 Panel - Acciones para promover la seguridad de los periodistas
Carlos Cortés Castillo*
4 de mayo de 2007
Un periodista recibe un mensaje de texto en su celular: “Deja de hablar tanto en radio, te vas a tener que ir de la ciudad”. Uno más recibe un mensaje de voz: “Lástima que un periodista se dañe por unos pesos. Cuídese”. Y varias organizaciones no gubernamentales reciben una advertencia por correo electrónico: “Hemos tomado atenta nota de todos los pasos que han venido dando… les hemos empezado a dar prueba de que no estamos jugando. Están declarados objetivo militar”.
Estos tres ejemplos tienen dos características comunes: son amenazas y se hicieron a través de medios electrónicos. Estas modalidades de amenaza se suman a las más conocidas: cartas anónimas, sufragios, mensajes a través de terceros o ‘regalos’ con notas escabrosas. Y, a su vez, las amenazas se suman a las demás violaciones de la libertad de prensa: el asesinato, el secuestro y el trato inhumano o degradante, entre otros.
Una primera lectura de las estadísticas indicaría que el estado de la libertad de prensa en Colombia es, a todas luces, mejor. Los gobiernos, en general, manejan un discurso superficial: si hay menos periodistas en los cementerios, hay más libertad de expresión en las calles. Pero no ven la dimensión del problema de la autocensura, y de la multiplicación del miedo frente a una amenaza o un asesinato.
En el caso de Colombia, vemos una tendencia clara. Si bien los asesinatos disminuyeron en comparación con décadas trágicas como las de los ochenta y noventa, las amenazas aumentan. Las amenazas registradas por la FLIP aumentaron 64% de 2004 a 2005, y 20% de 2005 a 2006 (valga la pena hacer, además, el siguiente paréntesis: en 2006, la FLIP registró un aumento del 37% de las violaciones en general, en comparación con 2005). Las amenazas registradas por la FLIP, repito. Y en este punto quiero detenerme. ¿Qué tanta atención le están prestando los organismos investigadores al impacto de las amenazas en la libertad de prensa? ¿Qué tanta atención le prestan, en general, a los indicadores sobre libertad de prensa en el país? La respuesta es tan simple como abrumadora: ninguna o poquísima atención.
En el caso de las amenazas no hay estadísticas claras ni registros confiables por parte del Estado. No es muy diferente en el caso de los demás indicadores. No hay, por tanto, una percepción clara de lo que realmente está pasando. Han sido las organizaciones no gubernamentales – en el caso colombiano, la FLIP a través de su Red de Alerta y Protección a Periodistas – las que han ocupado ese espacio y asumido esa labor, con mucha precariedad, obstáculos e, incluso, errores. En otras palabras, son éstas las que hacen la labor que le corresponde al gobierno. Más allá de ser un problema técnico o una incapacidad estatal, es una ausencia enorme, un hueco negro profundo en materia de producción de información de interés general y del acceso a ésta. El Estado no ha hecho los esfuerzos necesarios para producir indicadores sobre el estado de la libertad de prensa.
Este panel busca proponer acciones para la seguridad de los periodistas, y es ésta la primera acción que quiero subrayar esta tarde: debemos hacer un monitoreo sistemático y construir indicadores confiables. Y digo “debemos” porque es una labor que involucra al Estado y a las organizaciones civiles, de manera coordinada. Mientras no lo hagamos, nuestro norte será difuso y el problema será relativo para cada sector. En definitiva, seguiremos en el campo de las especulaciones.
Una segunda acción que quiero señalar, y que considero crucial para la seguridad de los periodistas es tener una política pública integral de protección. Esta necesidad se divide en dos puntos: dejar de pensar en la seguridad de los periodistas como una acción netamente de respuesta y dejar de abordar el problema como un asunto de costo-beneficio político.
El primer punto es bastante claro. Colombia tiene un programa de protección a periodistas, y las organizaciones civiles lo reconocemos – nacional e internacionalmente – como un escenario vital y un espacio de interlocución con el Estado. Pero éste se ha dedicado principalmente a ‘apagar incendios’. Salvamos vidas, sí, pero perdemos periodistas. Un periodista que ingresa al programa de protección después de exiliarse difícilmente volverá a ejercer el oficio. Y aquellos que se quedan en las regiones ejerciendo el oficio con escoltas y armas, no sólo hacen un periodismo restringido, timorato e insólito, sino que permanecen en un estado de incertidumbre, sin tener claro en qué momento habrá condiciones para trabajar nuevamente de manera normal.
El comité de protección a periodistas sienta a la mesa a todas las entidades estatales responsables de la garantía y goce de los derechos humanos: la Vicepresidencia, el Ministerio del Interior, la Defensoría del Pueblo, la Procuraduría y la Policía, entre otros. Pero esta oportunidad se desaprovecha para plantear acciones conjuntas, para ordenar y compartir la información, asumir tareas concretas y tener funcionarios públicos dedicados exclusivamente a esto.
