Fundación para la Libertad de Prensa - FLIP

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La FLIP manifiesta su preocupación por la denuncia conocida en los últimos días sobre presuntas órdenes de vigilancia del CTI a las comunicaciones del periodista Ernesto Yamhure. De acuerdo con la denuncia hecha por Andrés Sepúlveda, el llamado “hacker” que trabajó como asesor para la campaña presidencial de Óscar Iván Zuluaga, durante su reclusión recibió órdenes de Danny Julián Quintana, ex director del CTI de la Fiscalía, de atacar e intervenir las comunicaciones del periodista.

Según Sepúlveda, luego de negarse a ejecutar tales órdenes, Quintana tomó represalias en su contra, quitándole comodidades y trasladándolo a otro establecimiento. En entrevista con La W, Quintana negó rotundamente todas las acusaciones de Sepúlveda. Por su parte, este último dice tener correos electrónicos que prueban que recibió tales órdenes.

La vigilancia ilegal trae graves consecuencias para la libertad de expresión al afectar la intimidad y el trabajo de los periodistas y de sus fuentes, actuando como un incentivo para la autocensura. La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha explicado que la interceptación de las comunicaciones tiene un efecto inhibitorio que afecta el pleno ejercicio de la libertad de expresión: “En efecto, sin un espacio privado, libre de injerencias arbitrarias del Estado o de particulares, el derecho a la libertad de pensamiento y de expresión no puede ser ejercido plenamente. Esta misma relatoría y la Relatoría Especial para la Protección y Promoción del Derecho a la Libertad de Opinión y Expresión de la ONU publicaron en 2013 una Declaración Conjunta en la que sostuvieron que “[l]a vigilancia de las comunicaciones y las injerencias a la privacidad que excedan lo estipulado en la ley, que se orienten a finalidades distintas a las autorizadas por ésta o las que se realicen de manera clandestina deben ser drásticamente sancionadas”.

De ser ciertas las denuncias de Sepúlveda, se revivirían las preocupaciones en torno al grave problema de la vigilancia ilegal del Estado a las comunicaciones de periodistas, luego de episodios tan penosos como los escándalos de las “chuzadas” del DAS (revelado en 2009 por la Revista Semana) y del centro de operaciones militares “Andrómeda” (revelado en 2014 por la misma revista).

La FLIP exhorta a la Fiscalía para que avance en la investigación de las denuncias para que se aclaren los hechos.

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La periodista Claudia Julieta Duque y su hija María Alejandra Gómez demandaron en las últimas horas al Estado colombiano ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por los múltiples ataques de los que han sido víctimas desde el año 2001, entre los que se cuentan un secuestro, graves amenazas, tortura psicológica, persecución y exilios, La mayoría de estos se encuentra en la impunidad, en el marco de juicios e investigaciones ralentizadas contra exfuncionarios del extinto Departamento Administrativo de Seguridad (DAS).

La periodista comenzó a ser perseguida en el año 2001, cuando investigaba el caso del asesinato del también periodista Jaime Garzón Forero. En la petición presentada ante la CIDH durante el período de sesiones que se lleva a cabo a partir de este lunes en Boulder (Colorado, Estados Unidos), se hace un recuento de las violaciones a los derechos humanos infligidas por el DAS contra ambas demandantes entre los años 2001 y 2008, y se menciona la impunidad en que permanecen nuevas amenazas y hostigamientos sufridos por la periodista y su familia a raíz de la batalla por justicia que ha emprendido la periodista Duque en Colombia.

En el expediente penal se llegó a comprobar que existió un plan específico de persecución contra la periodista que fue llevado a cabo desde el DAS. En la actualidad, varios ex funcionarios de esa entidad involucrados en los ataques contra Claudia Julieta Duque continúan ejerciendo cargos públicos, uno está libre por vencimiento de términos y otro por cuenta de irregularidades procesales que la Fiscalía se negó a corregir, mientras otros más que se encuentran en juicio están prófugos de la justicia. El proceso penal –con excepción de tres condenas por aceptación de cargos–  se ha paralizado en los últimos años pese al abundante caudal probatorio.

Los hechos de la petición han sido calificados por las cortes colombianas como tortura psíquica agravada y por la Fiscalía como un crimen de lesa humanidad, por el patrón sistemático de ataques, hostigamientos, seguimientos, actividades de inteligencia y contrainteligencia perpetrados por DAS en contra de la periodista.

