combatir lo que, según ellos, son noticias falsas que circulan en Internet. Esta política, que va en contravía de las indicaciones y recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y de la Relatoría para la Libertad de Expresión de las Naciones Unidas, institucionaliza un discurso de estigmatización y censura arbitraria contra voces críticas del Estado que denuncian irregularidades de las instituciones. Preocupa la vigilancia y seguimiento que puedan hacer a usuarios de redes sociales y periodistas, en especial porque el país ya tiene antecedentes de perfilamientos a la prensa.
Hasta ahora, ni el ministerio ni la Policía han asumido alguna responsabilidad y se escudan en decir que se trataba de una campaña pedagógica para hacer frente a las noticias falsas.
4. Visita de la CIDH
En junio, la CIDH visitó Colombia y se reunió con periodistas y organizaciones de la sociedad civil. Su objetivo era recolectar información sobre las múltiples violaciones a derechos humanos durante el período de manifestaciones sociales. Luego de la visita, la CIDH publicó un informe con recomendaciones para el Estado colombiano. Algunas de ellas: asegurar la protección de periodistas, no intervenir en el libre funcionamiento de los medios, abstenerse de aplicar formas directas o indirectas de censura, brindar información sobre el funcionamiento de las redes de Internet y que la Policía deje de categorizar contenidos como verdaderos o falsos.
El Gobierno rechazó algunas de las recomendaciones y dejó entrever su falta de disposición en la implementación de las mismas.
Aquí puede consultar la revista Páginas para la Libertad de Expresión, edición #3.
5. Sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) sobre el caso Jineth Bedoya
Después de más de 20 años en búsqueda de justicia, en octubre de 2021 la Corte IDH condenó al Estado colombiano por el secuestro, la tortura y la violación de Jineth Bedoya. La sentencia es histórica porque representa un gesto de justicia para todas las víctimas de violencia sexual en el conflicto.
En su fallo, la corte le ordena al Estado investigar, juzgar y sancionar a todos los responsables de los crímenes cometidos contra Bedoya; llevar a cabo una política integral para la protección de los y las periodistas; la creación del Centro Investigativo No es Hora de Callar; el diseño e implementación de un sistema público de recopilación de datos y cifras actualizadas sobre violencia de género, amenazas y violencia contra periodistas y defensores(as) de derechos humanos; y la creación de un fondo de prevención, protección y asistencia de mujeres periodistas víctimas de violencia de género.
6. Acoso judicial: los casos de Vicky Dávila y Cecilia Orozco
Durante el 2021, el acoso judicial contra la prensa se incrementó. En abril conocimos la decisión en segunda instancia de la Corte Suprema de Justicia que sentenciaba a la periodista Vicky Dávila a indemnizar al excomandante de la Policía, Jorge Hilario Estupiñán, por los cuestionamientos que hizo frente a un posible acto de corrupción de Estupiñán. Judicializar una opinión es un golpe contundente contra la libertad de expresión, pues en una democracia se deben proteger los discursos en todas sus formas y manifestaciones.
Por otro lado, se dio la sentencia a favor de Cecilia Orozco en un caso en el que el abogado Abelardo de la Espriella la acusó de dañar su honra y buen nombre. Aunque la decisión represente un alivio para el ejercicio de la prensa libre en Colombia, esta no elimina los efectos negativos que representó el proceso judicial para la periodista.
7. Interferencias y ataques a los medios
En marzo, el gobernador del Quindío, Roberto Jaramillo, realizó llamados de atención a los periodistas por la forma en la que se estaban emitiendo las noticias. Y en octubre, despidieron al director del sistema informativo de Telemedellín, Hernán Muñoz, como sanción a las críticas que realizaba a la Alcaldía de Medellín. Según el periodista, el nuevo gerente del canal habría dicho en una reunión de empalme que el noticiero “ya no sería para la gente, sino para defender al alcalde”.
Además, el alcalde Daniel Quintero arremetió contra el periódico El Colombiano, que ha realizado varias investigaciones sobre corrupción en la alcaldía. Les han desacreditado, por ejemplo, diciendo que el periódico es un “pasquín”. Por este hecho, a inicios de enero del 2022, la Procuraduría General de la Nación abrió una indagación preliminar contra Quintero.
Estas intimidaciones son una carta blanca para que otras entidades y funcionarios dejen de lado su obligación de propiciar un clima óptimo para el periodismo.
8. MinTIC cancela ayudas económicas a medios
A inicios del 2021, el MinTIC anunció la entrega de 85.000 millones de pesos para la transformación digital y la reactivación económica de los medios. Sobre esto, la FLIP advirtió acerca de la necesidad de establecer mecanismos de evaluación independientes para dar mayor transparencia al proceso y establecer expresamente una cláusula de respeto a la libertad editorial de los medios. El MinTIC respondió que el proceso de evaluación sería objetivo y transparente, y que no debía haber preocupación alguna frente a posibles vulneraciones a la libertad de prensa.
Sin embargo, en septiembre, se anunció la terminación anticipada del proceso de convocatoria. Supuestamente, ninguno de los 354 medios que participó cumplía con los requisitos, pero nunca se explicó por qué las propuestas no se ajustaban a los ejes de la convocatoria o por qué los presupuestos no se adecuaban a las condiciones del MinTIC. Así, el Estado dejó en vilo a un aproximado del 15% de los medios del país y se lavó las manos de su responsabilidad en apoyarles.
9. La Cámara aprueba artículo que limita la libertad de expresión
En diciembre, las dos cámaras del Congreso aprobaron un artículo que amenazaba la libertad de prensa, pues imponía sanciones desproporcionadas para quienes injurien o calumnien a funcionarios o exfuncionarios públicos. A pesar de que días después fue eliminado, es sumamente alarmante que el Congreso haya aprobado en primera instancia una legislación regresiva contra la prensa, que desconoce los estándares internacionales, sofoca el debate público y crea un terreno fértil para la corrupción, pues le impide a la prensa y a las organizaciones civiles cumplir su rol de veedores.
10. Agresiones contra la prensa que caminan hacia la impunidad
El año pasado se cumplieron tres años del asesinato del equipo periodístico del diario ecuatoriano El Comercio. En mayo tuvo lugar el acto de perdón de alias “Cherry”, responsable del asesinato de los periodistas ecuatorianos. Sin embargo, el acusado mostró contradicciones en su relato y no evidenció un interés de revelar la verdad del crimen. Es clave que se dé una reparación a través de espacios de perdón que esclarezcan la verdad y eviten nuevos gestos de revictimización.
Por otro lado, en enero la CIDH concedió medidas cautelares a favor del periodista Ricardo Calderón por las agresiones de las que fue víctima en el caso de perfilamiento a periodistas por parte de miembros del Ejército. Sin embargo, la Fiscalía y la Procuraduría no han avanzado en las sanciones a los responsables, con lo cual se evidencia la falta de interés estatal en avanzar en el esclarecimiento del caso.