Hablaba ayer el señor Vicepresidente de la reactivación de la Unidad de Derechos Humanos de la Fiscalía General de la Nación y de una nueva política para luchar contra la impunidad. Promesas que hemos oído antes, pero que lamentablemente no se han cumplido. Las entidades caminan aisladas, con ojeras como si fueran caballos arrastrando una carretilla, y con la información totalmente compartimentada, como si cada una de éstas tuviera una misión súper secreta que las demás no pueden conocer.
El segundo punto en esta política pública integral de protección es igualmente importante: el gobierno no puede politizar el debate sobre el estado de la libertad de prensa, así parezca inevitable. La FLIP ha reiterado la clara diferencia entre la situación de los periodistas en una región u otra. De hecho, el sistema de monitoreo que estamos implementado busca construir indicadores discriminados por departamentos. Sabemos que, en el caso de Colombia, el escenario es dramático en algunas regiones y reconfortante en algunas ciudades. Y sabemos también que la situación no depende exclusivamente del gobierno nacional, ya que no son pocas las administraciones locales – alcaldías y gobernaciones – que están cooptadas por grupos ilegales. Por mejor voluntad que exista desde el gobierno central, la implementación de los planes de protección fracasará si los gobiernos regionales son negligentes o abiertamente ilícitos. Aceptar esta situación, y evitar los partes e informes grandilocuentes y excesivamente generalizados es el punto de partida para atacar la enfermedad a partir de sus verdaderos síntomas.
Adicionalmente, la politización del debate sobre libertad de prensa dejará siempre muy mal librados a los medios de comunicación pequeños y a los periodistas regionales. En contextos como el colombiano, las declaraciones oficiales estigmatizadoras – insinuando la cercanía de algunos sectores del periodismo con grupos armados ilegales – es una contradicción abierta con los programas de protección. Es, como decimos coloquialmente, borrar con el codo lo que se hace con la mano.
El tercer punto, al cual ya muchos de los panelistas hicieron referencia, es la concertación de medidas de autoprotección de los periodistas entre las organizaciones civiles y los medios de comunicación. Quiero ilustrar esta acción con un ejemplo que ilustra una parte del problema: hace un poco más de un año, la guerrilla inició un paro armado en Arauca (el cual consiste, básicamente, en entorpecer el transporte público, evitar el transporte de alimentos y hacer retenes ilegales). Como dijo Álvaro Sierra en la mañana, este departamento había sido el epicentro de una ofensiva militar del gobierno y, por lo tanto, los meses anteriores al paro habían sido de relativa calma. Después de un par de días de la acción de la guerrilla, las emisoras locales reportaron que el departamento estaba totalmente paralizado.
Esta noticia molestó a las autoridades en Bogotá, quienes desestimaron la noticia ante los medios de la capital. Los editores de algunos medios nacionales, radicados en la capital, hicieron eco de esa versión y, días después, un alto mando militar de Arauca citó a los periodistas locales y les dijo que “no le hicieran el juego al terrorismo”, y reiteró que la situación era de total normalidad. Esto, a todas luces, era equivocado. Aun así, los periodistas, temerosos, publicaron la nueva versión, y pocas horas después comenzaron a recibir amenazas de la guerrilla por el periodismo oficialista que ejercían.
Como decía Álvaro, las decisiones editoriales de las noticias salen de las salas de redacción en Bogotá, a partir de la información que llega de las regiones. Muchas veces esa información regional – que es la materia prima de la noticia – se usa de manera descontextualizada o con un enfoque equivocado. Esto pone en riesgo a los periodistas regionales. Además de tener que enfrentar a los gobiernos locales, deben responder ante los grupos armados por una noticia que ellos no concibieron a pesar de que ayudaron a elaborar.
En foros como éste, muchos directores de medios hablan de la claridad de sus políticas editoriales y de las recomendaciones para sus corresponsales. No obstante, en algunos casos unas y otras no se conocen en las regiones, no se implementan o, simplemente, no existen. La FLIP ha tenido pocas pero positivas experiencias en el diseño y promoción de este trabajo, el cual ha redundado en una mejor situación de seguridad para los periodistas.
Por último, quiero cerrar con una conclusión reiterada en estos dos días: más allá de los esquemas de seguridad, los carros blindados y las armas, la primera y más importante medida de protección que siempre recomendamos es también la más elemental: hacer un periodismo equilibrado, veraz y responsable.
* Director ejecutivo de la Fundación para la Libertad de Prensa, FLIP
www.flip.org.co
director@flip.org.co
|
Reciba noticias de la FLIP 