La demanda fue presentada en nombre propio y de su madre por la hija de Claudia Julieta, quien hoy es abogada y becaria en una maestría en Derecho Internacional de los Derechos Humanos en una prestigiosa universidad de los Estados Unidos. Durante más de un año, María Alejandra trabajó en la demanda de su propio caso como una forma de apoyar activamente a la periodista Duque en su lucha por justicia.

La Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) ha acompañado el caso de Claudia Julieta Duque desde hace más de una década, lo que ha llevado a varios de sus miembros a servir como testigos en los procesos judiciales en Colombia. Desde la FLIP esperamos que la Comisión atienda la solicitud de las demandantes en busca de justicia definitiva.

Tanto Duque como Gómez son beneficiarias de medidas cautelares de la CIDH desde el año 2009, por lo que las demandantes han solicitado darle a su caso un trámite prioritario, o “per saltum”, de conformidad con el reglamento interno de la Comisión.

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La Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) rechaza las amenazas contra periodistas de medios de comunicación alternativos y les exige a las autoridades diligencia para investigar y sancionar a los responsables.

El pasado 10 de septiembre, Martha Delgado, periodista de El Maracanazoo, recibió un panfleto en su casa firmado por las Águilas Negras en el que la amenazaban a ella, a su compañero del medio de comunicación Guillermo Castro, al periodista de El Turbión Omar Vera y a Juan Manuel Arango, de El Clarín de Colombia. Adicionalmente, en el sufragio mencionan a otros medios de comunicación como Colombia Informa y Desde Abajo.  

En el panfleto los periodistas son señalados de ser colaboradores de la guerrilla y se les envía la siguiente intimidación: “exterminaremos a estos malditos informantes de la guerrilla disfrazados de defensores de derechos humanos. Muerte a los periodistas voceros de la guerrilla acabaremos con esta plaga y sus cómplices” (SIC).

Según los reporteros que recibieron la amenaza, la intimidación se produjo luego de las investigaciones que han hecho sobre violaciones a los derechos humanos en varias regiones de Colombia. Algunas de las publicaciones que hicieron los periodistas están relacionadas con impunidad en el caso de los falsos positivos, la presunta interceptación de esquemas de seguridad de la Unidad Nacional de Protección (UNP) por parte de organizaciones criminales y otras investigaciones relacionadas con despojo de tierras, entre otros.

La FLIP expresa su preocupación por el aumento de amenazas contra periodistas por parte de Águilas Negras. Entre 2016 y 2018 se han documentado 15 amenazas contra la prensa firmadas por este grupo ilegal, de las cuales ocho se han presentado en lo corrido de 2018. La del 10 de septiembre es la segunda amenaza de esta naturaleza en menos de un mes.

La FLIP hace un llamado a la Fiscalía General de la Nación para que investigue con celeridad esta amenaza y, de esta manera, dar con el paradero de los responsables. Las sanciones judiciales en este tipo de situaciones son un precedente importante que contribuye a disuadir la ocurrencia de nuevas violencias contra la prensa. Así lo ha dispuesto la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en su informe sobre Violencia contra periodistas y trabajadores de Medios: “Para prevenir la violencia contra periodistas y trabajadores de los medios de comunicación es indispensable que el ordenamiento jurídico sancione estas conductas de manera proporcional al daño cometido”.

La Fundación le solicita, además, a la Unidad Nacional de Protección (UNP) que inicie el estudio de riesgo a los periodistas víctimas de estas amenazas con el fin de implementar las medidas de protección adecuadas para salvaguardar su vida y su integridad.

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La FLIP expresa su preocupación por la situación de seguridad de los periodistas Alberto Castaño y María Lourdes Zimmermann, quienes tuvieron que abandonar el país en junio de este año. La Fundación le hace un llamado a las autoridades colombianas para que atiendan este caso con celeridad y dispongan de las medidas necesarias para proteger a los reporteros.

El primero de marzo de 2018, Alberto Castaño recibió una amenaza proveniente de la cuenta anónima de Twitter @RodrigoDuet8. En el trino le enviaron la siguiente intimidación al reportero: “@MONOCASTAO Abrite de acá con tus denuncias, pirobo, dejá explotar la naturaleza que pa eso es, capitalismo siempre. Ayer te vimos pagando en la Comercial Papelera, cuidado sigues azarando el parche".

Castaño recibió esta amenaza luego de publicar un informe en los portales Natural Press y mongabay.com en el que denunció el asesinato de líderes ambientales, indígenas, afrodescendientes y campesinos en Colombia. Adicionalmente, el periodista estaba adelantando una investigación sobre deforestación y quemas de bosque en los departamentos de Guaviare y Meta.

Posteriormente, el 14 de marzo mientras Castaño estaba entrevistando a una fuente en un café al norte de la ciudad, un desconocido se sentó en la mesa de al lado y se acomodó un arma que llevaba en la cintura mientras los miraba. Minutos antes, el hombre pasó muy cerca de la mesa donde estaba el periodista y revisó con detalle un mapa en el que estaban trabajando Castaño y su fuente.   

Luego, el cinco de mayo, mientras el periodista iba en su carro fue interceptado por un desconocido en una motocicleta sin placas que llevaba un arma de fuego en la cintura. El agresor se detuvo al lado del vehículo del periodista y le dijo: “entonces qué?, periodista hijueputa, seguís azarando el parche y te vamos a pelar”. Días después, el reportero y su familia fueron víctimas de otros seguimientos en un centro comercial al norte de la ciudad.

Luego de que se produjo la intimidación, el 2 de marzo la FLIP le solicitó a la Unidad Nacional de Protección (UNP) que iniciara el estudio de riesgo del periodista para determinar las medidas de protección que garantizaran su seguridad. Sin embargo, Castaño asegura que la entidad nunca se comunicó con él y, por esta razón, el 18 de junio el reportero decidió irse del país con su familia. El 19 de julio, la Fundación le envió una solicitud de información a la UNP para conocer el estado del estudio de riesgo del periodista, pero hasta la fecha de esta publicación no ha recibido respuesta.

A pesar de su salida del país, Castaño y María Lourdes Zimmermann, quien también es periodista, continúan recibiendo intimidaciones por sus publicaciones sobre problemáticas ambientales. El pasado sábado 11 de agosto, desconocidos ingresaron ilegalmente a la cuenta personal de Facebook de la periodista y publicaron una imagen de un oso bañado en pintura roja en una foto en la que la reportera aparecía con su familia. Adicionalmente, durante los días siguientes la reportera recibió notificaciones de alerta por intento de falsificación de las claves de sus cuentas de correo electrónico.

 

La FLIP le solicita a la Fiscalía General de la Nación que inicie las investigaciones sobre estos hechos para dar con el paradero de los responsables.  Las sanciones judiciales en este tipo de situaciones son un precedente importante que contribuye a disuadir la ocurrencia de nuevas violencias contra la prensa. Así lo ha dispuesto la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en su informe sobre Violencia contra periodistas y trabajadores de Medios: “Para prevenir la violencia contra periodistas y trabajadores de los medios de comunicación es indispensable que el ordenamiento jurídico sancione estas conductas de manera proporcional al daño cometido”.

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La Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) rechaza las amenazas contra periodistas y medios de comunicación nacionales.

El pasado 4 de septiembre la senadora Aída Avella publicó a través de su cuenta de Twitter una fotografía de un panfleto firmado por las Águilas Negras en el que se amenaza a un grupo de periodistas, parlamentarios y defensores de derechos humanos. Entre los reporteros mencionados están Daniel Coronell, columnista de Semana; el caricaturista Julio César González, conocido como “Matador”; Jineth Bedoya, periodista de El Tiempo y el medio de comunicación La Silla Vacía.

En el sufragio que ha circulado a través de redes sociales, los periodistas son señalados de ser miembros de la guerrilla y en consecuencia son declarados “objetivo militar”: “Para nuestra organización no existe ningún esquema de seguridad que nos impida proceder y acabar con cada uno de estos guerrilleros (…) a partir de la fecha procederemos a la ejecución total de nuestras advertencias”.

Entre 2016 y 2018 se han documentado 14 amenazas contra la prensa firmadas por las Águilas Negras. Siete de estos casos se han presentado en lo corrido del 2018.

La FLIP hace un llamado a la Fiscalía General de la Nación para que investigue con celeridad esta amenaza. Las sanciones judiciales en este tipo de situaciones son un precedente importante que contribuye a disuadir futuros hechos de violencia contra la prensa.

La Fundación le solicita a la Unidad Nacional de Protección (UNP) que otorgue las medidas de protección adecuadas para salvaguardar la vida de los periodistas.

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La Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) expresa su preocupación por las constantes amenazas que vienen recibiendo los periodistas Germán Arenas, Dubán García y Jairo Figueroa, quienes desempeñan su labor en Mocoa, Putumayo. La FLIP les solicita a las autoridades estatales que investiguen y protejan a los reporteros.

El pasado jueves dos de agosto desde el perfil de Facebook de una persona que se identifica como Carlos Ramírez publicaron la siguiente amenaza en la cuenta de Dubán García:“ESTAMOS EN MOCOA, PARA MATARLO HIJO DE PERRA A USTED JAIRO FIGUEROA DUVAN GARCIA Y GERMAN ARANAS, LES VAMOS A PEGAR LA MATADA MAS IMPORTANTE DE ESTE AÑO POR SAPOS Y LAMBONES CON LA POLICIA Y EJERCITO”. Adicionalmente, los agresores se identifican como miembros de las Águilas Negras y les advierten a los periodistas que tienen hasta la siguiente semana para salir de Mocoa.

Posteriormente, en la tarde de ese jueves, Germán Arenas recibió una llamada en la que un desconocido le dijo: “perro hijueputa te vas a morir” e inmediatamente el agresor finalizó la comunicación. Luego, el viernes tres de agosto, el periodista Dubán García también recibió una llamada a su casa en la que en tono burlesco lo amenazaron a él y a miembros de su familia. Ese mismo día el reportero notó la presencia de extraños rondando su casa. Finalmente, en la madrugada de este lunes 6 de agosto, el periodista Jairo Figueroa recibió a través de un mensaje privado a través de Facebook la misma amenaza que recibió García el dos de agosto.

Los reporteros consideran que las amenazas son producto de la información que han difundido a través de sus medios de comunicación sobre los operativos que adelantan el Ejército y la Policía en la región para capturar a miembros de disidencias de las Farc, narcotraficantes y miembros de bandas delincuenciales. Los tres periodistas cubren las fuentes de Fuerza Pública para sus informativos. Dubán García trabaja en la emisora La Primera en el informativo “Noticias Al Día”, Germán Arenas es corresponsal de Colprensa y Jairo Figueroa de Caracol Televisión y Blu Radio.  

La FLIP hace un llamado a la Fiscalía General de la Nación para que investigue con celeridad las amenazas contra los periodistas de Mocoa y, de esa manera, dar con el paradero de los responsables. Las sanciones judiciales en este tipo de situaciones son un precedente importante que contribuye a disuadir la ocurrencia de nuevas violencias contra la prensa. Así lo ha dispuesto la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en su informe sobre Violencia contra periodistas y trabajadores de Medios: “Para prevenir la violencia contra periodistas y trabajadores de los medios de comunicación es indispensable que el ordenamiento jurídico sancione estas conductas de manera proporcional al daño cometido”.

Adicionalmente, la Fundación expresa su respaldo a los periodistas amenazados por el riesgo inminente al que se encuentran expuestos y le solicita a la Unidad Nacional de Protección (UNP) que les implementen las medidas de protección necesarias para proteger su vida y su integridad.

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En la tarde de ayer, 2 de agosto, la Asociación Colombiana de Medios Informativos (AMI) y la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) se reunieron con Guillermo Rivera, Ministro del Interior; Néstor Humberto Martínez, Fiscal General de la Nación; Fernando Carrillo, Procurador General de la Nación; Carlos Alfonso Negret, Defensor del Pueblo; Diego Mora, director de la Unidad Nacional de Protección; y Nancy Patricia Gutiérrez, Ministra del Interior designada y vocera de la comisión de empalme del presidente electo Iván Duque. En el encuentro, se analizó el ambiente hostil para la prensa en el país y se llegó a varios compromisos.

A través de un comunicado conjunto, las autoridades nacionales rechazaron la violencia contra los periodistas y se comprometieron con promover una prensa libre. También expresaron su preocupación por la situación en las regiones del país y acordaron dar instrucciones a las delegaciones territoriales de los órganos de control para garantizar las condiciones para el pleno desarrollo del trabajo periodístico.

Lea el comunicado completo aquí.

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La Fundación para la Libertad de Prensa -FLIP- condena las nuevas amenazas en contra de Katherine Leal y Juan Pablo Latorre, periodistas de RCN Radio.

El pasado sábado 28 de julio la periodista Leal recibió varias llamadas en las que un hombre que se identificó como alias “el aguapanelero” la amenazó de muerte. El hombre, quien se identificó como un paramilitar recluido en la cárcel La Picota, le dijo que acababa de ser declarada “objetivo militar”.

El desconocido le dio información detallada a Leal acerca de su lugar de residencia y de su trabajo. Además, le ordenó renunciar al aire en un plazo máximo de 72 horas. El hombre sentenció: “Por hablar de falsos positivos te va a ir mal. No debiste abrir la boquita para hablar de falsos positivos”. La periodista afirma que en la emisora no ha tratado el tema de ejecuciones extrajudiciales.

Durante la llamada a Leal, el desconocido también mencionó al también periodista Juan Pablo Latorre. Las amenazas en contra de los reporteros de RCN Radio han sido reiterativas en las últimas semanas. El 19 de julio Luis Carlos Vélez, director de La Fm, reportó una amenaza en su contra a travé de redes sociales. Tres días antes, el 16 de julio, Latorre, Jorge Espinosa y Yolanda Ruíz habían recibido otras amenazas a través de una llamada telefónica. En junio, los periodistas de RCN Radio en Bucaramanga también recibieron llamadas amenazantes.

La FLIP reconoce que entidades como la Unidad Nacional de Protección -UNP- y la Fiscalía General de la Nación han reaccionado parcialmente ante el reciente incremento de las amenazas a periodistas en Colombia. Esta reacción es perceptible en los casos que afectan a medios de comunicación de alcance nacional. Sin embargo, aún falta mejorar la respuesta estatal en los casos de periodistas que están en territorios. La respuesta del Estado ha sido insuficiente frente a la dimensión del fenómeno. La FLIP continuará exigiendo diligencia y agilidad en las investigaciones para dar con los responsables de estas amenazas.

La FLIP advierte que tanto la Unidad Nacional de Protección, como la Policía Nacional, la Fiscalía General de la Nación y el Ministerio del Interior ya tienen pleno conocimiento de las circunstancias que rodean estas amenazas reiteradas contra el equipo de RCN Radio. 

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El lunes 23 de julio los representantes de 5 embajadas con sede en Colombia, de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y de la Delegación en Colombia de la Unión Europea, se reunieron con miembros de la Fundación para la Libertad de Prensa y un grupo de periodistas nacionales y regionales para conocer de primera mano los detalles del incremento en las amenazas a la prensa que se denunciaron el pasado 11 de julio. 

A partir de este encuentro, 19 entidades, entre embajadas y organizaciones internacionales, expresaron su preocupación, solidaridad y respaldo a los periodistas y su trabajo por defender la libertad de expresión.

El texto completo del comunicado conjunto se puede leer aquí.

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La Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) rechaza las nuevas amenazas de atentado en contra de los periodistas y las instalaciones de los diarios La Opinión y Q’hubo de Cúcuta, Norte de Santander.

El pasado 8 de julio, el equipo periodístico tanto del Q'hubo como de la La Opinión de Cúcuta publicó una investigación acerca de una banda delincuencial que opera en la ciudad. Uno de los sicarios de este grupo, identificado como Nixon Ortiz, estaba detenido en los calabozos del CTI. Según información obtenida por fuentes reservadas, al leer la publicación, Ortiz gritó de forma violenta que iba a lanzar una granada al Q’hubo y que sabe quién hizo la investigación. Según conocieron los periodistas, el delincuente sentenció “lo voy a matar”.

Otros miembros de la banda de sicarios que se encuentran recluidos en la penitenciaría de Cúcuta también leyeron la investigación publicada por Q’hubo y reaccionaron agresivamente. Según algunas fuentes periodísticas, los reclusos formularon un plan para “cobrárselas” a los reporteros.

En la tarde de hoy, 19 de julio, el equipo periodístico tuvo conocimiento de que Nixon Ortiz había escapado de los calabozos del CTI.

La FLIP condena estas amenazas de atentado. De acuerdo a lo anterior, la Fundación solicita a la Unidad Nacional de Protección -UNP- que brinde las garantías necesarias para proteger la vida de los miembros del equipo periodístico a cargo de la investigación. Sumado a esto, la FLIP le solicita a la UNP que implemente medidas de protección para infraestructura en las instalaciones del medio de comunicación.

La FLIP exige a la Fiscalía General de la Nación y a la Procuraduría que investiguen las amenazas y las circunstancias de la fuga de Ortiz. Así mismo, la FLIP insta al Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario -INPEC- a que refuerce la seguridad en el centro penitenciario de Cúcuta donde se encuentran recluidos los otros miembros de la banda criminal.  

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